AS/0140/2025

Texto del fallo

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SALA PLENA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

<table style="margin:0 0 0 0;"><tbody><tr><td style="padding:0 720 0 720;">AUTO SUPREMO Nº

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:140/2025

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">EXPEDIENTE Nº

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:32/2023

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">PROCESO

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:Extradición.

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">PARTES

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:Embajada de la República Argentina contra Elsa Choque Miranda.

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">MAGISTRADA TRAMITADORA

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:Norma Velasco Mosquera.

</td>

</tr>

<tr><td style="border-width:0 0 100 0;border-color:#000000;padding:0 720 0 720;border-style:solid;mso-element:para-border-div;">FECHA

</td>

<td style="border-width:0 0 100 0;border-color:#000000;padding:0 720 0 720;border-style:solid;mso-element:para-border-div;">:2 de julio de 2025

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

VISTOS EN SALA PLENA. La solicitud de extradición de la ciudadana boliviana Elsa Choque Miranda; la Nota Clasificación: MUY URGENTE GM-DGAJ-UAJI-Cs-1928/2025 de 30 de mayo, remitida por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores; el Tratado de Extradición entre la República de Bolivia (ahora Estado Plurinacional de Bolivia) y la República Argentina ratificado mediante Ley 723 de 24 de agosto de 2015; el Dictamen del Fiscal General del Estado y los antecedentes del proceso.

CONSIDERANDO I: ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD DE EXTRADICIÓN.

La Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia remite la Nota Clasificación: MUY URGENTE GM-DGAJ-UAJI-Cs-1928/2025 de 30 de mayo (fs. 134), haciendo conocer la Nota REB 239/2025 de 27 de mayo (fs. 94), proveniente de la Embajada de la República Argentina, acompañando la solicitud de extradición de la ciudadana boliviana Elsa Choque Miranda (fs. 127 a 132 vta.) a la que se adjuntan los antecedentes del proceso penal.

CONSIDERANDO II: AUTO SUPREMO QUE DETERMINÓ LA DETENCIÓN PREVENTIVA CON FINES DE EXTRADICIÓN.

Mediante el Auto Supremo 04/2024 de 28 de febrero (fs. 40 a 42) se determinó la detención preventiva con fines de extradición de la ciudadana boliviana Elsa Miranda Choque; y conforme la Nota Clasificación: URGENTE GM-DGAJ-UAJI-Cs-3870/2024 de 18 de septiembre (fs. 342 Anexo Informes 2), haciendo conocer la Nota REB 430/2024 de 12 de septiembre (fs. 337 Anexo Informes 2) proveniente de la Embajada de la República Argentina, en la que acredita y ratifica que el nombre correcto de la persona requerida resultado ser Elsa Choque Miranda; en ese mérito, este Tribunal mediante decreto de 24 de septiembre de 2024 (fs. 343 Anexo Informes 2), da curso a la solicitud de aclaración impetrada por la República Requirente rectificando el nombre de la requerida por el de ELSA CHOQUE MIRANDA.

CONSIDERANDO III: ANTECEDENTES PENALES DEL EXTRADITABLE.

Conforme a lo ordenado por el Auto Supremo 04/2024 de 28 de febrero (fs. 40 a 42), y el decreto de 24 de septiembre de 2024 (fs. 343 Anexo Informes 2) los Tribunales Departamentales de Justicia informan la inexistencia de proceso penal alguno instaurado en la justicia penal boliviana contra la ciudadana extraditable Elsa Choque Miranda pendientes o en trámite (fs. 364 a 414 [Chuquisaca], fs. 419 a 456 [Cochabamba], fs. 457 a 465 [Potosí]; fs. 574 a 593 [Tarija]; fs. 597 a 631 [Beni]; fs. 640 a 642 [Pando]; fs. 646 a 711 [La Paz]; fs. 722 a 788 [Santa Cruz] de los Anexos 2, 3 y 4); y, (fs. 137 a 177 [Oruro]).

El Consejo de la Magistratura mediante Certificación informa a través de la Dirección Nacional del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) de 18 de febrero de 2025 (fs. 358), que Elsa Choque Miranda, no registra antecedente penal referido a sentencia condenatoria ejecutoriada, declaratoria de rebeldía o suspensión condicional del proceso.

CONSIDERANDO IV: DETENCIÓN PREVENTIVA CON FINES DE EXTRADICIÓN.

Conforme se tiene del Auto Supremo 04/2024 de 28 de febrero (fs. 40 a 42). A solicitud de la Embajada de la República Argentina se dispuso la Detención Preventiva con Fines de Extradición de la ciudadana boliviana Elsa Choque Miranda facultando al Juez Cautelar de Turno en lo Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija a expedir el mandamiento de detención preventiva, que podría ser ejecutado en el territorio nacional con el auxilio de la INTERPOL y la Policía Boliviana.

Dando cumplimiento al referido Auto Supremo 04/2024, el Juez de Instrucción Penal Primero de Yacuiba del departamento de Tarija (Autoridad Comisionada), emitió el Auto Interlocutorio 156/2025 de 6 de mayo, ordenando se expida el mandamiento de detención preventiva contra la ciudadana boliviana Elsa Choque Miranda con C.I. 2998242; librado dicho mandamiento, remitiéndose una copia legalizada a la Dirección Regional INTERPOL Yacuiba y al Centro de Readaptación Productiva “El Palmar” (fs. 13 a 25 del expediente).

En ese orden, el 7 de mayo de 2025 a horas 17:00 Personal de la Dirección Regional INTERPOL Yacuiba se constituyeron en el vehículo con sigla N-5, placa de control 6313-CNE, hasta la localidad de Camiri a objeto de recepcionar y trasladar de ese lugar a la ciudadana Elsa Choque Miranda, a fin de dar cumplimiento con el mandamiento de detención preventiva con fines de extradición; en la misma fecha a horas 21:30 en la mencionada localidad el Personal de INTERPOL Santa Cruz procedió a la entrega y recepción de Elsa Choque Miranda, ejecutándose de esa manera el referido mandamiento; en ese sentido, a horas 2:25 dando observancia al indicado mandamiento trasladaron a la nombrada al Centro de Readaptación Productiva “El Palmar” al Pabellón Mujeres, quedando a cargo de la Jefa de Seguridad de ese Centro de Readaptación (fs. 13 a 19); circunstancia y documentales puestos a conocimiento de la Autoridad Comisionada mediante Nota INTERPOL CITE: 28/2025 de 7 de mayo, emitido por el Director Regional INTERPOL Yacuiba, haciendo conocer que “Pongo a conocimiento de su autoridad, en fojas CINCO (05) útil, informe Nro. 017/2025 elaborado por el Sgto.2do. Neldy Damitza Vásquez Tusco, Funcionaria Policial de INTERPOL-YACUIBA, referente al cumplimiento a Mandamiento de Detención Preventiva con Fines de Extradición 01/2025 – ELSA CHOQUE MIRANDA. CI.2998242” (sic [fs. 20]); de igual manera, a través de Nota Cite Of. 0449/2025 de 9 de mayo, el Comandante de Frontera Policial Yacuiba, dio a conocer a la Autoridad Comisionada sobre el cumplimiento del mandamiento de detención preventiva con fines de extradición de la ciudadana Elsa Choque Miranda (fs. 31); antecedentes que fueron puestos a conocimiento de la República Requirente (Embajada de la República Argentina) a través del Ministerio de Relaciones Exteriores dispuesto mediante providencia de 15 de mayo de 2025 (fs. 91 bis a 92 vta.).

CONSIDERANDO V: DICTAMEN DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO.

El Dictamen FGE/RRMM 20/2025 de 20 de junio, emitido por el Fiscal General del Estado (fs. 180 a 185) refiere que, habiendo evidenciado el cumplimiento de los requisitos señalados en la normativa internacional y nacional, establecidos en el art. 157 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y el art. 8 del Tratado de Extradición entre la República Argentina y el Estado Plurinacional de Bolivia, en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad al amparo de los arts. 225 de la Constitución Política del Estado (CPE), 158 del CPP y 30.29 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) resuelve “…el suscrito Fiscal General del Estado REQUIERE por que se declare PROCEDENTE LA EXTRADICION de la ciudadana ELSA MIRANDA CHOQUE, solicitada por el Juzgado de Garantía N° 2, del departamento judicial de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires de la República Argentina…” (sic).

CONSIDERANDO VI: FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y NORMATIVOS.

Conforme a lo previsto por el art. 184.3 de la CPE, concordante con los arts. 50.3 del CPP y 38.2 de la LOJ, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, es competente para conocer y sustanciar las solicitudes de extradición en única instancia.

El art. 138 del CPP, respecto a la cooperación internacional, establece: “Se brindará la máxima asistencia posible a las solicitudes de las autoridades extranjeras, siempre que lo soliciten conforme a lo previsto en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y las disposiciones de esta Código. La solicitud de cooperación será presentada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que la pondrá en conocimiento de la autoridad competente”.

La extradición es un procedimiento solemne y formal, regida por requisitos y reglas previstas en un tratado o convenio bilateral o multilateral específico o en su ausencia por el principio de reciprocidad, que permite la entrega por un Estado (el Estado requerido) de un individuo que se encuentra en su territorio, a otro Estado (el Estado requirente), a los fines de ser sometido a un proceso judicial o a la ejecución de una pena impuesta en su contra.

En ese sentido, los tratados internacionales se constituyen en fundamento legal esencial de la Cooperación Penal Internacional en todo el mundo y ante su ausencia, debe primar el principio universal de reciprocidad, el cual cobra especial relevancia; en ese sentido, en la cooperación internacional, los tratados son el más formal de los instrumentos que se puede utilizar tanto en casos de asistencia jurídica, como de extradiciones, cooperación internacional por excelencia, cobrando relevancia en ese contexto lo previsto en el art. 255.I de la Constitución Política del Estado (CPE), que señala: “I. Las relaciones internacionales y la negociación, suscripción y ratificación de los tratados internacionales responden a los fines del Estado en función de la soberanía y de los intereses del pueblo.”, disposición concordante con el art. 257.I de la CPE, que determina: “I. los tratados internacionales ratificados forman parte del ordenamiento jurídico interno con rango de ley.”

Ahora bien, el art. 3 del Código Penal (CP), señala: “Ninguna persona sometida a la jurisdicción de las leyes bolivianas podrá ser entregada por extradición a otro Estado, salvo que en un tratado internacional o convenio de reciprocidad disponga lo contrario. La procedencia o improcedencia de la extradición será resuelta por la Corte suprema. En caso de reciprocidad, la extradición no podrá efectuarse si el hecho por el que se reclama no constituye un delito conforme a la ley del Estado que pide la extradición y del que la debe conceder.”

Así también, el art. 149 del Código de Procedimiento Penal (CPP), dispone: “La extradición se regirá por las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y subsidiariamente por las normas del presente Código o por las reglas de reciprocidad cuando no exista norma aplicable”.

Por su parte, el art. 150 del CPP, en cuanto a la procedencia de la extracción, dispone: "Procederá la extradición por los delitos que en la legislación de ambos Estados, se sancionen con penas privativas de libertad cuyo mínimo legal sea de dos o más años y tratándose de nacionales cuando el mínimo legal sea superior a dos años. La extradición de una persona para el cumplimiento de una pena en el Estado requirente, será procedente cuando quede por cumplir por lo menos un año de la condenó”.

La normativa nacional determina criterios que deben ser cumplidos para que se procese una solicitud de extradición; así el art. 157 del CPP, establece: "Toda solicitud de extradición será presentada al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, acompañada de la identificación más precisa de la persona extraditable, de los datos que contribuyan a determinar el lugar en el que se encuentre y del texto autenticado de la disposición legal que tipifica el delito. Toda la documentación exigida deberá acompañarse de una traducción oficial al idioma español. Cuando la persona esté procesada, deberá acompañarse además el original o copia autenticada de la resolución judicial de imputación que contenga la tipificación del delito, incluyendo una referencia al tiempo y lugar de su comisión y del mandamiento de detención emitido por una autoridad judicial competente. Cuando la persona haya sido condenada, deberá acompañarse además el original o copia autenticada de la sentencia condenatoria y la certificación correspondiente a su ejecutoria señalando, en su caso, el resto de la pena que le quede por cumplir".

Las relaciones internacionales en materia de extradición entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la República Argentina como país requirente se encuentran regidas por el Tratado de Extradición suscrito por el Estado Plurinacional de Bolivia y la República Argentina (ratificado por el Estado boliviano mediante Ley 723 de 24 de agosto de 2015 y por la República Argentina mediante Ley 27.022 de 17 de diciembre de 2014), y conforme al art. 24 del citado Tratado, entró en vigor desde la fecha de notificación del cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales el 4 de diciembre de 2015, y en razón a ello rige desde el 3 de febrero de 2016.

El citado tratado entre sus disposiciones precisa: “Artículo 1. Las Partes se obligan a entregarse recíprocamente, según las reglas y las condiciones establecidas en el presente Tratado, a las personas que se encuentren en sus respectivos territorios o en lugares sometidos a su jurisdicción, que sean requeridas por las autoridades competentes de la otra Parte, para ser encausadas, juzgadas o para la ejecución de una pena privativa de libertad, por un delito que dé lugar a la extradición. Artículo 2. Darán lugar a la extradición los hechos tipificados como delito por las leyes de la Parte Requirente y de la Parte Requerida, cualquiera sea su denominación o calificación jurídica, que sean punibles por la legislación de ambas Partes con una pena privativa de libertad cuyo máximo sea de al menos dos años. (…) Artículo 4. Podrá denegarse la extradición cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: a) Si la persona solicitada está siendo juzgada actualmente, en el territorio de la Parte Requerida, por el mismo hecho o hechos en que se funda la respectiva solicitud…”.

En cuanto al contenido de la solicitud de extradición, debe cumplirse los siguientes requisitos establecidos en el art. 8: “…a) Datos de la persona redamada, incluyendo su nacionalidad, descripción física, datos filia torios, fotografía e impresiones digitales si estuvieran disponibles, como asimismo la información que se disponga sobre su paradero. b) Datos completos de la autoridad requirente, incluyendo números de teléfono, fax y dirección de correo electrónico. c) Copia certificada o legalizada, por la autoridad emisora, de la sentencia, orden de detención u otra resolución análoga, incluyendo los datos sobre dicha autoridad y la fecha de la emisión. d) Copia o transcripción de las disposiciones legales de la Parte Requirente que tipifiquen el delito. e) Descripción del hecho, incluyendo circunstancias de tiempo, lugar y el grado de participación de la persona redamada. f) El tiempo de la condena si hay sentencia firme y la pena que reste por cumplir. g) Una manifestación acerca de que la acción o la pena no se encuentran prescritas"; asimismo, en la parte final del mismo artículo prevé la exención de certificación o legalización en la presentación de documentos.

Respecto, a la entrega de la persona reclamada, el art. 12 del supra señalado Tratado señala que: “La decisión acerca de la extradición deberá ser fundada y comunicada inmediatamente a la Parte Requirente por los canales establecidos a esos efectos”; en concordancia con el art. 13 que refiere: “El traslado deberá efectuarse dentro del plazo de 45 días desde la comunicación a la Parte Requirente de la decisión sobre la entrega. En caso que la Parte Requirente se viene imposibilitada de efectuar el traslado dentro de ese plazo, la Parte Requerida podrá otorgar, por única vez, una prórroga por 15 días más”.

CONSIDERANDO VII: RESOLUCIÓN DEL CASO.

Realizada la revisión de antecedentes concernientes a la solicitud de Extradición y la documentación adjunta, a los fines del cumplimiento de los requisitos exigidos en el Tratado de Extradición entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la República Argentina se tiene lo siguiente:

1. La Nota REB 239/2025 de 27 de mayo, emitida por la Embajada de la República Argentina remite la solicitud de extradición de Elsa Choque Miranda formulada por el Sexto Juzgado de Garantías N° 2 de La Plata, causa PP- 06-00-049176-17/01 caratulada “Manfredini, María Alejandra y otros s/Estafa – Incumplimiento de los Deberes de funcionario público – Falsificación o adulteración ideológica de documentos” (sic); solicitud realizada a través del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia.

2. De las literales acompañadas a la solicitud de extradición se tiene: a) Datos de la persona reclamada: Elsa Choque Miranda, siendo los datos filiatorios los siguientes: nacida el 21 de enero de 1962, Estado Plurinacional de Bolivia, con último ingreso registrado en el paso Yacuiba, DNI 95.465.862; b) Autoridad Requirente: Eduardo L. Silva Pelossi, Juez del Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial de la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, República Argentina; datos de contacto: Tel/Fax: (0221) 4102540/ 4102359; Correo electrónico: <a href="mailto:juzgar2-lp@jusbuenosaires.gov.ar">juzgar2-lp@jusbuenosaires.gov.ar</a>; dirección postal: 1900; c) Autoridad emisora de la orden de detención, Eduardo Luis Silva Pelossi, Juez Titular del Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial de la ciudad de la Plata, Provincia de Buenos Aires, tramita la investigación penal preparatoria 06-00-049176-17/01, seguida a “ELSA MIRANDA CHOQUE y otra s/ESTAFA en concurso real con FALSIFICACIÓN IDEOLÓGICA Y MATERIAL AGRAVADA DE INSTRUMENTO PÚBLICO” (sic) dirigida al Juez a Cargo del Juzgado en lo Penal con competencia en la ciudad de Yacuiba del Estado Plurinacional Bolivia de 3 de octubre de 2023, solicitándole la detención preventiva de la nombrada con fines de extradición, formulado mediante Exhorto que se adjunta. De su contenido se transcribió el Auto que ordena el libramiento del presente “…Plata, 05 de mayo de 2023.- Y VISTOS: Atento a la Orden de captura Internacional, en relación a la causante ELSA MIRANDA CHOQUE en la presente Investigación Penal Preparatoria N° PP-06-00049176-17/01 con intervención de la Unidad Funcional de Investigación y Juicio n° 3 Dptal., líbrese el correspondiente exhorto al Sr. Juez en lo Penal con competencia en la ciudad de Yacuiba del Estado Plurinacional de Bolivia, a fin de solicitarle que una vez efectivizada la detención preventiva de la nombrada causante, se proceda a tramitar su EXTRADICIÓN a éste país debiéndose adjuntar al mismo copias certificadas del requerimiento de detención efectuado por el Sr. Agente Fiscal interviniente…” (sic); constando en ese mismo sentido, la Resolución de 30 de noviembre de 2018, en la que el Juez del Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial de la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, resolvió ordenar “…la detención de (…) y ELSA MIRANDA CHOQUE, por los delitos de estafa en concurso real con falsificación Ideológica y material agravada de instrumento público, por los hechos investigados en la presente I.P.P. n° 06-00-049176-17/00 que se instruye por ante la UFI N° 3 Dptal. (…) En caso de no efectivizarse la detención dispuesta en el término de cinco días, se dispone la inserción de la captura del nombrado, encomendando al Sr. Fiscal interviniente la inmediata remisión de la presente a ésta Sede, a fin que por Secretaria se cumplimente el libramiento de los correspondientes oficios al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Policía Federal Argentina y Registro nacional de Reincidencia...” (sic); d) Disposiciones legales que tipifiquen el delito: Estafa en concurso real con Falsificación Ideológica y Material Agravada de Instrumento Público hecho descrito en la IPP como “HECHO DOS”, señalando el art. 55 del Código Penal Argentino: “Cuando concurrieren varios hechos independientes reprimidos con una misma especie de pena, la pena aplicable al reo tendrá como mínimo, el mínimo mayor y como máximo, la suma aritmética de las penas máximas correspondientes a los diversos hechos”; asimismo, el segundo párrafo del art. 292 de esa norma, que refiere: “Si el documento falsificado o adulterado fuere de los destinados a acreditar la identidad de las personas o la titularidad del dominio o habilitación para circular de vehículos automotores, la pena será de tres a ocho años”; de igual manera, el art. 293 del referido Código que prevé: “Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años, el que insertare o hiciere insertar en un instrumento público declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio”; y el art. 172 de la misma normativa, que indica: “Será reprimido con prisión de un mes a seis años, el que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño”; e) Descripción del hecho, el 4 de noviembre de 2016, en la localidad de San Fernando, Provincia de Buenos Aires dos personas de sexo femenino, una de ellas, Escribana Pública y otra actuando como falsa apoderada, con el fin de desplazar de la titularidad a David Fidel y su cónyuge Egber Yenta, legítimos propietarios de tres lotes de terreno ubicado en la localidad de Mar del Tuyu identificados catastralmente como Circunscripción IV, Sección M. Manzano 24, Parcelas 3, 4 y 6 partidas inmobiliarias 123-35438, 123-35439 y 123-35441, efectuaron una falsa operación de compra venta sobre dicho bien inmueble a través de la realización de la Escritura 528, pasada ante el Registro 9, de San Fernando a cargo de la referida Notaria, mediante el empleo de Poder General Amplio de Administración y Disposición irrevocable a favor de Domínguez Rosa, apócrifo y sin matricidad, consignándose la intervención en el citado Poder del Escribano Leandro Acero, de quien se verificara que en la supuesta fecha de su confección se encontraba adscrito a otra Notaria y desconoce haberlo realizado el mencionado Poder General de disposición de Domínguez Rosa hacia la presunta compradora, también apócrifo. A lo que, la Escribana mencionada utilizó ese documento público ideal y materialmente falso en su actuación como interviniente, autorizante para su inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia Buenos Aires sito en calle 44 entre 4 y 5 de La Plata donde lo ingresó con fecha 13 de diciembre de 2016; en ese lugar se inició la coactuación de un tercer sujeto funcionario de dicha dependencia, quien incumpliendo con sus deberes y abusando de la confianza en él depositada, no sometió al estudio especial a través del expediente 2307-4165/2013 que debía realizarlo al encontrarse comprendido el inmueble en la Sección M, evitando que otros funcionarios de esa oficina pudieran advertir, realizó de manera personal la inscripción de la operación ilegal, revirtiendo como titular de dichos inmuebles a favor de Elsa Choque Miranda, cansándole con ello un perjuicio patrimonial a sus verdaderos propietarios de “…al menos $ 584.400 y $ 572.712…” (sic), correspondientes a la valuación fiscal de cada inmueble, convirtiéndolos en litigioso, consumándose de esa forma la defraudación perpetrada; f) Respecto a la prescripción de la acción o la pena, el hecho investigado en la presente IPP 06-00-049176-17/01, acaeció el 4 de noviembre de 2016 y dado que Elsa Choque Miranda fue llamada a prestar su declaración en los términos del “…art. 308 del ritual en fecha 28/11/18 en el marco del requerimiento de detención preventiva del MPF…” (sic) contra la mencionada en carácter de coautora de los delitos de Estafa en concurso real con Falsificación Ideológica y Material agravada de Instrumento Público correspondiendo al hecho descripto como HECHO DOS, tomando en cuenta el delito de fondo prevé para la Falsificación Ideológica y material agravada la pena de 3 a 8 años de prisión, considerando que desde dicho primer llamado, es decir, 28 de noviembre de 2018 no transcurrió el plazo máximo de pena prevista para el señalado ilícito, por lo que la acción penal no se ha extinguido por prescripción. Cursando respecto a la prescripción la Resolución de 20 de mayo de 2025, que resuelve no declarar la extinción de la acción penal por prescripción en la presente IPP 06-00-049176-17/01 seguida a Elsa Choque Miranda.

En tal sentido, se concluye que el Estado Requirente dio cumplimiento con los presupuestos procesales establecidos en el Tratado de Extradición suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la República Argentina (ratificado por el Estado boliviano mediante Ley 723 de 24 de agosto de 2015 y por la República Argentina mediante Ley 27.022 de 17 de diciembre de 2014), concordante con el art. 150 del CPP; no existiendo causas que hagan improcedente la solicitud formulada por el Estado Requirente; en consecuencia, corresponde declarar la procedencia de la solicitud de extradición que cursa en obrados y ordenar la extradición de Elsa Choque Miranda, ciudadana reclamada de extradición, sea con ejecución inmediata.

POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida en los arts. 184.3 de la CPE, 38.2 de la LOJ, 50.3 y 150, 157 y 158 del CPP, y 1, 2 y 8 del Tratado de Extradición entre la República Argentina y el Estado Plurinacional de Bolivia (ratificado por nuestro Estado mediante Ley 723 de 24 de agosto de 2015 y por la República Argentina a través de la Ley 27.022 de 17 de diciembre de 2014), FALLA DECLARANDO PROCEDENTE LA SOLICITUD DE EXTRADICIÓN de la ciudadana Elsa Choque Miranda de nacionalidad boliviana, fecha de nacimiento 21 de enero de 1962, con DNI 95.465.862, para que sea entregada de manera inmediata conforme las formalidades legales, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores a la Embajada de la República Argentina.

Para cuyo efecto, se ordena se oficie al Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, para que comisione al Juez de Instrucción Penal Primero de Yacuiba del departamento de Tarija (Autoridad Comisionada), emita el correspondiente Mandamiento de Excarcelación, para la entrega de la ciudadana extraditable a la República Requirente, sea a través de los órganos competentes del Órgano Ejecutivo.

Comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores y por su intermedio a la Embajada de la República Argentina para los fines consiguientes y de conformidad a lo ya previsto.

Regístrese, notifíquese, cúmplase.

Romer Saucedo Gómez

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Texto del fallo

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