AS/0147/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 147/2025

Fecha: 25 de febrero de 2025

Expediente: LP-204-24-S

Partes: Wilson Javier Cutili Chachahuayna y María Condori Mendoza c/ Eulogia Ticona Apaza.

Proceso: Reivindicación.

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 110 a 113, interpuesto por Eulogia Ticona Apaza contra el Auto de Vista N° 597/2024, de 30 de agosto, que sale de fs. 103 a 105 vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro el proceso ordinario de acción reivindicatoria, seguido por Wilson Javier Cutili Chachahuayna y María Condori Mendoza contra la recurrente; la contestación visible a fs. 116 y vta.; el Auto de concesión de 10 de octubre de 2024, obrante a fs. 117; el Auto Supremo de admisión N° 1407/2024-RA, de 26 de noviembre, obrante de fs. 123 a 124 vta., todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Wilson Javier Cutili Chachahuayna y María Condori Mendoza, mediante memorial obrante de fs. 14 a 16 vta., subsanado de fs. 20 a 23 vta., promovieron el proceso ordinario de acción reivindicatoria contra Eulogia Ticona Apaza, quien una vez citada, al no haberse apersonado ante la autoridad convocante, fue declarada rebelde según el Auto de 23 de febrero de 2024, corriente a fs. 32; posteriormente, por actuado de fs. 46 a 48 se apersonó y respondió negativamente, mereciendo el decreto de 27 de marzo del mismo año, en la que se rechazó la consideración de la contestación y el ofrecimiento de pruebas por haber sido formulada fuera del plazo establecido por ley; desarrollándose de esta manera el proceso hasta la emisión de la Sentencia N° 253/2024, de 02 de mayo, cursante a fs. 73 a 75 vta. y su Auto complementario de la misma fecha saliente a fs. 76, en la que el Juez Público Civil y Comercial 8° de la ciudad La Paz, declaró PROBADA la demanda principal.

2. Resoluciones de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por Eulogia Ticona Apaza según memorial visible de fs. 86 a 89 vta., dio lugar a que la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emita el Auto de Vista N° 597/2024, de 30 de agosto, corriente de fs. 103 a 105 vta. y su Auto complementario de 13 de septiembre del mismo año, corriente a fs. 108, que CONFIRMÓ la resolución apelada, en base a los siguientes argumentos:

Los fundamentos expuestos por la parte recurrente carecen de solvencia a tiempo enervar lo resuelto, pues no presenta argumentos sólidos que reviertan el derecho de propiedad de la parte actora, y si bien señala que el bien inmueble sería ganancial, dado que fue adquirido en vigencia de su relación con el padre de la actora, Blas Condori, empero no presenta resolución que acredite dicho extremo.

Se reclama por la legitimación de otras personas -nietos-, Ginseng Jhonn y Wendy Genesis ambos Vitto Colque, quienes no fueron demandados; empero no se observa apersonamiento alguno; además que en el acta no se menciona a los referidos u otras personas.

La prevalencia del derecho propietario de la parte actora hace que sea independiente de que se tenga o no la posesión del bien, de ahí que no es necesario demostrar la perdida de la posesión, citado al efecto el Auto Supremo N° 0562/2023 de 16 de febrero, detalle que fue confundido por la recurrente.

Se señaló errónea valoración a la prueba, sin embargo, la autoridad judicial debe apreciar la prueba en su individualización y conjunto, de acuerdo con la sana crítica, siendo que, de la revisión del proceso, no se evidencia que la autoridad judicial se hubiere apartado de los hechos o de la verdad material.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Eulogia Ticona Apaza según escrito visible de fs. 110 a 113, recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. El recurrente en el recurso de casación alegó que:

a) El Auto de Vista convalidó la violación al debido proceso y derecho a la defensa en su vertiente de error de hecho, de derecho y valoración de pruebas, hechos que fueron denunciados ante la autoridad de instancia, empero estas fueron omitidas flagrantemente, pues en obrados cursa la inspección judicial en el que el A quo verificó que la recurrente tiene posesión del bien objeto de litis junto a Ginseng Jhonn Vitto Colque y Wendy Genesis Vitto Colque, quienes fueron ignorados en la acción ordinaria omitiendo su legitimación pasiva como poseedores legales.

b) Vulneración al derecho a la defensa, pues el Tribunal de alzada descartó el señalamiento de audiencia en el plazo de 15 días, existiendo ofrecimiento de pruebas en segunda instancia, omitiendo el contenido del art. 264 del Adjetivo Civil.

c) El Tribunal Ad quem incumplió con la revisión de oficio conforme dispone el art. 17.I de la Ley N° 025, siendo que, en los antecedentes como ser la audiencia preliminar y complementaria el Juez de primera instancia no quiso percatarse y no escuchó los reclamos sobre la existencia de otras personas viviendo en el bien en litigio.

Fundamentos por los cuales, solicitó se dicte Auto Supremo que case el Auto de Vista, y deliberando en el fondo, declare improbada la demanda.

2. Contestación al recurso de casación.

Wilson Javier Cutili Chachahuayna y María Condori Mendoza, responden al recurso de casación mediante memorial de fs. 116 y vta. solicitando en lo principal que:

El recurso hace referencia a hechos y no ha aspectos de derecho, no existiendo técnica recursiva, en el entendido de que no se hace una distinción entre un recurso de casación en la forma o en el fondo, por lo cual sería inviable ingresar al fondo de la causa.

Por lo referido, solicitan se declare la improcedencia por no cumplir las exigencias dispuestas en los arts. 274.I y 223.V num. 1 ambos Código Procesal Civil, sea con costas y costos.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. De los requisitos de la acción reivindicatoria.

Respecto a los requisitos para la procedencia de la acción reivindicatoria corresponde citar el contenido del Auto Supremo N° 193/12, de 6 de septiembre de Sala Liquidadora en ella se señaló lo siguiente: “Luego de la sustanciación de la causa, el A-quo declaró improbada la demanda fundamentando su determinación esencialmente en el hecho de no haberse probado que el lote de terreno, que los actores pretenden reivindicar estuviera dentro del lote de terreno amurallado de propiedad de los demandados. Apreciación que fue confirmada por el tribunal de alzada.

En ese marco corresponde precisar que, la acción reivindicatoria, prevista en el artículo 1453 del Código Civil, es una acción de defensa de la propiedad. Al respecto Néstor Jorge Musto, en su obra Derechos Reales, señala que: ‘la reivindicación es la acción que puede ejercitar el propietario, que no posee contra el poseedor que, frente al propietario, no puede alegar un título jurídico que justifique su posesión’. En otras palabras la acción de reivindicatoria es la que tiene el propietario que no posee frente al poseedor que no es propietario.

La acción reivindicatoria es una acción real, pues nace del derecho de propiedad que tiene este carácter; y está dirigida a obtener el reconocimiento del citado derecho y la restitución de la cosa a su dueño. La acción real de reivindicación, es la que la ley le otorga al propietario de una cosa singular de la que no está en posesión, para que la ejerza contra la persona que está poseyéndola.

Para la procedencia de la referida acción son tres los presupuestos esenciales: 1) el derecho de propiedad de la cosa por parte del actor; 2) la posesión de la cosa por el demandado; y 3) la identificación o singularización de la cosa reivindicada. Consiguientemente la prueba de la acción reivindicatoria debe estar dirigida a demostrar esos tres presupuestos o requisitos, es decir quien demanda la reivindicación de un bien debe demostrar: 1) el derecho de propiedad de quien se pretende dueño; 2) la determinación de la cosa que se pretende reivindicar y; 3) la posesión de la cosa por el demandado.

Al respecto el autor ‘Arturo Alessandri’ señala que corresponde al reivindicador demostrar los supuestos de la acción reivindicatoria, precisando seguidamente cuáles son los principales puntos que deben ser probados, a saber: a) el dominio.- El reivindicador debe probar, dice, su derecho de dominio sobre la cosa que pide le sea restituida (...); b) la posesión de la cosa por el demandado.- el reivindicador está en la necesidad de probar que el demandado es el actual poseedor de la cosa que pretende reivindicar (...); c) la identificación de la cosa reivindicada.- el actor debe determinar e identificar la cosa que pretende reivindicar, es decir, demostrar que ella es la misma que el demandado posee.

En ese sentido, resulta impertinente pretender se declare probada una acción reivindicatoria cuando únicamente se ha probado dos de los tres elementos que se exigen, en virtud a que los tribunales de instancia, correctamente establecieron como hechos probados únicamente el derecho de propiedad que tiene el actor sobre un lote de terreno (…), debidamente registrado en Derechos Reales, así como el derecho de propiedad que tienen los demandados sobre un lote de terreno (…), también ubicado en la zona (…) registrado igualmente en derechos Reales; la posesión de la cosa por la parte demandada y; no así la determinación o identidad de la porción del inmueble en litigio, o lo que es lo mismo la identificación de la cosa que se pretende reivindicar, pues, es evidente que en obrados no cursa ninguna prueba que acredite que el lote de terreno que reclama el actor se encuentre efectivamente sobrepuesto en el terreno de los demandados. Asimismo, la certificación a la que alude el recurrente cursante (…), no demuestra ese aspecto, pues únicamente refiere que de la revisión de archivos de la Unidad de Catastro (…), se constató que el predio se encuentra en el radio urbano, conclusión que resulta insuficiente para establecer la ubicación exacta del inmueble de titularidad del actor y cuya reivindicación pretende…”.

III.2. Del principio de trascendencia en las nulidades procesales.

Sobre esta temática el legislador boliviano estableció en el art. 105.II del Código Procesal Civil que: “No obstante, un acto procesal podrá ser invalidado cuando carezca de los requisitos formales indispensables para la obtención de su fin. El acto será válido, aunque sea irregular, si con él se cumplió con el objeto procesal al que estaba destinado, salvo que se hubiere provocado indefensión”.

Asimismo, acerca de esta materia, el Auto Supremo N° 533/2021, de 14 de junio, estableció que: “El régimen de nulidades procesales, impuesta en la nueva normativa jurisdiccional, elaboró los presupuestos de una posible nulidad conforme a la doctrina de los principios procesales, por ello se hace indispensable que el operador de justicia cuando tome una decisión anulatoria verifique a luz de estos principios esa disposición como última opción.

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