AS/0149/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 149/2025

Fecha: 25 de febrero de 2025

Expediente: LP-214-24-S

Partes: Basilia Bustamante Mita c/ David Alave Bustamante.

Proceso: Nulidad de documento.

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 494 a 495 vta., interpuesto por Basilia Bustamante Mita contra el Auto de Vista Nº 575/2024, de 05 de septiembre, obrante de fs. 488 a 491 vta., pronunciado por la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso ordinario de nulidad de documento, seguido por la recurrente contra David Alave Bustamante; la contestación visible de fs. 498 y vta.; el Auto de concesión de 15 de octubre de 2024, visible a fs. 499, el Auto Supremo de admisión N° 1441/2024-RA, de 02 de diciembre, obrante de fs. 505 a 506, todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Basilia Bustamante Mita, mediante el memorial saliente de fs. 20 a 27 vta., subsanado mediante los escritos de fs. 30 a 35, y de fs. 38 y vta., promovió demanda ordinaria de nulidad de documento, contra David Alave Bustamante, quien, una vez citado, por escrito cursante de fs. 275 a 280 vta., contestó negativamente a la demanda; desarrollándose de esta manera la causa hasta la emisión de la Sentencia N° 449/2023, de 17 de octubre, saliente de fs. 450 a 461, en la que el Juez Público Civil y Comercial 10º de la ciudad de La Paz declaró IMPROBADA la demanda principal con costas y costos.

2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por Basilia Bustamante Mita mediante el memorial que sale de fs. 464 a 467, originó que la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronuncie el Auto de Vista Nº 575/2024, de 05 de septiembre, corriente de fs. 488 a 491 vta., que CONFIRMÓ en todas sus partes la Sentencia apelada, en base a los siguientes argumentos:

Que, las documentales de fs. 305 a 337 vta., respecto a dictamen pericial sobre las firmas y huellas de la demandante, vinculado al documento objeto de la litis; concluirían en sentido de la correspondencia y relación de la mismas a la parte actora (Basilia Bustamante Mita), documentales que no fueron objeto de impugnación por la recurrente; por lo que, no se hubiera demostrado la falta de consentimiento o falsedad en el Testimonio N° 417/2010 de fs. 79 a 81 de obrados.

Que, la recurrente no hubiera acreditado su calidad de persona analfabeta, que requiera testigos para la validez del documento reclamado de nulidad; puesto que participó de la suscripción del Testimonio N° 3515/2000 de fs. 3 a 5, sin la necesidad de testigos instrumentales.

Que, el reclamo sobre la diferencia del precio de venta del inmueble objeto de la litis por Bs. 20.000.- siendo su valor de $us 108.308,93, no fue objeto de debate en el proceso al no ser demandando; por lo que, no podría existir pronunciamiento al respecto en aplicación del art. 265 del Código Procesal Civil.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Basilia Bustamante Mita, mediante memorial de fs. 494 a 495 vta., recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. La recurrente en el recurso de casación alegó que:

a) El Tribunal de alzada no consideró la vulneración del art. 452 del Código Civil; toda vez que, esta regularía los elementos esenciales de la conformación del contrato, siendo estos el consentimiento, objeto, causa y forma, de manera que el contrato sería válido, cuando reúne estos cuatro elementos; por lo que, al existir en el presente, un contrato sin el consentimiento de las partes, se invalida el mismo, aspecto que puede ser reclamado por cualquier persona al tenor del art. 551 del mismo cuerpo normativo; siendo que, el Tribunal Ad quem ha ratificado la Sentencia, sin tomar en cuenta, ni considerar la valoración de la prueba de reciente obtención, así como en el caso de los testigos.

b) Interpone recurso de casación contra el Auto de Vista N° 575/2024 de 05 de septiembre; por haber, Interpretación y/o errónea aplicación de la ley, que le causa agravios existiendo error “in iudicando”; por haber violado directa y arbitrariamente la ley en sus arts. 105, 549, 551, 1542 num. 3 y 1544 del Código Civil.

Fundamentos por los cuales, solicitó se case el Auto de Vista recurrido y se revoque la Sentencia de primera instancia.

2. Contestación al recurso de casación:

David Alave Bustamante, responde al recurso de casación mediante memorial de fs. 498 vta., solicitando en lo principal que:

La Sentencia sería justa y proba, siendo incongruente el recurso aspecto que fuera demostrado en el Auto de Vista, recayendo nuevamente en una mala interpretación de la recurrente.

Por lo referido, solicitó se declare infundado el recurso de casación, manteniéndose firme el Auto de Vista.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. Con relación a la valoración de la prueba.

Sobre esta temática el Auto Supremo N° 252/2022, de 19 de abril, en su doctrina legal aplicable expresó: “…el doctrinario Antezana refirió que la valoración de la prueba ‘…Consiste en el análisis crítico e integral, del conjunto de elementos de convicción reunidos y definitivamente introducidos con la actividad práctica probatoria. Este análisis, persigue la obtención, como resultado, de un juicio final de certeza o de probabilidad, respecto al fundamento de las pretensiones hechas a valer…’ (ANTEZANA Palacios, Alfredo, Lecciones de Derecho Procesal Civil, Editorial Judicial, 1999, Tomo I, pág. 309), por su parte el jurista Palacio expreso que: ‘…La apreciación de la prueba es el acto mediante el cual el órgano judicial, en oportunidad de dictar sentencia definitiva, se pronuncia acerca de la eficacia o atendibilidad de aquella para formar su convicción sobre la existencia o inexistencia de los hechos controvertidos en el proceso…’ (PALACIO, Lino Enrique, Derecho Procesal Civil, Tomo IV, Actos Procesales, Editorial Abeledo-Perrot, pág. 411) citas doctrinarias, que nos permiten concluir que: ‘La valoración de la prueba es: ‘…el juicio de aceptabilidad (o de veracidad) de los resultados probatorios (las hipótesis). La valoración constituye el núcleo del razonamiento probatorio; es decir, del razonamiento que conduce, a partir de las informaciones aportadas al proceso a través de los medios de prueba, a una afirmación sobre hechos controvertidos (…) La valoración de la prueba no puede ser una operación libre de todo criterio y cargada de subjetividad, sino que debe estar sometida a las reglas de la lógica, de la sana crítica, de la experiencia”. (Las negrillas y subrayado nos pertenecen).

En ese sentido, para realizar tal acto de valoración de la prueba, el Auto Supremo Nº 532/2021 de 14 de junio de refirió que: “…que nuestro ordenamiento jurídico, sigue la doctrina moderna en materia de valoración de la prueba, adoptando la tesis de la valoración razonada, libre valoración o sana crítica, cuando en el Código Procesal Civil en su articulado 145.II, describe que: ‘Las pruebas se apreciaran en conjunto tomando en cuenta la individualidad de cada una de las pruebas producidas y de acuerdo con las reglas de la sana crítica o prudente criterio…’, ello entendemos por influencias del Código General del Proceso del Uruguay de 1989, para el juicio oral por audiencias, deduciendo de ello y bajo los criterios del referido autor Obando Blanco, que el sistema de sana crítica en la valoración probatoria importa un proceso racional en el que el juez debe utilizar a fondo su capacidad de análisis lógico para llegar a un juicio o conclusión producto de las pruebas actuadas en el proceso, situación que importa la libertad reglada del juez a través de cauces de racionalidad que tiene que justificarla utilizando el método analítico al estudiar la prueba individualmente y después la relaciona en su conjunto, es decir, que la sana crítica o prudente criterio, en la fundamentación de la resolución, interesa que el juzgador deba observar las reglas fundamentales de la lógica y la experiencia, concibiendo que esta fundamentación o motivación, básicamente consistirá en una operación racional fundada en la certeza, observando los principios lógicos supremos que gobiernan la elaboración de los juicios (conclusiones) y dan base cierta para determinar si son verdaderos o falsos, de tal manera que las leyes del pensamiento se presentaran como leyes necesarias, evidentes e indiscutibles a momento de analizar esas conclusiones, leyes que, como es conocido en la doctrina, están gobernadas por los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente.

Ahora bien el sistema de valoración de prueba legal o tasada, se encuentra vigente a partir de la segunda parte del mencionado precepto legal (art. 145.II), cuando esta dice ‘…salvo que la ley disponga expresamente una regla de apreciación distinta’, introducido como un freno o un obstáculo a manera de generar seguridad jurídica en las actuaciones del juez, que en ocasión de aplicar la valoración en base al sistema de sana critica o prudente criterio puede expresar conductas traducidas en arbitrariedades.

En cuyo entendido el sistema de valoración de la prueba legal o tasada, supondrá que el propio ordenamiento jurídico establezca en forma legal una serie de máximas, con arreglo a las cuales los hechos valen como probados con independencia del convencimiento del juez, siempre que se cumplan unos determinados requisitos o formas, o lo que es lo mismo, este sistema se caracteriza porque la ley indica, por anticipado, el valor o grado de eficacia que tiene cada medio probatorio, lo que implica que el juez no tiene libertad de apreciación, sino que, ante determinada prueba le deberá atribuir el valor o eficacia que indica la ley.

Siendo así que, ante la impugnación de errónea valoración de la prueba (ya sea por error de hecho o por error de derecho) es decir, incorrecta aplicación de los anteriores criterios en la fundamentación de la Sentencia o Auto de Vista por el Juez o Tribunal de Alzada, es este Tribunal Supremo el encargado de verificar si los argumentos y conclusiones de las resoluciones de instancia, reúnen los requisitos para ser considerados lógicos, esto es, que no contengan afirmaciones falsas, incoherentes o irracionales, lo que se podrá verificar, haciendo un análisis respecto de la valoración de la prueba, contrastando justamente con las señaladas leyes del pensamiento humano…”. (El subrayado nos corresponde).

III.2. De la incongruencia omisiva y de la trascendencia o relevancia de la incongruencia.

El Auto Supremo Nº 254/2014 de 27 de mayo, ha orientado en sentido que: “La inobservancia de estas reglas conllevan incongruencia, que a decir de la doctrina se diferencian en: Incongruencia positiva, que es aquella en la que el juzgador extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido a su consideración; e Incongruencia negativa, cuando el juzgador omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial. En ésta última, encontramos la denominada “citra petita”, que resulta de la omisión de alguna de las pretensiones deducidas en proceso…

Es de importancia considerar que el principio de congruencia procesal, si bien pondera el derecho al debido proceso, sin embargo “no es absoluto”, en la medida de la afectación de otros derechos, garantías y principios fundamentales que emergen en procura de brindar la tutela judicial efectiva a las partes.

En el recurso de casación en la forma y en relación al principio de congruencia, la trascendencia y la afectación del agravio debe gravitar indefectiblemente para suponer la nulidad de obrados, previendo siempre la garantía al debido proceso, a la defensa y a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que sustenta el art. 115 de la Constitución Política del Estado.

De donde se tiene que el Juez no puede simple y llanamente aplicar la nulidad, que es restrictiva, sino que debe ponderar la omisión frente a los otros principios y derecho constitucionales fundamentales para llegar a una decisión judicial que esté acorde con la nueva dogmática de la nulidad que se afianzó con la Constitución Política del Estado Plurinacional en su art. 115 y los art. 16 y 17 de la Ley 025, pues sólo será posible la nulidad si existe afectación del derecho a la defensa”. (El subrayado y las negrillas nos pertenecen).

III.3. De la legitimación para recurrir de casación.

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Texto del fallo

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