AS/0152/2025

Texto del fallo

<div>

SALA PLENA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

<table style="margin:0 0 0 0;"><tbody><tr><td style="padding:0 720 0 720;">AUTO SUPREMO Nº

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">: 152/2025

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">EXPEDIENTE Nº

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">: 18/2025

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">PROCESO

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">: Recurso de Casación

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">PARTE RECURRENTE

RESOLUCIÓN RECURRIDA

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:Asociación Accidental PEYCO-CYPLA-EACSN contra Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM)

: Sentencia 241/2024 de 30 de octubre

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">MAGISTRADA TRAMITADORA

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">: Fanny Coaquira Rodríguez.

</td>

</tr>

<tr><td style="border-width:0 0 100 0;border-color:#000000;padding:0 720 0 720;border-style:solid;mso-element:para-border-div;">FECHA

</td>

<td style="border-width:0 0 100 0;border-color:#000000;padding:0 720 0 720;border-style:solid;mso-element:para-border-div;">: 23 de julio de 2025

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

VISTOS EN SALA PLENA: Los Recursos de Casación interpuestos por la Asociación Accidental PEYCO-CYPLA-EACSN, representado por Luis Rodrigo Caballero Noya (fs. 838 a 845), y la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), representado por Juan Roberto Velásquez Rojas (fs. 859 a 863), contra la Sentencia N° 241/2024 de 30 de octubre (fs. 815 a 830 vta.), pronunciada por la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, dentro del proceso contencioso seguido entre los recurrentes; el Auto de 10 de marzo de 2025 (fs.874), que concedió el recurso y los antecedentes del proceso.

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO

La Asociación Accidental PEYCO-CYPLA-EACSN inició demanda contenciosa administrativa contra AISEM como entidad contratante, cuya controversia surgió cuando se informó a la Entidad Contratante sobre la modificación del plazo de prestación del servicio de supervisión en el Contrato Modificatorio N° 2, ampliándolo por 95 días calendario en la Fase II, este documento establecía como nueva fecha de conclusión el 2 de enero de 2023, manteniendo el mismo monto contractual. A partir del 3 de enero de 2023, el servicio de supervisión debía ingresar a la Fase III por un plazo de 12 meses; sin embargo, el 30 de diciembre de 2022, se aprobó la Orden de Cambio N° 7, ampliando el plazo de la Fase II de la obra a 179 días calendario para la recepción provisional, lo que postergó la recepción definitiva al 30 de junio de 2024. Ante esta situación, la supervisión manifestó su preocupación por la falta de un contrato modificatorio que permitiera la continuidad de sus funciones, ya que el plazo de la Fase II había concluido el 2 de enero de 2023; Solicitando formalmente una respuesta y posteriormente el Contrato Modificatorio N° 3 para la ampliación del plazo de la supervisión en la Fase II, dada la ampliación del plazo de la obra.

La entidad contratante comunicó que no contaba con recursos adicionales y solicitó a la supervisión reformular su propuesta con los recursos existentes, dicha supervisión consideró este saldo insuficiente y notificó su intención de resolver el contrato por causal atribuible a la entidad contratante; pues la entidad contratante rechazó esta solicitud.

La demanda principal, también incluyó una acción accesoria por reparación de daños y perjuicios, detallando el daño emergente, el costo financiero, el lucro cesante, los gastos por mantenimiento de garantías, los gastos de desmovilización y la restitución del monto cobrado por la ejecución de la boleta de garantía; por lo que solicitó la ratificación de la legalidad de su resolución, la declaración de inejecutividad de cobro de la garantía, la declaración de invalidez de la resolución de la entidad contratante y la condena al pago de daños y perjuicios.

En su contestación y demanda reconvencional, la AISEM argumentó que la función principal de la supervisión era el seguimiento eficiente del proyecto para cumplir los

plazos, lo cual no se cumplió al viabilizar la ampliación del plazo de la obra, pues sostuvo que aquella ampliación no implicaba la modificación del contrato de supervisión, ya que la supervisión debió velar por el cumplimiento de los plazos originales y demandó que se declare improbada la demanda principal y la demanda accesoria de daños y perjuicios.

En la demanda reconvencional, AISEM solicitó la resolución del contrato de supervisión por incumplimiento, ya que alegó que la supervisión aprobó la ejecución de ítems sin cumplir los procedimientos para la licencia de construcción de ambientes para equipos de radiología, lo que contravino la normativa vigente. Afirmó que la supervisión no cumplió con los procedimientos para obtener la licencia de construcción emitida por la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN) y que esto constituía un incumplimiento contractual; además, consideró que existía base técnica y legal para la resolución del contrato e indicó que la supervisión tuvo la oportunidad de enmendar las observaciones. Señaló que cumplió con su obligación de otorgar poderes notariales para que la empresa constructora obtuviera las licencias, finalmente, demandó daños y perjuicios por el incumplimiento de la supervisión, a ser cuantificados en ejecución de sentencia, y solicitó la resolución judicial del contrato de supervisión.

La Asociación Accidental PEYCO-CYPLA-EACSN respondió negativamente a la demanda reconvencional.

Seguidamente, el proceso fue tramitado ante la Sala Contenciosa, Contencioso-Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, que mediante Sentencia Nº 241/2024 de 30 de octubre (fs. 815 a 830 vta.) declaró IMPROBADA la demanda contenciosa y pago de daños y perjuicios interpuesta por la Asociación Accidental PEYCO-CYPLA–EACSN representada por Billy Antonio Negrón Taboada; e IMPROBADA la demanda reconvencional de resolución de contrato y pago de daños y perjuicios de la AISEM.

II. DISPOSICIONES LEGALES.

En el marco de lo preceptuado en el art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, por el cual las partes pueden solicitar a otro juzgador superior que revise la resolución del inferior con la finalidad de que se fiscalice no sólo la decisión asumida sino también su legalidad.

Por su parte, el art. 5.I.2 de la Ley 620 de 29 de diciembre de 2014 “Ley Transitoria para la Tramitación de los Procesos Contencioso y Contencioso Administrativo”, dispone que contra la resolución que resuelva el proceso contencioso, procederá el recurso de casación, estableciendo que en los procesos contenciosos tramitados en las Salas Contenciosas, Contenciosas Administrativas, Social y Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, los recursos de casación serán resueltos por la Sala Plena de este Tribunal; el art. 4 de la misma Ley, refiere que para la tramitación de los procesos contenciosos se aplicarán los arts. 775 al 781 del Código de Procedimiento Civil, hasta que sean regulados por Ley, como jurisdicción especializada.

En vigencia el Código Procesal Civil (CPC), la Disposición Abrogatoria Segunda que abrogó el Código de Procedimiento Civil y la Disposición Transitoria Sexta, dispuso: “Al momento de la vigencia plena del Código Procesal Civil, en los procesos en trámite, en segunda instancia y en casación, se aplicará lo dispuesto en el presente Código”; en mérito al análisis precedente, aplicando lo establecido en el art. 277.I del CPC, corresponde realizar el examen de admisibilidad respecto al recurso de casación interpuesto.

III. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS

1. De la resolución impugnada

Del análisis de la Sentencia N° 241/2024 de 30 de octubre (fs. 815 a 830 vta.), se advierte que la misma resolvió el proceso contencioso en el caso de autos; lo que permite inferir que la misma se encuentra dentro de los casos de procedencia que establece el art. 270 del CPC y el art. 5.I.2 de la Ley 620.

2. Del plazo de presentación del recurso de casación

Emitida la resolución recurrida, conforme se tiene de los formularios de notificación (fs. 835 y 837), se observa que las partes recurrentes fueron notificados con la Sentencia 241/2024 de 30 de octubre, el 10 de enero de 2025; y presentaron sus recursos de casación el 24 de enero de 2025; por lo que se infiere que dichos medios impugnatorios fueron presentados en el plazo previsto por el art. 273 del CPC, es decir, dentro de los diez días hábiles, tomando en cuenta el feriado del 22 de enero de 2025, por el Día de la Creación del Estado Plurinacional de Bolivia.

3. De la legitimación procesal.

De igual forma, se examina que las entidades recurrentes, al margen de identificar la resolución impugnada, es decir, la Sentencia N° 241/2024 de 30 de octubre, gozan de plena legitimación procesal para interponer los Recursos de Casación, puesto que la emisión de la referida Sentencia que declara improbada la demanda y la demanda reconvencional, afectando a sus intereses, por lo que se colige que la interposición de los medios de impugnación son completamente permisibles, esto conforme al sistema de impugnación vertical, dando cumplimiento al art. 274.I.2 del CPC.

4. Del contenido de los Recursos de Casación.

4.1 Del Recurso de Casación presentado por la Asociación Accidental PEYCO-CYPLA-EACSN.

Previo a identificar los agravios o motivos denunciados, esta Sala Plena no puede dejar de pronunciarse respecto al medio impugnatorio presentado, pues resulta un cúmulo de alegaciones, pero carente de una estructura, lógica y ordenada, tan es así que el abogado patrocinante no logra diferenciar ni enumerar los motivos denunciados; sin embargo, en aplicación del principio “pro actione”, se logró identificar los siguientes agravios:

Primer motivo: Congruencia omisiva de la Sentencia, al no pronunciarse sobre el pago total por los servicios de supervisión efectivamente ejecutados por la Asociación Accidental en la ejecución del proyecto.

Segundo motivo: Indebida aplicación e interpretación errónea de la Ley, pues la Sentencia considera que, al no haberse hecho la resolución del contrato en el plazo de 15 días, el derecho a resolverlo quedo precluido; haciendo referencia a:

<ol style="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><li style="margin:0 0 0 4800;">Interpretación de las cláusulas del contrato conforme a los principios del derecho administrativo y la normativa de contratación pública.

</li>

<li style="margin:0 0 0 4800;">La finalidad del plazo de 15 días no es extinguir el derecho, sino promover la subsanación.

</li>

<li style="margin:0 0 0 4800;">Causas de resolución como eje central del contrato de obra pública.

</li>

<li style="margin:0 0 0 4800;">No se configura la preclusión, sino la persistencia de la obligación.

</li>

<li style="margin:0 0 0 4800;">Vulneración de principios generales del derecho.

</li>

</ol>

Tercer motivo: Violación del principio de legalidad al no tomar en cuenta disposiciones vinculantes, ya que el Tribunal que emitió la Sentencia no consideró la relevancia respecto a que se declare el cumplimiento del objeto de los contratos administrativos, respecto aquellos Tribunales determinen el valor legal de la recepción definitiva de obra y su efecto jurídico. Se deben tomar en cuenta los criterios administrativos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que avalan la legalidad de la resolución contractual efectuada por la Asociación Accidental, la imposibilidad de ejecutar resoluciones contractuales paralelas o de "retruque" por parte de AISEM y la ejecución arbitraria de garantías y sanciones administrativas por parte de AISEM, sin base legal ni sustento en incumplimiento alguno por parte del demandante.

4.2 Del Recurso de Casación presentado por AISEM.

En el fondo:

Primer motivo: Violación e interpretación errónea de los arts. 397 del Código de Procedimiento Civil (CPC-1975) y 149 del CPC, al no haberse valorado correctamente la prueba documental presentada por la AISEM, en la acción reconvencional, al no darles el valor de prueba plena a:

<ol style="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><li style="margin:0 0 0 7200;">Informe Técnico AISEM/DT/INF/01629/23 de 5 de abril de 2023

</li>

<li style="margin:0 0 0 7200;">Informe Legal AISEM/DAJ_INF_I/Nº004/23 de 10 de abril 2023

</li>

<li style="margin:0 0 0 7200;">Carta Notariada AISEM/DGE/CE/00261/23 de 6 de abril 2023

</li>

<li style="margin:0 0 0 7200;">Informe Técnico AISEM/DT/INF/01968/23 de 25 de abril de 2023

</li>

<li style="margin:0 0 0 7200;">Informe Legal AISEM/DAJ/INF/0325/23 de 28 de abril de 2023

</li>

<li style="margin:0 0 0 7200;">Carta Notariada AISEM/DGE/CE/00379/23 de 28 de abril de 2023

</li>

</ol>

Como lo establece el art. 1309 del Código Civil; además, no se reconoció la naturaleza administrativa del contrato suscrito (Minuta de Contrato AISEM/CON/ST/CD/N° 010/2018), lo que supone la existencia de cláusulas exorbitantes que otorgan prerrogativas al Estado.

Mostrando 119 de 238 parrafos.

Texto del fallo

Lee el fallo completo con Pixi

Datos del proceso