Texto del fallo
SALA PENAL
AUTO SUPREMO No 156 Sucre 29 de abril de 2002
DISTRITO: La Paz
PARTES: Ministerio Público c/ Remigio Mamani Villcacuti y otra,
tráfico de sustancias controladas
MINISTRO RELATOR: Dr. Carlos Tovar Gûtzlaff
VISTOS: Los recursos de nulidad interpuestos a fs. 270-271 por Rogelio Duran Jurado Fiscal de Sala Superior, a fs. 284-285 por Irma Apaza Argollo y el recurso de casación y nulidad de fs. 274-282 interpuesto por Remigio Mamani Villcacuti, impugnando el Auto de Vista de fs. 268-269 pronunciado por la Sala Penal Primera de la Corte Superior de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra de los procesados recurrentes, por el delito de tráfico de sustancias controladas; sus antecedentes, el requerimiento del Fiscal Adjunto de la Fiscalía General de la República de fs, 288-289, y
CONSIDERANDO: Que contra el referido Auto de Vista de fs, 284-285, recurren de nulidad el Ministerio Público así como la incriminada Irma Apaza Argollo, denunciando que el Tribunal de alzada ha infringido el art. 286 del Código de Procedimiento Penal, al pronunciar el referido auto, sin haber sido previamente fundamentadas las apelaciones interpuestas por los procesados.
Que el Tribunal de casación tiene el deber de pronunciarse aún de oficio cuando dentro de un proceso encuentra normas procedimentales no cumplidas y que son de observancia obligatoria por ser de carácter público, tal como establecen los arts. 90 y 252 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en materia penal por imperio del art. 355 de su homólogo penal, concordante con el art. 15 de la Ley de Organización Judicial.
CONSIDERANDO: Que, sin necesidad de ingresar al análisis de fondo de la causa, de una atenta y cuidadosa revisión de obrados, se advierte que el Tribunal ad-quem, ha omitido dar cumplimiento a la última parte del art. 286 del Código de Procedimiento Penal, toda vez que los co-procesados Remigio Mamani Villcacuti e Irma Apaza Argollo, apelaron la sentencia pero no se apersonaron y menos fundamentaron su recurso, por lo que correspondía al Tribunal de alzada oír al defensor de oficio, de acuerdo con el principio del derecho a la amplia defensa contemplado en el art. 16 de la Constitución Política del Estado, concordante con el acápite segundo del art. 3º del Código de Procedimiento Penal. En consecuencia se impone dar aplicación al inc. 4) del art. 307 del Código de Procedimiento Penal.
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