Texto del fallo
SALA CIVIL SEGUNDA
AUTO SUPREMO: Nº 157 Sucre, 27 de mayo de 2.005.
DISTRITO: Beni RECURSO: Ordinario - Usucapión
PARTES: María Luisa Cujuy Cuellar c/ Alcaldía Municipal de Trinidad y personas desconocidas.
MINISTRO RELATOR: Dr. Julio Ortiz Linares.
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VISTOS: El recurso de casación en la forma de fs. 186 a 187 vta., interpuesto por María Luisa Cujuy Cuellar contra el Auto de Vista de 4 de abril de 2003, cursante a fs. 182-183 de obrados, dictado por la Sala Civil de la Corte Superior del Distrito Judicial de Beni, dentro de la demanda ordinaria de usucapión interpuesta por la recurrente contra la Alcaldía Municipal de Trinidad y personas desconocidas que pudieran tener algún derecho sobre el inmueble que pretende usucapir; la concesión del mismo efectuada mediante Auto de 7 de mayo de 2003 cursante a fs. 191, los antecedentes procesales analizados para resolución; y
CONSIDERANDO: Que, dentro del proceso ordinario de referencia, el Juez Segundo de Partido en lo Civil y Comercial de Trinidad, el 11 de diciembre de 2002, dictó sentencia declarando improbada la demanda de usucapión de fs. 7 y 10, declarando probada la tercería de dominio excluyente de fs. 94 a 95 interpuesta por Leandro Rocha Ortiz, sobre el inmueble ubicado en la zona norte, calle Piraquina de Trinidad, con costas. Interpuesta la apelación por la demandante, la Sala Civil de la Corte Superior de Beni, confirmó la sentencia apelada estableciendo costas en ambas instancias. En virtud a ello, la demandante perdidosa recurrió de casación en la forma aduciendo que:
No se abrió la competencia del Juez de primer grado puesto que la demanda estaba dirigida contra la Alcaldía Municipal de Trinidad y contra las personas que pudiesen alegar algún derecho de propiedad sobre el inmueble objeto de la litis, a quienes debió notificarse mediante edictos a efectos de que asuman defensa en el juicio, sin embargo, sólo el Alcalde Municipal de Trinidad fue citado con la referida acción, vulnerándose los arts. 7, 124.I y II del Código de Procedimiento Civil (CPC).
Puntualiza que al haberse admitido el apersonamiento de Leandro Rocha como tercerista de dominio excluyente, se desnaturalizó lo preceptuado por el art. 358 y siguientes del CPC, puesto que éste tiene la calidad de demandado y no de tercerista, por ello debió solicitar la nulidad de obrados por no haber sido citado con la demanda de acuerdo a lo establecido por el art. 124 del procedimiento de la materia. Asimismo señala que la tercería debió ser corrida en traslado a la Alcaldía de Trinidad y tramitársela como de puro derecho, toda vez que fue presentada fuera del término del periodo probatorio, en consecuencia resulta ilegal la ampliación del plazo probatorio dispuesto por el a quo a fs. 95 vta. puesto que el periodo de prueba no estaba vigente.
El Tribunal ad quem, al momento de pronunciar el Auto de Vista recurrido, omitió pronunciarse sobre la impugnación formulada respecto de las pruebas ofrecidas a fs. 110 de obrados por estar fuera del término del periodo probatorio. Por otro lado, enfatiza en el hecho de que la referida resolución no contiene la cita de las disposiciones legales en las que se funda, impidiendo que se pueda interponer de manera clara el recurso de casación ya sea en el fondo o en la forma.
Concluye solicitando se anulen obrados hasta fs. 8 inclusive a efectos de que se ordene la citación con la demanda a todos los demandados.
CONSIDERANDO: Que, en materia de nulidades procesales rigen ciertos principios que deben ser estrictamente observados por los órganos jurisdiccionales, a saber: el principio de especificidad, previsto por el art. 251-1) del Código de Procedimiento Civil, en virtud del cual, toda nulidad debe estar expresamente determinada en la ley obligando al juzgador a realizar un manejo cuidadoso del proceso y aplicarlo únicamente a los casos en que sea estrictamente indispensable y por estar expresamente consignado en un precepto normativo.
Debe también observarse el principio de trascendencia, que establece que no hay nulidad de forma, si la alteración procesal no tiene trascendencia sobre las garantías esenciales de defensa en juicio. Es decir, que se impone para enmendar los perjuicios efectivos que pudieran surgir de la desviación del proceso y restrinja las garantías a que tienen derecho los litigantes. Responde a la máxima "no hay nulidad sin perjuicio", es decir, que no puede hacerse valer la nulidad cuando la parte no ha sufrido un gravamen con la infracción.
Finalmente debe considerarse el principio de convalidación, en virtud del cual, toda nulidad no observada oportunamente se convalida por el consentimiento de la parte agraviada, operándose la ejecutoriedad del acto, lo que significa, que frente a la necesidad de obtener actos procesales válidos y no nulos, se halla la necesidad de obtener actos procesales firmes, sobre los cuales pueda consolidarse el derecho, como lo afirma el tratadista Eduardo Couture (Fundamentos de Derecho Procesal Civil, Pág. 391).
CONSIDERANDO: Que, el art. 15 de la Ley de Organización Judicial otorga al Tribunal Supremo la facultad de fiscalizar los procesos que llegan a su conocimiento a objeto de verificar si en ellos se observaron las formas esenciales que hacen eficaz a un proceso de conocimiento y fundamentalmente que las resoluciones que contenga, sean útiles en derecho y guarden la seguridad jurídica que las partes buscan a través de aquél.
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