Texto del fallo
S A L A C I V I L
Auto Supremo: Nº 160. Sucre: 26 de Abril de 2011.
Expediente: Nº 247 - 06 - S.
Partes: Juan Carlos Agudo Antezana c/ Héctor Puña Jiménez
Distrito: La Paz.
Ministro Relator: Dr. Ángel Irusta Pérez.
VISTOS: El recurso de casación de fs. 405 a 409 vlta., interpuesto por Juan Carlos Agudo Antezana en representación de SAMAPA, en contra del Auto de Vista Nº 323/2006 de fs. 400 a 401, pronunciado en fecha 14 de agosto de 2006 por la Sala Civil Cuarta de la R. Corte Superior del Distrito de La Paz, en el proceso ordinario sobre Resolución de contrato, seguido a instancia de Juan Carlos Agudo Antezana en representación de SAMAPA, en contra de Héctor Puña Jiménez, la respuesta corriente de fs. 428 a 429, el Auto de concesión de fs. 430, los antecedentes del proceso; y:
CONSIDERANDO: Que, el Juez de Partido 12º en lo Civil de la ciudad de La Paz, el 25 de noviembre de 2004, pronunció la Sentencia Nº 354/04, de fs. 317 a 319 vlta., que declaro improbada en todas sus partes la demanda de fs. 18 a 20 ampliada a fs. 24 a 24 vuelta y probada la acción reconvencional de fs. 55 a 58 e improbada las excepciones perentoria de cosa juzgada y de prescripción opuestas. En consecuencia, se dispone que el Servicio Autónomo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SAMAPA), dentro del tercer día resarza los daños y perjuicios ocasionados al demandado Héctor Puña Jiménez, con el incumplimiento del pago de honorarios profesionales; cuyo monto se determinara en ejecución de Sentencia, sin costas por ser juicio doble.
En grado de apelación deducida por la parte actora, la Sala Civil de la R. Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, 14 de agosto de 2006, emitió el Auto de Vista Nº 323/2006 de fs. 400 a 401, confirmando la Sentencia apelada, con costas.
Resolución de alzada que dio lugar al recurso de casación en la forma y en el fondo, interpuesto por la parte actora, con los fundamentos allí expuestos.
CONSIDERANDO: Que, el art. 15 de la Ley de Organización Judicial, otorga al Tribunal Supremo la facultad de fiscalizar los procesos que llegan a su conocimiento, a objeto de verificar si en ellos se guardaron las formas esenciales que hacen eficaz un proceso de conocimiento y fundamentalmente, que las resoluciones que contengan sean útiles en derecho y guarden la seguridad jurídica que las partes buscan a través de aquél.
Que, en función a esta facultad fiscalizadora y revisados los obrados, este Tribunal evidencia que el Tribunal de alzada a tiempo de pronuncia la resolución de vista, no extrañó que el fallo de primera instancia no se hubiere ajustado a lo dispuesto por el art. 197 del Código de Procedimiento Civil, que establece que todas las sentencias dictadas contra el Estado o entidades públicas en general, serán consultadas de oficio ante el superior en grado, sin perjuicio de la apelación que pudiere interponerse. Sobre el particular, al respecto éste Tribunal Supremo tiene sentada jurisprudencia como el Auto Supremo Nº 105 de 12 de marzo de 2009, que expresa: (.....) la consulta"atribuye el deber jurisdiccional de revisar con mayor atención y cuidado el fallo consultado y la totalidad del proceso", es decir, amplia su accionar por la naturaleza misma de la consulta que implica, "revisión" de todos los actuados procesales.
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