AS/0163/2025

Texto del fallo

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SALA PLENA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

<table style="margin:0 0 0 0;"><tbody><tr><td style="padding:0 720 0 720;">AUTO SUPREMO Nº

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:163/2025

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">EXPEDIENTE Nº

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:24/2022

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">PROCESO

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:Extradición.

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">PARTES

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:Embajada de la República Federativa de Brasil contra Delfa Rojas Pedraza.

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">MAGISTRADA TRAMITADORA

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:Norma Velasco Mosquera.

</td>

</tr>

<tr><td style="border-width:0 0 100 0;border-color:#000000;padding:0 720 0 720;border-style:solid;mso-element:para-border-div;">FECHA

</td>

<td style="border-width:0 0 100 0;border-color:#000000;padding:0 720 0 720;border-style:solid;mso-element:para-border-div;">:23 de julio de 2025

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

VISTOS EN SALA PLENA. La solicitud de extradición de la ciudadana Delfa Rojas Pedraza; la Nota Clasificación: URGENTE GM-DGAJ-UAJI-Cs-2015/2022 de 19 de julio, remitida por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia; el Acuerdo sobre Extradición entre los Estados Partes del MERCOSUR de 10 de diciembre de 1998; el Dictamen del Fiscal General del Estado y los antecedentes del proceso.

CONSIDERANDO I: ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD DE EXTRADICIÓN.

La Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, remite la Nota Clasificación: URGENTE GM-DGAJ-UAJI-Cs-2015/2022 de 19 de julio (fs. 37), haciendo conocer la Nota Verbal 265 de 13 de julio de 2022 (fs. 1 y 2), proveniente de la Embajada de la Federativa de Brasil, acompañando la solicitud de extradición de la ciudadana Delfa Rojas Pedraza (fs. 3 a 5 vta.) a la que se adjuntan los antecedentes del proceso penal.

CONSIDERANDO II: AUTO SUPREMO QUE DETERMINÓ LA DETENCIÓN PREVENTIVA CON FINES DE EXTRADICIÓN.

Mediante el Auto Supremo 171/2022 de 9 de noviembre (fs. 39 a 41) se determinó la detención preventiva con fines de extradición de la ciudadana Delfa Rojas Pedraza.

CONSIDERANDO III: ANTECEDENTES PENALES DEL EXTRADITABLE.

Conforme a lo ordenado por el Auto Supremo 171/2022 de 9 de noviembre (fs. 39 a 41), los Tribunales Departamentales de Justicia que a continuación se detallan informan la inexistencia de proceso penal alguno instaurado en la justicia penal boliviana contra el ciudadana extraditable Delfa Rojas Pedraza pendientes o en trámite (fs. 61 a 65 [La Paz]; fs. 66 a 104 [Tarija]; fs. 105 a 162 [Chuquisaca]; fs. 164 a 202 [Beni]; fs. 204 a 205 [Pando]; fs. 206 a 233 [Oruro]; fs. 240 a 244 [Potosí]; fs. 245 a 310 [Cochabamba] del expediente).

Con relación al Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, según los informes remitidos (fs. 355 a 476) la ciudadana Delfa Rojas Pedraza cuenta con procesos seguidos en su contra que se detallan de la siguiente manera: 1) El Juzgado de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz informa que Delfa Rojas Pedraza tiene la calidad de procesada por el delito de Tráfico de Sustancias Controladas causa signada con el NUREJ 201524810, cursa Sentencia condenatoria de 30 de noviembre de 2017, con pena privativa de libertad de 10 años a cumplirse en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz; señalando que el 19 de abril de 2018 el proceso fue remitido al Juzgado de Ejecución Penal Cuarto (fs. 362); 2) El Juzgado de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, informa que la nombrada tiene proceso penal signada con el NUREJ 701102302200234 que se encuentra con Sentencia condenatoria de 17 de octubre de 2022, causa remitida al Juzgado de Ejecución Penal Tercero (fs. 363); 3) El Juzgado de Instrucción Penal Decimotercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, adjuntando literales informa que en el proceso penal con NUREJ 70216479, seguido contra Delfa Rojas Pedraza por el delito de Suministro de Sustancias Controladas, la nombrada se sometió a procedimiento abreviado siendo condenada a cumplir la pena de ocho años de reclusión en el mencionado Centro Penitenciario (fs. 366 a 378); 4) El Juzgado de Ejecución Penal Primera de la Capital del citado departamento informa que de la revisión de ejecución se tiene que Delfa Rojas Pedraza “…solo registra sentencia condenatoria de fecha 17 de agosto de 1.999 por el delito de Transporte de Sustancias Controladas con una condena de 08 años y 06 meses de presidio dictada por el Juzgado 1ro. de Partido de Sustancias Controladas de la Capital (ahora refuncionalizado al Tribunal 6to. de Sentencia de la Capital, pero la misma NO se tiene adjuntado el correspondiente certificado de ejecutoria y mandamiento de condena a efectos de su radicatoria; también se tiene certificado de permanencia y conducta adjunto al cuaderno de fecha 13 de mayo del 2.019 donde registra Ingreso por segunda vez en fecha en 26 de junio del 2015; a efectos de determinar el cumplimiento de la condena debe encontrarse ejecutoriada la sentencia condenatoria, en este caso No se tiene” (sic [fs. 381]); y 5) El Juzgado de Ejecución Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, informa que la ciudadana Delfa Rojas Pedraza según los procesos penal a su cargo se tiene: a) La Sentencia de 30 de noviembre de 2017 ejecutoriada el 19 de abril de 2018 dentro del proceso penal con NUREJ 2015248810, por el delito de Tráfico de Sustancias Controladas, condenada a una pena de 10 años de privación de libertad más mil días multa a un boliviano por día, haciéndose un total de mil bolivianos, emitido por el Juzgado de Sentencia Penal Séptimo de la Capital; en esa causa la nombrada fue beneficiada con el Indulto por Resolución Administrativa 034/2021 de 25 de marzo, emitido por el Director Departamental de Régimen Penitenciario Santa Cruz, homologada por Resolución 15/2021 de 12 de abril por el Juez de Ejecución Penal Cuarto de la Capital, emitiéndose mandamiento de libertad por beneficio de Indulto el 12 de abril de 2021; b) La Sentencia de 2 de mayo de 2019, ejecutoriada el 2 de mayo de 2019 emitida dentro del proceso penal signado con NUREJ 70216479 por el delito de Suministro de Sustancias Controladas, siendo condenada Delfa Rojas Pedraza a 8 años de privación de libertad por el Juzgado de Instrucción Penal Decimotercero de la Capital; causa que se encuentra en trámite del beneficio de redención de la pena; aclarando que la mencionada cumple condena el 2 de mayo de 2027 (fs. 391).

El Consejo de la Magistratura mediante Certificación informa a través de la Dirección Nacional del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) de 11 de abril de 2023 (fs. 53), que Delfa Rojas Pedraza con Cédula de Identidad 3226013 que cuenta con: 1) Sentencia Condenatoria Ejecutoriada de 9 de septiembre de 1999, dictada por el Tribunal Primero de Sentencia de Sustancias Controladas del departamento de Santa Cruz, por el delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto en el art. 55 de la Ley 1008, con pena privativa de libertad de cinco años y ocho meses; 2) Sentencia Condenatoria Ejecutoriada de 19 de abril de 2018, dictada por el Juzgado Séptimo de Sentencia y Partido Penal Liquidador del departamento de Santa Cruz, por el delito de Tráfico de Sustancias Controladas previsto en el art. 48 de la Ley 1008, con pena privativa de libertad de diez años; y 3) Sentencia Condenatoria Ejecutoriada de 2 de mayo de 2019, dictada por el Juzgado de Instrucción Cautelar Decimotercero del departamento de Santa Cruz, por el delito de Suministro de Sustancias Controladas previsto en el art. 51 de la Ley 1008 con pena privativa de libertad de ocho años.

CONSIDERANDO IV: DETENCIÓN PREVENTIVA CON FINES DE EXTRADICIÓN.

Conforme se tiene del Auto Supremo 171/2022 de 9 de noviembre (fs. 39 a 41). A solicitud de la Embajada de la República Federativa del Brasil se dispuso la Detención Preventiva con Fines de Extradición de la ciudadana Delfa Rojas Pedraza facultando al Juez Cautelar de Turno en lo Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz a expedir el mandamiento de detención preventiva, que podría ser ejecutado en el territorio nacional con el auxilio de la INTERPOL y la Policía Boliviana.

Dando cumplimiento al referido Auto Supremo 171/2022, la Juez de Instrucción Penal Segunda de la Capital del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz (Autoridad Comisionada), emitió el Auto Interlocutorio de 28 de abril de 2023, ordenando se expida el mandamiento de detención preventiva contra la ciudadana Delfa Rojas Pedraza, mismo que fue librado remitiéndose una copia legalizada al Comandante Departamental Santa Cruz de la Policía Boliviana, a la Dirección de la INTERPOL, a Migración y al Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz (fs. 320 a 330).

En ese orden, el 8 de mayo de 2023, el Investigador de INTERPOL Santa Cruz informa al Director Departamental de INTERPOL Santa Cruz, que el 3 de mayo de 2023, en predios del Centro Penitencia Palmasola Santa Cruz, una vez identificada plenamente mediante su documento de identidad se notificó personalmente a la ciudadana Delfa Rojas Pedraza con C.I. 3226013, con el Auto Supremo 171/2022 de 9 de noviembre, que dispone su detención preventiva con fines de extradición, quien recibió una copia del referido Auto Supremo y del mandamiento de detención preventiva con fines de extradición, firmando en constancia (fs. 338 a 341); circunstancia y documentales puestos a conocimiento de la Autoridad Comisionada mediante Nota DDI-SCZ/STRIA.GRAL.CITE 0510/2023 de 9 de mayo, emitido por el Director Departamental INTERPOL Santa Cruz, haciendo conocer que “…elevo a conocimiento de su autoridad en fojas CUATRO (04) útiles INFORME elaborado por el Sgto. Juan Carlos Dueñas Mamani INVESTIGADOR DE INTERPOL SANTA CRUZ con relación a la ejecución del Mandamiento De Detención Preventiva Con Fines De Extradición, emanado de su autoridad en contra de la ciudadana ROJAS PEDRAZA DELFA, quien fue legalmente notificado con el mandamiento de referencia y copia del Auto Supremo Nro. 171/2022 conforme a ley, quien al presente guarda reclusión en forma preventiva en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz ‘Palmasola’ por delito cometido en territorio boliviano; sugiriendo en consecuencia se comunique al país requirente BRASIL para que adopten las medidas legales que correspondan” (sic [fs. 342]); antecedentes que fueron puestos a conocimiento de la República Requirente (Embajada de la República Federativa de Brasil) a través del Ministerio de Relaciones Exteriores dispuesto mediante providencia de 6 de junio de 2023 (fs. 349 y 350 y vta.).

CONSIDERANDO V: DICTAMEN DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO.

El Dictamen FGE/AMNMC 21/2025 de 25 de junio, emitido por el Fiscal General del Estado (fs. 513 a 515 vta.) refiere que, habiendo evidenciado el cumplimiento de los requisitos señalados en la normativa internacional y nacional, establecidos en el art. 157 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y el Acuerdo sobre Extradición entre los Estados Partes del MERCOSUR ratificado por Bolivia el 3 de septiembre de 2004, en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad al amparo de los arts. 225 de la Constitución Política del Estado (CPE), 158 del CPP y 30.29 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) resuelve “…el suscrito Fiscal General del Estado REQUIERE que se declare PROCEDENTE LA EXTRADICION CON EJECUCION DIFERIDA de la ciudadana DELFA ROJAS PEDRAZA, conforme señala el Art. 150 del Código de Procedimiento Penal” (sic).

CONSIDERANDO VI: FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y NORMATIVOS.

Conforme a lo previsto por el art. 184.3 de la CPE, concordante con los arts. 50.3 del CPP y 38.2 de la LOJ, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, es competente para conocer y sustanciar las solicitudes de extradición en única instancia.

El art. 138 del CPP, respecto a la cooperación internacional, establece: “Se brindará la máxima asistencia posible a las solicitudes de las autoridades extranjeras, siempre que lo soliciten conforme a lo previsto en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y las disposiciones de esta Código. La solicitud de cooperación será presentada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que la pondrá en conocimiento de la autoridad competente”.

La extradición es un procedimiento solemne y formal, regida por requisitos y reglas previstas en un tratado o convenio bilateral o multilateral específico o en su ausencia por el principio de reciprocidad, que permite la entrega por un Estado (el Estado requerido) de un individuo que se encuentra en su territorio, a otro Estado (el Estado requirente), a los fines de ser sometido a un proceso judicial o a la ejecución de una pena impuesta en su contra.

En ese sentido, los tratados internacionales se constituyen en fundamento legal esencial de la Cooperación Penal Internacional en todo el mundo y ante su ausencia, debe primar el principio universal de reciprocidad, el cual cobra especial relevancia; en ese sentido, en la cooperación internacional, los tratados son el más formal de los instrumentos que se puede utilizar tanto en casos de asistencia jurídica, como de extradiciones, cooperación internacional por excelencia, cobrando relevancia en ese contexto lo previsto en el art. 255.I de la Constitución Política del Estado (CPE), que señala: “I. Las relaciones internacionales y la negociación, suscripción y ratificación de los tratados internacionales responden a los fines del Estado en función de la soberanía y de los intereses del pueblo.”, disposición concordante con el art. 257.I de la CPE, que determina: “I. los tratados internacionales ratificados forman parte del ordenamiento jurídico interno con rango de ley.”

Ahora bien, el art. 3 del Código Penal (CP), señala: “Ninguna persona sometida a la jurisdicción de las leyes bolivianas podrá ser entregada por extradición a otro Estado, salvo que en un tratado internacional o convenio de reciprocidad disponga lo contrario. La procedencia o improcedencia de la extradición será resuelta por la Corte suprema. En caso de reciprocidad, la extradición no podrá efectuarse si el hecho por el que se reclama no constituye un delito conforme a la ley del Estado que pide la extradición y del que la debe conceder.”

Así también, el art. 149 del Código de Procedimiento Penal (CPP), dispone: “La extradición se regirá por las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y subsidiariamente por las normas del presente Código o por las reglas de reciprocidad cuando no exista norma aplicable”.

Por su parte, el art. 150 del CPP, en cuanto a la procedencia de la extracción, dispone: "Procederá la extradición por los delitos que, en la legislación de ambos Estados, se sancionen con penas privativas de libertad cuyo mínimo legal sea de dos o más años y tratándose de nacionales cuando el mínimo legal sea superior a dos años. La extradición de una persona para el cumplimiento de una pena en el Estado requirente, será procedente cuando quede por cumplir por lo menos un año de la condenó”.

Sobre el particular, el art. 153 del CPP que establece: “(Ejecución diferida). Se diferirá la ejecución de la extradición concedida cuando: 1) La persona requerida esté sometida a la jurisdicción penal de la República por un delito distinto de aquél por el que se hubiese solicitado la extradición, hasta la conclusión del procedimiento o ejecución de la pena impuesta, salvo el caso previsto en el numeral 5) del artículo 21 de este Código…” (negrillas agregadas).

La normativa nacional determina criterios que deben ser cumplidos para que se procese una solicitud de extradición; así el art. 157 del CPP, establece: "Toda solicitud de extradición será presentada al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, acompañada de la identificación más precisa de la persona extraditable, de los datos que contribuyan a determinar el lugar en el que se encuentre y del texto autenticado de la disposición legal que tipifica el delito. Toda la documentación exigida deberá acompañarse de una traducción oficial al idioma español. Cuando la persona esté procesada, deberá acompañarse además el original o copia autenticada de la resolución judicial de imputación que contenga la tipificación del delito, incluyendo una referencia al tiempo y lugar de su comisión y del mandamiento de detención emitido por una autoridad judicial competente. Cuando la persona haya sido condenada, deberá acompañarse además el original o copia autenticada de la sentencia condenatoria y la certificación correspondiente a su ejecutoria señalando, en su caso, el resto de la pena que le quede por cumplir".

De conformidad al Acuerdo sobre Extradición entre los Estados Parte del MERCOSUR (ratificado por mediante Ley 2830 de 3 de septiembre de 2004 por el Estado boliviano), el cual en su art. 1 dispone: “Los Estados Parte se obligan a entregarse recíprocamente, según las reglas y las condiciones establecidas en el presente Acuerdo, a las personas que se encuentren en sus respectivos territorios y sean requeridas por las autoridades competentes de otro Estado Parte, para ser procesadas por la presunta comisión de algún delito, para que respondan a un proceso en curso o para la ejecución de una pena privativa de libertad” (negrillas y subrayado añadidos).

El art. 2 del citado Acuerdo señala: “1. Darán lugar a la extradición los hechos tipificados como delitos por las leyes del Estado Parte requirente y del Estado Parte requerido, cualquiera sea la denominación de los delitos, que sean punibles en ambos Estados con una pena privativa de libertad cuya duración máxima no sea inferior a dos años. 2. Si la extradición fuera requerida para la ejecución de una sentencia se exigirá, además, que la parte de la pena que aún quede por cumplir no sea inferior a seis meses” (negrillas agregadas).

El art. 18 del mismo Acuerdo, referido a la solicitud de extradición establece: “1. La solicitud de extradición será transmitida por vía diplomática. Su diligenciamiento será regulado por la legislación del Estado Parte requerido. 2. Cuando se tratare de una persona no condenada, la solicitud de extradición deberá ser acompañada por el original o copia de la orden de prisión o resolución equivalente, conforme a la legislación del Estado Parte requerido, emanado de la autoridad competente. 3. Cuando se trate de una persona condenada, la solicitud de extradición deberá ser acompañada por el original o la copia de la sentencia condenatoria o un certificado de que la misma no fue totalmente cumplida y del tiempo que faltó para su cumplimiento. 4. En las hipótesis señaladas en los párrafos 2 y 3, también deberán acompañarse a la solicitud: i) una descripción de los hechos por los cuales se solicita la extradición, debiéndose indicar el lugar y fecha en que ocurrieron, su calificación legal y la referencia, a las disposiciones legales aplicables; ii) todos los datos conocidos sobre la identidad, nacionalidad, domicilio o residencia de la persona reclamada y, si fuere posible, su fotografía, huellas digitales y otros medios que permitan su identificación; iii) copia o transcripción auténtica de los textos legales que tipifican y sancionan el delito, identificando la pena aplicable, los textos que establezcan la jurisdicción de la Parte requirente para conocer de ellos, así como una declaración de que la acción y la pena no se encuentran prescriptas, conforme a su legislación…”.

Al respecto, el art. 23 del Acuerdo sobre Extradición entre los Estados Parte del MERCOSUR, se tiene que ambos países acordaron su aplazamiento de la entrega cuando: “…5. Cuando la persona cuya extradición se solicita esté sujeta a proceso o cumpliendo una condena en el Estado Parte requerido por un delito diferente del que motiva la extradición, éste deberá igualmente resolver sobre la solicitud de extradición y notificar su decisión al Estado Parte requirente” (resaltado agregado).

CONSIDERANDO VII: RESOLUCIÓN DEL CASO.

Realizada la revisión de antecedentes concernientes a la solicitud de Extradición y la documentación adjunta, a los fines del cumplimiento de los requisitos exigidos en el Acuerdo de Extradición Entre los Estados Parte del MERCOSUR se tiene lo siguiente:

1. La Nota 265 de 13 de julio de 2022, emitida por la Embajada de la República Federativa de Brasil remite la solicitud de extradición de la ciudadana Delfa Rojas Pedraza por el delito de narcotráfico; solicitud realizada a través del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia.

2. De las literales acompañadas a la solicitud de extradición se tiene: a) Orden de prisión o resolución, el Dr. Mauro Spading Juez Federal de la 1ᵃ Vara (Tribunal) Foro Federal Ourinhos - 25ᵃ en cumplimiento a sus atribuciones en los términos de la decisión dictada en los autos del caso (Autos 0001757-16.2010.4.03.6125 -Acción Penal – Procedimiento Ordinario) MANDA a la autoridad policial o quien este le fuera presentado, que proceda a la PRISIÓN de Delfa Rojas Pedraza; nombre de los padres: Dora Pedraza y Mario Rojas; fecha de nacimiento: 26 de enero de 1966; nacionalidad: boliviana; lugar de nacimiento: Santa Cruz de la Sierra; sexo: femenino; Dirección donde puede ser encontrada: ciudad de Santa Cruz de la Sierra; delito: narcotráfico; fecha del delito principal: 27 de julio de 2010; síntesis de la decisión: acorde a la Sentencia emitida por el egregio Tribunal Regional Federal de la 3ᵃ Región, fue dado parcial proveimiento al recurso de la acusación para condenar a Delfa Rojas Pedraza y otros, como tipificados en los arts. 33, epígrafe, en combinación con el art. 40 inciso I, ambos de la Ley 11.343/2006 restableciendo la prisión provisional de los mismos con expedición de la respectiva ORDEN (fs. 33 y vta.); b) Contenido de la solicitud de extradición, la autoridad judicial solicitante Dra. Giovana Aparecida Lima Maia, Jueza Federal titular de la 1ᵃ Vara Tribunal Federal de Ourinhos; pide la extradición de Delfa Rojas Pedraza a Brasil, boliviana, nombre de los padres Mario Rojas y Dora Pedraza, con Cédula de Identidad 3226013 serie 43343, para responder al caso de Ejecución Penal 0000784-51.2016.4.03.6125, en trámite en la 1ᵃ Vara Tribunal Federal de Ourinhos/SP resultante de la condenación en los autos de la acción penal en el cual la imputada fue condenada a la pena de cuatro años, diez meses y diez días de reclusión y 485 días de multa, en régimen semiabierto; de acuerdo al resumen de los hechos atribuidos la ciudadana Delfa Rojas Pedraza el 27 de julio de 2010, en el municipio de Salto Grande-SP fue flagrada en posesión de drogas que importó del exterior, guardó, trajo consigo y pretendía entregar para consumo. En la ocasión de su prisión en flagrante, policías civiles de la Comisarías de Salto Grande y Ribeirao Do Sul, actuando conjuntamente y en posesión de órdenes de allanamiento, se dirigieron a la residencia del coimputado Claudemir y al entrar en la residencia encontraron cinco personas, de las cuales tres eran bolivianas, una de ellas era la penalizada Delfa, ocasión en que las drogas fueron incautadas en posesión de la nombrada.

Constando la Resolución con firma digital 5 de septiembre de 2019, emitida por el Juez Federal de Segunda Instancia PEIXOTO JUNIOR emitido en la Apelación Penal 0001757-1616.2010.4.003.6125/SP, dentro del proceso 0000784-51.2016.4.03.6125, resolviendo “Vistos y relatados estos autos en que son partes las anteriores indicadas, la Egregia Segunda Turma [Sala] del Tribunal Regional Federal de la 3ᵃ Región decide, por unanimidad, dar parcial proveimiento al recurso de la acusada Lourdes Carola Paniagua Alvares con fines de reducción de penas y para fijar el régimen inicial semiabierto y dar parcial proveimiento al recurso de la acusación para condenar a los acusados Claudemir Pereira de Assis, Mariana Queppe Rocha, Denny Flora Vargas Suarez y Delfa Rojas Pedraza como tipificados en los Arts. 33, ‘epígrafe’ en combinación con el Artículo 40, inciso I, de la Ley 11.343/06, restableciendo la prisión provisional, con emisión de la respectiva orden en los términos del informe y voto que forman parte integrante del presente proceso” (sic [fs. 6 a 33 vta.]).

De lo desplegado supra, se evidencia que contra la ciudadana requerida de extradición se inició proceso penal según el hecho acaecido el 27 de julio de 2010, recepcionado la denuncia el 20 de septiembre de 2010 para luego emitirse la Sentencia el 20 de marzo de 2015, considerando que la pena impuesta a Delfa Rojas Pedraza es superior a cuatro años, prescribiendo por lo tanto después del lapso temporal de doce años y que la Sentencia se emitió la gestión 2015, no corresponde la prescripción de la pena, ya que aproximadamente han transcurrido siete años (se entiende hasta la gestión 2022) desde la Sentencia condenatoria, por lo que los delitos prescritos según la legislación brasileña conforme los arts. 109 y 111 del Código Penal brasileño; siendo que la nombrada fue condenada por la comisión del delito de narcotráfico descrito en los arts. 33, epígrafe, y 40, 1 de la Ley 11.343/2006 a la pena de cuatro años, diez meses y diez días de reclusión y 485 días de multas, en régimen semiabierto; delito que también es sancionado en la legislación penal boliviana, conforme se encuentran previstos en el art. 48 con relación al art. 33 de la Ley 1008 del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, de 19 de julio de 1988, el cual prevé una pena mínima de diez años y un máximo de 25 años; cumpliéndose de esa forma el requisito previsto en el art. 150 del CPP. En cuyo mérito, se tiene por cumplido el principio de la doble incriminación, al encontrarse tipificada la conducta en las legislaciones de ambos Estados, así como el requisito de que la pena no sea inferior a dos años de privación de libertad, haciendo procedente la extradición solicitada, al no advertirse causales para declarar su improcedencia.

Sin embargo, en el marco de lo establecido por el art. 23 del Acuerdo sobre Extradición entre los Estados Parte del MERCOSUR, se tiene que ambos países acordaron su aplazamiento de la entrega cuando: “…5. Cuando la persona cuya extradición se solicita esté sujeta a proceso o cumpliendo una condena en el Estado Parte requerido por un delito diferente del que motiva la extradición, éste deberá igualmente resolver sobre la solicitud de extradición y notificar su decisión al Estado Parte requirente” (énfasis añadido). Norma concordante, con el art. 153 del CPP que establece: “(Ejecución diferida). Se diferirá la ejecución de la extradición concedida cuando: 1) La persona requerida esté sometida a la jurisdicción penal de la República por un delito distinto de aquél por el que se hubiese solicitado la extradición, hasta la conclusión del procedimiento o ejecución de la pena impuesta, salvo el caso previsto en el numeral 5) del artículo 21 de este Código…” (negrillas agregadas).

En el caso concreto, los antecedentes remitidos a este Tribunal dan cuenta que la extraditable se encuentra sometida a la jurisdicción penal del Estado Plurinacional de Bolivia, existiendo sobre la nombrada: 1) Sentencia condenatoria de 30 de noviembre de 2017 (NUREJ 201524810 por el delito de Tráfico de Sustancias Controladas) con pena privativa de libertad de 10 años a cumplirse en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, causa remitida al Juzgado de Ejecución Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz; 2) Sentencia condenatoria de 17 de octubre de 2022 (NUREJ 701102302200234), causa remitida al Juzgado de Ejecución Penal Tercero de la citada Capital y departamento; 3) Sentencia (procedimiento abreviado) siendo condenada a cumplir la pena de ocho años de reclusión en el mencionado Centro Penitenciario (NUREJ 70216479 por el delito de Suministro de Sustancias Controladas) causa que se encuentra en trámite del beneficio de redención de la pena; aclarando que la mencionada cumple condena el 2 de mayo de 2027.

Con estos antecedentes y en aplicación del Acuerdo sobre Extradición vigente entre ambos Estados corresponde declarar la procedencia de la extradición solicitada; empero, al encontrarse la extraditable sometida a la jurisdicción boliviana en virtud a los delitos relevantes cometidos en nuestro país, corresponde que la misma sea diferida hasta la ejecución de las penas impuestas.

En tal sentido, se concluye que el Estado Requirente dio cumplimiento con los presupuestos procesales establecidos en los arts. 1, 2, 3, 9, 18 y 22 del Tratado sobre Extradición suscrito entre los Estados Partes del MERCOSUR, concordante con el art. 150 del CPP; no existiendo causas que hagan improcedente la solicitud formulada por el Estado Requirente; en consecuencia, corresponde deferir favorablemente a la solicitud de extradición impetrada y requerida por el Fiscal General del Estado.

POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida en los arts. 184.3 de la CPE, 38.2 de la LOJ, 50.3 y 150, 153, 157 y 158 del CPP, y los 1, 2, 18, 22 y 23 del Tratado sobre Extradición entre Estados Partes del MERCOSUR, ratificado por el Estado boliviano mediante Ley 2830 de 3 de septiembre de 2004, FALLA DECLARANDO PROCEDENTE LA SOLICITUD DE EXTRADICIÓN DIFERIDA de la ciudadana Delfa Rojas Pedraza, de nacionalidad boliviana, hija de Dora Pedraza y Mario Rojas, nacida el 26 de enero de 1966 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, con Cédula de Identidad 3226013 serie 43343, para que sea entregada de manera inmediata conforme las formalidades legales, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores a la Embajada de la República Federativa de Brasil; cuya ejecución se difiere hasta que los procesos penales aperturados con NUREJ 201524810, NUREJ 701102302200234 y NUREJ 70216479, abiertos en el Estado Plurinacional de Bolivia, concluya conforme a procedimiento o hasta la ejecución de las penas impuestas.

Cumplido lo precedentemente dispuesto, se ordena se oficie al Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, para que comisione la Juez de Instrucción Penal Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz (Autoridad Comisionada), en su momento deberá emitir el correspondiente Mandamiento de Excarcelación, para la entrega de la ciudadana Delfa Rojas Pedraza a la República Requirente, sea a través de los órganos competentes del Órgano Ejecutivo.

Asimismo, comuníquese el presente Auto Supremo a la extraditable Delfa Rojas Pedraza, al Juzgado de Ejecución Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz (causa signada con el NUREJ 201524810); al Juzgado de Ejecución Penal Tercero (proceso penal signado con el NUREJ 701102302200234); al Juzgado de Ejecución Cuarto de la citada Capital y departamento (proceso penal con NUREJ 70216479); a la Autoridad Comisionada, al Ministerio Público y al Ministerio de Relaciones Exteriores y por su intermedio a la Embajada de la República Federativa del Brasil para los fines consiguientes y de conformidad a lo ya previsto.

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