AS/0164/2025

Texto del fallo

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SALA PLENA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

<table style="margin:0 0 0 0;"><tbody><tr><td style="padding:0 720 0 720;">AUTO SUPREMO Nº

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:164/2025

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">EXPEDIENTE Nº

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:6/2025

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">PROCESO

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:Extradición.

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">PARTES

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:Embajada de la República Federativa de Brasil contra Abigail Salguero Quispe.

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">MAGISTRADA TRAMITADORA

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:Norma Velasco Mosquera.

</td>

</tr>

<tr><td style="border-width:0 0 100 0;border-color:#000000;padding:0 720 0 720;border-style:solid;mso-element:para-border-div;">FECHA

</td>

<td style="border-width:0 0 100 0;border-color:#000000;padding:0 720 0 720;border-style:solid;mso-element:para-border-div;">:23 de julio de 2025

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

VISTOS EN SALA PLENA. La solicitud de extradición de la ciudadana Abigail Salguero Quispe; la Nota Clasificación: URGENTE GM-DGAJ-UAJI-Cs-135/2025 de 9 de enero, remitida por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia; el Acuerdo sobre Extradición entre los Estados Partes del MERCOSUR de 10 de diciembre de 1998; el Dictamen del Fiscal General del Estado y los antecedentes del proceso.

CONSIDERANDO I: ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD DE EXTRADICIÓN.

La Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, remite la Nota Clasificación: URGENTE GM-DGAJ-UAJI-Cs-135/2025 de 9 de enero (fs. 54), haciendo conocer la Nota Verbal 498 de 20 de diciembre de 2024 (fs. 1 y 2), proveniente de la Embajada de la Federativa del Brasil, acompañando la solicitud de extradición de la ciudadana Abigail Salguero Quispe (fs. 12 a 14 vta.) a la que se adjuntan los antecedentes del proceso penal.

CONSIDERANDO II: AUTO SUPREMO QUE DETERMINÓ LA DETENCIÓN PREVENTIVA CON FINES DE EXTRADICIÓN.

Mediante el Auto Supremo 004/2025 de 19 de febrero (fs. 56 a 58 vta.) se determinó la detención preventiva con fines de extradición de la ciudadana Abigail Salguero Quispe.

CONSIDERANDO III: ANTECEDENTES PENALES DE LA EXTRADITABLE.

Conforme a lo ordenado por el Auto Supremo 004/2025 de 19 de febrero (fs. 56 a 58 vta.), los Tribunales Departamentales de Justicia informan la inexistencia de proceso penal alguno instaurado en la justicia penal boliviana contra el ciudadana extraditable Abigail Salguero Quispe pendientes o en trámite (fs. 83 a 128 [Cochabamba]; fs. 129 a 184 [Chuquisaca]; fs. 185 a 204 [Tarija]; fs. 205 a 207 [Pando]; fs. 208 a 217 [Potosí]; fs. 220 a 257 [Beni]; fs. 283 a 341 [La Paz]; fs. 384 a 457 [Santa Cruz]; y, fs. 460 a 494 [Oruro] del expediente).

El Consejo de la Magistratura mediante Certificación informa a través de la Dirección Nacional del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) de 21 de marzo de 2025 (fs. 79), que Abigail Salguero Quispe con Cédula de Identidad 14102102 no registra antecedente penal referido a sentencia condenatoria ejecutoriada, declaratoria de rebeldía o suspensión condicional del proceso.

CONSIDERANDO IV: DETENCIÓN PREVENTIVA CON FINES DE EXTRADICIÓN.

Conforme se tiene del Auto Supremo 004/2025 de 19 de febrero (fs. 56 a 58 vta.). A solicitud de la Embajada de la República Federativa del Brasil se dispuso la Detención Preventiva con Fines de Extradición de la ciudadana Abigail Salguero Quispe facultando al Juez Cautelar de Turno en lo Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz a expedir el mandamiento de detención preventiva, que podría ser ejecutado en el territorio nacional con el auxilio de la INTERPOL y la Policía Boliviana.

Dando cumplimiento al referido Auto Supremo 004/2025, el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz (Autoridad Comisionada), emitió el Auto Interlocutorio 88 de 18 de marzo de 2025, ordenando se expida el mandamiento de detención preventiva contra la ciudadana Abigail Salguero Quispe, mismo que fue librado remitiéndose una copia legalizada a la Dirección Departamental Santa Cruz de la Policía Boliviana, a la Dirección de la INTERPOL y al Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz (fs. 268 a 274).

En ese orden, el 8 de abril de 2025, el Investigador de INTERPOL Santa Cruz informa al Jefe Operativo de INTERPOL Santa Cruz, que se procedió a la ejecución del mandamiento de detención preventiva con fines de extradición de la ciudadana Abigail Salguero Quispe, a quien se le advirtió de sus derechos y garantías constitucionales y de los plazos procesales para asumir defensa, siendo notificado la nombrada con una copia del mencionado Auto Supremo y Mandamiento de Detención Preventiva con Fines de Extradición, firmando en constancia (fs. 348 a 354); circunstancia y documentales puestos a conocimiento de la Autoridad Comisionada mediante Nota DDI-SCZ/STRIA.GRAL.OF.578/2025 de 9 de abril, emitido por el Director Departamental INTERPOL Santa Cruz, haciendo conocer que “…en cumplimiento a Mandamiento de Detención Preventiva con Fines de Extradición de la ciudadana ABIGAIL SALGUERO QUISPE, emitido por vuestra autoridad, remito INFORME elaborado por el Sgto. Jhoan Anderson Condori Valeriano INVESTIGADOR ASIGNADO AL CASO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE INTERPOL SANTA CRUZ, en relación a la EJECUCION del MANDAMIENTO DE DETENCIÓN PREVENTIVA CON FIRNES DE EXTRADICIÓN de la antes mencionada, sugiriendo en consecuencia, que previo tracto administrativo se Notifique a la REPUBLICA FEDERATIVA DE BRASIL para que adopten las medidas legales que correspondan para la extradición de la ciudadana, SALGUERO QUISPE Abigail, quien al presente guarda detención preventiva en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz ‘Palmasola’ de esta ciudad” (sic [fs. 376]); antecedentes que fueron puestos a conocimiento de la República Requirente (Embajada de la República Federativa del Brasil) a través del Ministerio de Relaciones Exteriores dispuesto mediante providencia de 23 de mayo de 2025 (fs. 380 y 383 y vta.).

CONSIDERANDO V: DICTAMEN DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO.

El Dictamen FGE/AMMC 22/2025 de 27 de junio, emitido por el Fiscal General del Estado (fs. 498 a 500 vta.) refiere que, habiendo evidenciado el cumplimiento de los requisitos señalados en la normativa internacional y nacional, establecidos en el art. 157 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y el Acuerdo sobre Extradición entre los Estados Partes del MERCOSUR ratificado por Bolivia el 3 de septiembre de 2004, en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad al amparo de los arts. 225 de la Constitución Política del Estado (CPE), 158 del CPP y 30.29 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) resuelve “…el suscrito Fiscal General del Estado REQUIERE se declare PROCEDENTE LA EXTRADICION de la ciudadana ABIGAIL SALGUERO QUISPE, conforme señala el Art. 150 del Código de Procedimiento Penal” (sic).

CONSIDERANDO VI: FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y NORMATIVOS.

Conforme a lo previsto por el art. 184.3 de la CPE, concordante con los arts. 50.3 del CPP y 38.2 de la LOJ, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, es competente para conocer y sustanciar las solicitudes de extradición en única instancia.

El art. 138 del CPP, respecto a la cooperación internacional, establece: “Se brindará la máxima asistencia posible a las solicitudes de las autoridades extranjeras, siempre que lo soliciten conforme a lo previsto en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y las disposiciones de esta Código. La solicitud de cooperación será presentada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que la pondrá en conocimiento de la autoridad competente”.

La extradición es un procedimiento solemne y formal, regida por requisitos y reglas previstas en un tratado o convenio bilateral o multilateral específico o en su ausencia por el principio de reciprocidad, que permite la entrega por un Estado (el Estado requerido) de un individuo que se encuentra en su territorio, a otro Estado (el Estado requirente), a los fines de ser sometido a un proceso judicial o a la ejecución de una pena impuesta en su contra.

En ese sentido, los tratados internacionales se constituyen en fundamento legal esencial de la Cooperación Penal Internacional en todo el mundo y ante su ausencia, debe primar el principio universal de reciprocidad, el cual cobra especial relevancia; en ese sentido, en la cooperación internacional, los tratados son el más formal de los instrumentos que se puede utilizar tanto en casos de asistencia jurídica, como de extradiciones, cooperación internacional por excelencia, cobrando relevancia en ese contexto lo previsto en el art. 255.I de la Constitución Política del Estado (CPE), que señala: “I. Las relaciones internacionales y la negociación, suscripción y ratificación de los tratados internacionales responden a los fines del Estado en función de la soberanía y de los intereses del pueblo.”, disposición concordante con el art. 257.I de la CPE, que determina: “I. los tratados internacionales ratificados forman parte del ordenamiento jurídico interno con rango de ley.”

Ahora bien, el art. 3 del Código Penal (CP), señala: “Ninguna persona sometida a la jurisdicción de las leyes bolivianas podrá ser entregada por extradición a otro Estado, salvo que en un tratado internacional o convenio de reciprocidad disponga lo contrario. La procedencia o improcedencia de la extradición será resuelta por la Corte suprema. En caso de reciprocidad, la extradición no podrá efectuarse si el hecho por el que se reclama no constituye un delito conforme a la ley del Estado que pide la extradición y del que la debe conceder.”

Así también, el art. 149 del Código de Procedimiento Penal (CPP), dispone: “La extradición se regirá por las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y subsidiariamente por las normas del presente Código o por las reglas de reciprocidad cuando no exista norma aplicable”.

Por su parte, el art. 150 del CPP, en cuanto a la procedencia de la extracción, dispone: "Procederá la extradición por los delitos que en la legislación de ambos Estados, se sancionen con penas privativas de libertad cuyo mínimo legal sea de dos o más años y tratándose de nacionales cuando el mínimo legal sea superior a dos años. La extradición de una persona para el cumplimiento de una pena en el Estado requirente, será procedente cuando quede por cumplir por lo menos un año de la condenó”.

La normativa nacional determina criterios que deben ser cumplidos para que se procese una solicitud de extradición; así el art. 157 del CPP, establece: "Toda solicitud de extradición será presentada al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, acompañada de la identificación más precisa de la persona extraditable, de los datos que contribuyan a determinar el lugar en el que se encuentre y del texto autenticado de la disposición legal que tipifica el delito. Toda la documentación exigida deberá acompañarse de una traducción oficial al idioma español. Cuando la persona esté procesada, deberá acompañarse además el original o copia autenticada de la resolución judicial de imputación que contenga la tipificación del delito, incluyendo una referencia al tiempo y lugar de su comisión y del mandamiento de detención emitido por una autoridad judicial competente. Cuando la persona haya sido condenada, deberá acompañarse además el original o copia autenticada de la sentencia condenatoria y la certificación correspondiente a su ejecutoria señalando, en su caso, el resto de la pena que le quede por cumplir".

De conformidad al Acuerdo sobre Extradición entre los Estados Parte del MERCOSUR (ratificado por mediante Ley 2830 de 3 de septiembre de 2004 por el Estado boliviano), el cual en su art. 1 dispone: “Los Estados Parte se obligan a entregarse recíprocamente, según las reglas y las condiciones establecidas en el presente Acuerdo, a las personas que se encuentren en sus respectivos territorios y sean requeridas por las autoridades competentes de otro Estado Parte, para ser procesadas por la presunta comisión de algún delito, para que respondan a un proceso en curso o para la ejecución de una pena privativa de libertad” (negrillas y subrayado añadidos).

El art. 2 del citado Acuerdo señala: “1. Darán lugar a la extradición los hechos tipificados como delitos por las leyes del Estado Parte requirente y del Estado Parte requerido, cualquiera sea la denominación de los delitos, que sean punibles en ambos Estados con una pena privativa de libertad cuya duración máxima no sea inferior a dos años. 2. Si la extradición fuera requerida para la ejecución de una sentencia se exigirá, además, que la parte de la pena que aún quede por cumplir no sea inferior a seis meses” (negrillas agregadas).

Por su parte, el art. 9 del Acuerdo de Extradición en análisis, prevé: “No concederá la extradición cuando la acción o la pena estuvieren prescritas conforme a la legislación del Estado Parte requirente o del Estado Parte requerido”. Igualmente, el art. 18, referido a la solicitud de extradición establece: “1. La solicitud de extradición será transmitida por vía diplomática. Su diligenciamiento será regulado por la legislación del Estado Parte requerido. 2. Cuando se tratare de una persona no condenada, la solicitud de extradición deberá ser acompañada por el original o copia de la orden de prisión o resolución equivalente, conforme a la legislación del Estado Parte requerido, emanado de la autoridad competente. 3. Cuando se trate de una persona condenada, la solicitud de extradición deberá ser acompañada por el original o la copia de la sentencia condenatoria o un certificado de que la misma no fue totalmente cumplida y del tiempo que faltó para su cumplimiento. 4. En las hipótesis señaladas en los párrafos 2 y 3, también deberán acompañarse a la solicitud: i) una descripción de los hechos por los cuales se solicita la extradición, debiéndose indicar el lugar y fecha en que ocurrieron, su calificación legal y la referencia, a las disposiciones legales aplicables; ii) todos los datos conocidos sobre la identidad, nacionalidad, domicilio o residencia de la persona reclamada y, si fuere posible, su fotografía, huellas digitales y otros medios que permitan su identificación; iii) copia o transcripción auténtica de los textos legales que tipifican y sancionan el delito, identificando la pena aplicable, los textos que establezcan la jurisdicción de la Parte requirente para conocer de ellos, así como una declaración de que la acción y la pena no se encuentran prescriptas, conforme a su legislación…”.

Finalmente, el art. 22 del citado Acuerdo sobre Extradición señala: “El Estado Parte requerido comunicará sin demora al Estado Parte requirente, por vía diplomática, su decisión con respecto a la extradición…”.

CONSIDERANDO VII: RESOLUCIÓN DEL CASO.

Realizada la revisión de antecedentes concernientes a la solicitud de Extradición y la documentación adjunta, a los fines del cumplimiento de los requisitos exigidos en el Acuerdo de Extradición Entre los Estados Parte del MERCOSUR se tiene lo siguiente:

1. La Nota 498 de 20 de diciembre de 2024, emitida por la Embajada de la República Federativa del Brasil remite la solicitud de extradición de la ciudadana Abigail Salguero Quispe por tráfico ilícito de drogas; solicitud realizada a través del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia.

2. De las literales acompañadas a la solicitud de extradición se tiene: a) Orden de prisión o resolución, el Dr. Newton José Falcao, Juez Federal, titular del 2 Tribunal Federal de Presidencia Prudente/SP en cumplimiento a sus atribuciones en los términos de la decisión dictada en los autos del caso (Expediente 5000699-38.2024.4.03.6112) ORDENA al Oficial Judicial Ejecutor de los Tribunales o a la autoridad policial a quien se presenta, REALIZAR LA DETENCION PREVENTIVA de los imputados calificados a continuación, condición en la que deberá esperar el trámite de los registros, debido al decreto de su PRISION PREVENTIVA, con fundamento en los arts. 311 y 312 del CPP brasileño; Calificación: Nombre: Abigail Salguero Quispe; Sexo: Femenino, Estado civil: Soltera, Afiliación: Eusebio Salguero Carmona y Angélica Quispe Daza, Profesión: Estudiante, Fecha de nacimiento: 30 de mayo de 2002; Infracciones penales: art. 2 de la Ley 12.850/2013, INC. 33 c/c art. 40 inciso I, de la Ley 11.343/2006, art. 35 de la Ley 11.343/2006 y art. 1 de la Ley 9.613/1998 (firma digital [fs. 7 a 8 vta.]); asimismo, se tiene la Resolución (con firma digital de 9 de mayo de 2024) emitida por Edson Godoy De Souza que resuelve “En cuanto a la solicitud e prisión preventiva, acepto la representación de la Autoridad Policial y la declaración ministerial, que hago mía como motivos para decidir y decretar la prisión preventiva de (…) ABIGAIL SALGUERO QUISPE, CPF 902.081.958-58…” (sic [fs. 40 a 51 vta.]); b) Contenido de la solicitud de extradición, la autoridad judicial solicitante Dr. Claudio de Paula dos Santos, Juez Federal del 1° Tribunal Federal de la Subsección Judicial de Presidente Prudente/SP; pide la extradición de Abigail Salguero Quispe a Brasil, boliviana, soltera, estudiante, hija de Eusebia Salguero Carmona y Angélica Quispe Daza, nacida el 30 de mayo de 2002, en Santa Cruz – Andrés Ibáñez, con Cédula de Identidad 14102102, para responder a la investigación policial PJE 5001839-10.2024.4.03.6112, por la presunta comisión del delito consagrado en el art. 35 de la Ley 11.343/2006 (Asociación para el Tráfico de Drogas); de acuerdo a la denuncia presentada entre el 2023 a inicios de 2024 en el ámbito de la Subsección Judicial de Presidente Prudente los acusados Erick Alejandro Moreno Montalvo, Ronald Willy Renfijo Quispe “Chino” Wagner Da Silva Solares, Abigail Salguero Quispe y Roberto Lijeron Osinaga, además de terceros aún no identificados, actuando con conciencia y voluntad, se hayan asociado de manera permanente y estable con el propósito de cometer reiteradamente el delito de Tráfico Transaccional de Estupefacientes. La investigada Abigail Salguero Quispe actúa captando “mulas” (individuos que transportan la droga con ellas) en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para transportar narcóticos a Brasil, siendo parte fundamental de la logística del transporte, realizando pagos de los montos acordados con las mulas, estableciendo horarios y rutas para la hospitalización y entrega de la droga en Sao Paulo con el fin de reducir el riesgo de detenciones; también responsable de decidir el lugar de alojamiento de las mulas en las ciudades a lo largo de la ruta y en Sao Paulo hasta la entrega de la droga, responsable de la logística de regreso y eventualmente responsable del transporte de los narcóticos. La investigación policial está a la espera del cumplimiento de la Orden de Detención emitida contra la investigada decretado en los registros incidentales de la Solicitud de Prisión Preventiva 5000699-38.2024.4.03.6112. Cursante en antecedentes la denuncia presentada ante el Juez Federal del Tribunal Federal de la Subsección Judicial de Presidente Prudente/SP por el Ministerio Público Federal contra Abigail Salguero Quispe y otros, siendo fundamentada “…en el informe preliminar de hallazgos (id.289969492 – foja 50/51 del expediente N° 5001896-62.2023.403.6112) y en el informe forense criminal (id. 296192734 – Página 18/21 del expediente N° 500189662.2023.403.6112), que confirman la incautación de 3.220 kg (tres kilogramos y doscientos veinte gramos) de COCAINA, con detección de su principio activo” (sic [fs. 19 a 39 vta.]).

De lo desplegado supra, se evidencia que contra la ciudadana requerida de extradición se inició proceso penal por la presunta comisión del delito de Asociación para el Tráfico de Drogas consagrado en el art. 35 de la Ley 11.343/2006 “Asociar a dos o más personas con el propósito de cometer, reiteradamente o no, alguno de los delitos previstos en los arts. 33 caput y 1 y 34 de esta Ley Pena: Prisión, de 3 (tres a 10 (diez) años, y pago de 700 (setecientos) a 1.200 (mil doscientos) días de multa”; señalando el art. 33 que: “Importar, exportar, expedir, preparar, producir, fabricar, adquirir, vender, exponer para la venta, ofrecer, almacenar, transportar, traer, almacenar, recetar, administrar, entregar para el consumo o suministrar medicamentos, aunque sea a título gratuito, sin autorización o en desacuerdo con la determinación legal o reglamentaria. Pena: prisión de 5 (cinco) a 15 (quince) años y pago de 500 (quinientos) a 1.500 (mil quinientos) días de multa”, estando la nombrada en calidad de investigada; delito que cuya penalidad es de 5 a 15 años; delito que también es sancionado en la legislación penal boliviana, conforme se encuentran previstos en el art. 48 con relación al art. 33 de la Ley 1008 del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, de 19 de julio de 1988, el cual prevé una pena mínima de diez años y un máximo de 25 años; cumpliéndose de esa forma el requisito previsto en el art. 150 del CPP. En cuyo mérito, se tiene por cumplido el principio de la doble incriminación, al encontrarse tipificada la conducta en las legislaciones de ambos Estados, así como el requisito de que la pena no sea inferior a dos años de privación de libertad, haciendo procedente la extradición solicitada, al no advertirse causales para declarar su improcedencia.

En tal sentido, se concluye que el Estado Requirente dio cumplimiento con los presupuestos procesales establecidos en los arts. 1, 2, 3, 9, 18 y 22 del Tratado sobre Extradición suscrito entre los Estados Partes del MERCOSUR, concordante con el art. 150 del CPP; no existiendo causas que hagan improcedente la solicitud formulada por el Estado Requirente; en consecuencia, corresponde declarar la procedencia de la solicitud de extradición que cursa en obrados y ordenar la extradición de Abigail Salguero Quispe, ciudadana reclamada de extradición, sea con ejecución inmediata.

POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida en los arts. 184.3 de la CPE, 38.2 de la LOJ, 50.3 y 150, 157 y 158 del CPP, y los 1, 2, 18 y 22 del Tratado sobre Extradición entre Estados Partes del MERCOSUR, ratificado por el Estado boliviano mediante Ley 2830 de 3 de septiembre de 2004, FALLA DECLARANDO PROCEDENTE LA SOLICITUD DE EXTRADICIÓN de la ciudadana Abigail Salguero Quispe, de nacionalidad boliviana, soltera, estudiante, hija de Eusebio Salguero Carmona y Angélica Quispe Daza, nacida el 30 de mayo de 2002, en Santa Cruz – Andrés Ibáñez, con Cédula de Identidad 14102102, para que sea entregada de manera inmediata conforme las formalidades legales, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores a la Embajada de la República Federativa de Brasil.

Para cuyo efecto, se ordena se oficie al Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, para que comisione al Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz (Autoridad Comisionada), emita el correspondiente Mandamiento de Excarcelación, para la entrega de la ciudadana extraditable a la República Requirente, sea a través de los órganos competentes del Órgano Ejecutivo.

Comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores y por su intermedio a la Embajada de la República Federativa de Brasil para los fines consiguientes y de conformidad a lo ya previsto.

Regístrese, notifíquese, cúmplase.

Mostrando 109 de 217 parrafos.

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