AS/0165/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 165/2025

Fecha: 26 de febrero de 2025

Expediente: T-31-24-S

Partes: Efraín Negrón Torres y María Magdalena Poveda Frías de Negrón c/ Iván Bluske Sagarnaga y María del Carmen Josefina Moscoso Blacud de Bluske.

Proceso: Resolución de contrato por imposibilidad sobreviniente, devolución de dineros y resarcimiento de daños y perjuicios.

Distrito: Tarija.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 530 a 540 vta., interpuesto por Iván Bluske Sagarnaga y María del Carmen Josefina Moscoso Blacud de Bluske, contra el Auto de Vista Nº 171/2024, de 23 de agosto, que corre de fs. 519 a 526, pronunciado por la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia Publica Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso ordinario de resolución de contrato por imposibilidad sobreviniente, devolución de dineros y resarcimiento de daños y perjuicios, seguido por Efraín Negrón Torres y María Magdalena Poveda Frias de Negrón contra los recurrentes; la contestación de fs. 544 a 550 vta.; el Auto de concesión de 14 de octubre de 2024, visible a fs. 552; el Auto Supremo de admisión N° 1380/2024-RA, de 21 de noviembre, saliente de fs. 559 a 561, todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Efraín Negrón Torres y María Magdalena Poveda Frias de Negrón, mediante escrito que cursa de fs. 38 a 46, subsanado a fs. 50 a 51 vta., plantearon demanda ordinaria de resolución de contrato por imposibilidad sobreviniente, devolución de dineros y resarcimiento de daños y perjuicios contra Iván Bluske Sagarnaga y María del Carmen Josefina Moscoso Blacud de Bluske, quienes una vez citados, por memoriales visibles de fs. 117 a 124 vta. y de fs. 134 a 135, contestaron la demanda en forma negativa y reconvinieron por incumplimiento voluntario de contrato, más pago de daños y perjuicios; desarrollándose el proceso hasta la emisión de la Sentencia Nº 39/2023, de 10 de noviembre, saliente de fs. 443 a 461, en la que la Juez Público Civil y Comercial N° 10 de la ciudad de Tarija, declaró PROBADA en parte la demanda ordinaria de resolución de contrato por imposibilidad sobreviniente, devolución de dineros y resarcimiento de daños y perjuicios; en relación a la resolución de contrato verbal de venta de 12 de febrero de 2020 y a la devolución de dineros recibidos por los demandados, sin lugar al resarcimiento por daños y perjuicios e IMPROBADA la demanda reconvencional.

2. Resolución de primera instancia que al haber sido recurrida en apelación por Iván Bluske Sagarnaga y María del Carmen Josefina Moscoso Blacud de Bluske, mediante memorial que corre de fs. 463 a 472, originó que la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, emita el Auto de Vista Nº 171/2024, de 23 de agosto, visible de fs. 519 a 526, que CONFIRMÓ la Sentencia Nº 39/2023, de 10 de noviembre; con condenación de costos y costas a los apelantes, bajo los siguientes argumentos:

Estableció, que en la resolución apelada se dejó establecido que de acuerdo a la confesión espontánea prestada por los demandantes se ha establecido la existencia del contrato de compraventa del inmueble, suscrito entre las partes del proceso y sus estipulaciones referentes a la forma de pago, específicamente.

Que, el conflicto, surge a consecuencia del no pago de la segunda cuota de $us. 70.000 que debió cumplirse hasta 9 de marzo de 2000, que según los reconvinientes tuvo que ser satisfecha con la venta de unos inmuebles de propiedad de los actores y según estos con la obtención de un préstamo bancario, que ante la negativa del préstamo sobrevino la imposibilidad de cumplir con el contrato verbal para la compra del inmueble de propiedad de los demandados.

Que, si bien es evidente que la respuesta escrita y oficial realizada por el Banco de Crédito fue posterior al plazo de cumplimento de la obligación, es evidente que los actores comunicaron a los vendedores la imposibilidad de cumplir con la obligación acordada, que según las autoridades de instancia la comunicación de este evento y su respuesta fue verbal, por lo que no necesitaron esperar la respuesta que recién se dio en fecha 07 de abril de 2021, prueba que forma parte de un conjunto probatorio y se complementa con otras en el proceso.

La carta notariada de fs. 28, fue notificada a los vendedores el 17 de marzo de 2020, comunicando la imposibilidad sobreviniente del préstamo por rechazo de la entidad bancaria y pidiendo la devolución de los $us. 30.000, entregados como anticipo. Que, esta carta notariada no fue objetada, rechazada u observada por los vendedores, no hubo una respuesta ni negativa ni positiva, por lo que concluye que los hechos fueron aceptados como ciertos, por ello volvieron a ofertar a la venta el inmueble y el 12 de junio de 2020 transfirieron dicho bien a una tercera persona.

No es necesario que la carta notariada tenga intervención de las partes, pues se trata de un simple acto de comunicación, por lo que, sí tiene valor probatorio, siempre y cuando el destinatario la recepcione.

En cuanto al retiro de la testigo Sandra Loza Vélez, no es relevante pues es un derecho de las partes y constituye una contradicción generada por ellos mismos; la prueba documental relativa al documento de fs. 97 a 98 de obrados, solo se halla suscrito por los vendedores y no por los compradores y no resulta idóneo para demostrar que los compradores incumplieron el contrato.

Que, la confesión judicial de los demandantes no es una prueba idónea, única, ni tampoco suficiente y que este medio probatorio ha sido valorado con los otros producidos en el proceso, de manera integral como mandan los arts. 163.I y 145 del Código Procesal Civil, que establece la siguiente conclusión: Que, los demandantes hicieron conocer a sus vendedores que su solicitud de préstamo fue rechazada, de manera verbal en fechas 2 y 9 de marzo y por escrito en fecha 17 de marzo del mismo año, está ultima que fue aceptada tácitamente por los demandados por su silencio, y por ello continuaron con la venta del inmueble en junio del mismo año.

En conclusión, los errores, infracciones omisiones, defectos que denuncian los apelantes, no son evidentes, por el contrario, la motivación, fundamentación y argumentos del fallo son amplios y suficientes para formar convicción en el Tribunal de alzada, para mantener la resolución de primera instancia.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Iván Bluske Sagarnaga y María del Carmen Josefina Moscoso Blacud de Bluske, según escrito visible de fs. 530 a 540 vta., medio de impugnación que es objeto de análisis en la presente resolución.

CONSIDERANDO II:

DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. Mediante el recurso de casación que se analiza, los recurrentes acusan:

a) El Tribunal de apelación incurrió en error de hecho y de derecho al no realizar una correcta valoración o apreciación de los medios probatorios de cargo (Certificaciones emitidas por el Banco de Crédito BCP, Carta Notariada de 17 de marzo de 2020, declaración testifical de la testigo de cargo Sandra Loza Vélez, medios probatorios de descargo recopilación de normas para el sistema financiero decretado por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, oficio de 18 de marzo de 2020, expedido por Claudia Vásquez Soliz en calidad de agente asociada certificada de REMAX, documento privado de pago de cancelación de comisiones por servicios prestados de 11 de febrero de 2020, documento privado de 12 de febrero de 2020, documento privado de compra venta de un inmueble a plazos) y respecto a la prueba de oficio (oficio remitido por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de 08 de mayo de 2023, oficio elaborado por el Banco de Crédito BCP de 08 de junio de 2023).

Ya que ninguno justifica los alegatos de los demandantes, por los que no se configura la supuesta imposibilidad sobreviviente, en el entendido de que la parte actora podía prever con la debida diligencia y anticipación si obtendrían el préstamo o no.

b) Violación del art. 108 de la Constitución Política del Estado, en el entendido de que la única forma que podría considerarse como válidas las alegaciones de los demandantes, seria bajo el desconocimiento de la ley, ya que la normativa de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero se encontraba vigente antes del acto jurídico obligando a todos, incluidos los demandantes a conocerla y acatarla.

c) Errónea interpretación y aplicación del art. 577 del Código Civil, debido a que el Tribunal de apelación, consideró que ha concurrido la imposibilidad sobreviniente, sin considerar que la parte demandante tenía la obligación de conocer la normativa vigente y saber si eran sujetos de crédito; la existencia de la carta notariada permitiría que la parte demandante incumpla un contrato con su simple presentación y la consideración de que la venta del inmueble a una tercera persona corresponde a una aceptación tácita al desistimiento, teniendo en cuenta que nunca se discutió el incumplimiento voluntario de la compra; además, que no puede estar determinado por el accionar de un tercero (Banco de Crédito BCP) ajeno a la relación contractual.

d) Vulneración del debido proceso, en sus vertientes de incongruencia omisiva, legalidad, igualdad procesal y motivación arbitraria, que el Auto de Vista realizó valoración defectuosa de la prueba omitiendo pronunciarse respecto a varios elementos de la prueba (Oficio de 18 de marzo de 2020, documento privado de compraventa de un bien inmueble a plazos y la confesión judicial provocada de los demandantes) que fueron oportunamente reclamados, es más, no consideró los demás agravios formulados en el recurso de apelación.

e) Inaplicabilidad de jurisprudencia relativa al caso emitida por el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional Plurinacional (Auto Supremo Nº 33/2015, de 19 de enero, Nº 736/2015-L, de 31 de agosto, Nº 944/2021, de 26 de octubre), que oportunamente fue puesta en conocimiento y que contradice por completo el criterio asumido por la autoridad judicial de origen, quien tenía la obligación de considerarla a momento de emitir el fallo de primera instancia, por lo que no mereció fundamentación ni motivación; de igual manera no existe pronunciamiento negativo, menos positivo por el Tribunal de apelación.

Fundamentos por los cuales la parte recurrente solicitó la emisión de un Auto Supremo que case el Auto de Vista impugnado y deliberando en el fondo declare improbada la demanda principal y probada la acción reconvencional.

2.De la contestación al recurso de casación.

El recurso de casación descrito, ha sido objeto de contestación por parte de los demandados, por escrito visible de fs. 544 a 550 vta., manifestando lo siguiente:

Que, el recurso de casación formulado por los demandados, no cumple con los requisitos establecidos en la ley, debido a que no presenta ningún agravio generado por el Auto de Vista N° 171/2024, por ausencia de técnica recursiva que no distingue entre el recurso de casación en el fondo y el recurso de casación en la forma.

Que, las aseveraciones de la parte recurrente, no tienen fundamento legal; que tanto en primera instancia, cuanto a momento de responder al recurso de apelación, se ha demostrado que la parte demandada nunca tuvo algún tipo de fundamento jurídico al contestar la demanda, como al reconvenir la misma y mucho menos tiene sustento jurídico para interponer el recurso de casación; no habiendo demostrado las aseveraciones que las consideran tendenciosas, actuaciones de mala fe y que vulneran los principios ético morales y profesionales.

Argumentos, por los cuales piden se dicte Auto Supremo que declare infundado el recurso de casación y se confirme el Auto de Vista N° 171/2024, sea con condenación de costas y costos procesales.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

Mostrando 42 de 84 parrafos.

Texto del fallo

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