AS/0166/2025

Texto del fallo

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SALA PLENA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

<table style="margin:0 0 0 0;"><tbody><tr><td style="padding:0 720 0 720;">AUTO SUPREMO Nº

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:166/2025

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">EXPEDIENTE Nº

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:39/2024

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">PROCESO

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:Extradición.

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">PARTES

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:Consulado General de la República de Chile contra José Eduardo Carrillo Ruiz.

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">MAGISTRADA TRAMITADORA

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:Fanny Coaquira Rodríguez.

</td>

</tr>

<tr><td style="border-width:0 0 100 0;border-color:#000000;padding:0 720 0 720;border-style:solid;mso-element:para-border-div;">FECHA

</td>

<td style="border-width:0 0 100 0;border-color:#000000;padding:0 720 0 720;border-style:solid;mso-element:para-border-div;">:14 de agosto de 2025

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

VISTOS EN SALA PLENA. La solicitud de extradición del ciudadano boliviano José Eduardo Carrillo Ruíz; las Notas Clasificación: URGENTE GM-DGAJ-UAJI-Cs-4303/2024 de 16 de octubre y GM-DGAJ-UAJI-Cs-4771/2024 de 12 de noviembre, remitidas por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia; el Acuerdo de Extradición entre los Estados Partes del MERCOSUR y la República de Bolivia (ahora Estado Plurinacional de Bolivia) y la República de Chile; el Dictamen del Fiscal General del Estado y los antecedentes del proceso.

CONSIDERANDO I: ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD DE EXTRADICIÓN.

La Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia remite la Nota Clasificación: URGENTE GM-DGAJ-UAJI-Cs-4303/2024 de 16 de octubre (fs. 29), haciendo conocer la Nota Nº 206/24 de 10 de octubre de 2024 (fs. 1), proveniente del Consulado General de la República de Chile, acompañando la solicitud de detención preventiva con fines de extradición (fs. 2 a 27); de igual manera, la Nota Clasificación: URGENTE GM-DGAJ-UAJI-Cs4771/2024 de 12 de noviembre (fs. 167), haciendo conocer la Nota Nº 215/24 de 24 de octubre de 2024 (fs. 165), provenientes del Consulado General de la República de Chile, acompañando la solicitud de extradición del ciudadano boliviano José Eduardo Carrillo Ruíz (fs. 46 a 163) a la que se adjuntan los antecedentes del proceso penal.

CONSIDERANDO II: AUTO SUPREMO QUE DETERMINÓ LA DETENCIÓN PREVENTIVA CON FINES DE EXTRADICIÓN.

Mediante el Auto Supremo 320/2024 de 5 de noviembre (fs. 31 a 33 vta.) se determinó la detención preventiva con fines de extradición del ciudadano JOSÉ EDUARDO CARRILLO RUIZ, con Cédula de Identidad Boliviana N° 8136446, y fecha de nacimiento 2 de septiembre de 1987, de nacionalidad boliviana.

CONSIDERANDO III: ANTECEDENTES PENALES DEL EXTRADITABLE.

Los 9 Tribunales Departamentales de Justicia informan que no registran procesos penales a nombre de José Eduardo Carrillo Ruíz; tal es el caso del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija (fs. 169 a 188); del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca (fs.197 a 253); del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí (fs. 255 a 264); del Tribunal Departamental de Justicia de Beni (fs. 265 a 296); del Tribunal Departamental de Justicia de Pando (fs. 297 a 299); del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba (fs. 300 a 326); del Tribunal Departamental de Justicia De Oruro (fs.353 a 398;, del Tribunal Departamental

de Justicia de La Paz (fs. 406 a 465); del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz (fs. 473 a 555).

El Consejo de la Magistratura mediante Certificación de la Dirección Nacional del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) de 5 de diciembre de 2024 (fs.190) informa que José Eduardo Carrillo Ruíz C.I. (Bolivia) 813646 no registra antecedente penal, referido a sentencia condenatoria ejecutoriada, declaratoria de rebeldía o suspensión condicional del proceso.

CONSIDERANDO IV: DETENCIÓN PREVENTIVA CON FINES DE EXTRADICIÓN.

Mediante Oficio de 6 de enero de 2025, suscrito por el Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, (fs.348) se remite la documentación cursante en el Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres N° 26 de la Capital, actuando dicha autoridad jurisdiccional en calidad de juez comisionado, a cuyo efecto se adjunta el informe elaborado por el investigador de Interpol – Santa Cruz (fs. 343) en el que se hace constar la ejecución del Mandamiento de Detención Preventiva con Fines de Extradición emitido en contra del ciudadano extraditable José Eduardo Carrillo Ruíz, quien fue aprehendido el 3 de enero de 2025 y conducido al Centro de Rehabilitación “PALMASOLA” de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

CONSIDERANDO V: DICTAMEN DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO.

El Dictamen FGE/RRMM N° 16/2025 de 3 de junio, emitido por el Fiscal General del Estado (fs. 470 a 472 vta.) establece en su parte dispositiva: “… REQUIERE por que se declare PROCEDENTE LA EXTRADICION del ciudadano JOSÉ EDUARDO CARRILLO RUÍZ, conforme señala el art. 150 del Código de Procedimiento Penal”. (sic).

CONSIDERANDO VI: FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y NORMATIVOS.

La extradición es un procedimiento solemne y formal, regido por requisitos y reglas previstas en un tratado o convenio bilateral o multilateral específico o en su ausencia por el principio de reciprocidad, que permite la entrega por un Estado (el Estado requerido) de un individuo que se encuentra en su territorio, a otro Estado (el Estado requirente), a los fines de ser sometido a un proceso judicial o a la ejecución de una pena impuesta en su contra.

En ese sentido, los tratados internacionales se constituyen en fundamento legal esencial de la Cooperación Penal Internacional en todo el mundo y ante su ausencia, debe primar el principio universal de reciprocidad, el cual cobra especial relevancia; en ese sentido, en la cooperación internacional, los tratados son el más formal de los instrumentos que se puede utilizar tanto en casos de asistencia jurídica, como de extradiciones, cooperación internacional por excelencia, cobrando relevancia en ese contexto lo previsto en el art. 255.I de la Constitución Política del Estado (CPE), que señala: “I. Las relaciones internacionales y la negociación, suscripción y ratificación de los tratados internacionales responden a los fines del Estado en función de la soberanía y de los intereses del pueblo”, disposición concordante con el art. 257.I de la CPE, que determina: “I. los tratados internacionales ratificados forman parte del ordenamiento jurídico interno con rango de ley.”.

Ahora bien, el art. 3 del Código Penal (CP), señala: “Ninguna persona sometida a la jurisdicción de las leyes bolivianas podrá ser entregada por extradición a otro Estado, salvo que en un tratado internacional o convenio de reciprocidad disponga lo contrario.

La procedencia o improcedencia de la extradición será resuelta por la Corte suprema. En caso de reciprocidad, la extradición no podrá efectuarse si el hecho por el que se reclama no constituye un delito conforme a la ley del Estado que pide la extradición y del que la debe conceder”.

Así también, el art. 149 del Código de Procedimiento Penal (CPP), dispone: “La extradición se regirá por las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y subsidiariamente por las normas del presente Código o por las reglas de reciprocidad cuando no exista norma aplicable”.

Por su parte, el art. 150 del CPP, en cuanto a la procedencia de la extracción, dispone: "Procederá la extradición por los delitos que, en la legislación de ambos Estados, se sancionen con penas privativas de libertad cuyo mínimo legal sea de dos o más años y tratándose de nacionales cuando el mínimo legal sea superior a dos años. La extradición de una persona para el cumplimiento de una pena en el Estado requirente, será procedente cuando quede por cumplir por lo menos un año de la condenó”.

La normativa nacional determina criterios que deben ser cumplidos para que se procese una solicitud de extradición; así el art. 157 del CPP, establece: "Toda solicitud de extradición será presentada al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, acompañada de la identificación más precisa de la persona extraditable, de los datos que contribuyan a determinar el lugar en el que se encuentre y del texto autenticado de la disposición legal que tipifica el delito. Toda la documentación exigida deberá acompañarse de una traducción oficial al idioma español. Cuando la persona esté procesada, deberá acompañarse además el original o copia autenticada de la resolución judicial de imputación que contenga la tipificación del delito, incluyendo una referencia al tiempo y lugar de su comisión y del mandamiento de detención emitido por una autoridad judicial competente. Cuando la persona haya sido condenada, deberá acompañarse además el original o copia autenticada de la sentencia condenatoria y la certificación correspondiente a su ejecutoria señalando, en su caso, el resto de la pena que le quede por cumplir".

Las relaciones internacionales en materia de extradición entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la República de Chile como país requirente se encuentran regidas por el Acuerdo sobre Extradición entre los Estados Partes de Mercosur, ratificado por Bolivia mediante Ley N° 2830 de 3 de septiembre de 2004.

El Acuerdo sobre Extradición entre los Estados Partes de Mercosur, expresamente dispone en su art. 1: “ Los Estados Partes se obligan a entregarse recíprocamente, según las reglas y las condiciones establecidas en el presente Acuerdo, a las personas que se encuentren en sus respectivos territorios y sean requeridas por las autoridades competentes de otro Estado Parte, para ser procesadas por la presunta comisión de algún delito, para que respondan a un proceso en curso o para la ejecución de una pena privativa de libertad”.

Asimismo, en el art.18 han convenido que 1) “La Solicitud de extradición será transmitida por vía diplomática. Su diligenciamiento será regulado por la legislación Estado Parte requerido, 2) Cuando se trate de una persona no condenada, la solicitud de extradición deberá ser acompañada por el original o copia de la orden de prisión o resolución equivalente, conforme a la legislación del Estado Parte Requerido, emanado de la autoridad competente”; señalado en el mismo artículo que las demandas deberán ir acompañadas de los siguientes requisitos: “i) Indicar el lugar y fecha en que ocurrieron, su calificación legal y la referencia, a las disposiciones legales aplicables; ii) Todos los datos conocidos sobre la identidad, nacionalidad domicilio o residencia de la persona

reclamada y, si fuere posible, su fotografía, huellas digitales y otros medios que permitan si identificación; iii) Copia o transcripción auténtica de los textos legales que tipifican y sancionan el delito identificando la penal aplicable los textos que establezcan la jurisdicción de la parte requirente para conocer de ellos, así como una declaración de que la acción y la pena no se encuentran prescritas, conforme a su legislación”.

CONSIDERANDO VII: RESOLUCIÓN DEL CASO.

El Tribunal Supremo de Justicia, se pronuncia sobre el fondo de la solicitud de extradición del ciudadano boliviano José Eduardo Carrillo Ruíz, y la ejecución de los aspectos imprescindibles para la procedencia de la extradición anteriormente, se ponderan los siguientes aspectos:

Conforme al Acuerdo sobre Extradición entre los Estados Partes del MERCOSUR, ratificado por el Estado Plurinacional de Bolivia mediante Ley N° 2830 de 3 de septiembre de 2004, se verifica el cumplimiento de los principios rectores del instituto de la extradición internacional, en particular los principios de doble incriminación y legalidad, contenidos en los arts. 2 numeral 1 y 5 numeral 1 del referido instrumento internacional. En efecto, el art. 2.1 prevé que procederá la extradición cuando el hecho que la motiva esté tipificado como delito tanto en la legislación del Estado requirente como en la del Estado requerido, con una pena privativa de libertad cuya duración máxima no sea inferior a dos años. Por su parte, el art. 5.1 excluye de este mecanismo los delitos calificados como políticos o conexos por el Estado requerido. En el caso concreto, tales presupuestos se encuentran plenamente satisfechos, toda vez que el ciudadano José Eduardo Carrillo Ruiz se encuentra imputado en la República de Chile por la comisión del delito de Homicidio consumado, en calidad de autor, previsto y sancionado por el art. 391 numeral 2 en relación al art. 15 núm. 1 del Código Penal chileno, con una pena prevista de presidio mayor de grado mínimo a medio, es decir, entre cinco y quince años, esta tipificación encuentra plena correspondencia normativa en el ordenamiento penal boliviano, específicamente en el art. 251 del Código Penal, que sanciona el delito de Homicidio con pena privativa de libertad de cinco a veinte años, verificándose así la exigencia de doble incriminación. Adicionalmente, el ilícito atribuido al requerido no reviste naturaleza política ni guarda conexión con delitos de dicha índole, conforme a la legislación penal nacional, por lo que no se configura causal alguna de improcedencia en los términos del art. 5 del Acuerdo.

Respecto al principio de especialidad, consagrado en el art. 14.1 del Acuerdo, el mismo establece que la persona entregada no podrá ser procesada, juzgada ni condenada por hechos distintos a aquellos que motivaron la solicitud de extradición, tal principio también se verifica en el presente caso, puesto que la solicitud formal de extradición, cursada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta de la República de Chile en el marco de la causa ROL N° 1257-2024, contiene de manera clara, precisa y expresa que la persecución penal iniciada contra José Eduardo Carrillo Ruiz se circunscribe exclusivamente al delito de homicidio en grado de autor y con ejecución consumada, previsto en el art. 391.2 en relación al art. 15.1 del Código Penal chileno, por lo que no se advierte vulneración alguna a dicho principio de garantía.

De igual manera, de la revisión de la documental, en su apartado 2, consigna la fecha de los hechos en que se funda la solicitud, la participación, el momento y el lugar donde ocurrieron los mismos y los datos personales que permiten identificar a José Eduardo Carrillo Ruiz, asimismo, en el apartado 6, se puede inferir que no se extinguió la responsabilidad penal, puesto que prescribe a los 15 años conforme a su legislación penal, y tomando en cuenta que el hecho fáctico por el cual se solicita su extradición, habría acontecido el 26 de agosto de 2022, se advierte que no opero la prescripción de la acción penal.

En cuanto a los requisitos formales y documentales establecidos en el art. 18 del referido Acuerdo, estos han sido debidamente cumplidos; ya que la solicitud de extradición fue canalizada por la vía diplomática correspondiente, mediante comunicación oficial remitida por la Embajada de Chile en Bolivia y validada por la Autoridad Central, esto es, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia.

En cumplimiento del numeral 2 en el citado artículo, “Cuando se tratare de una persona no condenada, la solicitud de extradición deberá ser acompañada por el original o copia de la orden de prisión o resolución equivalente, conforme a la legislación del Estado Parte requerido, emanado de la autoridad competente”, el Tribunal Supremo de Justicia, en su órgano colegiado de Sala Plena, de cuyo análisis de la solicitud se extrae el Acta de Audiencia, Formalización de la Investigación en Ausencia del Imputado (fs. 53 a 57), Orden de Detención 2410951002280-K (fs. 58) y copias de la investigación emanadas por las Autoridades de la República de Chile (fs. 59 a 163), por lo que se está acogiendo a la presentación de documentos electrónicos y firma digital, conforme a lo establecido en el Acuerdo.

Por otro lado núm. 4 del referido artículo: “i) una descripción de los hechos por los cuales se solicita la extradición, debiéndose indicar el lugar y fecha en que ocurrieron, su calificación legal y la referencia, a las disposiciones legales aplicables”, en el apartado 2, de la solicitud señala que el ciudadano boliviano JOSÉ EDUARDO CARRILLO RUIZ, con Cedula de Identidad de Bolivia N° 8136446, y fecha de nacimiento 02 de septiembre de

1987, debe enfrentar un juicio en Chile como autor del delito de homicidio, en grado de desarrollo consumado, previsto y sancionado por el art. 391 núm. 2 en relación al art. 15 núm. 1 del Código Penal chileno; por el hecho suscitado el 26 de agosto de 2022 en la Calle Prat entre pasaje Frankfurt y Calle Frei Bonn, comuna de Calama aproximadamente a horas 23:50, ya que el imputado y dos sujetos tras descender de un vehículo, se acercaron directamente a dos personas, una de ellas resulto víctima “Juan Edgar Anza Rodríguez”, quien se encontraba en el frontis del local comercial, y proceden a golpear a la persona antes descrita con un elemento contundente, razón por la cual la víctima huye del lugar por la Calle Prat, en dirección al pasaje Frankfurt, siendo perseguido y alcanzado por los primeros sujetos, dándole golpes de pies y puños en diferentes partes del cuerpo, resultado Juan Edgar Anza Rodríguez con un shock neurogénico-insuficiencia respiratoria aguda, por traumatismo encefálico grave, con hemorragia subaracnoidea, hematoma epidural-subdural, signos de contusión cortical, edema pulmonar bilateral, traumatismo abdominal cerrado, heridas de carácter violento de tipo homicida que le causaron la muerte. (fs. 46). ii) todos los datos conocidos sobre la identidad, nacionalidad, domicilio o residencia de la persona reclamada y, si fuere posible, su fotografía, huellas digitales y otros medios que permitan su identificación; en el caso de autos se considera realizada esta exigencia del Acuerdo, puesto que, en el apartado 1 de la solicitud formal de extradición (fs. 46), se señala expresamente: “1.- Identificación de la persona reclamada:

1.1) Nombre completo: José Eduardo Carrillo Ruíz; 1.2) Documento de identificación boliviano: 8136446; 1.3) Fecha de nacimiento: 2/09/1987; 1.4) Nacionalidad: Boliviano; 1.5) Sexo: Masculino; 1.6) Registra antecedentes penales anteriores: No.; 1.7) Calidad en la que es requerido: Imputado.; 1.8) Otros antecedentes que acompañan (opcional): Fotografía.”. iii) copia o transcripción auténtica de los textos legales que tipifican y sancionan el delito, identificando la pena aplicable, los textos que establezcan la jurisdicción del Estado Parte requirente para conocer de ellos, así como una declaración de que la acción y la pena no se encuentran prescriptas, conforme a su legislación; en el

presente caso, se consideran realizados estos requisitos, en razón a que, expresamente en los apartados 3, 4, 5 y 6; por la y transcripción de las normas legales aplicables.

En conclusión, el Tribunal Supremo de Justicia considera que la solicitud de extradición de la República de Chile cumple los requisitos de fondo y forma exigidos por el Acuerdo sobre Extradición entre los Estados Partes del Mercosur, ratificado por Bolivia mediante la Ley N° 2830 de 3 de septiembre de 2004, que vincula al Estado Plurinacional de Bolivia con el Estado Requirente, correspondiendo declarar la procedencia de la solicitud de extradición que cursa en obrados y ordenar la extradición del sujeto reclamado de extradición.

POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida en los arts. 184.3 de la CPE, 38.2 de la LOJ, 50.3 y 150, 157 y 158 del CPP, y 22 del Acuerdo sobre Extradición entre los Estados Partes del Mercosur, ratificado por Bolivia mediante Ley N° 2830 de 3 de septiembre de 2004, FALLA DECLARANDO PROCEDENTE LA SOLICITUD DE EXTRADICIÓN del ciudadano JOSÉ EDUARDO CARRILLO RUÍZ, de nacionalidad boliviana , con CI N° 8136446, nacido el 2 de septiembre de 1992, para que sea entregado de manera inmediata con las formalidades legales, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores al Consulado de la República de Chile.

Para cuyo efecto, se ordena se oficie al Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz para que comisione al Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres N° 26 de la Capital del departamento de Santa Cruz y se emita el correspondiente Mandamiento de Excarcelación, para la entrega del sujeto extraditable al País Requirente, sea a través de los órganos competentes del Órgano Ejecutivo.

Comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores y por su intermedio al Consulado de la República de Chile, para los fines consiguientes y de conformidad a lo ya previsto.

Regístrese, notifíquese, cúmplase.

Mostrando 110 de 220 parrafos.

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