AS/0167/2018-RA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 167/2018-RA

Sucre, 21 de marzo de 2018

Expediente : Santa Cruz 131/2017

Parte Acusadora : Luis Ramiro Zarate Gumucio

Parte Imputada : Ninoska Jhovanka Toro Espada y otro

Delito : Estafa

RESULTANDO

Por memorial presentado el 21 de agosto de 2017, cursante de fs. 1423 a 1445 vta., Ninoska Jhovanka Toro Espada, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 40 de 10 de julio de 2017, de fs. 1340 a 1348 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por Luis Ramiro Zarate Gumucio contra la recurrente y Pascual Limachi Gonzales, por la presunta comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del Código Penal (CP).

I. DEL RECURSO DE CASACIÓN

De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:

a) Por Sentencia 28/14 de 25 de septiembre de 2014 (fs. 1044 a 1063 vta.), el Juez Octavo de Sentencia Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Ninoska Jhovanka Toro Espada, autora y culpable de la comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del CP, imponiendo la pena de tres años de reclusión y mil días multa a razón de Bs. 2.- por día, con costas averiguables en ejecución de sentencia; por otra parte, Pascual Limachi Gonzales fue absuelto del delito endilgado en su contra.

b) Contra la mencionada Sentencia, el acusador particular Luis Ramiro Zárate Gumucio (fs. 1082 a 1084 vta.), y la imputada Ninoska Jhovanka Toro Espada (fs. 1086 a 1092), interpusieron recursos de apelación restringida, resueltos por el Auto de Vista 45 de 14 de julio de 2015 (fs. 1113 a 1116 vta.), que fue dejado sin efecto, por Auto Supremo 236/2017-RRC de 21 de marzo (fs. 1206 a 1212); a cuyo efecto, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista 40 de 10 de julio de 2017, que declaró admisibles e improcedentes los recursos planteados; por ende, confirmó la Sentencia apelada.

c) Por diligencia de 14 de agosto de 2017 (fs. 1349), la recurrente fue notificada con el referido Auto de Vista; y, el 21 del mismo mes y año, interpuso el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.

II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

Del memorial del recurso de casación, se extraen los siguientes agravios:

1) La recurrente refiere que con relación a una excepción de incompetencia que planteó en razón de materia, el Tribunal de alzada en su sexto considerando de manera errada y sin la debida fundamentación y motivación, confirmó el rechazo sin considerar que existió un contrato de transporte que debió ser dilucidado en la vía civil y no en la penal de acuerdo al art. 519 del Código Civil (CC) y sin considerar que los procesos penales son de última ratio siendo este caso de competencia la vía civil y no la penal conforme el art. 46 del Código de Procedimiento Penal (CPP).

Al respecto invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo 241 de 1 de agosto de 2005.

2) Señala que recurrió de apelación restringida sobre la base del motivo establecido en el art. 169 inc. 3) concordante con el 407 del CPP, habiendo anunciado reserva de recurrir relacionado al rechazo de todas las excepciones planteadas, de donde el Tribunal de alzada en ninguno de sus considerandos resolvió y menos tocó el fondo de tales extremos de la apelación restringida dejando en indefensión a la imputada infringiendo el art. 124 del CPP, porque no realizó una adecuada motivación y fundamentación del porqué rechazó y/o confirmó dicha observación hecha por el impetrante ya que no se entiende el por qué dichas autoridades dictaron o fallaron de esta manera dejando en incertidumbre a los sujetos procesales para saber a ciencia cierta el por qué se les niega dicho incidente.

Con relación a la temática planteada invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo 319/2012-RRC de 4 de diciembre.

3) Realiza una relación respecto de la aplicación de la ley sustantiva y la subsunción al tipo penal de Estafa, analizando los componentes de dicho delito asociado a los hechos, con relación al beneficio económico para sí o para un tercero, existencia de engaño, relación de causalidad entre la conducta activa y resultado, provocar o fortalecer en error a la víctima, enriquecimiento del sujeto activo y la disminución del patrimonio de la víctima y la disposición o desplazamiento patrimonial; asimismo, refiere el entendimiento del art. 13 y 14 del CP, de lo que señaló que el hecho no se adecuó al tipo penal de Estafa, en ninguno de sus elementos; por lo que, se le vulneró sus derechos y garantías constitucionales a la legalidad, debido proceso y tutela judicial efectiva. Posteriormente señala que el hecho no se adecua al delito de Estafa y si se quisiera forzar un delito este más se acomoda al delito de Abuso de Confianza, previsto y sancionado por el art. 346 del CP; pero en ninguno de los casos se acomoda al delito de Estafa. Al respecto, el Tribunal de alzada al resolver el recurso de apelación restringida formulado por el imputado concluyó que la Sentencia cumplió con todos los requisitos previstos y que no existe inobservancia ni errónea aplicación del tipo penal de Estafa en contra de la conducta acusada a la imputada en el que se acreditó con la actividad probatoria desplegada por parte de la acusadora que la imputada a través de engaños contratos de servicio para el transporte de sus movilidades y logró que la víctima realizara un acto de disposición patrimonial; sin tomar en cuenta que el supuesto de este tipo penal de Estafa consiste en simular un contrato o un negocio jurídico cuyo incumplimiento determine que se produzca un perjuicio directo en el patrimonio ajeno como consecuencia del acto de disposición patrimonial del contratante que fue engañado, aspecto que es conocido como un negocio criminalizado o contrato criminalizado

Con relación a la temática planteada invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos 43 de 27 de enero de 2007, 134 de 11 de junio de 2012 y 207/2015-RRC-L de 8 de mayo.

4) Refiere que se incurrió en el defecto de la Sentencia previsto en el art. 370 inc. 6) del CPP, al no existir fundamentación en dicha resolución e incumplir lo previsto en el art. 124 del CPP, teniendo en cuenta que las pruebas de cargo producidas por el acusador particular fueron valoradas defectuosamente; en ese sentido, la recurrente hace una relación de las declaraciones testificales y realiza un análisis de la prueba documental que se ofreció como prueba de cargo siendo estas (Solicitud de transbordo de mercancías, Carta de Informe de Siniestro, Carta de 22 de diciembre de 2011, Carta de 12 de enero de 2012, Cotizaciones Nº 56 de 10 de diciembre de 2011, contrato Privado de Transporte de 10 de diciembre de 2011), de lo que concluye que existió normas violadas, erróneamente aplicadas y fue una resolución carente de argumentación; al respecto, señala que el Auto de Vista omitió fundamentar cada uno de los puntos apelados respecto de una correcta fundamentación y motivación del porque cada prueba merece el valor correspondiente para confirmar la Sentencia detallando una por una y no simplemente la mención de que el Juez de mérito actuó y fundó su resolución de conformidad a las disposiciones que correspondan, demostrando debido proceso, resguardando los derechos y garantías constitucionales de los acusados, impidiendo al Tribunal de alzada otorgar valor probatorio a dichas pruebas

Con relación a este motivo invocó como precedente contradictorio el Auto Supremo 259/2014-RRC de 24 de junio.

5) El Tribunal de alzada no dió cumplimiento al Auto Supremo 236/2017-RRC de 21 de marzo, porque dicha resolución señaló que el Tribunal de alzada debía cumplir con relación a la fundamentación de subsunción al tipo penal de Estafa; sin embargo, el Tribunal de alzada se limitó a señalar que la recurrente no precisó ni concretó cómo el Juez no observó la Ley o la aplicación equivocadamente, pues no precisó los defectos conforme señalan los arts. 407 y 408 del CPP, omitiendo demostrar de alguna manera en que consistió la errónea aplicación de la Ley sustantiva, sin tener en cuenta que en el recurso de apelación restringida se sostuvo la falta de concurrencia de los elementos constitutivos del delito de Estafa en las circunstancias de los hechos y sus consecuencias, precisando que no existió beneficio porque el querellante nunca pagó la mitad convenida por el servicio pactado y que las movilidades que sufrieron accidente de tránsito no se encontraban en su poder y que no existió engaños o artificios porque su empresa estaba legalmente constituida, la que para efectuar el servicio trabajaba con logística que tampoco existió error en el querellante porque este trabaja en el rubro de la importación de vehículos, aspecto sobre los que el Tribunal en el rubro de la importación de vehículos, aspecto sobre los que el Tribunal de apelación no efectuó ninguna fundamentación de derecho dirigida a responder si las observaciones argüidas por la parte acusada tenían mérito. Por otro lado refiere que tampoco fue suficiente que el Tribunal de apelación, de manera genérica asevere el incumplimiento de los arts. 407 y 408 del CPP, sin explicar las razones por las que consideraba que la exigencia procesal del planteamiento de la apelación restringida fue incumplida. De la misma forma señaló que el nuevo Auto de Vista no cumplió con los parámetros del Auto Supremo 236/2017-RRC de 21 de marzo, en su acápite III.2. sobre la falta de fundamentación, en su noveno párrafo indica claramente lo que el Tribunal de mérito debía cumplir, en cuanto a la valoración de la prueba documental y testifical; en consecuencia, señala que los Tribunales de alzada tienen el deber de cumplir con la doctrina legal que emite la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia mediante sus Autos Supremos al emitir la doctrina legal aplicable.

Respecto de este motivo denunciado el recurrente invocó como precedentes contradictorios los Autos Supremos 037/2013-RRC de 14 de febrero, 322/2013-RRC de 6 de diciembre, 241 de 1 de agosto de 2005, 414 de 19 de agosto de 2003, 404 de 25 de junio de 2001 y 31 de 26 de marzo de 2007.

6) Refiere, con relación al Auto de Vista que el mismo se emitió con falta de fundamentación, porque solo hace mención a situaciones de carácter general sin cumplir los parámetros de especificidad, claridad, completitud y logicidad, sin fundamentar en cada uno de los puntos apelados, siendo que en los considerandos del uno al seis solo se refiere a aspectos formales de la apelación restringida y situaciones doctrinales de la excepción de incompetencia y del delito de Estafa; y, en el considerando seis de forma general solo se limita a mencionar que la impetrante no es precisa ni concreta en indicar que el Juez no observó la ley o la aplicación equivocadamente; es decir, una falta de fundamentación en el recurso planteado por la imputada porque no identificó cuales son los defectos conforme a los arts. 407 y 408 del CPP; asimismo, señala que la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia señala, que ante la escasa y contradictoria fundamentación se vulnera derechos y garantías constitucionales tal como se establece en los arts. 370 incs. 1) y 6), 124 y 398 del CPP, en el art. 8.2. inc. h) de la Ley 1430 de 11 de febrero de 1993 (Pacto de San José de Costa Rica), normas legales que expresamente consagran el derecho que tiene toda persona de conocer en detalle los fundamentos de las resoluciones; en consecuencia, considera que el Auto de Vista al resolver los cuatro motivos de su recurso de apelación restringida no existe criterios sólidos que fundamenten los alcances de la resolución y que estos estén basados en la norma sustantiva y adjetiva; y, su omisión constituye defectos absolutos.

Al respecto, señala como precedentes contradictorios los Autos Supremos 30 de 26 de enero de 2007, 335 de 10 de junio de 2011, 134 de 11 de junio de 2012, 207/2015-RRC-L de 8 de mayo, 43 de 27 de enero de 2007, 259/2014-RRC de 24 de junio, 37/2013-RRC de 14 de febrero, 322/2013-RRC de 6 de diciembre 472 de 8 de diciembre de 2005. Así también en el petitorio de su recurso invoca como precedentes los Autos Supremos 30 de 26 de enero de 2007, 335 de 10 de junio de 2011, 52 de 19 de marzo de 2012, 88 de 25 de abril de 2012, 172 de 24 de julio de 2012. De la misma forma en el otrosí primero de su recurso invoca los Autos Supremos 241 de 1 de agosto de 2005, 414 de 19 de agosto de 2003, 404 de 25 de junio de 2001, 31 de 26 de marzo de 2007, 319/2012-RRC de 4 de diciembre, 30 de 26 de enero de 2007, 335 de 10 de junio 2011, 52 de 19 de marzo de 2012, 88 de 25 de abril de 2012, 172 de 24 de julio de 2012, 207/2015-RRC-L de 8 de mayo, 43 de 27 de enero de 2007, 134 de 11 de junio de 2012, 259/2014-RRC de 24 de junio, 37/2013-RRC de 14 de febrero y 322/2013-RRC de 6 de diciembre.

III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE

CASACIÓN

El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.

En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.

Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son: