AS/0172/2025

Texto del fallo

<div>

SALA PLENA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

<table style="margin:0 0 0 0;"><tbody><tr><td style="padding:0 720 0 720;">AUTO SUPREMO Nº

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:172/2025

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">EXPEDIENTE Nº

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:46/2024

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">PROCESO

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:Homologación de Sentencia

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">PARTES

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:Grety Roxana Ardaya Padilla contra Ariel Saúl Almanza Andia.

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">MAGISTRADA TRAMITADORA

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:Fanny Coaquira Rodríguez

</td>

</tr>

<tr><td style="border-width:0 0 100 0;border-color:#000000;padding:0 720 0 720;border-style:solid;mso-element:para-border-div;">FECHA

</td>

<td style="border-width:0 0 100 0;border-color:#000000;padding:0 720 0 720;border-style:solid;mso-element:para-border-div;">:20 de agosto de 2025

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

VISTOS EN SALA PLENA. La solicitud de Homologación presentada por Grety Roxana Ardaya Padilla del Auto de 20 de diciembre de 2023, emitida por el Juzgado de Primera Instancia N° 45 de Barcelona (Familia), España, dentro del proceso de ejecución forzosa por impago de asistencia familiar 43/2018 - B, seguido por la solicitante contra Ariel Saúl Almanza Andia (fs. 12 a 13 vta.), subsanado por escrito presentado el 17 de octubre de 2024 (fs. 29 a 30 vta.), la providencia de admisión de 21 de octubre de 2024 (fs. 32), los escritos de Ariel Saúl Almanza Andia y Alondra Almanza Ardaya que plantean oposición al trámite de Homologación de 5 de diciembre de 2024 (fs. 39 a 46 y fs. 51 y vta.) y los antecedentes procesales de la solicitud.

CONSIDERANDO I: ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD DE HOMOLOGACIÓN DE SENTENCIA.

Grety Roxana Ardaya Padilla solicita Homologación del Auto de 20 de diciembre de 2023, emitida por el Juzgado de Primera Instancia N° 45 de Barcelona (Familia), España dentro del proceso de ejecución forzosa por impago de asistencia familiar 43/2018 - B, la Sentencia de divorcio, seguido por la solicitante contra Ariel Saúl Almanza Andia (fs. 12 a 13 vta.)

A la solicitud de Homologación, se adjunta la siguiente documentación:

<ul style="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><li style="margin:0 0 0 4800;">Auto de 20 de diciembre de 2023, emitida por el Juzgado de Primera Instancia N° 45 de Barcelona (fs. 1 a 5)

</li>

<li style="margin:0 0 0 4800;">Certificado original del matrimonio celebrado entre Grety Roxana Ardaya Padilla y Ariel Saúl Almanza Andia, inscrito en la Oficialía OF COL 25, Libro 6, Partida 29, Folio 29, del Departamento de Cochabamba, Provincia Cercado, Localidad Cochabamba, con fecha de Partida 2 de abril de 2005 (fs. 7)

</li>

<li style="margin:0 0 0 4800;">Certificado original del nacimiento de Alondra Almanza Ardaya, inscrito en la Oficialía ESP02, Libro 89-15BARCELO, Partida 36, Folio 36, del Departamento de La Paz, Provincia Murillo, Localidad Nuestra Señora de La Paz, con fecha de Partida 18 de diciembre de 2015 (fs. 8)

</li>

<li style="margin:0 0 0 4800;">Fotocopias simples de las cédulas de identidad de la solicitante y Ariel Saúl Almanza Andia (fs. 9 y 10)

</li>

<li style="margin:0 0 0 4800;">Copia simple de la Sentencia de divorcio N° 493/2013 de 26 de septiembre del año 2013, pronunciada ante el Juzgado de Primera Instancia N° 45 de Familia de Barcelona-España, dentro de la demanda de Divorcio seguida por los esposos Ariel Saúl Almanza Andia y Grety Roxana Ardaya Padilla (fs.18 a 19) .

</li>

<li style="margin:0 0 0 4800;">Certificado original matrimonio celebrado entre Grety Roxana Ardaya Padilla y Ariel Saúl Almanza Andia, inscrito en la Oficialía OF COL 25, Libro 6, Partida 29, Folio 29, del Departamento de Cochabamba, Provincia Cercado, Localidad Cochabamba, con fecha de Partida 2 de abril de 2005 (fs.7), con la inscripción del registro de cancelación de la partida de matrimonio de10 de septiembre de 2024 (fs.28).

</li>

</ul>

CONSIDERANDO II: MARCO LEGAL DE LA HOMOLOGACIÓN DE SENTENCIA. El Código Procesal Civil (CPC) respecto a la ejecución de las Sentencias dictas en el extranjero dispone lo siguiente: “Art. 502. (Efectos). Las sentencias y otras resoluciones judiciales dictadas en el extranjero tendrán en el Estado Plurinacional de Bolivia, efectos imperativos, probatorios y fuerza ejecutoria, con arreglo a lo que establezcan los tratados o convenios existentes y las disposiciones del presente Capítulo.

Art. 503. (Reconocimiento y ejecución).

<ol style="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><li style="margin:0 0 0 4800;">Las sentencias extranjeras, para su ejecución y cumplimiento, deberán ser reconocidas y ejecutadas en el Estado Plurinacional, si correspondiere, sin que proceda la revisión del objeto sobre el cual hubieren recaído.

</li>

<li style="margin:0 0 0 4800;">El reconocimiento es el acto o sucesión de actos procesales que tiene por objeto establecer si la sentencia extranjera reúne los requisitos indispensables de fondo y forma señalados en el presente Capítulo.

</li>

<li style="margin:0 0 0 4800;">La ejecución es el acto o sucesión de actos procesales que tiene por objeto el cumplimiento de las sentencias dictadas en el extranjero.

</li>

</ol>

Art. 504. (Principio de reciprocidad).

<ol style="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><li style="margin:0 0 0 4800;">Si no existiere tratado o convenio internacional suscrito con el país donde se dictó la sentencia cuya ejecución y cumplimiento se pretende, en vía de reciprocidad, se dará a ella la misma fuerza que se reconoce a las sentencias pronunciadas en el Estado Plurinacional de Bolivia.

</li>

<li style="margin:0 0 0 4800;">Si la sentencia hubiere sido dictada en un país donde no se ejecuten los fallos de autoridades judiciales bolivianas, tampoco podrá serlo en el Estado Plurinacional.

</li>

</ol>

Art. 505. (Requisitos de validez).

</li>

<li style="margin:0 0 0 4800;">La sentencia y documentación anexa se encuentren debidamente legalizadas conforme a la legislación boliviana, excepto que ella fuere remitida por vía diplomática o consular o por intermedio de las autoridades administrativas competentes.

</li>

<li style="margin:0 0 0 4800;">Se encuentren debidamente traducidas si fueren dictadas en idioma distinto al castellano.

</li>

<li style="margin:0 0 0 4800;">La autoridad judicial que expidió la sentencia, tenga jurisdicción en la esfera internacional para asumir conocimiento de la causa, de acuerdo con las normas de su propio derecho, excepto que la materia fuere de jurisdicción exclusiva de autoridades judiciales bolivianas.

</li>

<li style="margin:0 0 0 4800;">La parte demandada hubiere sido legalmente citada o emplazada de acuerdo con el derecho del tribunal sentenciador extranjero.

</li>

<li style="margin:0 0 0 4800;">Se hubieren respetado los principios del debido proceso.

</li>

<li style="margin:0 0 0 4800;">La sentencia tenga la calidad de cosa juzgada conforme al ordenamiento jurídico del país de origen.

</li>

<li style="margin:0 0 0 4800;">La sentencia no sea contraria al orden público internacional.

</li>

</ol>

</li>

<li style="margin:0 0 0 4800;">Para solicitar el reconocimiento y cumplimiento de una sentencia extranjera, se acompañarán los siguientes documentos:

</li>

<li style="margin:0 0 0 4800;">Copias legalizadas o autenticadas de las piezas necesarias del proceso que acrediten el cumplimiento de los numerales 5 y 6 del parágrafo anterior.

</li>

<li style="margin:0 0 0 4800;">Certificación franqueada por autoridad competente que acredite la ejecutoria de la sentencia.”.

</li>

</ol>

</li>

</ol>

Por su parte, la Constitución Política del Estado (CPE), en su art. 144, señala “I. Son ciudadanas y ciudadanos todas las bolivianas y todos los bolivianos, y ejercerán su ciudadanía a partir de los 18 años de edad, cualesquiera sean sus niveles de instrucción, ocupación o renta.”.

Asimismo, el Código de las Familias y del Proceso familiar, en su art. 109.II, señala: La asistencia familiar se otorga hasta cumplida la mayoría de edad, y podrá extenderse hasta que la o el beneficiario cumpla los veinticinco (25) años, a fin de procurar su formación técnica o profesional o el aprendizaje de un arte u oficio, siempre y cuando la dedicación a su formación evidencie resultados efectivos.”.

CONSIDERANDO III: TRAMITACIÓN

Una vez conocida la solicitud de Homologación del Auto de Ejecución forzosa 43/2018 -B, de 20 de diciembre de 2023, dictada en el extranjero, se dispuso la citación de Ariel Saúl Almanza Andia mediante provisión citatoria, quien se apersonó mediante memorial de 5 de diciembre de 2024 (fs. 39 a 46), planteó oposición al trámite de homologación, aduciendo violación del debido proceso por incumplimiento del art. 505 del CPC y la Sentencia Constitucional Plurinacional 572/2015-S2, al no acreditarse notificación válida ni ejecutoriedad de la Sentencia extranjera, lesionando el derecho a defensa y orden público; además, de incompetencia territorial internacional del Juzgado de Barcelona, ya que carecía de jurisdicción, pues el demandado y su hija residían en Bolivia desde el 2016, hecho ocultado por la demandante y fraude procesal por conducta dolosa al omitir el domicilio del demandado, induciendo error judicial para obtener beneficio económico indebido, pese a que el progenitor ya cubría las necesidades de la beneficiaria; en consecuencia, pide la improcedencia de la homologación y por ultimo aporta prueba documental de residencia y cuidado de la hija en Bolivia.

Por otro lado, el 5 de diciembre de 2024 (fs. 51 y vta.), Alondra Almanza Ardaya, quien ahora es mayor de edad y en su condición de beneficiaria del proceso de ejecución forzosa 43/2018 -B, formula oposición fundada acreditando que, desde enero de 2016, radicó en Bolivia junto a su padre, primero bajo el cuidado de su abuela (hasta el 2019) y posteriormente con el demandado, quien cubrió íntegramente sus necesidades, incluidos gastos educativos en la UDABOL, aduciendo además la incompetencia territorial del Juzgado de Barcelona, pues destaca que la residencia habitual de ambas partes (beneficiaria y alimentante) en Bolivia invalida la competencia del tribunal español; pues señala que su padre ha cumplido con la asistencia familiar mediante depósitos en una cuenta del Banco Nacional de Bolivia (BNB), demostrando la improcedencia de la ejecución forzosa solicitada en España y por ultimo adjunta prueba documental consistentes en una declaración voluntaria de 4 de diciembre de 2025, el flujo migratorio y cédula de identidad (fs. 47 a 50).

Bajo ese contexto, mediante providencia de 19 de mayo de 2025 (fs. 108), se dispuso que la Encargada de Archivos del Tribunal Supremo de Justicia, remita copia legalizada

del proceso de Homologación de Sentencia interpuesto por Grety Roxana Ardaya Padilla contra Ariel Almanza Andia, caratulado como 22/2021, que por Auto Supremo 106/2022 de 5 de agosto, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, homologó la Sentencia N° 493/2013, dictada por el Juzgado de Primera Instancia N° 45 de Familia de Barcelona-España; consecuentemente, en aplicación de la norma contenida en el art. 507. IV del CPC, ordenó su cumplimiento al Juez Público en Materia Familiar de turno de la ciudad de Cochabamba, para que en ejecución de sentencia proceda a la cancelación de la Partida N° 29, Libro N° 6, Folio N° 29, a cargo de la Oficialía de Registro Cívico N° OF COL 25 de la Ciudad de Cochabamba; que mediante provisión ejecutoria fue cumplida por el Juez Público de Familia N° 10 del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.

CONSIDERANDO IV: RESOLUCIÓN DEL CASO.

En el caso de autos, se ha solicitado la homologación del Auto de Ejecución Forzosa por impago de Asistencia Familiar N° 43/2018-B. de 20 de diciembre de 2023, dictado por el Juzgado de Primera Instancia N° 45 de Familia de Barcelona - Reino de España, dentro del proceso de ejecución de sentencia seguido por Gretty Roxana Ardaya Padilla contra Ariel Saúl Almanza Andia, con el fin de hacer efectiva una obligación alimentaria contenida en la Sentencia N° 493/2013 de 26 de septiembre, dictada en su momento por el mismo órgano jurisdiccional español, si bien dicha Sentencia de divorcio y su convenio regulador ya fue objeto de homologación por parte del Tribunal Supremo de Justicia mediante Auto Supremo N° 106/2022 de 5 de agosto, la presente solicitud no se refiere a la homologación de esa Sentencia, sino a la de un nuevo pronunciamiento judicial extranjero, el Auto de Ejecución Forzosa, cuya incorporación al orden interno requiere un análisis actualizado de los elementos fácticos y jurídicos concurrentes, especialmente por los cambios sustanciales en la situación de la beneficiaria y la naturaleza de la obligación alimentaria objeto de ejecución.

De la compulsa minuciosa de obrados se constata que tanto el obligado como la beneficiaria de la asistencia familiar, Alondra Almanza Ardaya, se encuentran residiendo en territorio boliviano desde el 2016, circunstancia que ha sido acreditada mediante prueba documental consistente en flujo migratorio, declaraciones voluntarias y certificaciones institucionales; en este contexto, resulta evidente que la residencia habitual de las partes se encuentra radicada en Bolivia, extremo que reviste trascendencia procesal.

Asimismo, el art. 144 de la CPE reconoce que la ciudadanía se adquiere a los dieciocho años de edad, momento a partir del cual toda persona boliviana adquiere plena capacidad jurídica para ejercer sus derechos civiles y políticos sin requerir representación legal. En correlación, el art. 109.II de la Ley 603 establece que la asistencia familiar se otorga hasta que el beneficiario cumpla la mayoría de edad y excepcionalmente hasta los veinticinco (25) años, siempre que se acredite su dedicación efectiva a estudios técnicos, universitarios o de formación profesional; en consecuencia, una vez alcanzada la mayoría de edad, la titularidad del derecho a la asistencia familiar deviene en exclusiva del beneficiario, no pudiendo ser ejercida, promovida ni exigida por su representante legal anterior, salvo acreditación de interdicción, discapacidad o representación voluntaria debidamente otorgada testimonio poder ante Notario de Fe Pública.

Mostrando 130 de 259 parrafos.

Texto del fallo

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