AS/0173/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 173/2025

Fecha: 26 de febrero de 2025

Expediente: LP-217-24-S

Partes: Gastón Alfredo Villegas Bernal c/ Nataly Gómez Poma heredera de Grover Gómez.

Proceso: Cumplimiento de obligación más pago de daños y perjuicios.

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 372 a 375 vta., interpuesto por Gastón Alfredo Villegas Bernal; contra el Auto de Vista N° 30/2024, de 25 de enero, corriente de fs. 364 a 369, pronunciado por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso ordinario de cumplimiento de obligación más cancelación de daños y perjuicios, seguido por Gastón Alfredo Villegas Bernal contra Nataly Gómez Poma heredera de Grover Gómez; la contestación cursante de fs. 378 a 381 vta.; el Auto de concesión de 21 de octubre de 2024, visible a fs. 385, el Auto Supremo de admisión N° 1440/2024-RA, de 02 de diciembre, obrante de fs. 391 a 392 vta., todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Gastón Alfredo Villegas Bernal, por memorial de demanda que discurre de fs. 119 a 121 vta., promovió el proceso ordinario de cumplimiento de obligación más cancelación de daños y perjuicios contra Grover Gómez; cursa a fs. 164 el certificado de defunción del prenombrado, en ese sentido, por Auto de 19 de enero de 2023, cursante a fs. 214 se dispuso citar a Nataly Gómez Poma y otros posibles descendientes de Grover Gómez, quienes una vez citados mediante edictos, que cursan de fs. 215 a 228; Nataly Gómez Poma por memorial visible de fs. 241 a 247 vta., contestó negativamente la demanda, planteó excepción de demanda defectuosamente propuesta, prescripción o caducidad, pretensión que mereció el Auto interlocutorio, obrante de fs. 301 vta. a 302, que declaró improbadas las mismas; desarrollándose de esta manera la causa hasta la emisión de la Sentencia N° 537/2023, de 24 de agosto, saliente de fs. 318 a 328, en el que el Juez Público Mixto Civil, Comercial, de Familia, Niñez, Adolescencia, del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal 1° de Luribay de la Provincia Loayza del Departamento de La Paz, declaró IMPROBADA la demanda ordinaria de cumplimiento de obligación más cancelación de daños y perjuicios. Sin costas ni costos.

2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por Gastón Alfredo Villegas Bernal, según memorial de fs. 340 a 343, originó que la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emita el Auto de Vista N° 30/2024, de 25 de enero, corriente de fs. 364 a 369, que CONFIRMÓ la Sentencia, en base a los siguientes argumentos:

Se advierte la imposibilidad de que la parte demandada cumpla con la entrega del bien inmueble, toda vez que esta forma parte de un área municipal y no es de propiedad del vendedor. Y que las pruebas documentales corroboran de manera irrefutable que el bien inmueble en disputa forma parte de un área municipal designada para actividades recreativas y deportivas, lo que confirma la imposibilidad material de que la parte demandada cumpla con la entrega del mismo. En consecuencia, se concluye que la demanda de cumplimiento de obligación carece de fundamentos válidos, considerando que el objeto de la obligación no puede ser satisfecho por razones de índole legal y fáctica.

En el documento privado de compra venta presentado por el demandante, contenido a fs. 2 y vta., no se menciona el folio real ni la matrícula vigente, ni se proporciona algún antecedente dominial que certifique de manera verídica que el bien inmueble objeto del litigio este registrado a nombre del vendedor y que haya sido transferido al comprador. Aspecto relevante, al haberse presentado documentación que sugiere que el bien inmueble es de propiedad del municipio de Luribay, lo que plantea serias dudas sobre la titularidad de la propiedad en cuestión.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Gastón Alfredo Villegas Bernal, mediante memorial de fs. 372 a 375 vta., recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. El recurrente en el recurso de casación alegó que:

a) El Tribunal de segunda instancia no se pronunció sobre los agravios expresados en apelación, respecto a la errónea interpretación del art. 614 del Código Civil y del aforismo “dame los hechos, yo te daré el derecho”, al evidenciarse que el vendedor si bien cumple con la firma del documento privado, pero no lo hace con la obligación de entrega de la cosa vendida y sus accesorios, aspecto asistido por el art. 614 del Código Civil.

b) Error de hecho y derecho en la apreciación de las pruebas y vulneración a la propiedad privada por el art. 56 de la Constitución Política del Estado, ya que el Tribunal de alzada da credibilidad a simples certificaciones que no cuentan con respaldo para acreditar el derecho propietario del Gobierno Autónomo Municipal de Luribay y por el contrario niega que el documento privado de compra venta que fue objeto de reconocimiento de firmas y rubricas, donde el vendedor señala que es propietario de un lote de terreno ubicado en la Localidad de Luribay, provincia Loayza del Departamento de La Paz, con una extensión de 560 m2, sin mediar vicios de consentimiento y de forma voluntaria, otorgó en venta y enajenación perpetua por un precio convenido de Bs. 3.500, 00 (tres mil quinientos 00/100 bolivianos), que declaró haber recibido en conformidad y satisfacción a momento de la firma del contrato.

c) El Auto de Vista incumple lo señalado por el art. 1498 del Código Civil, toda vez que el tema de la prescripción no fue objeto de apelación, por lo que el Tribunal de alzada se encuentra imposibilitado de aplicar este instituto de oficio, cuando no fue pedida por las partes.

Fundamentos por los cuales, solicitó se case el Auto de Vista recurrido y se declare improbada en parte la demanda.

2. Contestación al recurso de casación:

Nataly Gómez Poma, respondió el recurso de casación, mediante memorial de fs. 378 a 381 vta., argumentando que:

Se debe aclarar que el juzgador, en ningún momento ha desconocido la existencia de dicha propiedad, lo que el Juez hizo, es poner en duda la titularidad de dicha propiedad, porque la propiedad en cuestión, no cuenta con un folio real y no existe registro alguno, ni catastro sobre la misma, ya sea del vendedor o del comprador, y bajo el principio de verdad material y toda la documental existente en el expediente, se acredita y se demuestra que el titular de esta propiedad es el municipio de Luribay, esto ha sido evidenciado y corroborado en la Sentencia de primera instancia y en el Auto de Vista.

Con los argumentos del recurrente, parecería que no se consideró la formalidad de la casación ni el sentido de la justicia, porque parecería que el solo pedir el terreno, la justicia tiene la obligación de entregarle la propiedad, sin tomar en cuenta todos los requisitos y ritualismos que la norma requiere para este tipo de procesos, por lo que para la parte demandante no son serias ni las observaciones que realiza, ni la magnitud del recurso de casación del que está haciendo uso.

Según el recurrente las certificaciones que emite el municipio de Luribay, respecto a que esta propiedad es municipal, según su criterio no son valederas porque son simples certificaciones, y el hecho de que la propiedad estaría sobre un área de equipamiento, no es más que una afirmación temeraria del ente edil; desconociendo la autoridad municipal, el hecho de que el municipio de Luribay es una institución pública como también el hecho de que la certificación realizada por una institución pública goza de presunción de legalidad, mientras no se pruebe lo contrario desconociendo el art. 1289.I del Código Civil.

Fundamentos por los que solicita que el recurso sea declarado infundado y sea con costas y costos.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. De la nulidad procesal en segunda instancia.

Sobre el tema el art. 108 del Código Procesal Civil señala: “I. El tribunal de segunda instancia que deba pronunciarse sobre un recurso de apelación, apreciará si se planteó alguna forma de nulidad insubsanable de la sentencia o nulidad expresa de actos de la primera instancia, conforme a lo dispuesto en el presente Código.

II. Si la reclamación de nulidad hubiere sido planteada a tiempo de la apelación, se resolverá sobre ella, y sólo en caso de rechazarla, se pronunciará sobre los agravios de la apelación. Si se opta por la declaración de nulidad se dispondrá la devolución de obrados al inferior para que se tramite la causa a partir de los actos válidos, con responsabilidad al inferior de acuerdo a Ley.”, de la norma en cuestión se establece que el Tribunal de segunda instancia al momento de aplicar esta medida de anular obrados, deberá advertir si la misma ha sido reclamada en el recurso de apelación, y en caso de ser reclamada dicha solicitud deberá ser resuelta con prioridad a los reclamos de fondo, empero, como se expuso supra es viable disponer la misma, cuando se trate de un hecho que por su trascendencia vulnere el debido proceso con incidencia al derecho a la defensa.

III.2. Facultad de mejor proveer en segunda instancia y el principio de verdad material.

El art. 264.I del Código de Procesal Civil dispone: “(…) en caso de habérselas solicitado o si el tribunal viere por conveniente hacer uso de su facultad de mejor proveer (…)”, aspecto concordante con el art. 207.II del mismo cuerpo normativo en el que indica: “La autoridad judicial, concluida la audiencia, en forma excepcional podrá disponer la prueba que considere necesaria para mejor proveer y que fuere importante para la formación de su criterio”, preceptos normativos aplicables al caso, por cuanto los Jueces y Tribunales de instancia están capacitados de hacer uso de la facultad de mejor proveer en procura de llegar a la verdad material de los hechos y lograr la emisión de resoluciones eficaces, toda vez que bajo nuestro enfoque Constitucional, éste entre otros principios procura el restablecimiento del orden jurídico, es así que se busca materializar el principio de verdad material en cumplimiento de los principios reconocidos por la Constitución Política del Estado.

III.3. Sobre la facultad de producir prueba de oficio en caso de existir duda

El art. 136. III del Código Procesal Civil establece que: “La carga de la prueba que el presente Código impone a las partes no impide la iniciativa probatoria de la autoridad judicial”, por su parte el art. 24 num. 3 del mismo cuerpo legal, que regula los poderes de la autoridad judicial, refiere como facultad del juez la de: “Ejercitar las potestades y deberes que le concede este Código para encauzar adecuadamente el proceso y la averiguación de la verdad de los hechos y derechos invocados por las partes”, preceptos normativos aplicables al caso, por cuanto establecen la facultad de los jueces y tribunales de producir prueba de oficio, esto en procura de llegar a la verdad material de los hechos y lograr la emisión de resoluciones eficaces que materialicen el cumplimiento de los principios reconocidos en la Constitución Política del Estado.

Es en este entendido que este Supremo Tribunal de Justicia orientó a través de diversos fallos (Autos Supremos N° 690/2014, Nº 889/2015 y Nº 131/2016) que en este nuevo modelo constitucional de justicia e igualdad, el rol que antes se le atribuía a los jueces ha cambiado, pues ahora el proceso constituye un instrumento para que el Estado cumpla con su más alto fin, que es lograr la armonía social y la justicia material, en cuyo entendido, las autoridades jurisdiccionales deben estar comprometidas con la averiguación de la verdad material y la consolidación de la justicia material, interviniendo activa y equitativamente en el proceso, para lograr que la decisión de fondo esté fundada en la verdad real de los hechos (verdad material).

En ese orden, hoy la producción de pruebas no es de iniciativa exclusiva de las partes, ya que según lo regulado en los arts. 24 num. 3 y 136.III del Código Procesal Civil, el Juez o Tribunal tiene la posibilidad incluso más amplia, de generar prueba de oficio que le revele la verdad material de los hechos, puesto que su actividad no está guiada por un interés privado de parte, como el de los contendientes quienes tienen su propia verdad; al contrario, su interés al ser representante del Estado es público y busca el bienestar social, evitando así que el resultado del proceso sea producto de la sola técnica procesal o la verdad formal que las partes introducen al proceso.

Estos razonamientos tienen su sustento en diversos fallos constitucionales, entre los que podemos citar: a la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0112/2012, de 27 de abril que señaló: “…la constitución de 2009, inicia un constitucionalismo sin precedentes en su historia, que es preciso comprender para construir, hilar una nueva teoría jurídica del derecho boliviano, en una secuencia lógica que va desde la comprensión de este nuevo derecho hasta los criterios para su aplicación judicial. Esto debido al nuevo modelo de Estado ínsito en el texto constitucional… con un rol preponderante de los jueces a través de su labor decisoria cotidiana”.

Así también, acudiendo al derecho comparado la Sentencia T-264/09, de la Corte Constitucional de Colombia, desarrolla la verdad material realizando un análisis, minucioso respecto a este principio y la función de juez en la averiguación de la verdad, señalando: “…es posible distinguir dos tendencias: una que preconiza que el proceso civil mantenga un carácter plenamente dispositivo, y otra que propugna por dar pleno alcance a las facultades oficiosas del juez, incluidas aquellas de carácter inquisitivo para la determinación de los hechos. La primera tendencia concibe al proceso exclusivamente como un mecanismo para la resolución pronta y definitiva de los conflictos sociales mediante la composición de los intereses en pugna, en tanto que la segunda lo concibe como una instancia destinada a lograr la vigencia y efectividad del derecho material.

La verdad, desde el primer punto de vista no resulta relevante e, incluso, puede convertirse en un obstáculo para la composición de conflictos dentro de términos temporales estrictos, pues supone (i) el alejamiento de posiciones intermedias que permitan soluciones sencillas y prácticas, o que lleven a un acuerdo para la terminación del proceso basado más en la conveniencia que en la verdad, y (ii) implica un desgaste de recursos, lo que disminuye la eficacia y eficiencia del proceso.

Desde el segundo punto de vista, en cambio, se considera que una decisión solo es justa si se basa en un soporte fáctico que pueda considerarse verdadero. En este sentido, la verdad es un fin del proceso, y la solución de conflictos solo se considera adecuada si se lleva a cabo mediante decisiones justas, basadas en un fundamento fáctico confiable y veraz”.

En este entendido, ninguna decisión judicial puede considerarse razonablemente correcta o justa, si se funda sobre una comprobación errónea o parcial de los hechos que hacen al fondo del proceso, la decisión es correcta si se pone fin al conflicto estando fundada sobre criterios legales y racionales, ya que en todo proceso la solución de conflictos es compatible con la búsqueda de la verdad, pues una resolución que no se fundamente en la veracidad de los hechos viene a generar una desconfianza generalizada hacia órgano judicial y un riesgo para mantener la armonía social. Por lo que, el compromiso del Juez es con la verdad y no con las partes del proceso, pues tiene como instrumento para llegar a esta verdad material, la facultad de decretar pruebas de oficio, por ello la producción de pruebas de oficio en equidad no afecta la imparcialidad del Juez, ya que estas pruebas de oficio que determinen la verdad real de los hechos pueden favorecer a cualquiera de las partes sin que esto signifique limitar el derecho de defensa y contradicción que tiene la otra parte.

El Juez solo debe buscar la verdad real de los hechos manteniendo firme su imparcialidad en la aplicación del principio de verdad material al caso concreto.

Consiguientemente, y toda vez que las partes acuden al órgano jurisdiccional para encontrar una solución a los conflictos que se les presenta, las decisiones de los Jueces y Tribunales deben basarse en la verificabilidad de los hechos comprobados, así como en la legitimidad de los mecanismos probatorios. Asimismo, en el caso de que se genere duda razonable sobre algún hecho o extremo, es decir, que no exista convicción necesaria que le permita al juzgador fallar sobre la pretensión deducida en el proceso por no contar con los idóneos medios que le permitan llegar a la verdad real de los hechos (verdad material), este, en virtud al principio de verdad material, tiene la facultad de solicitar la producción de prueba de oficio que considere conveniente y de esta manera dilucidar aquel aspecto sobre el cual no tiene certidumbre o convencimiento, para así poder emitir un fallo eficaz sustentado en medios probatorios que respalden el mismo.

III.4. Sobre la valoración de la prueba.

El Auto Supremo N° 104/2024, de 15 de febrero, señaló lo siguiente: “El art. 145 del Código Procesal Civil señala: ‘I. La autoridad judicial al momento de pronunciar la resolución tendrá la obligación de considerar todas y cada una de las pruebas producidas, individualizando cuales le ayudaron a formar convicción y cuales fueron desestimadas, fundamentando su criterio. II. Las pruebas se apreciarán en conjunto tomando en cuenta la individualidad de cada una de las producidas y de acuerdo con las reglas de la sana crítica o prudente criterio, salvo que la Ley disponga expresamente una regla de apreciación distinta. III. En la valoración de los medios de prueba, la autoridad judicial, apreciará las mismas tomando en cuenta la realidad cultural en la cual se ha generado el medio probatorio’.

La valoración de la prueba para Víctor Roberto Obando Blanco es: ‘…el juicio de aceptabilidad (o de veracidad) de los resultados probatorios (las hipótesis). La valoración constituye el núcleo del razonamiento probatorio; es decir, del razonamiento que conduce, a partir de las informaciones aportadas al proceso a través de los medios de prueba, a una afirmación sobre hechos controvertidos (…) La valoración de la prueba no puede ser una operación libre de todo criterio y cargada de subjetividad, sino que debe estar sometida a las reglas de la lógica, de la sana crítica, de la experiencia’.

En esa misma lógica, este autor refiriéndose al fin de la prueba señaló: ‘La averiguación de la verdad es el objetivo fundamental de la actividad probatoria en el proceso judicial’; asimismo, refiriéndose al curso internacional Teoría de la prueba, realizado en la ciudad de Lima el año 2012, citó a Michele Taruffo que señaló: ‘El juez es el único que tiene la obligación de descubrir la verdad, dado que la manera como los abogados utilizan las pruebas no es descubrir la verdad sino defender la posición de su cliente, esto es, persuadir al juez de que el cliente tiene la razón’, es decir que: ‘…producida la prueba, el juez comienza a examinarla, tratando de encontrar la existencia del hecho o hechos afirmados por las partes. Finalmente, de ese examen puede salir la verdad, cuando encuentre conformidad de los hechos afirmados, con la prueba producida; también puede suceder lo contrario, ‘todo depende de la eficacia de los elementos que se hayan utilizado en la investigación’. Este proceso mental –Couture- llama ‘la prueba como convicción’, tal cual expresa José Decker Morales en su obra Código de Procedimiento Civil Comentarios y Concordancia.

De estas acepciones podemos inferir, para el caso en concreto, que en nuestro régimen procesal civil la valoración de la prueba está regida por el sistema de valoración de la sana crítica o prudente criterio y la prueba legal o tasada.

Entendiendo que la sana crítica o prudente criterio, en la fundamentación de la resolución, interesa que el juzgador deba observar las reglas fundamentales de la lógica y la experiencia, concibiendo que esta fundamentación o motivación, básicamente consistirá en una operación racional fundada en la certeza, observando los principios lógicos supremos que gobiernan la elaboración de los juicios (conclusiones) y dan base cierta para determinar si son verdaderos o falsos, de tal manera que las leyes del pensamiento se presentaran como leyes necesarias, evidentes e indiscutibles a momento de analizar esas conclusiones, leyes que, como es conocido en la doctrina, están gobernadas por los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente.

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