AS/0173/2025

Texto del fallo

<div>

SALA PLENA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

<table style="margin:0 0 0 0;"><tbody><tr><td style="padding:0 720 0 720;">AUTO SUPREMO Nº

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">: 173/2025

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">EXPEDIENTE Nº

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">: 69/2025

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">PROCESO

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:Recurso de Revisión de Sentencia Condenatoria Ejecutoriada.

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">PARTE RECURRENTE

RESOLUCIÓN RECURRIDA

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:Jeanine Añez Chávez.

: Sentencia 12/2022 de 10 de junio

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">MAGISTRADO TRAMITADOR

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">: Ricardo Torres Echalar.

</td>

</tr>

<tr><td style="border-width:0 0 100 0;border-color:#000000;padding:0 720 0 720;border-style:solid;mso-element:para-border-div;">FECHA

</td>

<td style="border-width:0 0 100 0;border-color:#000000;padding:0 720 0 720;border-style:solid;mso-element:para-border-div;">:16 de septiembre de 2025

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

VISTOS EN SALA PLENA. El Recurso de Revisión de Sentencia Condenatoria Ejecutoriada y memorial de complementación interpuesto por Jeanine Añez Chávez contra la Sentencia 12/2022 de 10 de junio, dictada dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, el Ministerio de Gobierno, la Procuraduría General del Estado y Andrónico Rodríguez en su contra, por el delito de Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes, previsto y sancionado en el art. 153 del Código Penal y modificado por el art. 2 de la Ley de Fortalecimiento para la Lucha contra la Corrupción (Ley 1390).

CONSIDERANDO I: ARGUMENTOS DEL RECURSO DE REVISIÓN DE SENTENCIA CONDENATORIA EJECUTORIADA.

De la revisión de los antecedentes del recurso se constata que, el mismo fue presentado ante el Tribunal Supremo de Justicia el 25 de agosto de 2025 (fs. 161 a 178), siendo observada por providencia de 26 de agosto de 2025 (fs. 180 a 183) señalando sustancialmente lo siguiente:

1. El art. 423 CPP obliga a adjuntar prueba. En revisión de sentencia condenatoria ejecutoriada, la recurrente debe acompañar el Auto de Vista, el Auto Supremo y las notificaciones que acrediten la ejecutoria; requisito previo a la admisibilidad.

2. Al invocar la causal del art. 421.1 CPP, debe presentarse una sentencia penal ejecutoriada cuyos hechos contradigan los de la sentencia cuestionada. Sin embargo, la recurrente cita resoluciones que no tienen tal calidad (Auto Supremo 1201/2025, SCP 0405/2023-S4 y Auto de Vista 108/2022). Por ello, debe subsanar adjuntando una o más sentencias penales ejecutoriadas y motivar cómo los hechos resultan incompatibles.

3. Respecto al art. 421.4 CPP (hechos nuevos o sobrevinientes), la recurrente no explica cómo los hechos jurídicos nuevos, hechos sobrevinientes que evidencian injerencia política y lo reclamado en apelación, demuestran que:

a) El hecho no fue cometido,

b) No fue autora o partícipe, o

c) El hecho no es punible.

Tampoco fundamenta por qué los hechos serían sobrevinientes. Debe precisar motivos en esa línea.

4. En todo recurso de revisión, los motivos deben desarrollarse sobre la sentencia condenatoria objeto del recurso. La recurrente no ha cumplido esta carga argumentativa, por lo que debe precisar fundamentos directamente vinculados a la sentencia recurrida.

A tal efecto, se le concedió a la recurrente el plazo de tres días hábiles, más el plazo de distancia por encontrarse privada de libertad en la ciudad de La Paz, a fin de subsanar las observaciones formuladas, bajo apercibimiento de declararse inadmisible el recurso.

Por memorial de 4 de septiembre de 2025 (fs. 186 a 188 vta.) Jeanine Añez Chávez complementó su Recurso de Revisión de Sentencia Condenatoria Ejecutoriada, manifestando lo siguiente:

<ol style="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><li style="margin:0 0 0 4800;">Sobre la certificación de ejecutoria de la Sentencia: Señala que la misma fue emitida por el Tribunal Ordinario de Sentencia Penal Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Primero (actualmente Tribunal Sexto) el 1 de septiembre de 2025.

</li>

<li style="margin:0 0 0 4800;">En relación a las disposiciones legales aplicables: Invoca lo previsto en el art. 421 núm. 4, incs. a), b) y c) del Código de Procedimiento Penal (CPP).

</li>

</ol>

Respecto al inciso a) del art. 421 núm. 4 del CPP (que el hecho no fue cometido): Aduce que el Auto de Vista 108/2022, así como la jurisprudencia de este Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional Plurinacional, evidencian que el Tribunal Ordinario carecía de competencia para juzgar a una exmandataria por actos realizados en el ejercicio de sus funciones. Agrega que el hecho por el que se dictó la Sentencia condenatoria no constituye conducta ilícita, en la medida en que asumió la Presidencia del Estado en estricto apego al marco constitucional y legal vigente.

Con relación al inciso b) del art. 421 núm. 4 del CPP (que el condenado no fue autor o partícipe del delito): Precisa que no puede ser considerada legalmente autora ni partícipe del delito imputado, dado que el proceso penal que concluyó con una condena en su contra adolece de nulidad absoluta desde su origen, por la ilegitimidad del Tribunal que la juzgó y por la legitimidad de su sucesión presidencial, la cual descarta la configuración misma del delito atribuido.

Sobre el inciso c) del art. 421 núm. 4 del CPP (que el hecho no sea punible): Afirma que el Auto de Vista 108/2022 y la doctrina legal sentada por este Tribunal Supremo de Justicia evidencian que el hecho atribuido carece de punibilidad en la jurisdicción ordinaria. Sostiene que, con posterioridad a la Sentencia condenatoria, se emitieron decisiones jurisprudenciales de carácter vinculante que determinaron que la vía procesal por la que se tramitó el juicio era improcedente y contraria a los estándares internacionales de derechos humanos, configurándose hechos sobrevinientes que, de haber sido conocidos oportunamente por el Tribunal de Sentencia, habrían impedido la prosecución del proceso y la imposición de la condena.

Por último, la recurrente, mediante memorial presentado el 12 de septiembre de 2025 con la suma de “Subsana lo observado y solicita simple cumplimiento de las normas propias de un Estado de Derecho”, manifiesta respecto al art. 423 del CPP que ha cumplido con las observaciones formuladas, adjuntando la documentación que acredita la ejecutoria de la Sentencia 12/2022 de 10 de junio de 2022.

En cuanto a la observación relativa a la aplicación del art. 421 núm. 1 del CPP, sostiene que la noción de “incompatibilidad” prevista en la Ley no se limita a la contradicción fáctica (hecho material), sino que también comprende la incompatibilidad de orden jurídico y doctrinal. En ese sentido, afirma que el “hecho sobreviniente” no constituye un acontecimiento fáctico, sino un hecho jurídico que surgió y se consolidó con posterioridad a la ejecutoria de la Sentencia condenatoria, reiterando los fundamentos expuestos en su memorial principal.

Respecto de las observaciones contenidas en los numerales 3 y 4 de la providencia de 26 de agosto de 2025, refiere que existen elementos de prueba vinculados a hechos preexistentes que fueron oportunamente reclamados en apelación. Sostiene que, conforme al art. 421 núm. 4 inc. c) del CPP, tales elementos se enmarcan dentro de la causal prevista en dicha disposición normativa, en tanto demuestran que los hechos atribuidos carecen de punibilidad. Agrega que dichos elementos no recibieron pronunciamiento alguno por parte del Tribunal de Sentencia, ni en el Auto de Vista 59/2023 que resolvió la apelación restringida, ni en el Auto Supremo 2064/2023-RRC que resolvió el recurso de casación.

Argumenta que las pruebas preexistentes e indebidamente ignoradas no merecieron ninguna valoración, ya que evidencian que los hechos reprochados no son punibles.

Precisa, sin embargo, que no pretende una revalorización de la prueba, pues no se puede revalorizar lo que no fue considerado en la Sentencia 12/2022. Para sustentar su posición, transcribe parcialmente el acápite 5.2 de dicha Sentencia (Hechos Probados), además de describir aspectos omitidos por el Tribunal de Sentencia en la valoración probatoria realizada durante el juicio oral, con el propósito de demostrar que los hechos imputados nunca se cometieron y, por ende, carecen de tipicidad y punibilidad.

Finalmente, sostiene que se acreditó la correcta aplicación del procedimiento legal para la sucesión constitucional, para lo cual transcribe la normativa constitucional pertinente.

CONSIDERANDO II: MARCO LEGAL Y DOCTRINARIO DEL RECURSO DE REVISIÓN DE SENTENCIA CONDENATORIA EJECUTORIADA.

La Revisión Extraordinaria de Sentencia constituye un medio de impugnación excepcional que busca corregir errores graves de justicia derivados de una sentencia firme. A diferencia de los recursos ordinarios, la revisión no persigue una nueva valoración de la prueba o una simple discrepancia con el fallo, sino que opera en casos tasados por la ley, bajo el principio de numerus clausus de causales (número cerrado o lista cerrada).

En atención a lo expuesto, el principio de numerus clausus implica que las causales que habilitan la interposición de la revisión extraordinaria se encuentran taxativamente previstas por el legislador ordinario y no pueden ampliarse por analogía ni por interpretación extensiva. Ello responde a la necesidad de preservar la seguridad jurídica, la cosa juzgada y el principio de legalidad procesal (nullum recursus sine lege).

Doctrinalmente, el recurso de revisión constituye un medio jurídico de acción impugnatorio por lo que se pretende la revisión de una sentencia condenatoria ejecutoriada sobre la base de pruebas nuevas descubiertas o conocidas con posterioridad al proceso.

Para el profesor Claus Roxin la “revisión del procedimiento” sirve para la eliminación de errores judiciales frente a Sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Sobre la cosa juzgada material refiere que la paz jurídica sólo puede ser mantenida, si los principios contrapuestos de seguridad jurídica y justicia son conducidos a una relación de equilibrio, por lo que el “procedimiento de revisión” representa el caso más importante de quebrantamiento de la cosa juzgada en interés de una decisión materialmente correcta. Su idea rectora reside en la renuncia a la cosa juzgada, cuando hechos conocidos posteriormente muestren que la Sentencia es manifiestamente incorrecta de manera insoportable para la idea de justicia.

Sobre su procedencia, Roxin es explicito en señalar que: “La revisión de una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, únicamente es admisible cuando existe uno de los motivos de revisión fijados taxativamente por la ley”.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha resaltado que los Estados deben garantizar recursos efectivos que permitan la protección de derechos fundamentales, incluso frente a sentencias firmes. No obstante, ha reconocido el carácter extraordinario y restrictivo de la revisión.

En el caso “Omar Humberto Maldonado Vargas y otros Vs Chile” (Sentencia de 2 de septiembre de 2015) citado de manera orientadora y referencial, se ha referido sobre el recurso de revisión como un recurso excepcional con el fin de evitar que la cosa juzgada mantenga una situación de evidente injusticia debido al descubrimiento de un hecho que, de haberse conocido al momento de dictarse la sentencia hubiese modificado su resultado, o que demostraría la existencia de un vicio sustancial en la sentencia.

En ese sentido, la Corte IDH entiende que el recurso de revisión constituye una excepción al principio de cosa juzgada y está orientado a enmendar los errores, irregularidades, o violaciones al debido proceso, cometidos en determinadas decisiones judiciales, para que, en aplicación de la justicia material, se profiera una nueva decisión que resulte acorde al ordenamiento jurídico cuando sea evidente que en esas mismas decisiones se cometieron errores o ilicitudes que las vuelven contrarias a derecho. La normatividad interna de varios Estados de la región ha incorporado estos recursos en el marco de sus derechos procesales penales. De la misma forma, varios tribunales penales internaciones, o incluso tribunales internacionales no penales, establecen en sus procedimientos la posibilidad de revisar el fallo condenatorio por distintas causas. De esa forma, debe entenderse que esos recursos se establecen como un remedio contra los actos violatorios de los derechos fundamentales, en los términos del artículo 25 de la Convención, cometidos en el desarrollo de un proceso judicial.

De esta jurisprudencia se desprende que el numerus clausus es compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, siempre que no anule el derecho a un recurso efectivo, sino que preserve el carácter extraordinario de la revisión frente a supuestos excepcionales de injusticia.

En materia penal, la aplicación del principio de numerus clausus en la Revisión Extraordinaria de Sentencia implica:

1. Respeto al principio de legalidad procesal: Sólo pueden admitirse las causales expresamente señaladas por el legislador.

2. Protección de la cosa juzgada: Se evita que la revisión se utilice como un recurso encubierto para reabrir procesos ya concluidos.

3. Compatibilidad con los derechos humanos: Mientras exista un recurso ordinario amplio que garantice la revisión de la condena (apelación restringida, casación), el carácter limitado de la revisión extraordinaria no vulnera el derecho a recurrir.

4. Corrección de errores manifiestos: El numerus clausus en nuestra legislación en materia adjetiva penal, asegura que la revisión solo prospere frente a las causas taxativamente previstas en el art. 421 del CPP.

En conclusión, el principio de numerus clausus en la Revisión de Sentencia Condenatoria Ejecutoriada Penal constituye una garantía de seguridad jurídica que delimita el acceso a este recurso únicamente a los supuestos previstos por la ley. Esta restricción, lejos de ser contraria a los derechos humanos, es reconocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como compatible con la Convención Americana, siempre que los Estados aseguren un recurso ordinario amplio que permita revisar las condenas.

Así, la revisión extraordinaria opera como un mecanismo de justicia correctiva excepcional, orientado a evitar la perpetuación de errores graves, pero sin desnaturalizar la fuerza de la cosa juzgada.

CONSIDERANDO III: RESOLUCIÓN DEL CASO.

En atención a lo expuesto, y a efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos de procedencia del Recurso de Revisión de Sentencia Condenatoria Ejecutoriada en el marco de las causales previstas en el art. 421 del CPP, invocadas por la recurrente, corresponde señalar que las observaciones descritas en los numerales 2, 3 y 4 de la providencia de 26 de agosto de 2025 (fs. 180 a 182) no han sido subsanadas.

En efecto, la recurrente se limita a sostener que los hechos sobrevinientes invocados no constituyen sucesos fácticos, sino hechos jurídicos acontecidos con posterioridad a la emisión de la Sentencia condenatoria; sin embargo, restringe su fundamentación a la simple mención del AS 1201/2025 de 15 de julio, la SC 405/2023-S4 de 31 de mayo y el Auto de Vista 108/2022 de 18 de abril, omitiendo y evadiendo explicar, respecto a la observación efectuada en el numeral 2 de la providencia citada, de qué manera dichas resoluciones pueden considerarse sentencias penales ejecutoriadas con fuerza material y con supuestos fácticos análogos, que permitan contrastar e identificar la alegada incompatibilidad con los hechos que sirvieron de base para dictar la Sentencia condenatoria cuya revisión se pretende.

Debe recordarse que el art. 421 núm. 1 del CPP exige, de manera clara y taxativa, que la incompatibilidad surja entre hechos establecidos como fundamento de una Sentencia penal condenatoria ejecutoriada y los establecidos en otra Sentencia penal también ejecutoriada, lo que implica que la carga argumentativa de la parte recurrente debía dirigirse a demostrar dicha contradicción material.

No obstante, en el presente caso, las resoluciones invocadas carecen de esa naturaleza:

<ul style="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><li style="margin:0 0 0 4800;">El Auto Supremo 1201/2025 de 15 de julio no constituye una Sentencia penal ejecutoriada, sino una resolución incidental que resolvió la solicitud de nulidad procesal planteada por Leopoldo Fernández Ferreira, lo cual excluye su idoneidad como parámetro de contraste.

</li>

</ul>

<ul style="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><li style="margin:0 0 0 4800;">El Auto de Vista 108/2022 de 18 de abril, emitido por la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, corresponde a la resolución de una apelación incidental mediante la cual se declaró fundada una excepción de incompetencia interpuesta por la propia recurrente, sin reunir tampoco los caracteres de una Sentencia penal ejecutoriada.

</li>

</ul>

<ul style="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><li style="margin:0 0 0 4800;">La Sentencia Constitucional 405/2023-S4 de 31 de mayo, por su parte, resuelve la revisión de la Resolución 14/2022 de 4 de agosto, pronunciada dentro de una Acción de Libertad interpuesta por Ronald Adoli Pinto Molina en representación sin mandato de Manfred Armando Antonio Reyes Villa Bacigalupi, lo que evidencia su naturaleza constitucional y no penal, siendo por ende inaplicable como causal de revisión conforme al art. 421 núm. 1 del CPP.

</li>

</ul>

En este entendido queda claro que la sentencia penal es la decisión final que resuelve el fondo del asunto penal, mientras que la resolución de una excepción es una decisión de carácter procesal que solo aborda cuestiones o impedimentos para continuar el proceso, sin juzgar la culpabilidad o inocencia del acusado sobre el hecho delictivo.

Sobre las observaciones efectuadas en los numerales 3 y 4 de la providencia de 26 de agosto de 2025, vinculadas al cumplimiento de lo previsto por el art. 421 núm. 4 del CPP, corresponde puntualizar que la parte recurrente se limita a manifestar que las pruebas testificales y documentales aportadas durante el juicio oral no habrían sido valoradas en su real dimensión; sosteniendo que, de haberse realizado una valoración correcta e integral de la prueba, se habría concluido que el hecho no fue cometido, que no fue autora o partícipe, e incluso que el hecho carecía de tipicidad penal.

Sin embargo, tales alegaciones resultan insuficientes e impertinentes a los fines de la causal invocada, por cuanto la recurrente prescinde de efectuar una argumentación lógica, coherente y jurídicamente sustentada en relación con los presupuestos expresamente establecidos en los incisos a), b) y c) del núm. 4 del art. 421 del CPP. Conviene recordar que el legislador ordinario ha delimitado con absoluta precisión que la Revisión Extraordinaria de Sentencia, bajo este supuesto, exige la concurrencia de elementos objetivos posteriores a la ejecutoria de la Sentencia, tales como:

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Texto del fallo

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