AS/0175/2022-RA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 175/2022-RA

Sucre, 28 de marzo de 2022

ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD

Proceso: Pando 05/2022

I. DATOS GENERALES

Por memorial de casación presentado el 1 de diciembre de 2021, cursante de fs. 131 a 138, Axel Santa Cruz Yoamona impugna el Auto de Vista 52/2021 de 27 de septiembre, de fs. 102 a 104, pronunciado por la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y AA, por la presunta comisión del delito de Violación de Infante Niño, Niña, Adolescente con agravante, previsto y sancionado por el art. 308 bis del Código Penal (CP).

II. ANTECEDENTES

De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:

II.1. Sentencia.

Por Sentencia 01/2021 de 1 de febrero (fs. 12 a 25 vta.), el Tribunal de Sentencia Segundo en lo Penal de la capital del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, declaró al imputado Axel Santa Cruz Yoamona, autor de la comisión del delito Violación de Infante Niño, Niña, Adolescente con agravante, previsto y sancionado por el art. 308 bis del Código Penal (CP), con relación al art. 310 inc. k del mismo código, imponiendo la pena de veintisiete años de presidio.

II.2. Apelación restringida.

Contra la referida Sentencia, el imputado formuló recurso de apelación restringida (fs. 39 a 45 vta.), resuelto por Auto de Vista 52 de 27 de septiembre de 2021, emitido por Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, que declaró improcedente el recurso planteado; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada.

III. MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

III.1. Con base al numeral 1 del art. 370, del Código de Procedimiento Penal (CPP) y la presunción de inocencia establecida en el art. 116. I de la Constitución Política del Estado (CPE), refiere que al no haber existido flagrancia del hecho, se debió requerir judicialmente, al margen del informe psicológico, una pericia psicológica, para determinar la credibilidad o no del testimonio, parlamente a ello siendo la carga de prueba del acusador se debió practicar el ADN de la muestra recolectada por el médico forense.

III.2. Alega previa referencia al art. 370 numeral 6) del CPP, que resulta cómodo por parte de Ministerio Público y el Tribunal de Sentencia, utilizar argumento jurídico sobre la presunción de verdad con relación a lo sostenido por la víctima, pues en la entrevista psicológica en el periodo de investigación, señaló que su persona la violó solo una vez, y posteriormente señala que fueron varias veces, denotando que la supuesta víctima miente quedando probada de lejos de ser probada la supuesta autoría.

III.3. Hace referencia a la prueba presentada en recurso de apelación, enfatizando que se aclaró al Tribunal de alzada la acepte y adhiera al proceso, específicamente la declaración voluntaria notariada de Marco Antonio Galindo Cuellar, donde demuestra que todo el proceso fue direccionado para condenarlo por el supuesto delito de violación.

IV. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL PARA EL ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD

El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determina el art. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; es así, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que: “Los Estados tienen la responsabilidad de consagrar normativamente y de asegurar la debida aplicación de los recursos efectivos y las garantías del debido proceso legal ante las autoridades competentes, que amparen a todas las personas bajo su jurisdicción contra actos que violen sus derechos fundamentales o que conlleven a la determinación de los derechos y obligaciones de éstas”, Por su parte, este Tribunal Supremo de Justicia, precisó que: “(…) se constituye no sólo en un derecho humano sino también en un principio, que debe ser observado en la administración de justicia, lo que importa, el deber de toda autoridad judicial de asegurarlo y garantizarlo en el curso de cualquier proceso sometido a su conocimiento, convirtiéndose, a su vez, en una garantía fundamental que debe ser otorgada por el Estado en la administración de justicia”.

Debe agregarse que el derecho de impugnación si bien está reconocido constitucionalmente, está desarrollado por las normas de desarrollo constitucional, debiendo atenerse en cada caso a lo que establezcan las mismas; en cuyo mérito, los sujetos procesales tienen la carga de formular los recursos que la norma adjetiva regula, cumpliendo con las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley, de acuerdo a las previsiones del art. 396 inc. 3) del CPP.