AS/0181/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 181/2025

Fecha: 26 de febrero de 2025

Expediente: SC-127-24-S

Partes: Sara León Justiniano y Carlos Rojas Núñez c/ Herman Gabriel Camacho Cuellar.

Proceso: Cumplimiento de contrato y otorgación de minuta definitiva.

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 209 a 214 vta., interpuesto por Herman Gabriel Camacho Cuellar representado legalmente por Leia Nogueira de Freitas, impugnando el Auto de Vista N° 188/2024, de 16 de agosto, cursante de fs. 201 a 206, emitido por la Sala Civil, Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso ordinario de cumplimiento de contrato y otorgación de minuta definitiva, seguido por Sara León Justiniano y Carlos Rojas Núñez contra el recurrente; la contestación de fs. 218 a 222 vta.; el Auto de concesión de Nº 72/2024 de 11 de noviembre, visible a fs. 223, el Auto Supremo de admisión N° 1453/2024-RA, de 5 de diciembre, obrante de fs. 229 a 230 vta., todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Sara León Justiniano y Carlos Rojas Núñez, mediante memorial de fs. 44 a 46, interpusieron demanda ordinaria de cumplimiento de contrato y otorgación de minuta definitiva, contra Herman Gabriel Camacho Cuellar, quien una vez citado y emplazado, a través de su madre por representación sin mandato, según escrito de fs. 86 a 88 vta., contestó a la demanda de manera negativa y reconvino por resolución de contrato por falta de pago, así como interpuso la excepción de falta de legitimación, pretensión que mereció el Auto de 26 de febrero de 2024, cursante a fs. 129 y vta., donde fue rechazada; desarrollándose de esta manera la causa hasta pronunciarse la Sentencia N° 8/2024, de 23 de mayo, que cursa a fs. 168 a 173 vta., en la que la Juez Público Civil y Comercial 12° de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, declaró PROBADA la demanda e IMPROBADA la reconvención y ordenó el cumplimiento del contrato de 05 de noviembre de 2007.

2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación, por Herman Gabriel Camacho Cuellar, mediante memorial que corre de fs. 177 a 181 vta., originó que la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Familiar o Doméstica y Pública Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emita el Auto de Vista N° 188/2024, de 16 de agosto, saliente de fs. 201 a 206, el cual CONFIRMÓ la Sentencia, con costas y costos para el apelante, bajo los siguientes argumentos:

- Si bien la demandante vendió su derecho de compradora, esta situación no le resta legitimación procesal por cuanto dicha venta no ha sido perfeccionada ni inscrita en el registro público para tener la oponibilidad frente a terceros; asimismo, si el recurrente entendía que la demandante carecía de legitimación, entonces no debió dirigir en contra de ella su demanda reconvencional, aspecto que demuestra un reconocimiento y consentimiento de la legitimación de Sara León Justiniano.

- De acuerdo al documento de fs. 7 a 9, el precio del inmueble es de $us. 2.700.-, y si bien se aprecia que habría existido un saldo impago de $us. 450.- como advierte la Sentencia; empero no puede dejarse de lado que a fs. 137 la demandante adjunto un cheque por la suma antes mencionada que, si bien no fue aceptada como pago por parte del demandado, por la cuantía extrañada, ciertamente seria incorrecto otorgar la resolución del contrato, más si consideramos lo dispuesto por el art. 572 del Código Civil, el cual, limita la posibilidad de resolución ante la escaza gravedad o importancia del cumplimiento.

- Si bien se ha pactado la resolución del contrato en sujeción del art. 569 del Código Civil, el mismo no fue ejercitado, ya que al interponer su demanda reconvencional pretendiendo la resolución del contrato, renunció implícitamente a los efectos de la resolución planteada.

- La Sentencia no resulta contradictoria, ni carente de fundamentación o motivación, toda vez que la A quo, si bien señaló inicialmente que existiría un saldo impago por parte de la demandante, no obstante, posteriormente expresó que la actora realizó el pago del saldo en el transcurso del proceso mediante cheque de fs. 137; asimismo, señaló que resulta improcedente la demanda reconvencional de resolución del contrato en aplicación del art. 572 del Código Civil.

- En relación a la carta de fs. 101 a 103, puede advertirse que la A quo si realizó una valoración razonada al respecto, y el recurrente no expresó o fundamentó cual sería el sentido adecuado de valoración que debió aplicarse, ni estableció cual es el error de hecho o derecho en la labor valorativa.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Herman Gabriel Camacho Cuellar representado legalmente por Leia Nogueira de Freitas, según escrito visible de fs. 209 a 214 vta., recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. El recurrente en el recurso de casación alegó que:

a) Los Vocales de la Sala Civil, Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Quinta, al resolver el primer punto impugnado en el recurso de apelación, infringieron los arts. 454 y 519 del Código Civil, erróneamente sostienen que la resolución del contrato no procede, basándose en lo establecido en el art. 571 del referido cuerpo normativo, argumentando que se trata de un monto insignificante y de menor relevancia, esto demuestra un desconocimiento de los alcances de la norma citada, sustentando su decisión de manera parcial y arbitraria.

b) El Auto de Vista impugnado aplica de manera incorrecta el art. 568 del Código Civil, al señalar que la parte demandante no cumplió con el pago del precio del lote de terreno objeto de controversia, en otras palabras, dicho fallo confirma que la demandante no cumplió con las obligaciones establecidas en el contrato de transferencia del terreno con reserva de dominio, según consta en fs. 8, en consecuencia, al no haber satisfecho la totalidad del precio pactado, carece de derecho para exigir el cumplimiento del contrato.

Con esos argumentos solicitó se anule el Auto de Vista impugnado, o en su defecto se case el mismo declarando improbada la demanda y probada la reconvención.

2. Contestación al recurso de casación:

Sara León Justiniano y Carlos Rojas Núñez, contestaron el recurso de casación mediante memorial de fs. 218 a 222 vta., señalando que:

- A tiempo de interponer recurso de casación en el fondo, acusando vulneración de los arts. 454 y 519 del Código Procesal, el recurrente no consideró que solo se pueden cuestionar infracciones de la ley sustantiva y no de la adjetiva, por lo que resulta erróneo el planteamiento.

- El recurrente pretende utilizar cláusulas abusivas, produciendo un desequilibrio injustificado, con el afán ilegal de apoderarse de lo que se ha pagado, también quiere apoderarse del lote de terreno, donde ya se tiene construida una vivienda rechazando el pago de un ínfimo monto que reclama como no pagado.

- El recurrente no considera que su pretendida demanda reconvencional de resolución de contrato, no resulta procedente ante la falta de gravedad o importancia del supuesto incumplimiento.

Por lo referido, solicitó se declare infundado el recurso de casación, sea con costas y costos procesales.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. De la declaración de nulidad y la revisión de oficio de las actuaciones.

El art. 106.I del Código Procesal Civil, dispone que: “I. La nulidad podrá ser declarada de oficio o a pedido de parte, en cualquier estado del proceso, cuando la Ley la califique expresamente”.

Por su parte, el art. 17.I de la Ley Nº 025 preceptúa que: “I. La revisión de las actuaciones procesales será de oficio y se limitará a aquellos asuntos previstos por Ley”. Gonzalo Castellanos Trigo, en su obra “Análisis Doctrinal del Nuevo Código Procesal Civil”, Tomo I, Imprenta Rayo del Sur, Sucre-Bolivia 2014, Págs. 495-497, al realizar el comentario del art. 106 del Código Procesal Civil, refiere que: “La primera parte de la norma en análisis regula la declaración de la nulidad, disponiendo que la nulidad podrá ser declarada de oficio o a pedido de parte, en cualquier estado del proceso, cuando la ley califique expresamente la causal de nulidad…”. Asimismo, citando al profesor Maurino señala que: “nulidad procesal es el estado de anormalidad del acto procesal, originado en la carencia de alguno de sus elementos constitutivos, o en vicios existentes sobre ellos, que potencialmente lo coloca en situación de ser declarado judicialmente inválido”. Es decir, la nulidad consiste en la ausencia de los efectos jurídicos del acto”.

De acuerdo a ambos textos legales, se establece que el art. 106 del Código Procesal Civil, permite al operador judicial a decretar la nulidad de obrados de oficio o a pedido de parte, en cualquier estado del proceso, cuando la Ley la califique expresamente. Así el art. 17.I de la Ley Nº 025 manifiesta que la revisión de las actuaciones será de oficio y se limitará a aquellos asuntos previstos por ley. Ese razonamiento ha sido reiterado en el Auto Supremo N° 884/2015–L, de 02 de octubre, entre otros.

También se tiene el Auto Supremo N° 146/2021, de 01 de marzo, donde se emitieron las siguientes consideraciones: “El Estado mediante sus operadores de justicia, garantiza el derecho de todos los ciudadanos a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, en el marco de lo establecido en el art. 115.II de la Constitución Política del Estado; es por ello que el Tribunal Supremo de Justicia estableció razonamiento consecuente de proteger los actos procesales y de aplicar excepcionalmente la nulidad procesal; en ese marco, entre otras determinaciones, mediante el A.S. Nº 581/2013 de fecha 15 de noviembre, orientó: ‘…la nulidad procesal es una medida sancionatoria de última ratio, de aplicación excepcional, siendo la regla la conservación de los actos desarrollados en proceso y la nulidad su excepción, criterio procesal que emerge del contenido normativo de los arts. 16 y 17 de la Ley del Órgano Judicial, que señala como deber funcional de los administradores de justicia el de proseguir con el desarrollo del proceso, sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuanto exista irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole el derecho a la defensa de las partes; que condiciona además la nulidad a que procede cuando la irregularidad fue reclamada oportunamente en la tramitación del proceso, alocución normativa que se desprende del derecho a una justicia pronta y oportuna instituida por la Constitución Política del Estado en su art. 115.II’.

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