AS/0182/2025

Texto del fallo

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SALA PLENA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

<table style="margin:0 0 0 0;"><tbody><tr><td style="padding:0 720 0 720;">AUTO SUPREMO Nº

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">: 182/2025

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">EXPEDIENTE Nº

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">: 06/2023

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">PROCESO

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">: Recurso de Casación

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">PARTES PROCESALES

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:Asociación Accidental EUROFINSA SA SUCURSAL BOLIVIA - INCOYDESA INGENNYA SL contra Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">MAGISTRADO TRAMITADOR

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">: Romer Saucedo Gómez.

</td>

</tr>

<tr><td style="border-width:0 0 100 0;border-color:#000000;padding:0 720 0 720;border-style:solid;mso-element:para-border-div;">FECHA

</td>

<td style="border-width:0 0 100 0;border-color:#000000;padding:0 720 0 720;border-style:solid;mso-element:para-border-div;">: 16 de septiembre de 2025

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

VISTOS EN SALA PLENA: La solicitud de aclaración, complementación y enmienda (fs. 1516 a 1518) formulada por la Administración Boliviana de Carreteras (ABC) representada legalmente por Rodrigo Antonio Mostajo Rojas y Jesús Mendoza Balderas, dentro del proceso contencioso seguido por Asociación Accidental EUROFINSA SA SUCURSAL BOLIVIA - INCOYDESA INGENNYA SL contra la entidad solicitante; el Auto Supremo 99/2025 de 20 de junio (fs. 1492 a 1503 vta.), y los antecedentes del proceso.

CONSIDERANDO I:

Interpuesto el Recurso de Casación (fs. 1434 a 1444) por la ABC, se pronunció el Auto Supremo 99/2025 de 20 de junio (fs. 1492 a 1503 vta.), por el cual se declaró infundado el mencionado recurso.

Bajo esos antecedentes, la ABC mediante escrito de aclaración, complementación y enmienda de 25 de julio de 2025, refiere que: 1) Existe contradicción entre la naturaleza administrativa del contrato administrativo y la aplicación de normas civiles, manifestando que los contratos administrativos se rigen por la Ley 1178 y el decreto Supremo 0181 Normas Básicas de Contratación Pública, normativa especial que excluye la aplicación directa de disposiciones civiles salvo en supuestos de vacío normativo; y, 2) Indebida aplicación de Intereses del 6% a ejecución de obras, aduciendo que el Auto Supremo 99/2025, mantuvo vigente la condena al pago de daños y perjuicios y no explica de manera clara porqué resulta procedente aplicar por analogía el art. 414 del Código Civil; por lo que, la aplicación por analogía de dicha norma no tiene base legal administrativa expresa.

Solicitud de aclaración, complementación y enmienda formulada por la ABC, que se analiza.

CONSIDERANDO II:

Se debe considerar que el art. 226.III del Código Procesal Civil, dispone que: “…Las partes podrán solicitar aclaración sobre algún concepto oscuro, corrección de cualquier error material o subsanación de omisión en que se hubiere incurrido en la sentencia, auto de vista o auto supremo ….”

En ese sentido, el art. 226 del Adjetivo Civil norma los presupuestos de aclaración, enmienda y complementación de una determinación judicial, así el parágrafo III de la citada norma explica que se podrá solicitar aclaración sobre algún concepto oscuro, la enmienda relativa a la corrección de cualquier error material y la complementación para la subsanación de omisión en que se hubiere incurrido en el Auto Supremo; en ese marco, la aclaración, enmienda y complementación son situaciones distintas que tienen un objeto distinto, por lo que no pueden ser consideradas como una vía por la que se pretenda modificar o poner en duda lo sustancial de la decisión principal.

La resolución sobre la que se solicitó aclaración, complementación y enmienda recae en el Auto Supremo 99/2025 de 20 de junio (fs. 1492 a 1503 vta.), que declaró INFUNDADO el Recurso de Casación deducido por la ABC, siendo esta entidad la peticionante de aclaración, complementación y enmienda.

Ahora bien, en relación al primer aspecto de la solicitud de aclaración, complementación y enmienda en la que expresó que existe contradicción entre la naturaleza administrativa del contrato y la aplicación de normas civiles. Al respecto, este Tribunal al emitir el Auto Supremo 99/2025 de 20 de junio, precisó de manera clara y precisa, sobre la naturaleza jurídica y clase de los contratos administrativos, que se encuentran debidamente desarrollados y regulados en el Decreto Supremo 0181 de 28 de junio de 2009 que encuentran directa vinculación con el interés o servicio público; en igual sentido, el art. 47 de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales de 20 de julio de 1990, establece que: “… son contratos administrativos aquellos que se refieren a contratación de obras, provisiones de material, bienes y servicios y otros de similar naturaleza…”.

Por otro lado, se hizo referencia sobre la supletoriedad en la aplicación de normas del Código Civil (CC) a los contratos administrativos, por cuanto en nuestra legislación, no existe un cuerpo normativo jurídico sistematizado que regule la situaciones en que se produzca el incumplimiento de los mismos, o sobre las causales de nulidad; en ese marco, se acude a normas supletorias establecidas en el Código Civil, en la Segunda Parte del Título I del citado cuerpo normativo, que hace referencia a los contratos como una fuente de las obligaciones; por cuanto la norma administrativa no regula en los hechos la fase de ejecución de los contratos administrativos y las obligaciones de las partes contratantes.

En ese marco, el Auto Supremo 99/2025 de 20 de junio, dio respuesta fundamentada y por qué son aplicables las normas del CC supletoriamente.

En relación al pago del interés legal dispuesto en la Sentencia emitida por el Tribunal de instancia, considerando indebida su aplicación tratándose de ejecución de obras.

De la revisión del Recurso de Casación interpuesto por la ABC, si bien denunció que no resulta aplicable a los contratos administrativos preceptos civiles, no denunció sobre el pago de los daños y perjuicios dispuestas en la Sentencia 98/2022 de 26 de julio. En ese sentido, en el marco de las vulneraciones acusadas por la ABC, no observó que dicho argumento no fue denunciado en el Recurso de Casación (fs. 1434 a 1444).

Ahora bien, si la entidad recurrente no estaba de acuerdo con el pago del interés legal del 6% establecido en la parte resolutiva de la Sentencia 98/2022, debió efectuar reclamos de fondo pertinentes en el Recurso de Casación, y no en una solicitud de aclaración, complementación o enmienda que se analiza; de modo que, no habiéndose expresado reclamos de forma clara y precisa en el medio de impugnación impetrado por la ABC, no era posible ingresar de oficio a su análisis; pues dicha omisión tampoco puede ser enmendada o corregida por este Tribunal inobservando los principios dispositivo y de congruencia, so pena de incurrir en una resolución que falle más allá de lo pedido por las partes y, por ende, vulnerar el debido proceso y el derecho a la defensa de la contraparte que guarda estrecha relación con el contenido de la casación. Aspectos que fueron claramente fundamentados en el Auto Supremo 195/2023.

Al respecto se debe tener presente que la Sentencia Constitucional 0239/2007-R de 10 de abril, que aludió en su análoga Sentencia Constitucional 1138/2005-R de 19 de diciembre, estableció que: “… es obligación de las partes en un proceso actuar con lealtad procesal, evitando los fraudes emergentes de un cálculo meditado y abusivo de las falencias del sistema procesal, para provocar dilaciones que luego pretendan imputarse a la administración de justicia, los jueces o los fiscales, para generar causales de nulidad o de pretendidas vulneraciones a los derechos procesales (…); … pues degradaría el sistema de valores que protege la Constitución Política del Estado (…); buena fe que se debe manifestar en el control y anuncio oportuno de los errores judiciales (…) y no dejar que provoque efectos para luego reclamar estos …”

Con similar razonamiento la Sentencia Constitucional 0959/2010-R de 12 de julio, a tiempo de referirse a la conducta que los contendientes deben desplegar, indicó que: “…en un plano de equilibrio e igualdad la batalla judicial implica el uso de medios y recursos de ataque y de defensa, donde cada parte pretende lograr su pretensión desvirtuando la de contrario, no puede obviarse el principio de lealtad procesal al cual están impelidas las partes, y conlleva el actuar con decoro y buena fe…”

Estos principios se rompen cuando se invocan como no resueltos reclamos que evidentemente no cuentan con un pronunciamiento; pero ello se debe a que no fueron postulados.

En tal mérito, se advierte que la aclaración, complementación y enmienda solicitada por la ABC, únicamente tiene la finalidad de expresar razones subjetivas de desacuerdo con la determinado, enmendar las omisiones de su recurso de casación y pretender debatir el alcance de la decisión asumida, lo que no es propio de la facultad de aclaración, enmienda y complementación, conforme lo previsto en el art. 226 del Código Adjetivo Civil; por consiguiente, no se observan elementos que deban ser aclarados, enmendados o complementados en el Auto Supremo 99/2025 de 20 de junio.

POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, de conformidad al art. 226.I del Código Procesal Civil, declara NO HA LUGAR la solicitud de aclaración, enmienda y complementación del Auto Supremo 99/2025 de 20 de junio, planteada por la ABC.

No intervienen el Magistrado Carlos Alberto Egüez Añez, por haber suscrito la Sentencia 98/2022 de 26 de julio, y la Magistrada Norma Velasco Mosquera por ser de voto disidente.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

Romer Saucedo Gómez

PRESIDENTE

Mostrando 95 de 189 parrafos.

Texto del fallo

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