Texto del fallo
SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA
Expediente Nº 786/08
AUTO SUPREMO Nº 183 - Social Sucre, 24 de junio de 2009.
DISTRITO: Tarija
PARTES: Pablo Rueda Colque c/ Industrias Agrícolas Bermejo I.A.B.
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VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 128-129, interpuesto por Arcenia Alanez y Maria Teresa Paz Garzón, apoderadas legales de Mario Adel Cossio Cortéz, Prefecto del Departamento de Tarija, contra el Auto de Vista de 13 de noviembre de 2008 (fs. 121-122), pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija; dentro del proceso social que sigue Pablo Rueda Colque contra Industrias Agrícolas Bermejo (I.A.B.) dependiente de la Prefectura del Departamento de Tarija, la respuesta de fs. 133, el auto que concede el recurso de fs. 134 vta., los antecedentes del proceso, y
CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso laboral, en cumplimiento al A.S. Nº 355 de 25 de agosto de 2008 (fs. 92-93) la Jueza Primero del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Tarija, emitió Sentencia Nº 43/08 en fecha 4 de octubre de 2008 (fs. 99-100), declarando probada la demanda de fs. 3-3 vta., e improbada la excepción perentoria de prescripción planteada por la Prefectura del Dpto. de Tarija de fs. 44-44 vta., sin costas, disponiendo que la entidad demandada pague al actor los beneficios sociales en la suma de Bs. 28.217,43, por concepto de indemnización, desahucio, aguinaldo, vacación y subsidio de frontera; además de los reajustes que prevé el D.S. Nº 23381.
En grado de apelación formulado por los apoderados legales de la Prefectura demandada, la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija, por auto de vista de 13 de noviembre de 2008 (fs. 121-122), se confirmó totalmente la sentencia apelada.
Dicho fallo motivó el recurso de casación en el fondo de fs. 128-129, interpuesto por los apoderados legales de la Prefectura del Departamento de Tarija, quienes acusan en síntesis que el auto de vista incurre en error de hecho y de derecho en la valoración de la prueba, así como aplicación indebida de la ley, sin precisar la norma vulnerada ni fundamentar la infracción en relación a los datos del proceso, limitándose a transcribir partes textuales del decisorio del tribunal de apelación, comentando su contenido; luego, alega como vulnerado el art. 4 inc. b) del D.R. de la L.G.T., insistiendo en el hecho de que el actor no fue trabajador permanente o efectivo y que su relación laboral fue discontinua, por lo que no le correspondería el pago de beneficios sociales, al ser un trabajador eventual y destajista sólo en tiempo de Zafra de la ex IAB, cuyo trabajo estaba concentrado en el carguío y descarguío de las bolsas de azúcar, una modalidad de trabajo a destajo, sin tarea sin ningún nexo de dependencia o exclusividad sino mas bien por cuenta propia, es decir que se les cancelaba de acuerdo al trabajo que desarrollaban por día, razón por la cual los recibos de fs. 18, 19, 20 y 21 no son uniformes, por ello no se ha demostrado en el caso de autos que entre las partes hubiera existido relación laboral.
Con estos argumentos y antecedentes, solicita incongruentemente que la Corte Suprema de Justicia Revoque el Auto de Vista recurrido.
A su vez, Amparo Bráñez Ríos, en su condición de apoderada del actor Pablo Rueda Colque, con base a los fundamentos del memorial de fs. 133, responde el recurso de contrario, solicitando se declare improcedente el mismo, con costas.
CONSIDERANDO II: Que así planteado el recurso, analizando si lo denunciado en relación a los antecedentes del proceso es evidente o no, se colige lo siguiente:
1) En el recurso de casación en el fondo, se acusa que tanto la sentencia como el auto de vista, ordenan injustamente el pago de beneficios sociales a favor del actor y que -según la entidad recurrente- no le correspondería al considerar que se trata de un trabajador eventual a destajo; en franco desconocimiento que los beneficios sociales de los trabajadores son derechos irrenunciables.
En la especie, al estar demostrada la relación laboral del demandante, es procedente el pago de beneficios sociales; por cuanto lo expuesto en el recurso no desvirtúa de modo alguno la acción ni exime a la Prefectura de Tarija el pago de dicha obligación; precisamente porque se impone la aplicación de los arts. 3º incs. g) y h); 66 y 150 del Cód. Proc. Trab., al ser deber primordial del Estado proteger los derechos de todos los trabajadores, en cumplimiento a los principios de primacía de la realidad, de proteccionismo, in dubio pro operario e inversión de la prueba, aplicables en materia laboral.
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