AS/0189/2013

Criterio

El art. 252 del Código de Procedimiento Civil, dispone que el Juez o Tribunal de casación, anulara de oficio todo proceso en el que se encuentren infracciones que interesan al orden público; en ese sentido corresponde a éste Tribunal realizar las siguientes consideraciones: Establecido lo anterior corresponde precisar que al tratar sobre las nulidades procesales se debe tener en cuenta que no se trata de un tema de defensa de meras formalidades, pues, las formas previstas por ley no deben ser entendidas como meros ritos, sino como verdaderas garantías de que el proceso se desarrollará en orden y en resguardo de los derechos de las partes. Por ello, en materia de nulidades procesales existen ciertos principios que informan la materia y que deben ser tomados en cuenta por el juzgador al momento de declarar una nulidad. Al respecto, el principio de trascendencia orienta que no puede admitirse la nulidad por la nulidad, sino que a tiempo de determinarla habrá que tener presente el perjuicio real que ocasiona al justiciable el alejamiento de las formas prescritas, pues las formas no han sido establecidas para satisfacer “pruritos formales”. Por regla general, un acto procesal que adolezca de nulidad puede generalmente convalidarse, en consecuencia, la nulidad será la sanción excepcional, que se declara únicamente cuando el acto viciado acarreó un perjuicio cierto e irreparable que sólo pueda subsanarse mediante la sanción de nulidad. Por otra parte el principio de protección, establece que la nulidad solo puede invocarse cuando en virtud de ella, los intereses de una de las partes o de ciertos terceros a quienes afecte la Sentencia, queden en indefensión. De la revisión de los datos del proceso y de manera específica de la Póliza de Seguro de aviación cursante de fs. 2 a 70, se tiene que la misma en la cláusula referida a “Condiciones Especiales”, numeral 7), establece una cláusula arbitral mediante la que las partes contratantes, por un lado, la Fuerza Aérea de Bolivia, representada por el Gral. DRIG. AE. Tito Roger Gandarillas Salazar y por otra Miguel Ángel Barragán Ibarguen en representación de SEGUROS Y REASEGUROS CREDINFORM INTERNATIONAL S.A., acuerdan que: “… toda discrepancia, cuestión o reclamación resultantes de la ejecución o interpretación de la presente Póliza o relacionado con ella directa o indirectamente, se resolverá definitivamente mediante conciliación o en su caso por la vía arbitral, en el marco del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio y de acuerdo a su Reglamento, de conformidad a lo que establece la Ley Nº 1770 de fecha 10 de marzo de 1997. Para el caso de arbitraje, se conviene expresamente que el Tribunal Arbitral estará formado por tres árbitros, cada parte nombrará uno y el tercero deberá ser designado por ellos mismos de mutuo acuerdo. En caso de no existir acuerdo para el nombramiento del tercer Árbitro, éste será designado por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio, de acuerdo su Reglamento. Igualmente las partes hacen constar expresamente su compromiso de cumplir el Convenio Conciliatorio o Laudo Arbitral que se dicte, renunciando expresamente a cualquier tipo de recurso contra el Laudo Arbitral.” Por su parte la Ley 1770, de Arbitraje y Conciliación en su artículo 12 parágrafo I señala que: “el Convenio arbitral importa la renuncia de las partes a iniciar proceso judicial sobre las materias o controversias sometidas al arbitraje”, disponiendo en su parágrafo II que “La autoridad judicial que tome conocimiento de una controversia sujeta a convenio arbitral debe inhibirse de conocer el caso cuando lo solicite la parte judicialmente demandada. En este caso, dicha parte puede oponer excepción de arbitraje en forma documentada y antes de la contestación pudiendo la misma, oponer excepción previa de arbitraje, la que debe ser resulta sin mayor trámite, mediante Resolución expresa”. Asimismo el parágrafo III del mismo artículo señala: “Constatada la existencia del convenio arbitral, la autoridad judicial competente declarará probada la excepción de arbitraje o, pronunciándose únicamente sobre la nulidad o ejecución imposible del convenio arbitral, desestimará la excepción de arbitraje.” En Autos, y como se tiene del Auto Interlocutorio Nº 218/2011 que cursa de fs. 314 a 315, el Juez A quo, ha declarado probadas las excepciones de incompetencia y arbitraje interpuestas por Miguel Ángel Barragán Ibarguen en representación de SEGUROS Y REASEGUROS CREDINFORM INTERNATIONAL S.A., en previsión del artículo 12 de la Ley 1770 en relación a lo dispuesto en la cláusula séptima del contrato de Póliza referida supra que dispone que la autoridad competente para conocer cualquier controversia entre las partes contratantes, sería resuelta mediante conciliación o ante un tribunal arbitral y, como se tiene del párrafo último de la misma cláusula, las partes al margen de expresar el compromiso de cumplimiento del Convenio Conciliatorio o Laudo Arbitral, renuncian de manera expresa a cualquier otro tipo de recurso en contra del Laudo Arbitral. Asimismo, señala el Auto recurrido, que las controversias de hecho sobre las características técnicas de los seguros deben ser resueltas a través del peritaje y la conciliación, de no ser posible la solución de la controversia por ese medio, deben definirse en la vía del arbitraje, señalando además que “Las controversias de derecho suscitadas entre las partes sobre la naturaleza y alcance del contrato de seguro, reaseguro o planes de seguro, serán resueltas en única e inapelable instancia, por la vía del arbitraje, de acuerdo a lo previsto en la Ley 1770. Resolución que conforme al art. 12 de la Ley 1770, no admite ningún otro recurso posterior, toda vez que se trata de una excepción que define la competencia, que no puede ser diferida a ningún otro Juez por decisión expresa de las mismas partes. Sin embargo, ante la apelación planteada, el Tribunal de Alzada, mediante Auto de Vista Nº 307/2012, sin ninguna otra consideración formal que el hecho de que el recurso ha sido presentado extemporáneamente, confirma la Resolución apelada señalando que por ese motivo, no corresponde a ese Tribunal ingresar al conocimiento del recurso, sin tomar en cuenta que el recurso deviene de una Resolución que declara probada una excepción de arbitraje e incompetencia no admite recurso ulterior, conforme dispone el art.12 de la Ley 1770, cuando lo pertinente era que emita pronunciamiento expreso, respecto a la imposibilidad de atender ese recurso por imperio de la ley, conforme lo dispuesto por el A Quo, que ha realizado la adecuada interpretación y fundamentación fáctica y legal del contenido de la cláusula séptima de la Póliza a la cual se encuentran sujetas inexcusablemente las partes y evitar la tramitación de recursos que no tienen base legal y por lo tanto resultan nulos de pleno derecho y en ningún caso confirmar el fallo impugnado sin disponer lo que corresponde en el marco de lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley 1770 en relación a la cláusula séptima del contrato. Omisión en que ha incurrido el Tribunal de Alzada que conlleva la afectación al debido proceso y la conculcación a normas de orden público y de cumplimiento obligatorio, que devienen en la nulidad de obrados que han generado la tramitación irregular e innecesaria de un recurso de casación que no está permitido por la misma ley Por las consideraciones realizadas, no corresponde a este Tribunal conocer el recurso interpuesto, debiendo en la vía del saneamiento procesal, aplicar al caso de Autos la disposición contenida en el art. 252 del Código de Procedimiento Civil, sin que esto signifique el desconocimiento del derecho que le asiste al recurrente, a exigir el reconocimiento de un derecho propio, como es la protección a la salud y la vida, derechos establecidos y reconocidos por la Constitución Política de Estado, que deben ser reclamados en el marco de las condiciones y alcances del contrato de Póliza.