AS/0194/2025

Texto del fallo

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SALA PLENA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

<table style="margin:0 0 0 0;"><tbody><tr><td style="padding:0 720 0 720;">AUTO SUPREMO Nº

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">: 194/2025

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">EXPEDIENTE Nº

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">: 6/2025

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">PROCESO

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">: Conflicto de Competencias

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">PARTES

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:Juzgado Público Civil y Comercial Vigésimo Sexto de la Capital del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz y el Juzgado Público Civil y Comercial Séptimo de la Capital del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">MAGISTRADA TRAMITADORA

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:Norma Velasco Mosquera.

</td>

</tr>

<tr><td style="border-width:0 0 100 0;border-color:#000000;padding:0 720 0 720;border-style:solid;mso-element:para-border-div;">FECHA

</td>

<td style="border-width:0 0 100 0;border-color:#000000;padding:0 720 0 720;border-style:solid;mso-element:para-border-div;">:16 de septiembre de 2025

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

VISTOS EN SALA PLENA. El conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Público Civil y Comercial Vigésimo Sexto de la Capital del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz y el Juzgado Público Civil y Comercial Séptimo de la Capital del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso de división y partición de herencia seguido por Emilia Garnica Flores contra Sonia Garnica Acurana de Bernal y los antecedentes del proceso.

CONSIDERANDO I:

Por Auto Interlocutorio 251 de 4 de octubre de 2024 (fs. 38), la Juez del Juzgado Público Civil y Comercial Vigésima Sexta de la Capital del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declina competencia del proceso de división y partición de bienes y ordenó se remita el expediente ante el Juez del Juzgado Público Civil y Comercial de Turno de la Capital del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, alegando que, de los documentos presentados por la demandante señala como domicilio real de la demandada la ciudad de Cochabamba; estando dicho lugar fuera de la competencia de la nombrada autoridad; si bien, el art. 12 del Código Procesal Civil (CPC) prevé a elección del demandante -se reitera- el domicilio, este debe entenderse de la demandada o donde fue suscrito el contrato.

Remitido el expediente ante el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, la Juez del Juzgado Público Civil y Comercial Séptima de la Capital del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emitió el Auto Interlocutorio de 26 de mayo de 2025 (fs. 48), disponiendo “SUSCITARSE” conflicto de competencia respecto del conocimiento del referido proceso, con la finalidad que este Tribunal Supremo de Justicia dirima y determine la autoridad competente para conocer la indicada causa; argumentando en lo relevante que, “...la Sra. EMILIA GARNICA FLORES decidió iniciar la acción ORDINARIA DE DIVISION Y PARTICION, CONSIDERANDO EL LUGAR DONDE ESTUVIERE SITUADO EL INMUEBLE OBJETO DEL PRESENTE PROCESO, ANDRES IBAÑEZ PALMAR, SANTA CRUZ DE LA SIERRA, DICHA EXPRESIÓN DE CONSENTIMIENTO U OPCIÓN DEBE SER REPETIDA a los fines de llevar adelante la acción que ahora nos ocupa, consiguientemente la autoridad competente debe resultar ante quien hubieren iniciado la pretensión” (sic).

CONSIDERANDO II:

El art. 12 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), prevé que la competencia: “Es la facultad que tiene una magistrada o magistrado, una o un vocal, una jueza o un juez, o autoridad indígena originaria campesina para ejercer la jurisdicción en un determinado asunto”; misma que: “…en razón del territorio se ampliará únicamente por consentimiento expreso o tácito de las partes. Es expreso cuando convienen en someterse a un juez, que para una o ambas partes no es competente. Es tácito cuando el demandado contesta ante un juez incompetente, sin oponer esta excepción. Se exceptúa lo dispuesto en leyes especiales” (negrillas añadidas [art. 13 de la referida Ley]).

Ahora bien, el art. 14.II de la LOJ, estipula que: “Los conflictos de competencias dentro de una jurisdicción se resolverán de conformidad a ley” (negrillas agregadas); constituyendo atribución de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, conforme al art. 38.1 de la Ley señalada: “…Dirimir conflictos de competencias suscitados entre los Tribunales Departamentales de Justicia y de juezas o jueces de distinta circunscripción departamental” (las negrillas y el subrayado son nuestros); en concordancia con el art. 17 del CPC, que estipula: “Los conflictos de competencia que se suscitaren entre dos o más juzgados o tribunales para determinar a cual corresponde el conocimiento de la causa, podrán promoverse de oficio o a instancia de parte, por inhibitoria o por declinatoria, antes de haberse consentido la competencia reclamada” (resaltado y subrayado son nuestros).

Al respecto, la SCP 0168/2018-S4 de 30 de abril, expuso que: “…es imperante conocer los alcances de la declinatoria de competencia; así, la norma que fundó la decisión de las autoridades ahora demandadas, se encuentra situado en el Capítulo Tercero, Título Segundo del Libro Primero de la norma adjetiva civil, concerniente al acápite de ‘conflicto de competencia’. En este entendido, el art. 17 del CPC (Procedencia), señala que: ‘Los conflictos de competencia que se suscitaren entre dos o más juzgados o tribunales para determinar a cual corresponde el conocimiento de la causa, podrán promoverse de oficio o a instancia de parte, por inhibitoria o por declinatoria, antes de haberse consentido la competencia reclamada’. Por lo tanto, partiendo de una interpretación gramatical de la norma precedentemente citada, es factible concluir que los conflictos de competencias a resolverse vía inhibitoria y declinatoria, están orientados a resolver las controversias de orden competencial suscitados entre dos o más jueces o tribunales de la jurisdicción ordinaria, de modo que, mediante dicho instituto jurídico no es viable considerar las posibles controversias competenciales suscitadas en relación a jurisdicciones distintas; asimismo, el art. 19 del CPC, no debe ser analizado y aplicado de manera aislada, sino en el marco de una interpretación sistemática y teleológica; por lo que, su comprensión debe realizarse en función al contexto y a la finalidad para la que fue instituida por el Legislador, esto es, para resolver los conflictos competenciales entre jueces de la jurisdicción ordinaria civil…” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen).

Ahora bien, el Auto Supremo 256/2017 de 9 de marzo, respecto a la declinatoria, establece que: “…es el mecanismo a través del cual de oficio o a pedido de parte se observa la competencia de un juez, procedimiento que se presenta como excepción previa, pero que por las reglas de la competencia puede ser observada en cualquier por los jueces para anular obrados y declinar competencia, en caso de ser evidente la falta de competencia.(…)

Inicialmente nos referiremos a lo dispuesto por el art. 12 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, que dice: ‘la competencia es la facultad que tiene una magistrada o magistrado, una o un vocal, una Jueza o un Juez, o autoridad indígena originaria campesina para ejercer la jurisdicción en un determinado asunto’

Establecido lo anterior corresponde precisar que en consideración al carácter de orden público que revisten las reglas de competencia, cualquier vulneración al respecto debe ser observada aun de oficio y en cualquier estado del proceso, a fin de imponer la sanción que corresponda, no pudiendo la actuación de las partes o de los propios administradores de justicia, convalidar las infracciones referidas a la competencia de los jueces, salvo que se trate del elemento territorio, en cuyo casó la actuación de las partes, sea en forma expresa o tácita, puede generar la llamada prórroga de la competencia, figura que en ningún caso opera respecto al elemento materia, cuya inobservancia, dará lugar a la declaración de incompetencia en cualquier estado del proceso, incluso la nulidad de las actuaciones y determinaciones asumidas por un Juez incompetente puede ser dispuesta fuera del proceso, conforme dispone el art. 122 de la Constitución Política del Estado que determina que ‘son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley’” (las negrillas fueron agregados).

CONSIDERANDO III: RESOLUCIÓN DEL CASO

Delimitado el objeto procesal conforme se tiene de antecedentes corresponde hacer referencia a los siguientes aspectos de orden legal:

La competencia es uno de los presupuestos procesales determinantes para la existencia misma del proceso, ya que estructuran y configuran el mismo, siendo estos la demanda, la citación con la demanda, la competencia del juez y la capacidad de las partes, para que el proceso cumpla su finalidad. En el caso presente, su análisis y debate se encuentra reservado a la primera etapa del proceso vinculado a la proposición o postulación de los hechos; criterio de competencia señalado en el art. 11 del CPC y sus reglas de competencia prevista en el art. 12 del citado Código; se entiende que son analizadas por el demandante hasta antes de presentada la demanda; no obstante, la autoridad judicial tiene la posibilidad de analizar las reglas de competencia hasta antes de la citación con la admisión de la demanda a la parte demandada conforme lo establece el art. 117 del CPC.

Ahora bien, conforme se tiene de antecedentes se suscita el conflicto de competencias jurisdiccionales entre el Juzgado Público Civil y Comercial Vigésimo Sexto de la Capital del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz y el Juzgado Público Civil y Comercial Séptimo de la Capital del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, con relación al conocimiento y resolución de la demanda de división y partición de herencia interpuesta por Emilia García Flores contra Sonia García Acurana; ya que, el Juez Público Civil y Comercial Vigésimo Sexto de la Capital del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Auto Interlocutorio 251 de 4 de octubre de 2024, declina competencia del proceso de división y partición de bienes y ordenó se remita el expediente ante el Juez Público Civil y Comercial de Turno de la Capital del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.

Por su parte, la Juez Pública Civil y Comercial Séptima de la Capital del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emitió el Auto Interlocutorio de 26 de mayo de 2025, suscitando conflicto de competencia respecto del conocimiento del referido proceso, con la finalidad que este Tribunal Supremo de Justicia dirima y determine la autoridad competente para conocer la indicada causa.

En ese orden, ingresando al análisis de caso, corresponde señalar que, presentada la demanda de división y partición de herencia por Emilia Garnica Flores, mereció la providencia de 3 de septiembre de 2024, por el Juzgado Público Civil y Comercial Vigésimo Sexto de la Capital del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, señalando que con carácter previo se dé cumplimiento al art. 110.4 del CPC; asimismo, deberá darse observancia a los arts. 111 y 134 del citado Código, disponiendo se subsane los defectos en el plazo de tres días bajo apercibimiento de tenerse por no presentada; a lo que por memorial presentado el 1 de octubre de 2024, la demandante subsana lo observado y se ratifica en su demanda en cuanto a su pretensión solicitada; emitiéndose por la autoridad de dicho Juzgado el Auto Interlocutorio 251 de 4 de octubre de 2024, argumentando que "...el Art. 12 numeral 2, inc. a) del Código Procesal Civil establece que, la autoridad judicial competente en las pretensiones personales será la del domicilio real de la parte demandada, el del lugar donde deba cumplirse la obligación o el de donde fue suscrito el contrato a elección del demandante.

Que, analizado los documentos presentados como base de la presente acción, así como de la demanda de división y partición de bienes, la parte demandante señala como domicilio real de la demandada SONIA GARNICA ACURANA en la ciudad de Cochabamba (…) estando dicho lugar fuera de la competencia de la suscrita juzgadora, por otro lado si bien el art. 12 señala a elección del demandante, este debe entenderse del domicilio de la parte demandada o donde fue suscrito el contrato, corresponde declinar competencia en razón de territorio.

Que, de lo relacionado siendo aplicable el art. 12 numeral 2) al tratarse de una pretensión personal, resulta que esta autoridad es incompetente en razón al territorio para conocer la presente causa, siendo su similar el Juzgado Público Civil y Comercial de Turno de la ciudad de COCHABAMBA, competente bajo las reglas de competencia establecidas por el art. 12-2 del Código Procesal Civil…” (sic [negrillas del texto original]).

En ese contexto, conforme el art. 12.2 del CPC señala: “En las demandas con pretensiones personales será competente: a. La autoridad judicial del domicilio real de la parte demandada. b. el lugar donde deba cumplirse la obligación o en de donde fue suscrito el contrato a elección del demandante. c. En caso de contratos por medio electrónico, será competente la autoridad judicial pactada en el contrato, y a falta de éste, la autoridad judicial del domicilio real de la parte demandada, salvo que la Ley especializada disponga lo contrario”; al respecto, el domicilio real de la demandada conforme se señaló en la demanda en su Otrosí 5to se tiene que “…SONIA GARNICA ACURANA, con Cedula de Identidad N° 2770762, mayor de edad, hábil por ley con domicilio en la calle centinelas del Chaco S/N frente al Hangar 113, entre las calles 6 ‘el Trasnochador’ y calle 7 ‘sombrero de Sao’ (el inmueble sujeto de litis) de la Zona La Colorada, de la ciudad de Santa Cruz…” (sic [resaltado añadido]), advirtiendo de esa manera que el domicilio real de la demandada se encuentra ubicado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra; ahora, con relación al lugar donde debe cumplirse la obligación o fue suscrito el contrato, se menciona en la demanda de división y partición de herencia de manera detallada los bienes que solicita su división: 1.- Inmueble registrado en la oficina de Derechos Reales bajo la Matrícula 7011050000223, que se encuentra en el municipio de Santa Cruz de la Sierra. 2.- Vehículo Motorizado Clase Micro, Marca Toyota, Modelo 1987, con Placa de Circulación 889-XBI, radicatoria en el referido Municipio. 3.- Vehículo Motorizado, Clase Micro, Marca Toyota, con Placa de Circulación 3980-CC, con radicatoria en el señalado Municipio. 4.- Vehículo Motorizado, Clase Bus, Marca Toyota, con Placa de Circulación 4410-SER, Modelo 2016, con radicatoria el indicado Municipio; y otros.

En ese sentido, la Juez del Juzgado Público Civil y Comercial Vigésima Sexta de la Capital del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, de manera errónea señalando que la demandada tiene su domicilio en la ciudad de Cochabamba declinó competencia ante el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; sin embargo, se advierte que el domicilio de la demandada se encuentra en la calle Centinelas del Chaco S/N frente al Hangar 113, entre las calles 6 “el Trasnochador” y calle 7 “sombrero de Sao” de la zona La Colorada, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra; asimismo, los bienes que se demanda su división y partición se encuentran en el departamento de Santa Cruz; por lo que, la mencionada Jueza debió continuar con la tramitación del indicado proceso hasta su conclusión con las incidencias de la ejecución de la sentencia.

De ello, se establece el cumplimiento de las dos reglas (“a. La autoridad judicial del domicilio real de la parte demandada. b. El lugar donde deba cumplirse la obligación o en de donde fue suscrito el contrato a elección del demandante”) establecidas en el art. 12.2 del CPC, respecto a la competencia para conocer la causa la referida Jueza, aclarando con respecto a la tercera hipótesis que corresponde considerar en el caso de autos, siendo que no existe un contrato electrónico; en definitiva de los elementos analizados se concluye la competencia para conocer, tramitar y resolver la demanda de división y partición de herencia corresponde a la Jueza Pública Civil y Comercial Vigésima Sexta de la Capital del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, autoridad que al declinar competencia de la presente causa actuó de manera incorrecta.

POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por los arts. 38.1 de la LOJ y 12.2.a del CPC, dispone: DECLARAR COMPETENTE a la Jueza del Juzgado Público Civil y Comercial Vigésima Sexta de la Capital del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, para continuar la tramitación del proceso de división y partición de herencia seguido por Emilia Garnica Flores contra Sonia Garnica Acurana, debiendo devolverse los antecedentes del proceso a dicha autoridad, para que prosiga la sustancia del proceso en observancia de las normas anotadas, sea a través de Secretaría de Sala Plena.

No suscribe el Magistrado Primo Martínez Fuentes por ser voto disidente.

Regístrese notifíquese y devuélvase.

Romer Saucedo Gómez

PRESIDENTE

Mostrando 88 de 175 parrafos.

Texto del fallo

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