AS/0196/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 196/2025

Fecha: 05 de marzo de 2025

Expediente: LP-216-24-S

Partes: Rajiv Bernardo, Tamara Inés y Svetlana Daniela todos Fuertes Zenteno c/ Roberto Domingo Nazer Parada y Marcelo Linares Escobar.

Proceso: Cancelación de gravamen.

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 808 a 813 vta., interpuesto por Rajiv Bernardo Fuertes Zenteno y en representación de Tamara Inés y Svetlana Daniela ambas Fuertes Zenteno contra el Auto de Vista N° 304/2024, de 09 de mayo, corriente de fs. 799 a 803 vta., pronunciado por la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso ordinario de cancelación de gravamen, seguido por Rajiv Bernardo, Tamara Inés y Svetlana Daniela todos Fuertes Zenteno contra Roberto Domingo Nazer Parada y Marcelo Linares Escobar; el Auto de concesión de 08 de noviembre de 2024, visible a fs. 816, el Auto Supremo de admisión N° 1431/2024–RA, de 29 de noviembre, obrante de fs. 822 a 823, todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Rajiv Bernardo Fuertes Zenteno y en representación de Tamara Inés y Svetlana Daniela ambas Fuertes Zenteno por memorial de fs. 84 a 90, subsanado de fs. 94 a 104 y 107 a 114, promovieron proceso ordinario de cancelación de gravamen contra Roberto Domingo Nazer Parada y Marcelo Linares Escobar, quienes una vez citados, el primero mediante defensor de oficio por escrito corriente de fs. 589 a 590 contestó negativamente la demanda, y el segundo fue declarado rebelde por actuación procesal visible a fs. 409; desarrollándose de esta manera el proceso hasta la emisión de la Sentencia Nº 473/2022, de 20 de octubre, obrante de fs. 719 a 723, en la que el Juez Público Civil y Comercial 13° de la ciudad de La Paz, declaró IMPROBADA la demanda incoada.

2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por Rajiv Bernardo Fuertes Zenteno en sí y en representación de Tamara Inés y Svetlana Daniela ambas Fuertes Zenteno, mediante escrito visible de fs. 732 a 739 vta., dio lugar a que la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emita el Auto de Vista N° 304/2024, de 09 de mayo, corriente de fs. 799 a 803 vta., que CONFIRMÓ la Sentencia, cursante de fs. 719 a 723, asimismo no dio lugar a la solicitud de aclaración y complementación, mediante Auto visible a fs. 806, bajo los siguientes argumentos:

Existe un soporte legal y convencional, en consecuencia, no se advierte agravio alguno, pues el solo hecho de no encontrarse el protocolo de la Escritura Pública N° 542/2013 entre los registros protocolares a cargo del Notario de Fe Pública, no es argumento válido para señalar que no existiría el soporte para la presencia del gravamen hipotecario, pudiendo inclusive la parte interesada acudir a las vías legales correspondientes a objeto de cuestionar la validez y eficacia de dicho testimonio.

No se advierte errónea valoración de la prueba, máxime cuando las nulidades deben ser declaradas judicialmente para surtir sus efectos, más aún cuando la parte recurrente cuestiona aspectos formales de la escritura pública, así como los requisitos que se debieron cumplir a momento de registrarse el gravamen hipotecario en oficinas de derechos reales.

Consecuentemente, el argumento de que no existiría el título que dio origen a la inscripción no resulta ser evidente, toda vez que la parte actora basó su postulación sosteniendo que dicho registro no cuenta con respaldo efectivo que dio origen a la hipoteca, sustentando su pretensión en el art. 1391.I num. 3, que no resulta ser aplicable al caso, ante la existencia del Testimonio N° 542/2013, que dio lugar a la inscripción de gravamen, por lo que no se evidencia error incurrido en la valoración de la prueba.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Rajiv Bernardo Fuertes Zenteno y en representación de Tamara Inés y Svetlana Daniela ambas Fuertes Zenteno, según memorial que sale de fs. 808 a 813 vta., recurso que es objeto de análisis en cuanto a su admisibilidad.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. La recurrente en el recurso de casación alegó que:

a) Incorrecta aplicación e interpretación del art. 1391.I.1 del Código Civil, puesto que un título legal es solo aquel derivado de una prerrogativa legal y un título convencional es el emanado de un documento contractual o testamentario, no pudiendo basarse en un antecedente referencial, cuando se evidenció la inexistencia de la Escritura Pública Nº 542/2013, por no cursar la misma en la Notaria de Fe Pública Nº 6 y que no tiene relación con la presente causa, emitiendo criterios arbitrarios.

b) Errónea valoración de la prueba, consistentes en copias de un proceso de nulidad, los cuales no fueron compulsados conforme al objeto del transcurso y los hechos a probar, al contrario, señala el tribunal que sería prueba de la existencia de la supuesta Escritura Pública Nº 542/2013, cuando uno de los argumentos de aquella demanda de nulidad es la afirmación de Marcelo Linares Escobar negando dicho acto. Y consistentes en los informes de derechos reales que serían suficientes para reconocer la existencia de la supuesta escritura.

Fundamentos por los cuales, solicitó se case el Auto de Vista recurrido.

2. Contestación al recurso de casación:

La parte demandada no responde al recurso de casación.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. Sobre el principio dispositivo y su influencia en la determinación del objeto del proceso en el proceso civil.

El principio dispositivo constituye un pilar fundamental del proceso civil, en virtud del cual se entiende que la tutela jurisdiccional de los derechos e intereses solo puede iniciarse a petición de parte, de ahí que tanto la iniciación del proceso como el contenido del objeto del mismo corresponde atribuirlo exclusivamente a las partes, ello sin perjuicio de la facultad del juzgador para hacer un ajuste razonable a la postulación de las partes en contienda.

De lo expuesto se puede inferir que, en el proceso civil, el objeto del proceso es fijado por las partes, demandante y demandado y/o reconvencionista, quienes al solicitar la protección de sus derechos e intereses legítimos deben manifestar de modo claro y preciso dicha solicitud.

La formulación del principio dispositivo en la dogmática procesal civil, puede conceptuarse como aquel que en el proceso civil “atribuye a las partes la tarea de estimular la actividad judicial y aportar los materiales del proceso”. Maite Aguirrezabal Grünstein.

Palacio lo define como “Aquel en cuya virtud se confía a la actividad de las partes tanto el estímulo de la función judicial como la aportación de materiales sobre los que ha de versar la decisión del juez”, agregando Oteiza que el principio dispositivo supone “el dominio de la parte sobre el derecho que sustenta su pretensión”.

Tradicionalmente este principio, que se explica con la formula nemo iudex sine actore, confía a las partes el inicio del proceso civil y la aportación del material probatorio.

El principio dispositivo conforme señala Calamandrei, es “la proyección en el campo procesal de aquella autonomía privada en los límites señalados por la ley, que encuentra su más enérgica afirmación en la tradicional figura del derecho subjetivo y, mientras la legislación substancial reconozca la autonomía, el principio dispositivo debe ser coherentemente mantenido en el proceso civil, como expresión insuprimible del poder reconocido a los particulares de disponer de su propia esfera jurídica”.

III.2. Sobre la fijación del objeto del proceso y el principio dispositivo.

La fijación del objeto del proceso puede ser definido como “aquello sobre lo que, en cada proceso, se proyecta la actividad jurisdiccional o procesal: la del juzgador y la de las partes”, y que se fija principalmente en los escritos de discusión.

Este último se traduce en el aforismo ne eat iudex ultra petita partium, que significa que el Juez no puede dar a las partes más de lo que piden y que la determinación del objeto del proceso en el ámbito civil corresponde exclusivamente a las partes, sin perjuicio de que el juzgador pueda hacer un ajuste razonable a sus solicitudes, sin que ello signifique alterar la pretensión central. En consecuencia, la identificación del objeto de la causa se efectúa en la demanda, en la que no solo se exige la identificación de las partes, sino también de los hechos y fundamentos de derecho en los que se afirma, debiendo fijarse además con claridad y precisión lo que se pide, sobre cuya base el tercero cuyo interés se exige subordinar responde o contesta la demanda, puede a su vez coincidir en las afirmaciones del actor, contradecirlas o negarlas, o bien hacer afirmaciones diversas.

III.3. De la expresión de reclamos en el recurso de casación.

El art. 271.I del Código Procesal Civil señala: “El recurso de casación se funda en la existencia de una violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, sea en la forma o en el fondo. Procederá también cuando en la apreciación de las pruebas se hubiera incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación manifiesta de la autoridad judicial”, en concordancia con la citada normativa el art. 274 párrafo I numeral 3) del citado código indica: “Expresará, con claridad y precisión, la ley o leyes infringidas, violadas o aplicadas indebida o erróneamente interpretadas, especificando en qué consiste la infracción, la violación, falsedad o error, ya se trate de recurso de casación en el fondo, en la forma o en ambos. Estas especificaciones deberán hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales anteriores, ni suplirse posteriormente”.

Mostrando 42 de 83 parrafos.

Texto del fallo

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