Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
SALA PENAL LIQUIDADORA
Auto Supremo Nº: 203/2013
Fecha: Sucre, 06 de junio de 2013
Distrito: La paz
Expediente: 65/2011
Partes: José Antonio Maldonado Luna y Alejandra Maldonado Sánchez c/ Juan León Plata
Calahumana
Delito: Despojo, Alteración de Linderos y Perturbación de Posesión
Recurso: Casación
VISTOS: Los autos correspondientes al Recurso de Casación cursantede fs. 354 a 356 interpuesto por Juan León Plata Calahumana, impugnando la resolución jurisdiccional contenida en el Auto de Vista No. 227 de 02 de marzo de 2011 de fs. 333 a 335, pronunciada por la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso de acción penal privada seguido porJosé Antonio Maldonado Luna y Alejandra Maldonado Sánchez contra el recurrente, por la presunta comisión de los delitos deDespojo, Alteración de Linderos y Perturbación de Posesión, previstos y sancionados por los arts. 351, 352 y 353 del Código Penal; los antecedentes de la causa; y,
CONSIDERANDO I: Que, el Juzgado Segundo de Sentencia de la ciudad del El Alto del Distrito Judicial deLa Paz, pronunció la Sentencia No. 14 de 11 de octubre de 2010 cursante de fs. 291 a 298, declarando al procesado Juan León Plata Calahumana autor y culpable de la comisión de los delitos de Despojo, Alteración de Linderos y Perturbación de Posesión, previstos y sancionados por los arts. 351, 352 y 353 del Código Penal, imponiéndole la pena privativa de libertad de 3 años y 6 meses de reclusión a cumplir en el Penal de San Pedro de la ciudad de La Paz, más la imposición de costas a favor del Estado y de la parte querellante, así como al pago de daños y perjuicios. Por otro lado, el procesado fue declarado absuelto de la comisión de los delitos de Abuso de Confianza y Usurpación Agravada, previstos y sancionados por los arts. 346 y 355 del Código Penal.
Que, la Sentencia pronunciada por el Juez de la causa fue objeto de impugnación por parte del procesado a través del Recurso de Apelación Restringida cursante de fs. 311 a 315 vta.,alegando como motivos de su Recurso de Apelación que (1) el Juez de Sentencia no tomó en cuenta el abandono de querella en que incurrió la mandataria del querellante, merced a la nulidad de obrados que se dispuso; (2) que se incurrió en defectuosa valoración de la prueba, ya que no se probó que le hubiera visto invadir el inmueble y menos aún que haya expulsado al poseedor y que (3) se incurrió en aplicación errona de la Ley penal sustantiva.
Que, previos los trámites recursivos seguidos por las correspondientes autoridades jurisdiccionales, el Tribunal de Apelación, conformado en el caso de autos por la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, pronunció la resolución jurisdiccional contenida en el Auto de Vista No. 227 de 02 de marzo de 2011 de fs. 333 a 335, declarando Improcedentes los motivos de la apelación plateada, confirmando en consecuencia la sentencia impugnada.
CONSIDERANDO II: Que, a través del Recurso de Casación interpuesto por Juan León Plata Calahumana, esta parte impugna la decisión contenida en el Auto de Vista No. 227 de 02 de marzo de 2011 de fs. 333 a 335, alegando que el Tribunal ad quem, no tomó en cuenta que (1) la mandataria del querellante incurrió en abandono de querella y por lo mismo carecía de legitimación procesal, señalando que al respecto el Tribunal de Apelación habría actuado en contradicción del precedente contradictorio contenido en el Auto Supremo N° 177 de 27 de marzo de 2006 y que (2) tampoco el Tribunal de alzada advirtió que el Juez de Sentencia incurrió en una defectuosa valoración de la prueba, cuando en su Recurso de Apelación Restringida lo que solicitó fue el control jurídico sobre la valoración y no una revalorización de la prueba, por lo que postula que el Tribunal de Apelación también actuó en contradicción del precedente contradictorio contenido en el Auto Supremo N| 30 de 26 de enero de 2007.
CONSIDERANDO III: Que, desde una perspectiva amplia, señala ORTELLS RAMOS, el medio de impugnación se define como el instrumento legal puesto a disposición de las partes, destinado a atacar una resolución judicial para provocar su reforma, su anulación o bien su nulidad. Así, el principio de legalidad exige tanto resoluciones ajustadas a la Ley como materialmente justas, lo cual además se engarza además en el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional: la resolución judicial debe ser fundada y guardar armonía con la Ley y los valores que inspiran el ordenamiento jurídico. Precisamente para garantizar esta sumisión de la decisión judicial a la ley y a la justicia existen los medios de impugnación, con los cuales se configura una verdadera actividad depuradora como garantía o derecho de los justiciables.
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