AS/0204/2025

Texto del fallo

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SALA PLENA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

<table style="margin:0 0 0 0;"><tbody><tr><td style="padding:0 720 0 720;">AUTO SUPREMO Nº

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:204/2025

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">EXPEDIENTE Nº

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:28/2023

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">PROCESO

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:Extradición.

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">PARTES

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:Embajada de la República Federativa de Brasil contra Luan Goncalves Ferreira.

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">MAGISTRADO TRAMITADOR

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:Primo Martínez Fuentes.

</td>

</tr>

<tr><td style="border-width:0 0 100 0;border-color:#000000;padding:0 720 0 720;border-style:solid;mso-element:para-border-div;">FECHA

</td>

<td style="border-width:0 0 100 0;border-color:#000000;padding:0 720 0 720;border-style:solid;mso-element:para-border-div;">:16 de septiembre de 2025

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

VISTOS EN SALA PLENA. La solicitud de extradición del ciudadano brasileño, Luan Gonçalves Ferreira; la Nota Clasificación: URGENTE GM-DGAJ-UAJI-Cs-3682/2023 de 11 de octubre, remitida por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores; el Acuerdo sobre Extradición entre los Estados Partes del Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile ratificado por Bolivia mediante Ley 2830 de 3 de septiembre de 2004; el Dictamen del Fiscal General del Estado y los antecedentes del proceso.

CONSIDERANDO I: ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD DE DETENCIÓN PREVENTIVA CON FINES DE EXTRADICIÓN.

La Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia remite la Nota Clasificación: MUY URGENTE GM-DGAJ-UAJI-Cs-3682/2023 de 11 de octubre (fs. 198), remitiendo la Nota Nº 424 de 11 de septiembre de 2023 (fs. 3 original y fs. 4 traducción) de la Embajada de la República Federativa del Brasil, solicitando la detención preventiva y petición formal de extradición del reclamado a extradición (fs. 5 a 196 vta.) a la que se adjuntan los antecedentes del proceso penal.

CONSIDERANDO II: DETENCIÓN PREVENTIVA CON FINES DE EXTRADICIÓN.

Mediante el Auto Supremo 278/2023 de 28 de noviembre (fs. 201 a 202vta.) se determinó la detención preventiva con fines de extradición de Luan Gonçalves Ferreira.

CONSIDERANDO III: ANTECEDENTES PENALES DEL EXTRADITABLE.

Los Tribunales Departamentales de Justicia de Potosí (fs. 5 a 10 del Anexo 1), Pando (fs. 13 del Anexo 1), Beni (fs. 24 a 64 del Anexo 1), Chuquisaca (fs. 67 a 121 del Anexo 1), Tarija (fs. 126 a 153 del Anexo 1), Cochabamba (fs. 160 a 203 del Anexo 1), La Paz (fs. 207 a 263 del Anexo 2), Oruro (fs. 399 del Anexo 2 a 441 del Anexo 3) y Santa Cruz (fs. 608 a 700 del Anexo 4), informan que el reclamado a extradición, Luan Gonçalves Ferreira, no tiene procesos penales iniciados y concluidos en su contra en 8 Distritos Judiciales, excepto en el Tribunal Departamental de Justicia del Beni donde ha sido condenado a cumplir pena privativa de libertad de 8 años por el delito de Transporte de Sustancias Controladas previsto en el art. 55 de la Ley 1008 y de 3 años de pena privativa de libertad por el delito de evasión establecido en el art. 180 del Código Penal.

El Consejo de la Magistratura informa que Luan Gonçalves Ferreira, no registra antecedente penal referido a sentencia condenatoria ejecutoriada, declaratoria de rebeldía o suspensión condicional del proceso (fs. 16 del Anexo 1).

CONSIDERANDO IV: DETENCIÓN PREVENTIVA CON FINES DE EXTRADICIÓN.

Del Informe DDI-DIVTRTF Nº 1354/2025 de 22 de julio (fs. 1033 a 1033 vta.), se tiene que, el 17 de julio de 2025, se dio ejecución al mandamiento de detención preventiva por intermedio de INTERPOL Santa Cruz y se notificó personalmente a Luan Gonçalves Ferreira, con Auto Supremo 278/2023 de 28 de noviembre, que dispone la detención preventiva del citado reclamado a extradición en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz-Palmasola.

CONSIDERANDO V: DICTAMEN DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO.

El Dictamen FGE/RRMM Nº 29/2025 de 5 de septiembre emitido por el Fiscal General del Estado (fs. 233 a 236) expresamente señala: “(…) habiendo el Estado Requirente remitido la solicitud de extradición mediante Nota Clasificación: URGENTE Nota GM-DGAJ-UAJI-Cs-3682/2023 de 11 de octubre de 2023, con la suma: Solicitud Formal de Extradición-Caso LUAN GONÇALVES FERREIRA y Nota Clasificación URGENTE Nota GM-DGAJ-UAJI-Cs-1571/2024 de 10 de mayo de 2024, con la suma: Estado Actual-Extradición Caso LUAN GONÇALVES FERREIRA, acompañando a la misma la documentación pertinente, con lo cual se tiene cumplidos los requisitos formales y de fondo exigibles; el suscrito Fiscal General del Estado REQUIERE que declare PROCEDENTE LA EXTRADICION CON EJECUCION DIFERIDA de LUAN GONÇALVES FERREIRA, , conforme señala el art. 153 Num. 1) del Código de Procedimiento Penal la misma a raíz de que se tiene sentencias condenatorias pendientes a ser cumplidas”. (sic).

CONSIDERANDO VI: FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y NORMATIVOS.

La extradición es un procedimiento solemne y formal, regida por requisitos y reglas previstas en un tratado o convenio bilateral o multilateral específico o en su ausencia por el principio de reciprocidad, que permite la entrega por un Estado (el Estado requerido) de un individuo que se encuentra en su territorio, a otro Estado (el Estado requirente), a los fines de ser sometido a un proceso judicial o a la ejecución de una pena impuesta en su contra.

En ese sentido, los tratados internacionales se constituyen en fundamento legal esencial de la Cooperación Penal Internacional en todo el mundo y ante su ausencia, debe primar el principio universal de reciprocidad, el cual cobra especial relevancia; en ese sentido, en la cooperación internacional, los tratados son el más formal de los instrumentos que se puede utilizar tanto en casos de asistencia jurídica, como de extradiciones, cooperación internacional por excelencia, cobrando relevancia en ese contexto lo previsto en el art. 255.I de la Constitución Política del Estado (CPE), que señala: “I. Las relaciones internacionales y la negociación, suscripción y ratificación de los tratados internacionales responden a los fines del Estado en función de la soberanía y de los intereses del pueblo.”, disposición concordante con el art. 257.I de la CPE, que determina: “I. los tratados internacionales ratificados forman parte del ordenamiento jurídico interno con rango de ley.”

Ahora bien, el art. 3 del Código Penal (CP), señala: “Ninguna persona sometida a la jurisdicción de las leyes bolivianas podrá ser entregada por extradición a otro Estado, salvo que en un tratado internacional o convenio de reciprocidad disponga lo contrario. La procedencia o improcedencia de la extradición será resuelta por la Corte suprema. En caso de reciprocidad, la extradición no podrá efectuarse si el hecho por el que se reclama no constituye un delito conforme a la ley del Estado que pide la extradición y del que la debe conceder.”

Así también, el art. 149 del Código de Procedimiento Penal (CPP), dispone: “La extradición se regirá por las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y subsidiariamente por las normas del presente Código o por las reglas de reciprocidad cuando no exista norma aplicable”.

Por su parte, el art. 150 del CPP, en cuanto a la procedencia de la extracción, dispone: "Procederá la extradición por los delitos que en la legislación de ambos Estados, se sancionen con penas privativas de libertad cuyo mínimo legal sea de dos o más años y tratándose de nacionales cuando el mínimo legal sea superior a dos años. La extradición de una persona para el cumplimiento de una pena en el Estado requirente, será procedente cuando quede por cumplir por lo menos un año de la condenó”.

La normativa nacional determina criterios que deben ser cumplidos para que se procese una solicitud de extradición; así el art. 157 del CPP, establece: "Toda solicitud de extradición será presentada al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, acompañada de la identificación más precisa de la persona extraditable, de los datos que contribuyan a determinar el lugar en el que se encuentre y del texto autenticado de la disposición legal que tipifica el delito. Toda la documentación exigida deberá acompañarse de una traducción oficial al idioma español. Cuando la persona esté procesada, deberá acompañarse además el original o copia autenticada de la resolución judicial de imputación que contenga la tipificación del delito, incluyendo una referencia al tiempo y lugar de su comisión y del mandamiento de detención emitido por una autoridad judicial competente. Cuando la persona haya sido condenada, deberá acompañarse además el original o copia autenticada de la sentencia condenatoria y la certificación correspondiente a su ejecutoria señalando, en su caso, el resto de la pena que le quede por cumplir".

Las relaciones internacionales en materia de extradición entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la República Federativa del Brasil como país requirente se encuentran regidas por el Acuerdo sobre Extradición entre los Estados Partes del Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile ratificado mediante Ley N° 2830 de 3 de septiembre de 2004.

En este contexto, las relaciones internacionales sobre extradición entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la República Federativa de Brasil (Estado Requirente) se encuentran reguladas por las siguientes normas:

ARTÍCULO 1 Obligación de conceder la extradición

“Los Estados Partes se obligan a entregarse recíprocamente, según las reglas y las condiciones establecidas en el presente Acuerdo, a las personas que se encuentren en sus respectivos territorios y sean requeridas por las autoridades competentes de otro Estado Parte, para ser procesadas por la presunta comisión de algún delito, para que respondan a un proceso en curso o para la ejecución de una pena privativa de libertad”.

ARTÍCULO 2 Delitos que dan lugar a la extradición

“1. Darán lugar a la extradición los hechos tipificados como delito por las leyes del Estado Parte requirente y del Estado Parte requerido, cualquiera sea la denominación de los delitos, que sean punibles en ambos Estados con una pena privativa de libertad cuya duración máxima no sea inferior a dos años (…)”.

“5. Cualquier delito que no esté expresamente exceptuado en el Capítulo III del presente Acuerdo dará lugar a la extradición, siempre que cumpla con los requisitos previstos en el Artículo 3 (…)”.

ARTÍCULO 3 Jurisdicción, doble incriminación y pena

“Para que la extradición sea considerada procedente es necesario:

a) que el Estado Parte requirente tenga jurisdicción para conocer en los hechos que fundan la solicitud, salvo cuando el Estado Parte requerido tenga jurisdicción para entender en la causa;

b) que en el momento en que se solicita la extradición los hechos que fundan el pedido satisfagan las exigencias del artículo 2 del presente Acuerdo”.

ARTÍCULO 9 Prescripción

“No se concederá la extradición cuando la acción o la pena estuvieren, prescriptas conforme a la legislación del Estado Parte requirente o del Estado Parte requerido”.

ARTÍCULO 14 Principio de la especialidad

“1. La persona entregada no será detenida, juzgada ni condenada en el territorio del Estado Parte requirente por otros delitos cometidos con anterioridad a la fecha de la solicitud de extradición y no contenidos en ésta (…)”.

ARTÍCULO 18 Solicitud

“1. La solicitud de extradición será transmitida por vía diplomática. Su diligenciamiento será regulado por la legislación del Estado Parte requerido.

2. Cuando se tratare de una persona no condenada, la solicitud de extradición deberá ser acompañada por el original o copia de la orden de prisión o resolución equivalente, conforme a la legislación del Estado Parte requerido, emanado de la autoridad competente.

3. Cuando se trate de una persona condenada, la solicitud de extradición deberá ser acompañada por el original o la copia de la sentencia condenatoria o un certificado de que la misma no fue totalmente cumplida y del tiempo que faltó para su cumplimiento.

4. En las hipótesis señaladas en los párrafos 2 y 3, también deberán acompañarse a la solicitud:

i) una descripción de los hechos por los cuales se solicita la extradición, debiéndose

indicar el lugar y fecha en que ocurrieron, su calificación legal y la referencia, a las disposiciones legales aplicables;

ii) todos los datos conocidos sobre la identidad, nacionalidad, domicilio o residencia de la persona reclamada y, si fuere posible, su fotografía, huellas digitales y otros medios que permitan su identificación;

iii) copia o transcripción auténtica de los textos legales que tipifican y sancionan el

delito, identificando la pena aplicable, los textos que establezcan la jurisdicción de la Parte requirente para conocer de ellos, así como una declaración de que la acción y la pena no se encuentran prescriptas, conforme a su legislación.

5. En el caso previsto en el Artículo 13, se incluirá una declaración mediante la cual el Estado Parte requirente asume el compromiso de no aplicar la pena de muerte o la pena privativa de libertad a perpetuidad obligándose a aplicar, como pena máxima, la pena mayor admitida por la legislación penal del Estado Parte requerido”.

ARTÍCULO 22 Decisión y entrega

“1. El Estado Parte requerido comunicará sin demora al Estado Parte requirente, por vía diplomática, su decisión con respecto a la extradición.

2. Cualquier decisión denegatoria, total o parcial, respecto al pedido de extradición, será fundada.

3. Cuando se haya otorgado la extradición, el Estado Parte requirente será informado del lugar y la fecha de entrega, así como de la duración de la detención cumplida por la persona reclamada con fines de extradición.

4. Si en el plazo de 30 días corridos, contados a partir de la fecha de la notificación, el Estado Parte requirente no retirare a la persona reclamada, ésta será puesta en libertad, pudiendo el Estado Parte requerido denegar posteriormente la extradición por los mismos hechos.

5. En caso de fuerza mayor o de enfermedad grave debidamente comprobada que impidan u obstaculicen la entrega o la recepción de la persona reclamada, tal circunstancia será informada al otro Estado Parte, antes del vencimiento del plazo previsto en el párrafo anterior, pudiéndose acordar una nueva fecha para la entrega y recepción.

6. En el momento de la entrega de la persona reclamada, o tan pronto como sea posible, se entregarán al Estado Parte requirente la documentación, bienes y otros objetos que, igualmente, deban ser puestos a su disposición, conforme a lo previsto en el presente Acuerdo.

7. El Estado Parte requirente podrá enviar al Estado Parte requerido, con la anuencia de éste, agentes debidamente autorizados para colaborar en la verificación de la identidad del extraditado y en la conducción de éste al territorio del Estado Parte requirente. Estos agentes estarán subordinados, en su actividad, a las autoridades del Estado Parte requerido”.

ARTÍCULO 23 Aplazamiento de la entrega

“1. Cuando la persona cuya extradición se solicita esté sujeta a proceso o cumpliendo una condena en el Estado Parte requerido por un delito diferente del que motiva la extradición, éste deberá igualmente resolver sobre la solicitud de extradición y notificar su decisión al Estado Parte requirente.

2. Si la decisión fuere favorable, el Estado Parte requerido podrá aplazar la entrega hasta la conclusión del proceso penal o hasta que se haya cumplido la pena. No obstante, si el Estado Parte requerido sancionare el delito que funda el aplazamiento con una pena cuya duración sea inferior a la establecida en el párrafo 1 del Artículo 2 de este Acuerdo, procederá a la entrega sin demora.

3. Las responsabilidades civiles derivadas del delito o cualquier proceso civil al que se encuentre sujeta la persona reclamada no podrán impedir o demorar la entrega.

4. El aplazamiento de la entrega suspenderá el computo del plazo de la prescripción en las actuaciones judiciales que tuvieren lugar en el Estado Parte requirente por los hechos que motivan la solicitud de extradición”.

CONSIDERANDO VII: RESOLUCIÓN DEL CASO.

El Tribunal Supremo de Justicia, se pronuncia sobre el fondo de la solicitud de extradición del ciudadano brasileño, Luan Gonçalves Ferreira y analiza los diversos aspectos que resultan imprescindibles para la procedencia de la extradición, así, se ponderan los siguientes: a) Cumplimiento de los principios establecidos en el Tratado; b) Cumplimiento de los requisitos exigidos en el Tratado y documentación adjunta a la solicitud de extradición.

1. Cumplimiento de los principios establecidos en el Acuerdo. El Acuerdo sobre Extradición entre los Estados Partes del Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile, estable los siguientes principios a revisar:

a) Principio de doble incriminación previsto en el art. 2 del Acuerdo que señala: “1. Darán lugar a la extradición los hechos tipificados como delito por las leyes del Estado Parte requirente y del Estado Parte requerido, cualquiera sea la denominación de los delitos, que sean punibles en ambos Estados con una pena privativa de libertad cuya duración máxima no sea inferior a dos años. 2. Si la extradición fuera requerida para la ejecución de una sentencia se exigirá, además, que la parte de la pena que aún quede por cumplir no sea inferior a seis meses. 3. Si la extradición requerida por uno de los Estados Partes estuviere referida a delitos diversos y conexos, respetando el principio de la doble incriminación para cada uno de ellos, bastará con que uno de los mismos satisfaga las exigencias previstas en este artículo para que pueda concederse la extradición, inclusive con respecto de los otros delitos (…)”.

Con respecto a estos requisitos, se debe considerar que los delitos de robo agravado y corrupción menores previstos en el art. 2 del Código Penal Brasileño y art. 244-B del Estatuto del Niño, son considerados en la República Federativa del Brasil como delitos conexos, en razón a que se habría influido en un menor para cometer el delito robo agravado, empero en el Estado Plurinacional de Bolivia, el delito de robo agravado y corrupción de niña, niño y adolescente son considerados como delitos independientes, por ello, el delito de robo agravado establecido en el art. 332 del Código Penal Boliviano tiene como bien jurídicamente protegido el patrimonio y el delito de corrupción de niña, niño y adolescente establecido en el art. 318 del Código Penal Boliviano, tiene como bien jurídico protegido la moral sexual, en razón a ello, solo se cuenta cumplido con similar tipificación, el delito de robo agravado.

Además, se considera cumplido el requisito de que la pena que aún quede por cumplir no sea inferior a seis meses, puesto que conforme a la solicitud formal de extradición todavía restan 7 años, 8 meses y 3 días por cumplir de la condena impuesta en la República Federativa del Brasil.

b) Principio de especialidad establecido en el art. 14.1 del Acuerdo que dispone: “La persona entregada no será detenida, juzgada ni condenada en el territorio del Estado Parte requirente por otros delitos cometidos con anterioridad a la fecha de la solicitud de extradición y no contenidos en ésta (…)”, este principio se considera ejecutado, puesto que, si bien no existe compromiso expreso para el efecto, el 2º Juzgado Criminal de Ariquemes- Tribunal de Justicia del Estado de Rondonia, solita la extradición para cumplir sentencia en calidad de cosa juzgada e inmodificable y por ello, expresamente se señala en la citada solicitud formal de extradición: “ (…) FUGITIVO BUSCADO PARA CUMPLIR SENTENCIA (…) Acusaciones por las cuales fue condenado: Robo agrvad y corrupción de menores. Leyes aplicables al crimen: Artículo, 2º parágrafo del Código Penal Brasileño. Artículo 244-B del Estatuto del Niño y Adolescentes. Sentencia impuesta: 8 años (…)”. (sic).

c) Principio de legalidad, establecido en los arts. 2. núm. 1. y 5 núm. 1. del Acuerdo que respectivamente disponen: art. 2 núm. 1.: “Darán lugar a la extradición los hechos tipificados como delito por las leyes del Estado Parte requirente y del Estado Parte requerido, cualquiera sea la denominación de los delitos, que sean punibles en ambos Estados con una pena privativa de libertad cuya duración máxima no sea inferior a dos años”; y art. 5 núm. 1.: “Delitos Políticos. 1. No se concederá la extradición por delitos que el Estado Parte requerido considere políticos o conexos con delitos de esta naturaleza. La mera invocación de un fin o motivo político, no implicará que éste deba necesariamente calificarse como tal”.

En el presente caso solo se considera ejecutado, la similar tipificación y pena sancionado que no sea menor a 2 años en relación al delito de robo agravado, puesto que, los delitos de robo agravado y corrupción menores previstos en los arts. 2 del Código Penal Brasileño y art. 244-B del Estatuto del Niño, son considerados en la República Federativa del Brasil como delitos conexos, en razón a que se habría influido en un menor para cometer el delito robo agravado, sin embargo, en el Estado Plurinacional de Bolivia, el delito de robo agravado y corrupción de niña, niño y adolescente son considerados como delitos independientes, por ello, el delito de robo agravado establecido en el art. 332 del Código Penal Boliviano tiene como bien jurídicamente protegido el patrimonio y el delito de corrupción de niña, niño y adolescente establecido en el art. 318 del citado Código, tiene como bien jurídico protegido la moral sexual.

Asimismo, la pena por la que se ha sancionado conforme a la solicitud formal de extradición es de 8 años y no se ha impuesto una sanción penal por un delito político de acuerdo a la legislación penal interna boliviana.

2. Cumplimiento de los requisitos exigidos en el Acuerdo y documentación a adjuntar a la solicitud de extradición. El Acuerdo sobre Extradición entre los Estados Partes del Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile, en su art. 18 estable los siguientes requisitos a examinar:

<ol style="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><li style="margin:0 0 0 4800;">La solicitud de extradición será transmitida por vía diplomática. En el presente caso se considera cumplida esta exigencia, debido a que, se ha trasmitido la solicitud formal de extradición de la República Federativa del Brasil por intermedio de su Embajada y por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia.

</li>

<li style="margin:0 0 0 4800;">Cuando se trate de una persona condenada, la solicitud de extradición deberá ser acompañada por el original o la copia de la sentencia condenatoria o un certificado de que la misma no fue totalmente cumplida y del tiempo que faltó para su cumplimiento, sobre la ejecución del anterior requisito, la solicitud formal de extradición presenta certificación de que la pena impuesta no fue totalmente cumplida y del tiempo que falta para su cumplimiento, en ese sentido expresamente señala: “(…) FUGITIVO BUSCADO PARA CUMPLIR SENTENCIA (…) Acusaciones por las cuales fue condenado: Robo agravado y corrupción de menores. Leyes aplicables al crimen: Artículo, 2º parágrafo del Código Penal Brasileño. Artículo 244-B del Estatuto del Niño y Adolescentes. Sentencia impuesta: 8 años. Sentencia Remanente a ser cumplida: 7años, 8 meses y 3 días. Fecha Límite para la ejecución: 14/04/2026 (…)”.

</li>

<li style="margin:0 0 0 4800;">La solicitud deberá acompañar una descripción de los hechos por los cuales se solicita la extradición, debiéndose indicar el lugar y fecha en que ocurrieron, su calificación legal y la referencia, a las disposiciones legales aplicables. Sobre este respecto, el Tribunal Supremo de Justicia considera ejecutado este requisito, debido a que, la solicitud de extradición, en el apartado, resumen de los hechos del caso, señala expresamente: “(…) En la mañana del 15/08/2028, Luan Gonçalves Ferreira fue autor de dos robos con uso de armas de fuego, contra dos mujeres, en el Municipio de Ariquemes, Rondonia, habiendo también cometido el delito de corrupción de menores y su cómplice en el crimen era un menor de edad (16 años)”. Además, los tipos penales por los cuales se condenó a Luan Gonçalves Ferreira son robo agravado y corrupción menores prevista en los arts. 2 del Código Penal Brasileño y art. 244-B del Estatuto del Niño del Brasil.

</li>

<li style="margin:0 0 0 4800;">La solicitud deberá acompañar todos los datos conocidos sobre la identidad, nacionalidad, domicilio o residencia de la persona reclamada y, si fuere posible, su fotografía, huellas digitales y otros medios que permitan su identificación. En el caso de autos se considera realizado esta exigencia del Acuerdo, puesto que, en el apartado, informaciones de la persona procurada, se señala expresamente: “(…)Nombre : LUAN CONÇALVES FERREIRA. Sexo: masculino. Fecha de nacimiento: 05.05.2000. Nombre de la madre: Silvia Barrientos Gonçcalves. Nombre del padre: Juvenal Ferreira Cardoso. Natural de Ariquemes-Ariquemes,RO. Profesión: No informada(…)”.

</li>

<li style="margin:0 0 0 4800;">La solicitud deberá acompañar copia o transcripción auténtica de los textos legales que tipifican y sancionan el delito, identificando la pena aplicable, los textos que establezcan la jurisdicción de la Parte requirente para conocer de ellos, así como una declaración de que la acción y la pena no se encuentran prescriptas, conforme a su legislación. En el presente caso, se consideran realizados estos requisitos, en razón a que, expresamente se indica: “CERTIFICADO DE PRISION. Autos de ejecución de la pena n. 0004598-75.2018.8.22.0002. Director del Centro de Rehabilitación de Ariquemes, en el ejercicio de sus atribuciones legales que le confiere la ley. CERTIFICA que el reeducando LUAN GONÇALVES FERREIRA, hijo de Juvenal Barretos dos Santos y Silvia Barreiros Gonçalves, nacido el 05/08/2000, natural de Ariquemes/RO, incurrió en el art.157, Inc. II y &2º-A,Inc I (1º hecho), art. 244-B del Estatuto del Niño y del Adolescente (2º hecho), conforme el art. 70 de la Ley 2.840/40- Código Penal Brasileño, ingreso en este establecimiento penitenciario el 15/08/2028 en régimen cerrado (…)” . Además, en el apartado fugitivo buscado para cumplir sentencia se señala: “(…) Sentencia impuesta: 8 años. Sentencia Remanente a ser cumplida: 7años 8 meses y 3 días. Fecha Límite para la ejecución: 14/04/2026 (…)”.

</li>

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