AS/0208/2025

Texto del fallo

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SALA PLENA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

<table style="margin:0 0 0 0;"><tbody><tr><td style="padding:0 720 0 720;">AUTO SUPREMO Nº

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:208/2025

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">EXPEDIENTE Nº

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:35/2024

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">PROCESO

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:Extradición.

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">PARTES

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:Embajada de la República Argentina contra Wilma Capia Calle.

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">MAGISTRADO TRAMITADOR

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:Carlos Alberto Egüez Añez.

</td>

</tr>

<tr><td style="border-width:0 0 100 0;border-color:#000000;padding:0 720 0 720;border-style:solid;mso-element:para-border-div;">FECHA

</td>

<td style="border-width:0 0 100 0;border-color:#000000;padding:0 720 0 720;border-style:solid;mso-element:para-border-div;">:14 de octubre de 2025

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

VISTOS EN SALA PLENA. La solicitud de extradición de la ciudadana Wilma Capia Calle, de nacionalidad boliviana; el Auto Supremo 312/2024 de 30 de octubre, la formalización de la extradición mediante Nota Clasificación: MUY URGENTE GM-DGAJ-UAJI-Cs-3611/2024 de 5 de septiembre (fs. 31), remitida por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores; el Tratado de Extradición entre la República de Argentina y el Estado Plurinacional de Bolivia; el Dictamen del Fiscal General del Estado y los antecedentes del proceso.

CONSIDERANDO I: ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD DE DETENCIÓN PREVENTIVA CON FINES DE EXTRADICIÓN.

De la revisión de los antecedentes del trámite de extradición, se establece lo siguiente:

1.-Mediante Nota Clasificación MUY URGENTE GM-DGAJ-UAJI-Cs-3611/2024 de 5 de septiembre, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia remite la solicitud de extradición de la Embajada Argentina de Wilma Capia Calle (fs. 31).

2.- Por medio de la Nota REB N° 415/2024 de 29 de agosto (fs. 1), la Embajada de la República Argentina solicita materializar la detención y captura de Wilma Capia Calle, adjuntando los antecedentes del proceso penal.

CONSIDERANDO II: AUTO SUPREMO QUE DETERMINÓ LA DETENCIÓN PREVENTIVA CON FINES DE EXTRADICIÓN.

Mediante el Auto Supremo 312/2024 de 30 de octubre (fs. 95 a 98) se determinó la detención preventiva con fines de extradición de la ciudadana boliviana Wilma Capia Calle, ordenando al Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, comisionar al Juzgado de Instrucción en lo Penal de Turno de ése Distrito, la emisión de un Mandamiento de Detención Preventiva con fines de extradición, con ejecución en el ámbito nacional e informar la ejecución del mandamiento con auxilio de INTERPOL y la Policía Nacional boliviana.

CONSIDERANDO III: ANTECEDENTES PENALES DEL EXTRADITABLE.

Del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro (fs. 1 a 94), Tribunal Departamental de Justicia de Tarija (fs. 124 a 148), Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba (fs. 153 a 184), Tribunal Departamental de Justicia de Pando (fs.188 a 190), Tribunal Departamental de Justicia de Potosí (fs.194 a 202), Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca (fs.205 a 262), Tribunal Departamental de Justicia de Beni (fs.266 a 307), Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (fs.311 a 367) y Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz (fs.489 a 577), se remitieron informes de todos los Juzgados y Tribunales del país, especificando que la ciudadana Wilma Capia Calle, no tiene procesos penales vigentes o con Sentencia Condenatoria.

Cursa igualmente, el Informe de la Encargada de Registro Judicial de Antecedentes Penales del Órgano Judicial (fs. 111), señalando que la ciudadana Wilma Capia Calle, no registra antecedente penal referido a sentencia condenatoria ejecutoriada, declaratoria de rebeldía o suspensión condicional del proceso.

CONSIDERANDO IV: DETENCIÓN PREVENTIVA CON FINES DE EXTRADICIÓN. Mediante Auto Supremo 312/2024 de 30 de octubre de (fs. 95 a 98), a solicitud de la embajada de la República de Argentina se dispuso la Detención Preventiva con Fines de Extradición de la ciudadana boliviana Wilma Capia Calle, facultando a un Juez Cautelar de Instrucción de Turno en lo Penal del departamento de Oruro a expedir el mandamiento de detención, que podrá ser ejecutado en el ámbito nacional con auxilio de la INTERPOL y la Policía Boliviana.

Al respecto, el Director Departamental INTERPOL – Oruro hizo conocer al Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres N° 2 del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro (fs. 89), la ejecución del mandamiento de detención preventiva con fines de extradición de la ciudadana Wilma Capia Calle y al mismo tiempo la autoridad judicial comisionada, elevó la respectiva documentación por medio de la nota de 17 de enero 2025 (fs. 395).

En tal sentido, en cumplimiento al art. 158 del Código de Procedimiento Penal boliviano (CPP) y del decreto de 10 de julio de 2025 (fs. 581), se remitió antecedentes a la Fiscalía General del Estado.

CONSIDERANDO V: DICTAMEN DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO.

El Dictamen FGE/AMNMC N° 25/2025 de 15 de julio emitido por el Fiscal General del Estado (fs. 583 a 586) señala: “De conformidad a lo dispuesto en el Artículo 157 del Código de Procedimiento Penal y el Articulo 8 del Tratado de Extradición entre la República Argentina y el Estado Plurinacional de Bolivia, de 22 de agosto de 2013, sobre los requisitos de presentación para extradición así como los antecedentes referidos, el Ministerio Publico del Estado Plurinacional de Bolivia, en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad, al amparo del artículo 225 de la Constitución Política del Estado, el artículo 158 del Código de Procedimiento Penal y la atribución conferida por el Artículo 30 numeral 29 de la Ley N° 260 de 11 de julio de 2012, Ley Orgánica del Ministerio Público, habiendo cumplido la República Argentina, en su calidad de Estado Requirente, los requisitos exigibles para el presente tramite; el suscrito Fiscal General del Estado REQUIERE por que se declare PROCEDENTE LA EXTRADICIÓN, solicitada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe, contra la ciudadana WILMA CAPIA CALLE nacida el 5 de marzo de 1983, con DNI 94.308.903 y cedula de identidad boliviana N° 5061683, conforme señala el Art. 150 del Código de Procedimiento Penal.

Conforme a lo señalado, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, dispondrá cuanto corresponda en relación la efectivización de la entrega del extraditable.

Es dado en la ciudad de Sucre, a los quince días del mes de julio de dos mil veinticinco años.”(sic)

CONSIDERANDO VI: FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y NORMATIVOS.

La extradición es un procedimiento solemne y formal, regida por requisitos y reglas previstas en un tratado o convenio bilateral o multilateral específico o en su ausencia por el principio de reciprocidad, que permite la entrega por un Estado (el Estado requerido) de un individuo que se encuentra en su territorio, a otro Estado (el Estado requirente), a los fines de ser sometido a un proceso judicial o a la ejecución de una pena impuesta en su contra.

En ese sentido, los tratados internacionales se constituyen en fundamento legal esencial de la Cooperación Penal Internacional en todo el mundo y ante su ausencia, debe primar el principio universal de reciprocidad, el cual cobra especial relevancia; en ese sentido, en la cooperación internacional, los tratados son el más formal de los instrumentos que se puede utilizar tanto en casos de asistencia jurídica, como de extradiciones, cooperación internacional por excelencia, cobrando relevancia en ese contexto lo previsto en el art. 255.I de la Constitución Política del Estado (CPE), que señala: “I. Las relaciones internacionales y la negociación, suscripción y ratificación de los tratados internacionales responden a los fines del Estado en función de la soberanía y de los intereses del pueblo.”, disposición concordante con el art. 257.I de la CPE, que determina: “I. los tratados internacionales ratificados forman parte del ordenamiento jurídico interno con rango de ley.”

Ahora bien, el art. 3 del Código Penal (CP), señala: “Ninguna persona sometida a la jurisdicción de las leyes bolivianas podrá ser entregada por extradición a otro Estado, salvo que en un tratado internacional o convenio de reciprocidad disponga lo contrario. La procedencia o improcedencia de la extradición será resuelta por la Corte suprema. En caso de reciprocidad, la extradición no podrá efectuarse si el hecho por el que se reclama no constituye un delito conforme a la ley del Estado que pide la extradición y del que la debe conceder.”

Así también, el art. 149 del Código de Procedimiento Penal (CPP), dispone: “La extradición se regirá por las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y subsidiariamente por las normas del presente Código o por las reglas de reciprocidad cuando no exista norma aplicable”.

Por su parte, el art. 150 del CPP, en cuanto a la procedencia de la extracción, dispone: "Procederá la extradición por los delitos que en la legislación de ambos Estados, se sancionen con penas privativas de libertad cuyo mínimo legal sea de dos o más años y tratándose de nacionales cuando el mínimo legal sea superior a dos años. La extradición de una persona para el cumplimiento de una pena en el Estado requirente, será procedente cuando quede por cumplir por lo menos un año de la condenó”.

La normativa nacional determina criterios que deben ser cumplidos para que se procese una solicitud de extradición; así el art. 157 del CPP, establece: "Toda solicitud de extradición será presentada al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, acompañada de la identificación más precisa de la persona extraditable, de los datos que contribuyan a determinar el lugar en el que se encuentre y del texto autenticado de la disposición legal que tipifica el delito. Toda la documentación exigida deberá acompañarse de una traducción oficial al idioma español. Cuando la persona esté procesada, deberá acompañarse además el original o copia autenticada de la resolución judicial de imputación que contenga la tipificación del delito, incluyendo una referencia al tiempo y lugar de su comisión y del mandamiento de detención emitido por una autoridad judicial competente. Cuando la persona haya sido condenada, deberá acompañarse además el original o copia autenticada de la sentencia condenatoria y la certificación correspondiente a su ejecutoria señalando, en su caso, el resto de la pena que le quede por cumplir".

CONSIDERANDO VII: RESOLUCIÓN DEL CASO.

Habiéndose revisado los antecedentes de la solicitud de extradición de la ciudadana boliviana Wilma Capia Calle (requerido de extradición por la embajada de la República de Argentina), este Tribunal pasa a emitir pronunciamiento sobre el fondo de la misma en los siguientes términos:

1. Es aplicable al caso de autos, el Tratado de Extradición entre la República Argentina y el Estado Plurinacional de Bolivia de 22 de agosto de 2013 en su art. 8 establece los siguientes requisitos a examinar:

a) La solicitud de extradición deberá contener los datos de la persona reclamada, incluyendo su nacionalidad, descripción física, datos filiatorios, fotografía e impresiones digitales si estuvieran disponibles, como asimismo la información que se disponga sobre su paradero. Sobre este aspecto, el Tribunal Supremo de Justicia considera ejecutado este requisito, puesto que a fs. 5 de la solicitud de extradición, en el apartado II específicamente se indica: Partes del Proceso: Imputado/s: Wilma Cappia Calle y Felipe Rody Cussi Quispe;

b) La solicitud de extradición deberá contener datos completos de la autoridad requirente, incluyendo números de teléfono, fax y dirección de correo electrónico. Este requisito se considera verificado debido a que en la solicitud (fs. 4) manifiestamente se indica: “Nombre y cargo: Dr. José María Escobar Cello-Juez de Ejecución Penal, Dependencia: Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe, y Datos de contacto: Tel/Fax: 0342-452 0154/55/56 Fax N° 0342-4556333, Correo electrónico: <a href="mailto:tosantafe1@pjn.gov.ar">tosantafe1@pjn.gov.ar</a> y Dirección postal: Primera Junta 2687, Santa Fe, Código Postal 3000”;(sic)

c) El art. 8 inc. c) del Tratado de Extradición entre la República Argentina y el Estado Plurinacional de Bolivia de 22 de agosto de 2013, fija que: “ La solicitud de extradición se efectuará por escrito y deberá contener la siguiente información y documentación:…c) Copia certificada o legalizada, por la autoridad emisora, de la sentencia, orden de detención u otra resolución análoga, incluyendo los datos sobre dicha autoridad y la fecha de la emisión” y el último párrafo del citado artículo del Tratado dispone: “La documentación transmitida por las vías establecidas en el presente Tratado estará exenta de certificación o legalización, salvo lo establecido en el inciso c del presente artículo”.

d) La solicitud de extradición deberá contener copia o transcripción de las disposiciones legales de la Parte Requirente, que tipifiquen el delito, sobre este punto, el Tribunal Supremo de Justicia, lo considera verificado, en razón a que, la solicitud (fs. 6 y 7) manifiestamente señala: “V) Normas Aplicables, Norma penal que tipifica el hecho – Código Penal de la Nación Argentina- arts. 145 bis y ter incs. 1 y 6 anteúltimo y último párrafo del Código Penal: ARTICULO 145 bis. - Será reprimido con prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, el que ofreciere, captare, trasladare, recibiere o acogiere personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países, aunque mediare el consentimiento de la víctima. ARTICULO 145 ter. - En los supuestos del artículo 145 bis la pena será de cinco (5) a diez (10) años de prisión, cuando: 1. Mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, o concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima. 2. La víctima estuviere embarazada, o fuere mayor de setenta (70) años. 3. La víctima fuera una persona discapacitada, enferma o que no pueda valerse por sí misma. 4. Las víctimas fueren tres (3) o más. 5. En la comisión del delito participaren tres (3) o más personas. 6. El autor fuere ascendiente, descendiente, cónyuge, afín en línea recta, colateral o conviviente, tutor, curador, autoridad o ministro de cualquier culto reconocido o no, o encargado de la educación o de la guarda de la víctima. 7. El autor fuere funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad, policial o penitenciaria. Cuando se logrará consumar la explotación de la víctima objeto del delito de trata de personas la pena será de ocho (8) a doce (12) años de prisión. Cuando la víctima fuere menor de dieciocho (18) años la pena será de diez (10) a quince (15) años de prisión. ARTICULO 45.- Los que tomasen parte en la ejecución del hecho o prestasen al autor o autores un auxilio o cooperación sin los cuales no habría podido cometerse, tendrán la pena establecida para el delito. En la misma pena incurrirán los que hubiesen determinado directamente a otro a cometerlo. ARTICULO 65.- Las penas se prescriben en los términos siguientes: 1º. La de reclusión perpetua, a los veinte años; 2º. La de prisión perpetua, a los veinte años; 3º. La de reclusión o prisión temporal, en un tiempo igual al de la condena; 4º. La de multa, a los dos años. ARTICULO 66.- La prescripción de la pena empezará a correr desde la medianoche del día en que se notificare al reo la sentencia firme o desde el quebrantamiento de la condena, si ésta hubiese empezado a cumplirse. (sic)

e) La solicitud de extradición deberá contener la descripción del hecho, incluyendo circunstancias de tiempo, lugar y el grado de participación de la persona reclamada. Este requerimiento del Tratado se considera realizado en el presente caso, puesto que, en la solicitud de extradición textualmente se menciona (fs. 5): “I) Hechos que se investigan: Condenada como coautora del delito de trata de personas con fines de explotación laboral agravado (arts. 145 bis y ter, incs. 1 y 6, anteúltimo y último párrafo del Código Penal). La menor MCC, nacida y con residencia en el Estado Plurinacional de Bolivia, fue ingresada al país el día 12 de julio de 2012 -por el paso fronterizo La Quiaca Villazón- por su hermana mayor Wilma Capia Calle y Felipe Roddy Cussi Quispe. Luego fue trasladada a la ciudad de San Carlos Centro (prov. de Santa Fe) para trabajar en el comercio denominado "Modas Dany", ubicado en calle San Martin N° 999, abierto por sus guardadores para venta de indumentaria en el mes de noviembre de 2012. Los nombrados pergeñaron y ejecutaron todas las conductas tendientes a explotar laboralmente a MCC, habiendo sido condenados por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, agravado por haber mediado abuso de situación de vulnerabilidad de la víctima, por la consumación de la finalidad de explotación, por el grado de parentesco y ser encargado de la guarda, y por la minoridad de la víctima. Explotaron laboralmente de la menor MCC en los términos de los arts. 145 bis y ter inc. 1 y 6 del C.P., actuando con pleno conocimiento y voluntad, abusando de su condición de menor y valiéndose de la posición de guarda para obligarla a trabajar en condiciones inaceptables, Wilma Capia Calle fue condenada -mediante sentencia N° 57/16 de fecha 30 de agosto de 2016- a la pena de 10 años de prisión, la que cumplía bajo la modalidad domiciliaria hasta que se profugó. Le restan cumplir seis (6) años, ocho (8) meses y diecisiete (17) días de prisión.”(sic)

f) La solicitud de extradición deberá contener una manifestación acerca de que la acción o la pena no se encuentran prescritas, este aspecto concordante el art. 5 del Tratado. Sobre este punto, el Tribunal Supremo de Justicia, considera que este requisito ha sido ejecutado en la solicitud de extradición (fs. 7) al expresamente mencionar: “VI) Declaración acerca de la prescripción de la acción penal o de la pena. La pena impuesta a la condena Wilma Capia Calle no se encuentra prescrita el día de la fecha. La prescripción opera el 23/02/2025, conforme el computo de pena efectuado oportunamente.” (sic)

g) Finalmente dando respuesta a la extraditable quien mediante los memoriales (fs. 423 a 426 y fs. 429 a 432) solicita la ejecución diferida de la extradición por tener una hija infante de dos años; es preciso hacer mención al art. 153. (Ejecución diferida) del CPP que señala: “Se diferirá la ejecución de la extradición concedida cuando: 1) La persona requerida esté sometida a la jurisdicción penal de la República por un delito distinto de aquél por el que se hubiese solicitado la extradición, hasta la conclusión del procedimiento o ejecución de la pena impuesta, salvo el caso previsto en el numeral 5) del artículo 21 de este Código; 2) Se trate de una mujer embarazada o que tenga un hijo menor de un (1) año al momento de ejecutoriarse la resolución de extradición; y, 3) El extraditable se encuentre gravemente enfermo y la inmediata ejecución de la extradición ponga en peligro su vida, según el dictamen médico forense.”

En ese marco, se tiene el certificado de nacimiento de JJJ (fs. 397) que acredita que, su hija, nació el 1 de enero de 2023, y actualmente tiene más de dos años de vida; además de ello, se tiene el Informe Social MG/DGRP/DDRPO/TS 98/2024 de 17 de diciembre (fs. 399 a 400), elaborado por Geovana Flores Tancara, Trabajadora Social de la Dirección de Régimen Penitenciario de Oruro, informando que tiene conformado una familia que incluye su concubino y sus dos hijas de 15 y 12 años respectivamente, haciendo notar que la menor de 2 años vive con ella en el Centro Penitenciario “La Merced” de Oruro.

Considerando las especiales características del caso de autos, tomando en cuenta el control de convencionalidad y constitucionalidad y en una aplicación preferente del principio del interés superior de la Niña, Niño y Adolescente previsto en los arts. 60 de la CPE, 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, además de los arts. 9 y 12.a del Código Niña, Niño y Adolescente y ante la imposibilidad de determina una ejecución diferida por aplicación del art. 152.2 del CPP; se establece que, antes de que la extradición sea materializada, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, tome conocimiento del caso y en cumplimiento de sus competencias resguarde los derechos de las tres hijas de la extraditable, en especial de la menor que vive con ella en el centro penitenciario.

En conclusión, no existen causas que hagan improcedente la solicitud formulada en el marco del Tratado aplicado que tiene como propósito promover la cooperación entre las partes a fin de entregarse recíprocamente los delincuentes del otro Estado refugiados en el territorio, por lo que corresponde deferir favorablemente a la solicitud de extradición impetrada; asimismo, no existiendo vulneración a lo determinado en los arts. 150 y 151 del Código de Procedimiento Penal, corresponde resolver propiciamente la solicitud del requirente República de Argentina y ordenar la extradición del sujeto requerido.

POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida en los arts. 184.3 de la CPE, 38.2 de la LOJ, 50.3 y 150, 157 y 158 del CPP, FALLA DECLARANDO PROCEDENTE LA SOLICITUD DE EXTRADICIÓN de la ciudadana boliviana Wilma Capia Calle con C.I N° 5061683, para que sea entregada de manera inmediata conforme las formalidades legales, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores a la Embajada de la República Argentina.

Para cuyo efecto, se ordena que por Secretaría de Sala Plena se oficie, a la brevedad, al Tribunal Departamental de Justicia de Oruro para que el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Nº 2 de esa Capital, emita el correspondiente Mandamiento de Excarcelación, para la entrega del reclamado al Estado Requirente, República Argentina, sea a través de las autoridades administrativas del Ministerio de Relaciones Exteriores en coordinación con la Policía Boliviana e INTERPOL.

Teniendo en cuenta que, en el presente caso existen menores de edad, al amparo de los art. 185 y 188.b y k del Código Niña, Niño y Adolescente, se dispuso la notificación de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) para su correspondiente pronunciamiento.

Comuníquese la presente resolución al Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia y por su intermedio a la Embajada de la República Argentina para los fines de entrega y traslado del reclamado de extradición.

Regístrese, notifíquese, cúmplase.

Romer Saucedo Gómez

PRESIDENTE

Mostrando 108 de 215 parrafos.

Texto del fallo

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