AS/0209/2025

Texto del fallo

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SALA PLENA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

<table style="margin:0 0 0 0;"><tbody><tr><td style="padding:0 720 0 720;">AUTO SUPREMO Nº

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">: 209/2025

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">EXPEDIENTE Nº

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">: 7/2025

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">PROCESO

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">: Conflicto de Competencias

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">PARTES

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:Juzgado Público Civil y Comercial Duodécimo del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca y el Juzgado Público Civil y Comercial Noveno del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí.

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">MAGISTRADA TRAMITADORA

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:Fanny Coaquira Rodríguez.

</td>

</tr>

<tr><td style="border-width:0 0 100 0;border-color:#000000;padding:0 720 0 720;border-style:solid;mso-element:para-border-div;">FECHA

</td>

<td style="border-width:0 0 100 0;border-color:#000000;padding:0 720 0 720;border-style:solid;mso-element:para-border-div;">:14 de octubre de 2025

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

CONSIDERANDO I: ANTECEDENTES.

De la revisión de antecedentes del conflicto de competencias, se evidencia lo siguiente:

<ol style="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><li style="margin:0 0 0 4800;">David Araujo Viñola en representación de Alberto Alave Marino, Richard Alave Mamani, Edgar Alave Mamani, Lusmila Alave Mamani y Carla Alave Mamani, presentó en la vía voluntaria oferta de pago y consignación (fs. 17 a 21 vta.), quien a su vez acreditó su representación mediante poderes notariales otorgados en Potosí, Bolivia, y fundamenta su acción en una deuda reconocida en un documento público, Testimonio Nº 97/2024, a favor del acreedor Hanz Reinaldo Vega Callejas, la deuda asciende a $us 540,832.96, (Quinientos Cuarenta Mil Ochocientos Treinta y Dos 96/100 Dólares Americanos) con intereses del 3% mensual desde el 11 de septiembre de 2024, garantizada con un inmueble ubicado en la ciudad de Potosí.

Expone que sus representados cuentan con los fondos necesarios para cancelar la deuda, incluyendo intereses acumulados hasta el 18 de mayo de 2025, que suman $us 674,415.62.- (Seiscientos Setenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Quince 62/100 Dólares Americanos), (equivalente a Bs 4.693.932,72 al tipo de cambio oficial de 6.96 bolivianos por dólar); Sin embargo, el acreedor se niega a recibir el pago, lo que genera perjuicios económicos y limita la disposición de los bienes en garantía.

Para resolver esta situación, se interpone una oferta de pago y consignación judicial, basada en los arts. 302, 310, 316, 327, 328, 329 y 406 del Código Civil (CC), la solicitud busca que el juez ordene la emisión de una boleta de pago por el monto total adeudado y, en caso de persistir el rechazo del acreedor, proceder con la consignación judicial para liberar a los deudores de la obligación.

Finalmente, se solicita la citación del acreedor mediante comisión judicial dirigida a su similar en la ciudad de Sucre, conforme al art. 77 del Código Procesal Civil (CPC), para notificarlo de la acción voluntaria iniciada.

</li>

<li style="margin:0 0 0 4800;">Por Auto 01/2025 de 27 de mayo (fs. 23 y vta.), emitido por el Juez Público Civil y Comercial N° 9 de la Capital del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, con base en los arts. 1.13 y 16,10 y 12.2.a del Código Procesal Civil (CPC) en concordancia con el art. 11 y siguientes de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) determina que la autoridad competente, es la del domicilio real de la parte demandada o alternativamente, la del lugar donde deba cumplirse la obligación o donde se suscribió el contrato; y determinó que el demandado, Hanz Reinaldo Vega Callejas, tiene su domicilio real en la ciudad de Sucre, provincia de Oropeza, departamento de Chuquisaca; además, enfatiza que la competencia jurisdiccional es una facultad otorgada por ley, conforme al art. 12 de la Ley 025, y que su incumplimiento acarrea nulidad, según lo establecido en el art. 122 de la Constitución Política del Estado (CPE); y en consecuencia, declinó su competencia por razón de territorio y ordenó la remisión de obrados al Juzgado Público en materia Civil y Comercial de turno de la ciudad de Sucre del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.

</li>

<li style="margin:0 0 0 4800;">El demandante, interpuso Recurso de Reposición con alternativa de apelación (fs. 25 a 27), contra el Auto 01/2025 de 27 de mayo, que declinó la competencia del Juez Público Civil y Comercial N° 9 de la Capital del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, ordenando remitir el caso a Sucre, señalando que, la autoridad judicial aplicó erróneamente las reglas de competencia al priorizar el domicilio del demandado, cuando el art. 12 del CPC, no establece un orden jerárquico entre las reglas; además, que en acciones personales como esta, el demandante puede elegir entre el domicilio del demandado, el lugar de cumplimiento de la obligación o el de suscripción del contrato. En este caso, el contrato se firmó en Potosí, por lo que solicita la revisión del auto para que se declare la competencia del Juez de esa ciudad y se admita la demanda en la vía voluntaria. El referido Recurso Reposición con Alternativa de apelación contra el Auto de 27 de mayo de 2025, fue concedido en efecto devolutivo mediante Auto de 5 de julio de 2025 (fs. 27 vta.).

</li>

<li style="margin:0 0 0 4800;">Asimismo, cursa memorial presentado por David Araujo Viñola (fs. 29 y vta.), que solicitó el retiro del recurso de reposición con alternativa de apelación interpuesto contra el Auto del 27 de mayo de 2025, ante la preocupación por la dilación procesal y la acumulación de casos en los tribunales de alzada, solicitando la admisión de dicha renuncia y la remisión de los obrados al Juez competente en Sucre para que el proceso avanzara conforme a derecho, garantizando los derechos de las partes.

</li>

<li style="margin:0 0 0 4800;">Por Auto Definitivo 201 de 7 de julio de 2025 (fs. 33 a 34 vta.), emitido por el Juzgado Público Civil y Comercial 12vo. de la Capital del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, hace la distinción entre competencias específicas, que no son prorrogables, como las de materia, y competencias genéricas, que sí lo son como las territoriales, y hace la consideración de la posibilidad de prórroga tácita de la competencia territorial, conforme al art. 13 del CPC, y que la parte actora tenía derecho a elegir presentar la demanda en Potosí para activar dicha prórroga, en ejercicio del principio dispositivo. Finalmente, la resolución destaca la importancia de respetar el principio dispositivo y la posibilidad de prórroga tácita de la competencia territorial, cuestionando la decisión del Juzgado de Potosí de declinar su competencia sin evaluar estas opciones; en consecuencia, promueve conflicto de competencias.

</li>

</ol>

CONSIDERANDO II: MARCO LEGAL APLICABLE.

De acuerdo a la previsión contenida en el art. 11 de la LOJ, la jurisdicción es la potestad que tiene el Estado de administrar justicia, emana del pueblo y se ejerce por medio de las autoridades jurisdiccionales del Órgano Judicial; a su vez la competencia es la facultad que tiene cada Tribunal para ejercer jurisdicción en un determinado asunto; asimismo, el art. 15 de la norma antes descrita, dispone que el Órgano Judicial sustenta sus actos y decisiones en la Constitución Política del Estado, las Leyes y Reglamentos, respetando la jerarquía normativa y distribución de competencias establecidas por la Constitución.

En ese contexto, la LOJ, en su art. 38.1, dispone: "La Sala Plena del Tribuna! Supremo de Justicia tiene las siguientes atribuciones: 1. Dirimir conflictos de competencias suscitados entre los Tribunales Departamentales de Justicia y de juezas o jueces de distinta circunscripción departamental..."', estableciéndose así, la competencia de este Tribunal Supremo de Justicia para determinar el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Público Civil y Comercial N° 12 del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca y el Juzgado Público Civil y Comercial N° 9 del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí.

Por su parte, el art. 10 del CPC, establece el carácter y alcance de la competencia señalando: "La función jurisdiccional es indelegable y su ámbito abarca todo el territorio del Estado Plurinacional" concordante con el art. 11.I de la norma descrita precedentemente que señala: "La competencia de la autoridad judicial para conocer de un asunto se determina por razón de materia y territorio".

Las reglas de competencia se hallan traducidas en el art. 12 de la norma adjetiva civil, que establece lo siguiente:

“ARTÍCULO 12. (REGLAS DE COMPETENCIA). En el proceso civil se observarán las siguientes reglas de competencia:

1. En las demandas con pretensiones reales o mixtas sobre bienes en general,

será competente:

a) La autoridad judicial del lugar donde estuviere situado el bien litigioso o del domicilio de la parte demandada, a elección de la parte demandante.

b) Si los bienes fueren varios y estuvieren situados en lugares diferentes, el de aquel donde se encontrare cualquiera de ellos.

c) Si un inmueble abarcare dos o más jurisdicciones, el que eligiere la parte demandante.

2. En las demandas con pretensiones personales, será competente:

a) La autoridad judicial del domicilio real de la parte demandada.

b) El del lugar donde deba cumplirse la obligación, o el de donde fue suscrito el contrato, a elección del demandante.

c) En caso de contratos por medio electrónico, será competente la autoridad judicial pactada en el contrato, y a falta de éste, la autoridad judicial del domicilio real de la parte demandada, salvo que la Ley especializada disponga lo contrario.

3. En las sucesiones, será competente:

a) La autoridad judicial del lugar del último domicilio real de la o del causante, el de donde se hallare cualquiera de los bienes sucesorios.

b) Si el fallecimiento ocurriere en el extranjero, el del último domicilio real que la o el causante hubiere constituido en el Estado Plurinacional, o el de donde se hallare cualquiera de los bienes sucesorios.

ARTÍCULO 13. (PRÓRROGA DE LA COMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO). La competencia por razón de territorio se puede prorrogar únicamente por consentimiento expreso o tácito de las partes. En forma expresa, cuando ellas convienen en someterse a una autoridad judicial que para una o para ambas partes no es competente; en forma tácita, cuando la parte demandada contesta ante una autoridad judicial incompetente, sin oponer esta excepción.”.

CONSIDERANDO III: RESOLUCIÓN DEL CASO.

Ante el conflicto de competencias suscitado entre el Juzgado Público Civil y Comercial N° 12 del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca y el Juzgado Público Civil y Comercial N° 9 del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, corresponde realizar un análisis sistemático de las disposiciones legales pertinentes, así como de los principios procesales rectores del ordenamiento jurídico boliviano.

El conflicto se origina en el marco de una acción voluntaria de oferta de pago y consignación judicial, fundada en una obligación reconocida en documento público Testimonio N° 97/2024 de 22 de abril (fs. 13 a 16), garantizada con bien inmueble ubicado en la ciudad de Potosí, y cuyo acreedor tiene domicilio en la ciudad de Sucre.

En tal contexto, resulta imprescindible determinar si la autoridad judicial que inicialmente conoció la causa actuó dentro del ámbito de su competencia territorial conforme a las reglas establecidas por ley, o si, por el contrario, corresponde remitir el proceso a la jurisdicción territorial del domicilio del acreedor.

Al respecto, el art. 12.2.b del CPC prevé que, en pretensiones personales, será competente la autoridad judicial del domicilio real de la parte demandada, o alternativamente el del lugar donde deba cumplirse la obligación o donde fue suscrito el contrato, a elección de la parte demandante; en consecuencia, la norma otorga un margen de discrecionalidad razonable al demandante para definir, en el inicio del proceso, ante cuál de las jurisdicciones señaladas somete su pretensión.

En el presente caso, si bien se trata de una obligación personal (pago de deuda), dicha obligación se encuentra garantizada con un bien inmueble ubicado en Potosí, y fue documentada mediante instrumento público en esa misma ciudad, lo cual permite inferir que tanto la constitución del vínculo obligacional como la ejecución de la obligación se relacionan territorialmente con dicha jurisdicción, de igual forma, la parte actora optó válidamente por presentar la solicitud en el Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, activando de esta manera el principio dispositivo, en ejercicio legítimo de la prerrogativa conferida por el art. 12.2.b del CPC.

Asimismo, es pertinente considerar el art. 13 del mismo cuerpo legal, regula la prórroga tácita de la competencia territorial, la cual se entiende producida cuando la parte demandada contesta sin oponer la excepción correspondiente, si bien en el presente caso no se ha materializado dicha respuesta, ello no impide que el juez que previno en el conocimiento de la causa evalúe prima facie si existen condiciones normativas que habiliten su competencia conforme a una interpretación extensiva y finalista de las reglas de territorialidad.

A este efecto, la decisión de Jimena Quintana Cors Jueza del Juzgado Público Civil y Comercial N° 9 del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí al declinar competencia de manera automática y sin considerar las opciones facultativas previstas por el art. 12.2 del CPC, vulnera el principio dispositivo, y desatiende el carácter no exclusivo de la competencia territorial, la cual no puede ser interpretada de forma rígida y formalista cuando la misma legislación ofrece alternativas válidas a elección del actor, como en este caso ocurre.

Mostrando 109 de 217 parrafos.

Texto del fallo

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