AS/0210/2025

Texto del fallo

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SALA PLENA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

<table style="margin:0 0 0 0;"><tbody><tr><td style="padding:0 720 0 720;">AUTO SUPREMO Nº

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:210/2025

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">EXPEDIENTE Nº

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:3/2025

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">PROCESO

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:Extradición.

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">PARTES

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:Embajada de la República del Paraguay contra Albino Ramón Gonzales Britez.

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">MAGISTRADO TRAMITADOR

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:Primo Martínez Fuentes.

</td>

</tr>

<tr><td style="border-width:0 0 100 0;border-color:#000000;padding:0 720 0 720;border-style:solid;mso-element:para-border-div;">FECHA

</td>

<td style="border-width:0 0 100 0;border-color:#000000;padding:0 720 0 720;border-style:solid;mso-element:para-border-div;">:14 de octubre de 2025

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

VISTOS EN SALA PLENA. La solicitud de extradición del ciudadano paraguayo, Albino Ramón Gonzales Britez; la Nota Clasificación: URGENTE GM-DGAJ-UAJI-Cs-5321/2024 de 11 de diciembre, remitida por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores; el Acuerdo sobre Extradición entre los Estados Partes del Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile ratificado por Bolivia mediante Ley N° 2830 de 3 de septiembre de 2004; el Dictamen del Fiscal General del Estado y los antecedentes del proceso.

CONSIDERANDO I: ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD DE DETENCIÓN PREVENTIVA CON FINES DE EXTRADICIÓN.

La Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia remite las Notas Clasificación: MUY URGENTE GM-DGAJ-UAJI-Cs-5317/2024 de 11 de diciembre (fs. 194), remitiendo la Nota EP/BO/3/151/24 Cr. 625 de 6 de diciembre (fs. 80) de la Embajada de la República del Paraguay, solicitando la Detención Preventiva con Fines de Extradición de Albino Ramón Gonzales Britez y la Nota Clasificación: URGENTE GM-DGAJ-UAJI-Cs-5321/2024 de 11 de diciembre (fs. 79), haciendo conocer la Nota EP/BO/3/152/24 Cr. 630 de 9 de diciembre (fs. 1), proveniente de la Embajada de la República del Paraguay, acompañando la solicitud de formal de extradición del reclamado a extradición (fs. 5 a 11) a la que se adjuntan los antecedentes del proceso penal.

CONSIDERANDO II: DETENCIÓN PREVENTIVA CON FINES DE EXTRADICIÓN.

Mediante el Auto Supremo 11/2025 de 2 de abril (fs. 196 a 199) se determinó la Detención Preventiva con Fines de Extradición de Albino Ramón Gonzales Britez.

CONSIDERANDO III: ANTECEDENTES PENALES DEL EXTRADITABLE.

Los Tribunales Departamentales de Justicia de Pando (fs. 231), Potosí (fs. 234 a 240), Cochabamba (fs. 247 a 283), Chuquisaca (fs. 297 a 342), Beni (fs. 345 a 376), Tarija (fs. 379 a 395), Oruro (fs. 399 a 438), La Paz (fs. 442 a 498) y Santa Cruz (fs.732 a 807) informan que el reclamado a extradición, Albino Ramón Gonzales Britez, no tiene procesos penales iniciados en su contra.

El Consejo de la Magistratura informa que Albino Ramón Gonzales Britez, no registra antecedente penal referido a sentencia condenatoria ejecutoriada, declaratoria de rebeldía o suspensión condicional del proceso (fs. 228).

CONSIDERANDO IV: DETENCIÓN PREVENTIVA CON FINES DE EXTRADICIÓN.

Del Informe DDI-DIVTRTE 1448/2025 de 8 de agosto (fs. 721 y 721 vta.), se tiene que, el 5 de julio de 2025, se dio ejecución mediante INTERPOL Chuquisaca al mandamiento de detención preventiva y se notificó personalmente a Albino Ramón Gonzales Britez, con el Auto Supremo 11/2025 de 2 de abril, que dispone la detención preventiva del citado reclamo a extradición siendo detenido en el Recinto Penitenciario de San Roque de la ciudad de Sucre.

CONSIDERANDO V: DICTAMEN DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO.

El Dictamen FGE/RRMM 28/2025 de 3 de septiembre, emitido por el Fiscal General del Estado (fs. 830 a 833) expresamente señala: “(…) habiendo cumplido la República del Paraguay, en su calidad de Estado Requirente, los requisitos para el presente trámite; el suscrito Fiscal General del Estado REQUIERE por que se declare PROCEDENTE LA EXTRADICION, solicitada por el Juzgado de Primera Instancia Multifuero de la Ciudad de Neuland, Lomas Plata y Filadelfia de la Circunscripción Judicial del Departamento de Boquerón con asiento en la Colonia Neuland-Chaco Boreal, República del Paraguay contra el ciudadano ALBINO RAMON GONZALEZ BRITEZ nacido el 26 de enero de 1987, con Cédula de Identidad Paraguaya Nº4.407.516, conforme señala el art. 150 del Código de Procedimiento Penal (…)”(sic)

CONSIDERANDO VI: FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y NORMATIVOS.

La extradición es un procedimiento solemne y formal, regida por requisitos y reglas previstas en un tratado o convenio bilateral o multilateral específico o en su ausencia por el principio de reciprocidad, que permite la entrega por un Estado (el Estado requerido) de un individuo que se encuentra en su territorio, a otro Estado (el Estado requirente), a los fines de ser sometido a un proceso judicial o a la ejecución de una pena impuesta en su contra.

En ese sentido, los tratados internacionales se constituyen en fundamento legal esencial de la Cooperación Penal Internacional en todo el mundo y ante su ausencia, debe primar el principio universal de reciprocidad, el cual cobra especial relevancia; en ese sentido, en la cooperación internacional, los tratados son el más formal de los instrumentos que se puede utilizar tanto en casos de asistencia jurídica, como de extradiciones, cooperación internacional por excelencia, cobrando relevancia en ese contexto lo previsto en el art. 255.I de la Constitución Política del Estado (CPE), que señala: “I. Las relaciones internacionales y la negociación, suscripción y ratificación de los tratados internacionales responden a los fines del Estado en función de la soberanía y de los intereses del pueblo.”, disposición concordante con el art. 257.I de la CPE, que determina: “I. los tratados internacionales ratificados forman parte del ordenamiento jurídico interno con rango de ley.”

Ahora bien, el art. 3 del Código Penal (CP), señala: “Ninguna persona sometida a la jurisdicción de las leyes bolivianas podrá ser entregada por extradición a otro Estado, salvo que en un tratado internacional o convenio de reciprocidad disponga lo contrario. La procedencia o improcedencia de la extradición será resuelta por la Corte suprema. En caso de reciprocidad, la extradición no podrá efectuarse si el hecho por el que se reclama no constituye un delito conforme a la ley del Estado que pide la extradición y del que la debe conceder.”

Así también, el art. 149 del Código de Procedimiento Penal (CPP), dispone: “La extradición se regirá por las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y subsidiariamente por las normas del presente Código o por las reglas de reciprocidad cuando no exista norma aplicable”.

Por su parte, el art. 150 del CPP, en cuanto a la procedencia de la extracción, dispone: "Procederá la extradición por los delitos que en la legislación de ambos Estados, se sancionen con penas privativas de libertad cuyo mínimo legal sea de dos o más años y tratándose de nacionales cuando el mínimo legal sea superior a dos años. La extradición de una persona para el cumplimiento de una pena en el Estado requirente, será procedente cuando quede por cumplir por lo menos un año de la condenó”.

La normativa nacional determina criterios que deben ser cumplidos para que se procese una solicitud de extradición; así el art. 157 del CPP, establece: "Toda solicitud de extradición será presentada al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, acompañada de la identificación más precisa de la persona extraditable, de los datos que contribuyan a determinar el lugar en el que se encuentre y del texto autenticado de la disposición legal que tipifica el delito. Toda la documentación exigida deberá acompañarse de una traducción oficial al idioma español. Cuando la persona esté procesada, deberá acompañarse además el original o copia autenticada de la resolución judicial de imputación que contenga la tipificación del delito, incluyendo una referencia al tiempo y lugar de su comisión y del mandamiento de detención emitido por una autoridad judicial competente. Cuando la persona haya sido condenada, deberá acompañarse además el original o copia autenticada de la sentencia condenatoria y la certificación correspondiente a su ejecutoria señalando, en su caso, el resto de la pena que le quede por cumplir".

Las relaciones internacionales en materia de extradición entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la República del Paraguay como país requirente se encuentran regidas por el Acuerdo sobre Extradición entre los Estados Partes del Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile ratificado mediante Ley 2830 de 3 de septiembre de 2004.

En este contexto, las relaciones internacionales sobre extradición entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la República Argentina (Estado Requirente) se encuentran reguladas por las siguientes normas:

ARTÍCULO 1 Obligación de conceder la extradición

Los Estados Partes se obligan a entregarse recíprocamente, según las reglas y las condiciones establecidas en el presente Acuerdo, a las personas que se encuentren en sus respectivos territorios y sean requeridas por las autoridades competentes de otro Estado Parte, para ser procesadas por la presunta comisión de algún delito, para que respondan a un proceso en curso o para la ejecución de una pena privativa de libertad.

ARTÍCULO 2 Delitos que dan lugar a la extradición

“1. Darán lugar a la extradición los hechos tipificados como delito por las leyes del Estado Parte requirente y del Estado Parte requerido, cualquiera sea la denominación de los delitos, que sean punibles en ambos Estados con una pena privativa de libertad cuya duración máxima no sea inferior a dos años (…)”.

“5. Cualquier delito que no esté expresamente exceptuado en el Capítulo III del presente Acuerdo dará lugar a la extradición, siempre que cumpla con los requisitos previstos en el Artículo 3 (…)”.

ARTÍCULO 3 Jurisdicción, doble incriminación y pena

Para que la extradición sea considerada procedente es necesario:

a) que el Estado Parte requirente tenga jurisdicción para conocer en los hechos que fundan la solicitud, salvo cuando el Estado Parte requerido tenga jurisdicción para entender en la causa;

b) que en el momento en que se solicita la extradición los hechos que fundan el pedido satisfagan las exigencias del artículo 2 del presente Acuerdo.

ARTÍCULO 9 Prescripción

No se concederá la extradición cuando la acción o la pena estuvieren, prescriptas conforme a la legislación del Estado Parte requirente o del Estado Parte requerido.

ARTÍCULO 14 Principio de la especialidad

“1. La persona entregada no será detenida, juzgada ni condenada en el territorio del Estado Parte requirente por otros delitos cometidos con anterioridad a la fecha de la solicitud de extradición y no contenidos en ésta (…)”.

ARTÍCULO 22 Decisión y entrega

1. El Estado Parte requerido comunicará sin demora al Estado Parte requirente, por vía diplomática, su decisión con respecto a la extradición.

2. Cualquier decisión denegatoria, total o parcial, respecto al pedido de extradición, será fundada.

3. Cuando se haya otorgado la extradición, el Estado Parte requirente será informado del lugar y la fecha de entrega, así como de la duración de la detención cumplida por la persona reclamada con fines de extradición.

4. Si en el plazo de 30 días corridos, contados a partir de la fecha de la notificación, el Estado Parte requirente no retirare a la persona reclamada, ésta será puesta en libertad, pudiendo el Estado Parte requerido denegar posteriormente la extradición por los mismos hechos.

5. En caso de fuerza mayor o de enfermedad grave debidamente comprobada que impidan u obstaculicen la entrega o la recepción de la persona reclamada, tal circunstancia será informada al otro Estado Parte, antes del vencimiento del plazo previsto en el párrafo anterior, pudiéndose acordar una nueva fecha para la entrega y recepción.

6. En el momento de la entrega de la persona reclamada, o tan pronto como sea posible, se entregarán al Estado Parte requirente la documentación, bienes y otros objetos que, igualmente, deban ser puestos a su disposición, conforme a lo previsto en el presente Acuerdo.

7. El Estado Parte requirente podrá enviar al Estado Parte requerido, con la anuencia de éste, agentes debidamente autorizados para colaborar en la verificación de la identidad del extraditado y en la conducción de éste al territorio del Estado Parte requirente. Estos agentes estarán subordinados, en su actividad, a las autoridades del Estado Parte requerido.

CONSIDERANDO VII: RESOLUCIÓN DEL CASO.

El Tribunal Supremo de Justicia, se pronuncia sobre el fondo de la solicitud de extradición del ciudadano paraguayo, Albino Ramón Gonzales Britez y analiza los diversos aspectos que resultan imprescindibles para la procedencia de la extradición, así, se ponderan los siguientes: a) Cumplimiento de los principios establecidos en el Tratado; b) Cumplimiento de los requisitos exigidos en el Tratado y documentación adjunta a la solicitud de extradición.

1. Cumplimiento de los principios establecidos en el Acuerdo. El Acuerdo sobre Extradición entre los Estados Partes del Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile, estable los siguientes principios a revisar:

a) Principio de doble incriminación previsto en el art. 2 del Acuerdo que señala: “Darán lugar a la extradición los hechos tipificados como delito por las leyes del Estado Parte requirente y del Estado Parte requerido, cualquiera sea la denominación de los delitos, que sean punibles en ambos Estados con una pena privativa de libertad cuya duración máxima no sea inferior a dos años”; este aspecto se considera cumplido puesto que el tipo penal imputado por el Estado Requirente de acuerdo a su legislación dispuesta en el art. 105ª del inciso 1 del Código Penal Paraguayo (Ley Nº 7062 QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 8, 105 Y 240 DE LA LEY Nº 1160/1997 CODIGO PENAL Y SU MODIFICATORIA DE LA LEY 3.440/208 E INCORPORA EL HECHO PUNIBLE DE SICARIATO) es de homicidio doloso: “1º El que matare a otro será castigado con pena privativa de libertad de 5 a 20 años”, teniendo similar tipificación en el Estado Plurinacional de Bolivia en el delito de homicidio previsto en el art. 251 del Código Penal Boliviano, siendo sancionado con pena de 5 a 20 años en la República del Paraguay y con pena de 10 a 20 años en el Estado Plurinacional de Bolivia.

b) Principio de especialidad establecido en el art. 14.1 del Acuerdo que dispone: “La persona entregada no será detenida, juzgada ni condenada en el territorio del Estado Parte requirente por otros delitos cometidos con anterioridad a la fecha de la solicitud de extradición y no contenidos en ésta (…)”, este principio se considera ejecutado, puesto que, si bien no existe compromiso expreso para el efecto, Fany Aurelia Cáceres Barrios, Juez de Primera Instancia Multifuero de la Ciudad de Neuland, Filadelfia y Lomas Plata de la Circunscripción Judicial Boquerón de la República del Paraguay con asiento en la Colonia Neuland-Chaco Boreal, en la solitud de extradición expresamente señala: “(…) Competencia: La competencia del Juzgado para intervenir en esta causa, surge de la resolución recaída en la contienda de competencia librada en la presente causa penal en el cual la máxima instancia judicial de la República del Paraguay, la Corte Suprema de Justicia, se ha expedido por Auto interlocutorio Nª 608 de fecha 18 de octubre de 2024 (cuya resolución igualmente se adjunta al presente) así como la designación de la Juez inicial de la causa. Las normas legales que avalan la competencia del juez son arts. 12, 13, 14, y 21 del Código de Organización Judicial; las disposiciones de la Acordada Nº 311.02.52; el Código Procesal Penal, Título I Capítulo 1 del Libro Primero, especialmente en sus artículos 31, 33, 36 y 37 del Código Procesal Penal”.

De tal forma, que la norma adjetiva y sustantiva que da competencia de la autoridad requirente y vigente al momento del hecho, no será modificada por los hechos procesados en la República del Paraguay, conforme al principio de legalidad.

c) Principio de legalidad, establecido en los arts.2. núm. 1. y 5 núm. 1. del Acuerdo que respectivamente disponen: art. 2 núm. 1.: “Darán lugar a la extradición los hechos tipificados como delito por las leyes del Estado Parte requirente y del Estado Parte requerido, cualquiera sea la denominación de los delitos, que sean punibles en ambos Estados con una pena privativa de libertad cuya duración máxima no sea inferior a dos años”; y art. 5 núm. 1.: “Delitos Políticos. 1. No se concederá la extradición por delitos que el Estado Parte requerido considere políticos o conexos con delitos de esta naturaleza. La mera invocación de un fin o motivo político, no implicará que éste deba necesariamente calificarse como tal”. En el presente caso se considera ejecutado este aspecto, puesto que, el delito por el que solicita la extradición es homicidio doloso previsto en el art. 105ª del inciso 1 del Código Penal Paraguayo (Ley Nº 7062 QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 8, 105 Y 240 DE LA LEY Nº 1160/1997 CODIGO PENAL Y SU MODIFICATORIA DE LA LEY 3.440/208 E INCORPORA EL HECHO PUNIBLE DE SICARIATO) y que tiene similar tipificación en el Estado Plurinacional de Bolivia en el delito de homicidio previsto en el art. 251 del Código Penal Boliviano, siendo sancionado con pena de 5 a 20 años en la República del Paraguay y con pena de 10 a 20 años en el Estado Plurinacional de Bolivia y que tipo penal sujeto a extradición no se considera como un delito político de acuerdo a la legislación tanto de la República del Paraguay como del Estado Plurinacional de Bolivia.

2. Cumplimiento de los requisitos exigidos en el Acuerdo y documentación a adjuntar a la solicitud de extradición. El Acuerdo sobre Extradición entre el Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile, en su art. 18 establece los siguientes requisitos a examinar:

<ol style="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><li style="margin:0 0 0 4800;">La solicitud de extradición será transmitida por vía diplomática. En el presente caso se considera cumplida esta exigencia, debido a que, se ha trasmitido la solicitud formal de extradición de la República del Paraguay por intermedio de su Embajada y por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia.

</li>

<li style="margin:0 0 0 4800;">Cuando se tratare de una persona no condenada, la solicitud de extradición deberá ser acompañada por el original o copia de la orden de prisión o resolución equivalente, conforme a la legislación del Estado Parte requerido, sobre el cumplimiento de acompañar a la solicitud de extradición la orden de prisión o resolución equivalente, el Tribunal Supremo de Justicia, en su órgano colegiado de Sala Plena, considera que se encuentra cumplido, debido a que, a la solicitud formal de extradición, se acompaña copia legalizada del Auto Interlocutorio A.I Nº 345 de 12 de octubre de 2024 (fs. 53 a 54) por el cual se decreta la rebeldía y la captura nacional e internacional de Albino Ramón Gonzales Britez por el Juzgado de Primera Instancia Multifuero de la Ciudad de Neuland, Filadelfia y Lomas Plata de la Circunscripción Judicial Boquerón de la República del Paraguay.

</li>

<li style="margin:0 0 0 4800;">La solicitud deberá acompañar una descripción de los hechos por los cuales se solicita la extradición, debiéndose indicar el lugar y fecha en que ocurrieron, su calificación legal y la referencia, a las disposiciones legales aplicables. Sobre este respecto, el Tribunal Supremo de Justicia considera ejecutado este requisito, puesto que de fs. 5 a 10 vta. de la solicitud de extradición, en los apartados Breve Resumen de los Hechos, Lugar y Fecha, se menciona expresamente, que a denuncia Juan Carlos Vera Areco, se investiga la desaparición de Juan Ramón Vera Franco desde 9 de diciembre de 2023 y que producto de la investigación se ha podido determinar que existe una filmación de Albino Ramón González Brítez, descendiendo del vehículo marca Volkswagen, modelo gol, año 2009, con Chasis No9BWA45U2LT011060 con matrícula N°AAA1694, que lo ubicarían en el lugar de la desaparición del citado Juan Ramón Vera Franco, el 9 de diciembre de 2023 y que posteriormente, se ha podido hallar varios indicios de la participación de Albino Ramón González Brítez, sindicándosele como uno de los supuestos autores de homicidio doloso.

</li>

<li style="margin:0 0 0 4800;">La solicitud deberá acompañar todos los datos conocidos sobre la identidad, nacionalidad, domicilio o residencia de la persona reclamada y, si fuere posible, su fotografía, huellas digitales y otros medios que permitan su identificación. En el caso de autos se considera realizado esta exigencia del Acuerdo, puesto que, en el apartado Datos Identificatorios del ciudadano Requerido, se señala expresamente: “(…) GONZALES BRITES ALBINO RAMON.- Fecha y lugar de nacimiento: 26 DE ENERO DEL 1987- COLONIA NEULAND.- Nombre de Padre: CARLOSA GONZALES.- Nombre de la Madre: GUILLERMINA BRITEZ.- documento de identidad: CEDULA DE INDENTIDAD PARAGUAYA Nº 4.407.516.- Ocupación: EMPLEADO.- Idioma que habla: CASTELLANO Y GUARANI.- Descripciòn (Talla, peso, cabello, complexión, ojo) CUTIS MORENO, CABELLO COLOR OSCURO,ESTAURA MEDIA BAJA, COMPLEXION ROBUSTA, OJOS OSCUROS (…)”.(sic)

</li>

<li style="margin:0 0 0 4800;">La solicitud deberá acompañar copia o transcripción auténtica de los textos legales que tipifican y sancionan el delito, identificando la pena aplicable, los textos que establezcan la jurisdicción de la Parte Requirente para conocer de ellos, así como una declaración de que la acción y la pena no se encuentran prescriptas, conforme a su legislación. En el presente caso, se consideran realizados estos requisitos, en razón a que, expresamente se indica: “(…) TIPOS Y MARCOS PENALES APLICABLES: La conducta desplegada por el procesado se halla subsumida en el tipo de HOMICIDIO DOLOSO, dentro de las disposiciones contenidas en el art. 105ª INCISO 1º del Código Penal Paraguayo. Modificado por el art. 1 de la Ley 7.062/2023, CONTRA LA VIDA, en concordancia con el art. 29 inc. 1º del Código Penal Paraguayo. Art. 105. 1º El que matare a otro será castigado con pena privativa de libertad de cinco a veinte años. COMPETENCIA: La competencia del Juzgado para intervenir en esta causa, surge de la resolución recaída en la contienda de competencia librada en la presente causa penal en el cual la máxima instancia judicial de la República del Paraguay, la Corte Suprema de Justicia, se ha expedido por Auto interlocutorio Nª 608 de fecha 18 de octubre de 2024 (cuya resolución igualmente se adjunta al presente) así como la designación de la Juez inicial de la causa. Las normas legales vque avalan la competencia del juez son arts. 12, 13, 14, y 21 del Código de Organización Judicial; las disposiciones de la Acordada Nº 311.02.52; el Código Procesal Penal, Título I Capítulo 1 del Libro Primero, especialmente en sus artículos 31, 33, 36 y 37 del Código Procesal Penal. ASI COMO TAMBIEN LOS REFERENTES A LA PRESCRICPICIÓN DE LA ACCIÓN Y DE LA PENA O MEDIDA DE SEGURIDA. (…) De igual forma, se deja constancia que el hecho punible imputado reviste el carácter de común y no se halla prescrito en virtud al tiempo transcurrido desde la comisión del mismo hasta la fecha, sin perjuicio de los actos interruptivos que puedan acaecer, de acuerdo a los arts. 101 a 104 del Código Penal vigente”. (sic)

</li>

</ol>

3. Luego de un minucioso análisis de los antecedentes del caso de autos, en 5 cuerpos, se tiene que, el reclamado de extradición, Albino Ramón Gonzales Britez, no registra antecedente penal referido a sentencia condenatoria ejecutoriada, declaratoria de rebeldía, suspensión condicional del proceso ni proceso en recurso alguno, aspecto coincidente con el contenido de la Certificación emitida por la Dirección Nacional del Registro Judicial de Antecedentes Penales del Consejo de la Magistratura (REJAP) de 29 abril de 2025 ; y los informes y certificaciones generadas por los nueve Tribunales Departamentales de Justicia.

4. En conclusión, el Tribunal Supremo de Justicia considera que la solicitud de extradición de la República del Paraguay reúne los requisitos de fondo y forma exigidos por Acuerdo sobre Extradición entre los Estados Partes del Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile ratificado mediante Ley N° 2830 de 3 de septiembre de 2004, que vincula a Bolivia con el Estado Requirente, correspondiendo declarar la procedencia de la solicitud de extradición que cursa en obrados y ordenar la extradición del sujeto reclamado de extradición.

POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida en los arts. 184.3 de la CPE, 38.2 de la LOJ, 50.3 y 150, 157 y 158 del CPP, y los arts. 1, 2, 18 y 22 del Acuerdo sobre Extradición entre los Estados Partes del Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile ratificado mediante Ley N° 2830 de 3 de septiembre de 2004, FALLA DECLARANDO PROCEDENTE LA SOLICITUD DE EXTRADICIÓN del ciudadano paraguayo, ALBINO RAMON GONZALES BRITEZ, nacido el 26 de enero de 1987, con Cedula de Identidad del Paraguay N° 4.407.516 para que sea entregado de manera inmediata conforme las formalidades legales, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores a la Embajada de la República del Paraguay.

Para cuyo efecto, se ordena se oficie al Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca para que comisione al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Nº1 de la Capital y se emita el correspondiente Mandamiento de Excarcelación, para la entrega del sujeto extraditable al País requirente, sea a través de los órganos competentes del Órgano Ejecutivo.

Comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores y por su intermedio a la Embajada de la República del Paraguay para los fines consiguientes y de conformidad a lo ya previsto.

Regístrese, notifíquese, cúmplase.

Mostrando 119 de 238 parrafos.

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