AS/0212/2025

Texto del fallo

<div>

SALA PLENA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

<table style="margin:0 0 0 0;"><tbody><tr><td style="padding:0 720 0 720;">AUTO SUPREMO Nº

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">: 212/2025

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">EXPEDIENTE Nº

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">: 26/2025

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">PROCESO

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">: Recurso de Casación

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">PARTE RECURRENTE

RESOLUCIÓN RECURRIDA

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:Ministerio de Defensa.

: Sentencia 247/2024 de 20 de noviembre

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">MAGISTRADA TRAMITADORA

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">: Fanny Coaquira Rodríguez.

</td>

</tr>

<tr><td style="border-width:0 0 100 0;border-color:#000000;padding:0 720 0 720;border-style:solid;mso-element:para-border-div;">FECHA

</td>

<td style="border-width:0 0 100 0;border-color:#000000;padding:0 720 0 720;border-style:solid;mso-element:para-border-div;">: 14 de octubre de 2025

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

VISTOS EN SALA PLENA: El Recurso de Casación interpuesto por el Ministerio de Defensa representado legalmente por Cristina Zoraya Morales Plaza en su calidad de abogada de la Dirección General de Asuntos Jurídicos (fs. 785 a 790 vta.), contra la Sentencia 247/2024 de 20 de noviembre (fs.761 a 769 vta.), y su Auto complementario 41/2020 de 13 de enero 2025 (fs. 777 a 778 vta.), pronunciadas por la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia dentro del proceso contencioso seguido por la Gerencia Regional Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia contra la entidad recurrente; el Auto de 16 de mayo de 2025, que concedió en el recurso (fs. 803) y los antecedentes del proceso.

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO

La Gerencia Regional Oruro de la Aduana Nacional interpuso demanda contenciosa (fs. 42 a 47) señalando que en 2008, se comisaron 2.271 cajas de aceite marca “Rico”, cuya disposición fue autorizada por el Juez Penal mediante venta en coordinación con la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), conforme a la Resolución Ministerial N° 322/2008. En ejecución de esa orden, el 6 de enero de 2009 se entregaron 26.814 botellas de aceite a las Fuerzas Armadas, representadas por el Cnl. Gerardo Costas León, bajo modalidad de compra-venta, con obligación de pago a una cuenta fiscal.

Pese a múltiples requerimientos formales y reuniones de conciliación, el pago nunca se efectuó. En 2015, el Cnl. Gerardo Costas León, reconoció la recepción del producto y señaló que el pago correspondía al Ministerio de Defensa. En 2018, dicha cartera negó tener registros, autorizaciones o constancias de esa operación.

La Aduana Nacional sostiene que la entrega fue debidamente acreditada y que la falta de pago no puede justificarse por supuestas omisiones internas del Ministerio de Defensa; en consecuencia, demanda el cumplimiento del pago de Bs 292.272,60 (Doscientos Noventa y Dos Mil Doscientos Setenta y Dos 60/100 bolivianos) por concepto de la venta del aceite comestible.

Por su parte, el Ministerio de Defensa, representado por Jaime Plácido Herrera Calderón, se apersonó al proceso y contestó negativamente la demanda mediante memorial presentado el 29 de junio de 2021 (fs.162 a 166). Alegó que la entrega de la mercancía no puede asimilarse a un contrato administrativo, ya que no se cumplió con las formalidades legales necesarias, y sólo existe un acta de entrega, no un documento contractual. Sostuvo que el Cnl. Gerardo Costas León, no actuó en nombre del Ministerio de Defensa, ni fue autorizado para recibir bienes, por lo cual esta cartera de Estado desconoce cualquier compromiso derivado de dicha entrega; señaló además que la Aduana Nacional confundió al Ministerio de Defensa con las Fuerzas Armadas, instituciones autónomas entre sí conforme a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Finalmente, solicitó que la demanda sea declarada improbada por falta de prueba suficiente.

Por su parte, el Comando de la Segunda División del Ejército, representado por el Cnl. Henrry Julio Eyzaguirre Pinto, también contestó negativamente la demanda mediante memorial de 31 de julio de 2023 (fs. 661 a 664 vta.). Indicó que esa unidad militar no tiene relación con el Centro de Abastecimiento V de Oruro ni documentación sobre la designación del Cnl. Gerardo Costas León, como su encargado; asimismo, desconoció la existencia del fax de 2012 que se atribuye a un responsable de dicho Centro. En consecuencia, solicitó el rechazo total de la demanda en su contra, con costas.

Seguidamente, el proceso fue tramitado ante la Sala Contenciosa, Contencioso-Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, que mediante Sentencia 247/2024 de 20 de noviembre, declaró PROBADA la demanda contenciosa y subsanación, promovida por la Gerencia Regional Oruro de la Aduana Nacional contra el Ministerio de Defensa, y dispuso que el Ministerio de Defensa cumpla con el pago de Bs 292.272,60.- (Doscientos Noventa y Dos Mil Doscientos Setenta y Dos 60/100 Bolivianos), a favor de la entidad demandante.

II. DISPOSICIONES LEGALES.

En el marco de lo preceptuado en el art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, por el cual las partes pueden solicitar a otro juzgador superior que revise la resolución del inferior con la finalidad de que se fiscalice no sólo la decisión asumida sino también su legalidad.

Por su parte, el art. 5.I.2 de la Ley 620 de 29 de diciembre de 2014 “Ley Transitoria para la Tramitación de los Procesos Contencioso y Contencioso Administrativo”, dispone que contra la resolución que resuelva el proceso contencioso, procederá el recurso de casación, estableciendo que en los procesos contenciosos tramitados en las Salas Contenciosas, Contenciosas Administrativas, Social y Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, los recursos de casación serán resueltos por la Sala Plena de este Tribunal; el art. 4 de la misma Ley, refiere que para la tramitación de los procesos contenciosos se aplicarán los arts. 775 al 781 del Código de Procedimiento Civil, hasta que sean regulados por Ley, como jurisdicción especializada.

En vigencia el Código Procesal Civil (CPC), la Disposición Abrogatoria Segunda que abrogó el Código de Procedimiento Civil y la Disposición Transitoria Sexta, dispuso: “Al momento de la vigencia plena del Código Procesal Civil, en los procesos en trámite, en segunda instancia y en casación, se aplicará lo dispuesto en el presente Código”; en mérito al análisis precedente, aplicando lo establecido en el art. 277.I del CPC, corresponde realizar el examen de admisibilidad respecto al recurso de casación interpuesto.

III. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS

1. De la resolución impugnada

Del análisis de la Sentencia 247/2024 de 20 de noviembre, y su Auto complementario 41/2025 de 13 de enero (fs. 777 a 778 vta.), se advierte que los mismos resolvieron el proceso contencioso en el caso de autos; lo que permite inferir que la misma se encuentra dentro de los casos de procedencia que establece el art. 270 del Código Procesal Civil y el art. 5.I.1 de la Ley 620.

2. Del plazo de presentación del recurso de casación

Emitida la resolución recurrida, conforme se tiene del formulario de notificación (fs. 783), se observa que la entidad recurrente fue notificada con el Auto Complementario

el 9 de abril de 2025 y presentó su recurso el 16 de enero de 2025 (fs. 785 a 790 vta.) haciendo inferir que, pese a que fue notificada de forma posterior a la presentación del medio de impugnación, ya hubiere hecho seguimiento en sala, por lo que, en aplicación de los principios pro actione y pro homine, se determina que, fue presentado en cumplimiento del art. 273 del Código Procesal Civil.

3. De la legitimación procesal.

De igual forma, se examina que la entidad recurrente, al margen de identificar la resolución impugnada, es decir, la Sentencia 247/2024 de 20 de noviembre (fs.761 a 769 vta.) y su Auto complementario 41/2025 de 13 de enero, (fs. 777 a 778 vta.), gozan de plena legitimación procesal para interponer el Recurso de Casación, puesto que la emisión de la referida Sentencia que declara probada la demanda, afecta sus intereses, por lo que se colige que la interposición de este medio de impugnación es completamente permisible, esto conforme al sistema de impugnación vertical, dando cumplimiento al art. 274.I.2 del Código Procesal Civil.

4. Del contenido del recurso de casación.

El Ministerio de Defensa representado legalmente por Cristina Zoraya Morales Plaza en su calidad de abogada de la Dirección General de Asuntos Jurídicos (fs. 785 a 790 vta.), se observa que en lo trascendental dicho medio de impugnación acusó:

En el fondo:

Primer motivo: Vulneración del debido proceso, del principio de legalidad con la omisión, aplicación e interpretación errónea del ordenamiento jurídico que regula los procesos contenciosos, así como los procesos de contratación en la administración pública (Ley 1178 D.S. 0181 NB-SABS), ya que la Sentencia impugnada desnaturaliza el proceso contencioso al no verificar la existencia de un contrato, negociación o concesión formalmente constituido entre la Aduana Nacional y el Ministerio de Defensa para la adquisición de aceites. Se omiten y aplican incorrectamente normas esenciales de contratación pública establecidas por la Ley y normas aplicables que exigen procedimientos formales y escritos para la validez de contratos administrativos; además, la actuación judicial incurre en una errónea interpretación del principio de verdad material, aplicándolo como si se tratara de un contrato privado.

Segundo motivo: La Sentencia recurrida incurre en error de hecho y defectuosa valoración de la prueba que afecta el derecho a la defensa al considerar como válido un acto de entrega de mercadería (aceite) entre la Aduana Nacional y un funcionario militar, sin que exista contrato administrativo formal ni consentimiento de la Máxima Autoridad Ejecutiva del Ministerio de Defensa. Se desconoce la normativa vigente, los procedimientos obligatorios de contratación pública y se omite valorar pruebas esenciales del Ministerio de Defensa, que niegan haber instruido o autorizado dicha recepción, asimismo, la actuación judicial vulnera el principio de legalidad, desconoce los requisitos formales para generar obligaciones entre entidades estatales y se basa en una representación inexistente, afectando gravemente el derecho a la defensa y el control judicial de legalidad.

Fundamentos por los cuales la entidad recurrente solicita la emisión de un Auto Supremo que case la Sentencia recurrida y deliberando en el fondo declare improbada la demanda de la Gerencia Regional Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia.

Cumplidos los requisitos exigidos en el art. 274 del Código Procesal Civil, en el examen

efectuado conforme el art. 277.I del mismo cuerpo legal; procede la admisión del recurso de casación en el caso de autos.

POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, ADMITE el Recurso de Casación interpuesto por el Ministerio de Defensa representado legalmente por Cristina Zoraya Morales Plaza en su calidad de abogada de la Dirección General de Asuntos Jurídicos (fs. 785 a 790 vta.), contra la Sentencia 247/2024 de 20 de noviembre (fs. 761 a 769 vta.), y su Auto complementario 41/2025 de 13 de enero (fs. 777 a 778 vta.), pronunciadas por la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia.

Por consiguiente, pase a Secretaría de Sala Plena para la prosecución del trámite y espere turno para sorteo.

No interviene el Magistrado Carlos Alberto Egüez Añez por haber emitido la Sentencia 247/2024 de 20 de noviembre.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

Mostrando 100 de 199 parrafos.

Texto del fallo

Lee el fallo completo con Pixi

Datos del proceso