AS/0213/2016-RA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 213/2016-RA

Sucre, 21 de marzo de 2016

Expediente : Santa Cruz 5/2016

Parte Acusadora : Ministerio Público

Parte Imputada : Michael Antonio Zelaya Ugarte

Delito : Violación de Niño, Niña o Adolescente

RESULTANDO

Por memorial presentado el 8 de diciembre de 2015, cursante de fs. 527 a 528 vta., Antonio Zelaya Ugarte, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 131 de 5 de agosto de 2015 de fs. 514 a 516 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el recurrente, por el presunto delito de Violación de Niño, Niña o Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 bis del Código Penal (CP).

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO

De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:

a) Por Sentencia 17 de 4 de septiembre de 2014 (fs. 490 a 497), el Tribunal Quinto de Sentencia de la capital del Distrito Judicial de Santa Cruz, declaró al imputado Antonio Zelaya Ugarte, autor y culpable del delito de Violación Agravada de Niña, previsto y sancionado por el art. 308 Bis., con relación al art. 310 inc. 4) del CP, imponiéndole la pena privativa de libertad de veinte años de presidio.

b) Contra la mencionada Sentencia, el imputado Antonio Zelaya Ugarte, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 501 a 503 vta.), resuelto por Auto de Vista 131 de 5 de agosto de 2015 (fs. 514 a 516 vta.), pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisible e improcedente el citado recurso.

c) El 1 de diciembre de 2015 (fs. 518), fue notificado el recurrente con el referido Auto de Vista y el 8 del mismo mes y año, interpuso recurso de casación.

II. DEL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN

De la revisión del recurso de casación, se extrae los siguientes motivos:

Indica que el “Tribunal Ad quo”, incurrió en error in iudicando, porque el fallo contiene error sustancial; refiere que la Sentencia se basa, valora y fundamenta “en hechos probatorios”, no incorporados legalmente y en pruebas inexistentes, no aportadas ni producidas en el juicio.

Señala que las pruebas fueron incorporadas al proceso sin guardar las formalidades legales y que por consiguiente no tienen valor probatorio, haciendo alusión al art. 172, segunda parte del Código de Procedimiento Penal (CPP). También arguye que al haber sido valoradas pruebas que carecen de valor probatorio, incurrió en defecto de sentencia previsto en el art. 370 inc. 4) del CPP. Y, que consiguientemente conculcó sus derechos que se encuentran en los arts. 115, 116 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE), sobre seguridad jurídica, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia. Refiere defectos absolutos que no pueden ser convalidados.

Alega que el Auto de Vista impugnado, convalidando defectos absolutos, no cumplió su obligación de revisar el proceso para verificar si el Tribunal inferior respetó las formalidades legales y normas de orden público, así como de sus derechos constitucionales, al efecto alude a la Ley de Organización Judicial.

Señala que la incoherencia y aplicación indebida del Código Penal se produjo tanto en Sentencia como en el Auto de Vista ahora impugnado, porque se le condenó de manera exagerada por un hecho antijurídico cuya pena es de 15 años, además que se le condenó sin que exista prueba legalmente incorporada al proceso, valorando y dando credibilidad a “simples” entrevistas psicológicas; y, no así al desistimiento que presentó la supuesta víctima al Tribunal de Sentencia, además que no la dejaron hablar cuando se dictaba la Sentencia. Alega que se vulneró los arts. 115, 116 a 121 de la CPE y se inobservó los arts. 1, 6 y 13 del CPP, incurriéndose en defectos de Sentencia “al sentir del Art. 370 inc. 6) del mismo cuerpo legal”, e indica que se incurrió en defectos absolutos previstos en el art. 169, incs. 1) y 3) del “Procedimiento Penal”.

Refiere que en Sentencia se infringió los arts. 167, 172 y 173 del CPP; y que el Tribunal de Apelación al declarar improcedente la apelación restringida que planteó, desconocieron preceptos constitucionales, ocasionándole inseguridad jurídica, al vulnerarse el debido proceso, la imparcialidad, la legalidad y su derecho a la defensa. Indica que la Sentencia apelada, fue dictada en inobservancia del art. 169, incs. 1) y 3), y los arts. 370 y 407 del CPP.

Como precedentes contradictorios refieren al Auto Supremo 331 de 22 de julio de 2003, realizando una pequeña cita textual; asimismo, invocan los Autos Supremos 369 de 22 de junio de 2004, 287 de 13 de mayo de 2004 y 320 de 14 de junio de 2003.

III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN