AS/0216/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 216/2025

Fecha: 18 de marzo de 2025

Expediente: SC-129-24-S

Partes: Froilán Huayllas Romano representado por Jhony Huayllas Valencia c/ Carmen y Susana ambas Duran.

Proceso: Reivindicación, desocupación y entrega de inmueble, más pago de daños y perjuicios.

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 188 a 191, presentado por Carmen Durán, contra el Auto de Vista Nº 77/2023, de 23 de mayo, corriente de fs. 155 a 160 vta., pronunciado por la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez, Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso ordinario de reivindicación, desocupación y entrega de inmueble, más pago de daños y perjuicios, seguido por Froilán Huayllas Romano representado por Jhony Huayllas Valencia, contra las recurrentes; la contestación de fs. 195 a 196; el Auto de concesión de 30 de agosto de 2024, obrante a fs. 197, el Auto Supremo de admisión N° 1445/2024-RA, de 04 de diciembre, obrante de fs. 204 a 205 vta., todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Froilán Huayllas Romano representado por Jhony Huayllas Valencia, mediante escrito de fs. 13 a 15 vta., ampliada por memoriales de fs. 43 a 44 y 47, planteó proceso ordinario de reivindicación, desocupación y entrega de bien inmueble, más pago de daños y perjuicios, contra Carmen y Susana ambas Durán, quienes una vez citadas, mediante Auto de 09 de marzo de 2021, a fs. 39, se declaró rebelde a Carmen Durán; por su parte, Susana Durán, pese a su citación por edicto no compareció al proceso, habiéndose designado defensor de oficio, respondiendo negativamente por escrito de fs. 63 por providencia de 21 de junio de 2021, cursante a fs. 61; desarrollándose de esta manera la causa hasta la emisión de la Sentencia N° 58/2021, de 07 de diciembre, que sale de fs. 84 a 88 vta., en la que la Juez Público Mixto Civil, Comercial, Niñez, Adolescencia y Sentencia Penal 1° de Cotoca – Santa Cruz, declaró PROBADA en parte la demanda sobre reivindicación, desocupación y entrega de inmueble e IMPROBADA respecto a los daños y perjuicios; se conmina a las demandadas a desocupar el inmueble ubicado en la localidad de Cotoca, en la zona Nor Este, unidad vecinal 723 A, manzano 12, lote N° 27, con una superficie de 299,99 m2, con Matrícula N° 7.01.2.01.0066588, en favor de su propietario Froilán Huayllas Romano en el plazo de 20 días a partir de su legal y respectiva notificación.

2. Resolución de primera instancia que al haber sido recurrida en apelación por Carmen Durán, mediante memorial cursante de fs. 123 a 125 vta., originó que la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez, Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emita el Auto de Vista Nº 77/2023, de 23 de mayo, visible de fs. 155 a 160 vta., que CONFIRMÓ en todas sus partes la Sentencia recurrida; con el aditamento de que en ejecución de Sentencia, se cumpla con lo dispuesto por el art. 97.I del sustantivo Civil, como es el derecho del poseedor a que se le indemnicen las mejoras útiles y necesarias, previo a disponerse la restitución del bien; con costas y costos. en base a los siguientes argumentos:

Que, el reclamo sobre la vulneración del art. 110 num. 6 del Código Procesal Civil, respecto a los requisitos de la demanda no fue, reclamada en la etapa oportuna, vía excepción, toda vez que fue notificada a fs. 37.

Que, en cuanto a la falta de valoración, motivación y fundamentación, la Sentencia reuniría las mismas, habiéndose acreditado por el demandante los tres presupuestos para la procedencia de su acción reivindicatoria: 1.- El derecho de dominio, 2.- La determinación de la cosa a reivindicar, 3.- La posesión de la cosa por el demandado.

Que, no se le hubiere causado indefensión; puesto que no compareció a pesar de estar legalmente citada, habiendo sido declarada rebelde conforme se advierte de fs. 39 de obrados.

Que, no podría considerarse que ejerce más de 15 años de posesión; toda vez que no se planteó de su parte ninguna acción reconvencional de usucapión.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Carmen Duran a través del escrito que corre de fs. 204 a 205, medio de impugnación, que es materia de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. El recurrente en el recurso de casación manifestó:

a) Que, la demanda no cumplió con los requisitos establecidos en el art. 110 num. 6 del Código Procesal Civil; toda vez que, en audiencia de conciliación se hubiera manifestado que estaría en posesión del bien inmueble, aseverando como solución la cancelación de las construcciones realizadas.

b) Que, el demandante según documento de fs. 20 de transferencia de fecha 11 de noviembre de 2016, adquiere el inmueble en el que ella se encontraría en posesión por más de 11 años atrás de la venta, aspecto no consignado en el documento de transferencia actuando con malicia.

c) Que, a fs. 33 se admite la demanda y se corre en traslado a su persona y se procede a citarla tal como corre de diligencias de fs. 35 a 37; empero nunca se le volvió a notificar en su domicilio real con el Auto de N° 46/21, de 09 de abril, de fs. 39 referente a la declaratoria de rebeldía, misma que ordenaba su notificación en domicilio real, actuado que jamás fue cumplido vulnerándose el art. 75 del Código Procesal Civil, no existiendo cedulón ni muestrario fotográfico del acto.

d) Que, a fs. 43 se amplía la demanda en contra de su hermana Susana Duran, alegando desconocer su domicilio, cuando la acción reivindicatoria se constituye en contra de quienes estuvieran en posesión del bien inmueble, generando la autoridad judicial irregularidades como el aceptar la ampliación de la demanda con una providencia, cuando a la misma le correspondía un auto, que la simple providencia vulneraria el derecho a la defensa de su hermana por no otorgarle el plazo de 30 días establecido en el art. 125 num. 1 del Código Procesal Civil y que el Juez A quo, teniendo conocimiento de la certificación del SEGIP a fs. 52 sobre el domicilio de su hermana Susana Duran, decide citarla por edicto conforme documental a fs. 54 vta., vulnerándose en consecuencia el art. 78.II del Código Procesal Civil, designándose posteriormente abogado de oficio para que asuma su defensa, empero este asume defensa a nombre suyo y no de su hermana, no realizando ninguna acción de defensa, dando por bien hecho la pretensión de la parte demandante; por lo que el Auto de Vista no hubiera actuado conforme a los valores y principios establecidos en el art. 178.I de la Constitución Política del Estado.

Fundamentos por los cuales, solicitó se case el Auto de Vista recurrido y se anule hasta el vicio más antiguo.

2. Contestación al recurso de casación:

Froilán Huayllas Romano representado por Jhony Huayllas Valencia, responde al recurso de casación mediante memorial de fs. 195 a 196 señalando en lo principal que:

La recurrente hubiera incumplido con la regulación establecida en el art. 274 y 276 del Código Procesal Civil, al no expresar con calidad y precisión que leyes hubieran sido violadas, infringidas o mal aplicadas siendo carentes de toda fundamentación.

Por lo que, solicita que el Tribunal de casación declare improcedente el recurso de casación.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. Del derecho a recurrir.

Este Tribunal mediante el Auto Supremo Nº 158/2014, de fecha 17 de abril sobre la legitimación para recurrir de un fallo ha señalado: “Que el recurso no procede cuando la Sentencia sea favorable a la pretensión de la parte, o cuando ésta se ha allanado a la pretensión del adversario y la Sentencia se funda en esa conformidad. Los terceros no pueden interponer recursos en los procesos en que no intervengan, pero pueden hacerlo desde que se incorporan a la relación procesal, porque en ese momento asumen la calidad de partes’.

Desde otro criterio doctrinario se tiene la ponencia presentada en la Universidad San Marcos de Lima, por Pedro Donaires Sánchez, intitulado: ‘LOS PRINCIPIOS DE LA IMPUGNACIÓN’, señala lo siguiente: ‘...PRINCIPIOS DE LA IMPUGNACIÓN... La doctrina no es uniforme respecto de cuáles son los principios que rigen la impugnación. Corresponderá a la teoría de la impugnación, ahondar este tema y plantearlo con uniformidad y coherencia; por el momento, estos son los acogidos por los distintos Autores, algunos de los cuales son citados... 2. Interés del perjudicado o agraviado. Esto significa que el perjudicado con el acto viciado debe tener interés en cuestionarlo haciendo uso de los medios impugnatorios. No debe haberlo consentido ni expresa ni tácitamente. Hay consentimiento expreso cuando el afectado acepta fehacientemente dicho acto. Hay consentimiento tácito cuando deja transcurrir el plazo que tenía para impugnar o procede a ejecutarla o cumplirla; o, no lo cuestiona en la primera oportunidad que tuvo. Quien consiente, no puede impugnar válidamente. La ausencia de consentimiento otorga la legitimación para la impugnación’.

(…).

La teorización sobre el principio de impugnación, establece el carácter de legitimación para recurrir y esa legitimación se encuentra en la parte perjudicada en sus derechos, esto quiere decir que al emitirse una resolución judicial, tratándose de un proceso contencioso, obviamente que dicha resolución en forma total favorecerá a la pretensión de una de las partes y perjudicará en cuanto a la pretensión de su contraparte; también puede darse el caso que una resolución final en proceso contencioso, podrá favorecer en forma parcial a ambas partes y perjudicará también en alguna medida a las mismas partes, consiguientemente de ello se deduce que al emitirse una resolución final, en la generalidad de los casos favorece a alguna de las partes y perjudica a la otra parte en cuanto a sus pretensiones, a raíz de dicha resolución final, se genera la legitimación para recurrir identificada siempre en la parte perjudicada con la resolución, de ahí que se habilita la vía recursiva o de evaluación de la resolución de grado, y en el caso de apelación será un Tribunal jerárquicamente superior al que emitió la resolución en contra de la que se recurre, entendimiento conforme al texto literal del art. 251 del Código Procesal Civil que señala: ‘(Legitimación).- Cualquiera de las partes, incluso los terceros, está legitimado para ejercitar el derecho de impugnación de las resoluciones que les causaren agravio”, texto legal del cual se absorbe la legitimación para recurrir, resulta ser la parte perjudicada o aquella a la cual una resolución le cause agravios”. (El subrayado y las negrillas nos corresponden).

III.2. Del principio de preclusión y convalidación.

Sobre el particular el Auto Supremo: N° 439/2023, de 18 de mayo, en su doctrina legal aplicable señalo: “Los jueces y tribunales que administran justicia evidentemente tienen el deber de velar porque en el desarrollo del proceso se cumplan con todos los presupuestos procesales y se observen las garantías del debido proceso; sin embargo, si bien es evidente que tienen la facultad de revisar de oficio dichos extremos y en su caso anular obrados cuando esos presupuestos no se cumplieron, pero, en virtud del principio constitucional de eficiencia de la justicia ordinaria, previamente a asumir esa determinación que es de ultima ratio, deben compulsar ciertos principios que rigen las nulidades procesales.

La nulidad de oficio procederá cuando la Ley así lo determine o exista evidente vulneración al debido proceso en cualquiera de sus componentes, ya que lo contrario significa un quebrantamiento al derecho a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que tienen las partes, que se hallan consagrados en el art. 115.II de la Constitución Política del Estado, preceptos que se sustentan en el principio de celeridad consagrado en el art. 180.I de la referida norma, cuyo texto señala: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el Juez”.

Entre los principios que rigen las nulidades procesales, están el de convalidación y preclusión que, por lo suscitado en el caso, corresponden ser desarrollados.

Principio de convalidación: convalidar significa confirmar, revalidar; en esa lógica, cuando se corrobora la verdad, certeza o probabilidad de una cosa, se está confirmando. De esta manera, este principio refiere que una persona que es parte del proceso o es tercero interviniente puede convalidar el acto viciado, cuando deja pasar las oportunidades señaladas por ley para impugnar el mismo (preclusión); en otras palabras, si la parte que se creyere perjudicada omite deducir la nulidad de manera oportuna (en la etapa procesal respectiva), este hecho refleja la convalidación de dicho actuado, pues con ese proceder dota al mismo de plena eficacia jurídica, a esta convalidación en doctrina se denomina convalidación por conformidad o pasividad, que se interpreta como aquiescencia frente al acto irregular. De esta manera, la convalidación se constituye como un elemento saneador para los actos de nulidad.

Principio de preclusión: se encuentra vinculado con el principio de convalidación, este principio, también denominado principio de eventualidad, está basado en la pérdida o extinción de una facultad o potestad procesal, encuentra su fundamento en el orden consecutivo del proceso, es decir, en la especial disposición en que deben desarrollarse los actos procesales. A este efecto el Dr. Pedro J. Barsallo refiere sobre el principio de preclusión que: “En síntesis la vigencia de este principio en el proceso, hace que el mismo reparte el ejercicio de la actividad de las partes y del Tribunal, dentro de las fases y periodos, de manera que determinados actos procesales deben corresponder necesariamente a determinados momentos, fuera de los cuales no pueden ser efectuados y de ejecutarse carecen totalmente de eficacia”.

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