AS/0217/2025

Texto del fallo

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SALA PLENA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

<table style="margin:0 0 0 0;"><tbody><tr><td style="padding:0 720 0 720;">AUTO SUPREMO Nº

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">: 217/2025

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">EXPEDIENTE Nº

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">: 2/2025

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">PROCESO

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:Recurso de Compulsa.

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">PARTES

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:Yerba Buena Construcciones S.R.L. contra Agencia Estatal de Vivienda.

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">MAGISTRADA TRAMITADORA

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">: Fanny Coaquira Rodríguez.

</td>

</tr>

<tr><td style="border-width:0 0 100 0;border-color:#000000;padding:0 720 0 720;border-style:solid;mso-element:para-border-div;">FECHA

</td>

<td style="border-width:0 0 100 0;border-color:#000000;padding:0 720 0 720;border-style:solid;mso-element:para-border-div;">:22 de octubre de 2025

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

VISTOS EN SALA PLENA: El Recurso de Compulsa, interpuesto por Bryan España Flores y Javier Leonardo Gómez Ortega en representación legal de la Agencia Estatal de a Vivienda (AEVIVIENDA) (fs. 57 a 59), contra la providencia de 1 de abril de 2025 (fs. 53) pronunciada por Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, dentro del proceso contencioso seguido por la Empresa YERBA BUENA CONSTRUCCIONES S.R.L. contra la AEVIVIENDA y los antecedentes del proceso:

CONSIDERANDO I. ANTECEDENTES:

De la revisión de los antecedentes remitidos por la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, se evidencia lo siguiente:

1. El proceso contencioso seguido por la Empresa Yerba Buena Construcciones S.R.L. contra la AEVIVIENDA culminó con la Sentencia 192/2024 de 28 de agosto (fs. 2610 a 2637 vta.).

2. Contra dicha resolución, la AEVIVIENDA no planteó el recurso correspondiente pese a estar legalmente notificada el 28 de agosto de 2024. (fs. 2638).

3. El 8 de octubre de 2024, la Procuraduría General del Estado (PGE) y la AEVIVIENDA platearon incidentes de Nulidad de Notificación (fs. 2643 a 2647 vta. y 2664 a 2668 vta.), siendo resueltos mediante el Auto Interlocutorio de 25 de noviembre de 2024 (fs. 2688 a 2692).

4. La AEVIVIENDA solicitó aclaración y complementación (fs. 2698 a 2699), siendo resuelto mediante el Auto Supremo de 3 de diciembre de 2024 (fs. 2700 a 2701) declarando NO HA LUGAR lo pretendido.

5. Contra dicha determinación, la PGE (fs. 2706 a 2708 vta.) y la AEVIVIENDA (fs. 2716 a 2719) plantearon Recursos de reposición, pidiendo la nulidad de la notificación con la Sentencia, siendo resueltos por el Auto Supremo de 24 de febrero de 2025 (fs. 2753 a 2755), determinando NO HA LUGAR las reposiciones planteadas.

6. La AEVIVIENDA formuló Recurso de Apelación (fs. 2764 a 2766), siendo resuelto mediante el decreto de 1 de abril de 2025 (fs. 2767), señalándose que, no procede el Recurso de Apelación en este tipo de proceso, resolución que fue notificada al ahora recurrente, el 10 de abril de 2025 (fs. 2772).

CONSIDERANDO II. CONTENIDO DEL RECURSO DE COMPULSA:

La AEVIVIENDA presenta Recurso de Compulsa (fs. 57 a 59), contra la providencia de 1 de abril de 2025, indicando que, la Sala Contenciosa Administrativa y Social Segunda del Tribunal Supremo de Justicia denegó indebidamente la concesión del Recurso de

Apelación planteada contra el Auto Interlocutorio de 24 de febrero del mismo año, añadiendo además que, el razonamiento expuesto en la indicada resolución no cumple con el debido proceso en su elemento de la debida motivación, negándose el derecho al recurso o derecho a la impugnación, proclamado en los arts. 115, II y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

CONSIDERANDO III. FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Establecidos los antecedentes, se concluye que, la parte recurrente considera que se le negó indebidamente el Recurso de Apelación.

El art. 279 del Código Procesal Civil (CPC) establece que, el Recurso de Compulsa procede únicamente cuando se produce una negativa indebida del Recurso de Apelación o de Casación, o cuando la autoridad inferior concede dichos recursos en un efecto procesal que no corresponde. La finalidad de este medio impugnativo no es la revisión de fondo de la controversia, sino el control de legalidad del acto procesal de negativa o concesión del medio de impugnación, verificando si la autoridad actuó dentro de los límites de su competencia y conforme a la normativa aplicable.

En esa línea, la compulsa se erige como un mecanismo de control vertical que garantiza la correcta aplicación de las normas procesales relativas a la impugnación, preservando el derecho de las partes a recurrir, pero a la vez impidiendo el uso arbitrario o indebido de los recursos. De tal manera, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, al conocer este tipo de reclamos, no ingresa al examen del mérito de la causa ni a la valoración de las pruebas, limitándose a verificar si la negativa del Recurso responde a una interpretación jurídica razonable y ajustada a derecho. Por su parte, el art. 257 del CPC, regula que el Recurso Apelación “Procede el recurso de apelación contra las sentencias, autos definitivos y otras resoluciones que expresamente establezca la ley”.

Ahora bien, el régimen procesal de los procesos contenciosos y contencioso-administrativos se encuentra regulado por la Ley 620 (Ley transitoria para la tramitación de los procesos contencioso y contencioso administrativo), cuyo art. 4 dispone que, mientras no exista una ley específica, se aplicarán los arts. 775 al 781 del Código de Procedimiento Civil. Asimismo, el art. 5.I.2 establece que, en los procesos contenciosos tramitados ante la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, los recursos de casación serán conocidos y resueltos por la Sala Plena de este Tribunal.

De la lectura armónica de estas disposiciones se infiere que, al ser estos procesos de carácter especial, se rigen por la ley nombrada ut supra, determinando de manera expresa y excluyente la procedencia únicamente del Recurso de Casación, quedando descartada la posibilidad de interponer Recurso de Apelación. Este diseño legislativo responde a la naturaleza excepcional de los procesos contenciosos, que tienen por objeto el control de legalidad de los actos administrativos definitivos y no la revisión de cuestiones de hecho; por consiguiente, admitir un Recurso de Apelación en esta clase de procesos sería contrario al principio de especialidad normativa y atentaría contra la economía procesal y la seguridad jurídica.

En el caso de autos, el Auto Interlocutorio de 25 de noviembre de 2024 resolvió un incidente de nulidad de notificación, el cual, conforme al art. 338 del CPC, constituye una cuestión accesoria al objeto principal del proceso, según el art. 344 del mismo cuerpo normativo, las resoluciones que resuelven incidentes admiten recurso de reposición bajo alternativa de apelación; sin embargo, esta previsión se encuentra circunscrita a los procesos ordinarios, en los que el régimen recursivo es distinto al previsto para los procesos contenciosos y contencioso-administrativos.

En ese sentido, el principio de especialidad consagrado en el art. 4 de la Ley 620 impone la aplicación preferente de su régimen procedimental sobre las normas del CPC, por lo que, aun cuando de manera general el incidente de nulidad podría ser susceptible de reposición con alternativa de apelación, en el ámbito contencioso dicha posibilidad queda excluida, ello se debe a que la Ley 620 reserva el conocimiento de los recursos únicamente a la casación, limitando la competencia del Tribunal a la revisión extraordinaria de legalidad y no a una segunda instancia ordinaria.

Por otro lado, de la revisión de los antecedentes se constata que la Sentencia 192/2024 de 28 de agosto (fs. 2610 a 2637 vta.), adquirió ejecutoria el 3 de diciembre de 2024 (fs. 2697), una vez vencido el plazo establecido por el art. 273 del CPC, para la interposición del medio de impugnación respectivo, pues con dicha ejecutoria, la causa ingresó en fase de ejecución de sentencia, conforme lo dispone el art. 399 del CPC., etapa en la cual la autoridad judicial únicamente conserva competencia para materializar lo resuelto, sin facultades para reabrir el debate procesal ni para revisar actos ya convalidados.

El principio de preclusión procesal, concordante con la seguridad jurídica y la economía procesal, impide a las partes retrotraer el proceso o pretender revivir etapas fenecidas; en consecuencia, cualquier planteamiento posterior relacionado con nulidades, notificaciones o recursos se torna extemporáneo e improcedente, pues el derecho de impugnar se encuentra extinguido por la inactividad o por el transcurso del plazo legal; pues la preclusión constituye una garantía de estabilidad del proceso, evitando su indefinida prolongación.

Del examen del decreto de 1 de abril de 2025 (fs. 2767), impugnado mediante el Recurso de Compulsa, se advierte que cumple con los parámetros de validez exigidos por los arts. 115.II y 117 de la CPE y 30 de la Ley del Órgano Judicial, al ser una decisión motivada y fundada en la normativa especial aplicable y en la interpretación coherente del sistema de recursos, explicando con claridad las razones que sustentan la improcedencia del Recurso de Apelación interpuesto; por ello, la negativa del medio de impugnación, no vulnera el debido proceso ni la tutela judicial efectiva, toda vez que la autoridad judicial actuó dentro de los márgenes de su competencia y conforme al principio de legalidad.

A partir de la valoración integral de los antecedentes procesales, del marco normativo aplicable, esta Sala Plena concluye que la providencia de 1 de abril de 2025 (fs. 2767), que negó la concesión del Recurso de Apelación, se encuentra plenamente ajustada a derecho y no se advierte en ella vulneración alguna a los derechos al debido proceso, a la defensa ni a la tutela judicial efectiva; puesto que, en los procesos contenciosos, el único recurso previsto por la Ley 620 es el de casación, por lo que la apelación deviene en jurídicamente improcedente, debiendo mantenerse firme la decisión recurrida.

POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución conferida por el art. 282.I del CP, declara ILEGAL el Recurso de Compulsa (fs. 57 a 59), planteado por la AEVIVIENDA.

No interviene el Magistrado Dr. Carlos Alberto Eguez Añez por haber sido declarada legal su excusa, mediante Resolución 3/2025 de 14 de agosto (fs. 67 a 68 vta).

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

Romer Saucedo Gómez

PRESIDENTE

Mostrando 101 de 201 parrafos.

Texto del fallo

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