AS/0218/2025

Texto del fallo

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SALA PLENA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

<table style="margin:0 0 0 0;"><tbody><tr><td style="padding:0 720 0 720;">AUTO SUPREMO Nº

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:218/2025

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">EXPEDIENTE Nº

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:9/2024

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">PROCESO

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:Extradición.

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">PARTES

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:Embajada de la República de Perú contra Juan Carlos Tasca Silva.

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">MAGISTRADA TRAMITADORA

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:Rosmery Ruiz Martínez.

</td>

</tr>

<tr><td style="border-width:0 0 100 0;border-color:#000000;padding:0 720 0 720;border-style:solid;mso-element:para-border-div;">FECHA

</td>

<td style="border-width:0 0 100 0;border-color:#000000;padding:0 720 0 720;border-style:solid;mso-element:para-border-div;">:22 de octubre de 2025

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

VISTOS DE SALA PLENA: La solicitud de Acción de Inconstitucionalidad Concreta (AIC), promovida por JUAN CARLOS TASCA SILVA dentro del proceso de Extradición Pasiva seguido a instancias de la República del Perú por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas Agravado.

CONSIDERANDO I (ARGUMENTOS DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD CONCRETA):

A través de memorial, JUAN CARLOS TASCA SILVA, promueve la Acción de Inconstitucionalidad Concreta (AIC) en contra del art. 335 del Código Penal (CP); sin embargo, se constata que la precitada AIC, no realiza ninguna otra argumentación.

Asimismo, dirige su acción contra el Tratado de Extradición entre Bolivia y Perú suscrito el 27 de agosto de 2003 y ratificado por Bolivia mediante Ley 2776 de 7 de julio de 2004, señalando:

<ol style="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><li style="margin:0 0 0 2400;">El Tratado de Extradición contiene disposiciones que contradicen directamente a la Constitución Política del Estado (CPE), aspecto que genera un conflicto de jerarquía; ya que, establece un procedimiento de detención preventiva sin la posibilidad de ser oído, audiencia previa y abogado defensor, vulnerando el art. 23 de la CPE.

</li>

<li style="margin:0 0 0 2400;">Limita el ejercicio de soberanía y menoscabo de la jurisdicción boliviana en relación a sus ciudadanos o residentes.

</li>

<li style="margin:0 0 0 2400;">No garantiza adecuadamente el respeto por los derechos humanos y las garantías judiciales de las personas sujetas a la extradición activa, como el derecho a la defensa, principio de inocencia y el debido proceso, violentando el art. 109 de la norma constitucional.

</li>

<li style="margin:0 0 0 2400;">Ausencia de claridad y especificidad del procedimiento establecido, generando arbitrariedades, contrariando al art. 180 de la CPE.

</li>

<li style="margin:0 0 0 2400;">Permite la entrega de nacionales bolivianos sin diferenciación de los extranjeros, lo que atenta contra el principio de la jurisdicción natural y el deber de protección del Estado a sus ciudadanos.

</li>

<li style="margin:0 0 0 2400;">Inobserva Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

</li>

</ol>

CONSIDERANDO II (DE LOS ANTECEDENTES PROCESALES)

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia recibió notas de 17 de enero y Oficio OF.RE(OCJ) 5-7-A/l de 23 de enero 2024, emitidas por la Fiscal Superior Titular de la Jefatura de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación - Perú, la Embajada de la República del Perú mediante nota endosada con el número: 5-7-M/084 de 13 de febrero de 2024, haciendo conocer al Estado Plurinacional de Bolivia, la solicitud de Detención Preventiva con Fines de Extradición, emitida por la Cuarta Sala Penal de Apelación Permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao, de la República del Perú, contra el ciudadano boliviano JUAN CARLOS TASCA SILVA, requerido por la justicia peruana y acusado del delito de Tráfico Ilícito de Drogas Agravado.

En ese marco, se emite el Auto Supremo 65/2024 de 16 de abril, disponiendo: “…la DETENCIÓN PREVENTIVA CON FINES DE EXTRADICIÓN del ciudadano JUAN CARLOS TASCA SILVA, de nacionalidad boliviana, con Pasaporte N° 3208862, nacido el 24 de junio de 1968 en la Provincia Andrés Ibáñez del departamento de Santa Cruz - Bolivia, presumiblemente con domicilio ubicado la ubicado en la Urbanización Aqualand de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra del departamento de Santa Cruz”. (sic)

Se dispuso también entre otros aspectos que, la Autoridad Comisionada emita las correspondientes órdenes y mandamiento de detención preventiva con fines de extradición, poniendo a conocimiento y ordenando la ejecución del mismo a las autoridades policiales del departamento de Santa Cruz; a este efecto, producto del operativo efectuado el 17 de agosto de 2025, personal de INTERPOL llega a dar con el paradero de JUAN CARLOS TASCA SILVA, quién es detenido en el recinto electoral donde se prestaba a emitir su voto y fue posteriormente conducido al Centro de Rehabilitación Palmasola.

CONSIDERANDO III (DEL TRASLADO):

Conforme dispone el art. 80.I del Código Procesal Constitucional (CPCo.), se dispuso el traslado a la Fiscalía General del Estado y al Ministerio de Relaciones Exteriores para que ponga a conocimiento de la Embajada de la República del Perú a través del decreto de 1 de octubre de 2025.

III.1. DE LA CONTESTACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO (FGE)

Por memorial recepcionado en esta Sala Plena el 14 de octubre de 2025, el Fiscal General del Estado Roger Rider Mariaca Montenegro, apersonándose y contesta solicitando el RECHAZO de promover la Acción de Inconstitucionalidad Concreta planteada.

III.2 DE LA CONTESTACIÓN DEL ESTADO REQUIRENTE

Corrida con el traslado de la Acción de Inconstitucionalidad Concreta, el Estado Requirente no contestó a la acción promovida por el accionante; en ese sentido, conforme prevé el art. 280.II del CPCo., la presente AIC pasa a consideración de esta Sala Plena.

CONSIDERANDO IV (DEL MARCO LEGAL):

Es preciso señalar la normativa procesal y doctrina constitucional relativa a la Acción de Inconstitucionalidad Concreta.

El art. 132 de la CPE prevé: “Toda persona individual o colectiva afectada por una norma jurídica contraria a la Constitución tendrá derecho a presentar la Acción de Inconstitucionalidad, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la ley”.

Así también, es preciso señalar que la Disposición Transitoria Novena de la Norma Fundamental establece que: “Los tratados internacionales anteriores a la Constitución y que no la contradigan se mantendrán en el ordenamiento jurídico interno, con rango de ley. En el plazo de cuatro años desde la elección del nuevo Órgano Ejecutivo, éste denunciará y, en su caso, renegociará los tratados internacionales que sean contrarios a la Constitución.”

Respecto a los requisitos establecidos, el art. 24.I del CPCo., establece:

“I. Las Acciones de Inconstitucionalidad, conflictos de competencias y atribuciones, consultas y recursos deberán contener:

1. Nombre, apellido y generales de ley de quien interpone la acción, demanda, consulta o recurso, o de su representante legal, acompañando en este último caso la documentación que acredite su personería. Además, deberá indicarse la dirección de un correo electrónico u otro medio alternativo de comunicación inmediata.

2. Nombre y domicilio contra quien se dirige la acción o recurso, cuando así corresponda.

3. Exposición de los hechos, cuando corresponda.

4. En las acciones de inconstitucionalidad, la identificación de la disposición legal y las normas impugnadas, así como las normas constitucionales que se consideren infringidas, formulando con claridad los motivos por los que la norma impugnada es contraria a la Constitución Política del Estado.

5. Solicitud, en su caso, de medidas cautelares.

6. Petitorio.”

En cuanto a los tipos de acción de inconstitucionalidad, el art 73.2. señala “Acción de Inconstitucionalidad de carácter concreto, que procederá en el marco de un proceso judicial o administrativo cuya decisión dependa de la constitucionalidad de leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos, ordenanzas y todo género de resoluciones no judiciales”.

En cuanto a la Acción de Inconstitucionalidad Concreta el CPCo., prevé:

“Artículo 79. (Legitimación Activa). Tienen legitimación activa para interponer Acción de Inconstitucionalidad Concreta, la Jueza, Juez, Tribunal o Autoridad Administrativa que, de oficio o a instancia de una de las partes, entienda que la resolución del proceso judicial o administrativo, depende de la constitucionalidad de la norma contra la que se promueve la acción.

ARTÍCULO 80. (Procedimiento ante la Autoridad Judicial o Administrativa).

I. Una vez solicitado se promueva la Acción de Inconstitucionalidad de carácter concreto ante la autoridad que conozca del proceso judicial o administrativo, se dispondrá el traslado, si corresponde, dentro de las veinticuatro horas, para que ésta sea respondida en el plazo de tres días a partir de su notificación.

II. Con la respuesta o sin ella, dentro de las veinticuatro horas subsiguientes al vencimiento del plazo, la autoridad decidirá, fundamentadamente, si promueve la Acción de Inconstitucionalidad Concreta.

III. Promovida la acción o no, la autoridad deberá remitir al Tribunal Constitucional Plurinacional su decisión junto con las fotocopias legalizadas de los antecedentes que sean necesarios. En el caso de no promoverse la acción, la remisión al Tribunal Constitucional Plurinacional se realizará a efectos de su revisión por la Comisión de Admisión.

IV. Rechazada la acción por manifiesta improcedencia proseguirá la tramitación de la causa. La resolución de rechazo se elevará en consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional, de oficio, en el plazo de veinticuatro horas”.

En este mismo sentido y efectuando una reseña de la jurisprudencia desarrollada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, la SCP 0686/2012 de 2 de agosto, concluyó que: “(…) la acción de inconstitucionalidad concreta, es la vía de control de constitucionalidad que tiene como objeto, que el Tribunal Constitucional Plurinacional, confronte la compatibilidad o incompatibilidad de la disposición legal impugnada de inconstitucional con los principios, valores y normas de la Constitución Política del Estado Plurinacional; en ese marco, la labor del Tribunal sólo se circunscribe al examen de las disposiciones alegadas de lesivas a las normas y preceptos de la Norma Suprema, con el fin de establecer su constitucionalidad o inconstitucionalidad, y de ninguna manera realizar análisis alguno respecto al caso en concreto”.

CONSIDERANDO V (ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO):

De la AIC promovida por JUAN CARLOS TASCA SILVA, corresponde realizar el siguiente análisis:

V.1. En cuanto a la legitimación.

El memorial es promovido por JUAN CARLOS TASCA SILVA en su calidad de accionante y sujeto pasivo de la Extradición solicitada por la Embajada de la República del Perú, cumpliendo plenamente con el requisito de legitimación activa previsto por el art. 79 del CPCo.

V.2. Respecto a la AIC contra el art. 335 del CP.

En primer lugar, promueve su AIC contra el art. 335 del Código Penal (CP), el cual tipifica el delito de Robo; empero, no se constata la existencia alguna de argumentos referidos al citado artículo de la ley penal, aspecto que no guarda relación con el delito de Tráfico Ilícito de Drogas Agravado, por el cual es solicitado por el Estado Requirente.

V.3. Con relación a la AIC contra el Tratado de Extradición entre Bolivia y Perú suscrito el 27 de agosto de 2003

Corresponde señalar con relación al plazo que, la Disposición Transitoria Novena de la CPE, establecía el plazo de cuatro años para que el Órgano Ejecutivo denunciara o renegociara la suscripción de un nuevo instrumento internacional; aspecto que al caso concreto no ocurrió, ya que, desde la vigencia de la misma, los Órganos llamados por Ley no objetaron el Tratado, por lo que, la citada AIC promovida resulta superabundantemente extemporánea.

Ahora bien, con relación al objeto de la AIC, esta Sala Plena, considera que no corresponde promover la AIC, ya que debió ser interpuesta contra la Ley 2776 de 7 de julio de 2004, que ratifica el Tratado, por lo tanto, hay error en el objeto; puesto que esta acción tutelar esta dirigida a revisar la inconstitucionalidad de una norma interna y no así de un instrumento internacional.

Además de ello, la argumentación que se dirige contra el Tratado, es únicamente una copia y pega de la normativa, omitiendo señalar de forma concreta qué artículo o parte del Tratado genera la supuesta inconstitucionalidad, limitándose a transcribir en su integridad y arguyendo genéricamente sobre su supuesta inconstitucionalidad.

Respecto a los argumentos expresados por el accionante, conforme se infiere precedentemente, se denota la carencia de técnica recursiva, sumado a la incorrecta falta de precisión en el objeto, ausencia de claridad, suficiencia y razonabilidad, del por qué a su juicio el Tratado de Extradición entre Bolivia y Perú, sería contrario a las disposiciones constitucionales que aduce de violadas.

La Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 0253/2013 de 8 de marzo, recogiendo el razonamiento asumido por la SCP 0646/2012 de 23 de julio, sostuvo: “…considerando el nuevo contexto constitucional cuando se hace referencia a la acción de inconstitucionalidad concreta, corresponde interpretar el término proceso en su vertiente más amplia que abarca y conglomera a procesos y procedimientos judiciales y administrativos, ello en razón a que: 1) Si bien el incidente de inconstitucionalidad proviene de una situación particular, el interés de sanear el ordenamiento jurídico de normas inconstitucionales trasciende el interés particular y alcanza al colectivo -orden público constitucional-; y, 2) Un entendimiento reducido del término proceso en el marco de la acción de inconstitucionalidad concreta, no resultaría acorde con el derecho de acceso a la justicia y el principio pro actione’. En ese sentido y con relación a que la procedencia de la acción de inconstitucionalidad concreta está condicionada a que la norma objeto de control deba ser aquella a aplicarse en la resolución final del proceso judicial o administrativo, la citada Sentencia Constitucional Plurinacional, realizando una interpretación compatible con las normas de la Constitución Política del Estado, sostuvo, que: “…una norma procesal puede condicionar e incluso determinar la decisión de fondo, la garantía del debido proceso incluye el derecho a ser juzgado con normas constitucionales y que la supremacía constitucional no sólo alcanza a normas de carácter sustantivo sino a las de carácter adjetivo, por lo que, corresponde corregir dicho entendimiento en sentido de que la resolución del proceso judicial o administrativo impugnada referida en la normativa que desarrolla el art. 132 de la CPE, no es necesariamente la que resuelve la decisión final sino también la que es utilizada para resolver incidentes o excepciones”. En consecuencia, la acción de inconstitucionalidad concreta, como mecanismo que resguarda el principio de supremacía constitucional, se constituye en la garantía para toda persona que interviene en un proceso judicial o administrativo, a ser juzgado por normas acordes o compatibles con la Constitución Política del Estado, sean adjetivas o sustantivas, en el entendido, que el debido proceso no sólo alcanza a los derechos a la defensa, a la impugnación, a la fundamentación u otros, sino a ser juzgado por normas constitucionales en un proceso o procedimiento”. Es decir, si durante la tramitación del proceso o procedimiento judicial o administrativo, la jueza, juez, tribunal o autoridad administrativa, de oficio, considere que la norma adjetiva o sustantiva a ser aplicada en la causa, independientemente de que ponga o no “fin al proceso o procedimiento”, resulta contraria o es incompatible con la Constitución Política del Estado, podrá promover el presente instrumento de control de constitucionalidad. Entonces, planteada la acción de inconstitucionalidad concreta ante la autoridad judicial o administrativa, sea que fuere promovida o rechazada será remitida al Tribunal Constitucional Plurinacional para su revisión y en su caso admisión. En ambas situaciones la tramitación del proceso judicial o administrativo no se suspende; empero, la autoridad a cargo de la sustanciación del proceso no podrá dictar resolución final o sentencia entre tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional no se pronuncie sobre la presunta inconstitucionalidad de la disposición legal cuestionada. Un aspecto que resulta relevante es el relativo a la existencia de “duda razonable” de parte de la autoridad judicial o administrativa encargada de promover acción y que forma parte de los requisitos que debe contener el presente mecanismo constitucional para su respectivo control de constitucionalidad y que el art. 24 del CPCo, resumió en tres, consistentes, en: a) la identificación de la disposición legal y las normas impugnadas; b) las normas constitucionales que se consideren infringidas; y, c) la formulación con claridad de los motivos por los que la norma impugnada es contraria a la Constitución Política del Estado”.

En ese mismo orden, aquel razonamiento fue expresado en la SCP 1978/2014 de 13 de noviembre, que versa respecto a la carga argumentativa de la AIC que debe ser cumplida a cabalidad, señalando entonces que "Sin embargo, para que este Tribunal Constitucional Plurinacional pueda pronunciarse en el fondo de las acciones de inconstitucionalidad en general, el accionante deberá cumplir con una carga argumentativa jurídico constitucional, la cual estará basada principalmente: En el deber de señalar la norma jurídica contraria a la Norma Suprema (art. 132 de la CPE); sin embargo, ello no significa que se deba realizar una mera enunciación de estas disposiciones sino que deberá ser de forma fundamentada haciendo mención a los artículos, valores y principios constitucionales que violaría esta norma, también en términos claros el accionante deberá mencionar el por qué considera que el precepto objeto de la acción de inconstitucionalidad, se encuentra contrapuesta con la Ley Fundamental, hechos que deberán ser además ciertos y verificables de la lectura de la propia ley, estatuto autonómico, carta orgánica, decreto, ordenanza denunciada y que por tal motivo considere que deban ser expulsados del ordenamiento jurídico." (negrillas son nuestras)

Finalmente y dentro de la misma línea jurisprudencial la SCP 0047/2015 de 26 de marzo, estableció que "El art. 24.1.4 del Código Procesal Constitucional (CPCo) dispone que las acciones de inconstitucionalidad deberán contener: “...la identificación de la disposición legal y las normas impugnadas, así como las normas constitucionales que se consideren infringidas, formulando con claridad los motivos por los que la norma impugnada es contraria a la Constitución Política del Estado"; tal antecedente legal que es plenamente compatible con el texto de la Constitución Política del Estado, nos permite advertir que para considerar las acciones de inconstitucionalidad se debe establecer una clara y suficiente fundamentación, precisamente sobre la inconstitucionalidad de las normas impugnadas”;

En el marco de la glosada jurisprudencia constitucional, al evidenciarse que el accionante no cumplió con los parámetros mínimos de una adecuada fundamentación incumpliendo los requisitos esenciales previstos por el art. 24 .I del CPCo., concordante con el art. 132 de la CPE.

POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de sus atribuciones y con la facultad prevista en el art. 80.I.3 del Código Procesal Constitucional (CPCo), resuelve: 1. RECHAZAR la promoción de la Acción de Inconstitucionalidad Concreta planteada por el ciudadano JUAN CARLOS TASCA SILVA contra el art. 335 del Código Penal y el Tratado de Extradición Perú-Bolivia, por ser manifiestamente infundada e incumplir los requisitos de especificidad de la norma aplicable al caso; 2. DISPONER la remisión de fotocopias legalizadas de los antecedentes pertinentes, incluyendo la presente resolución, al Tribunal Constitucional Plurinacional en consulta, en el plazo de veinticuatro horas, para los efectos previstos en la Ley; y 3. CONTINUAR con la tramitación del proceso de Extradición conforme dispone el art. 82 del CPCo., y la SCP 1911/2013 de 29 de octubre.

Regístrese, notifíquese, cúmplase.

Romer Saucedo Gómez

PRESIDENTE

Mostrando 113 de 226 parrafos.

Texto del fallo

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