AS/0229/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 229/2025

Fecha: 20 de marzo de 2025

Expediente: CB-3-25-S

Partes: María Virginia Huanca Michmi, Sergio Luis Ponce Huanca y Gari Kevin Ponce Huanca representados por Elizabeth Michmi Vda. de Huanca c/ Antonio Saavedra Machicado, Ali Andrés Lezano Ignacio, Giovanna Liz Pereira Murillo, Elizabeth Pascual Espinoza y Eliana Leonor Murguía Pascual.

Proceso: Reivindicación.

Distrito: Cochabamba.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 215 a 218 vta., interpuesto por Antonio Saavedra Machicado, Ali Andrés Lezano Ignacio, Giovanna Liz Pereira Murillo, Elizabeth Pascual Espinoza y Eliana Leonor Murguía Pascual; contra el Auto de Vista Nº 243/2024, de 5 de enero, corriente de fs. 209 a 212, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso ordinario de reivindicación, seguido por María Virginia Huanca Michmi, Sergio Luis y Gari Kevin Ponce Huanca representados por Elizabeth Michmi Vda. de Huanca contra los recurrentes; la contestación de fs. 222 a 225 vta., el Auto de concesión de 21 de noviembre de 2024, visible a fs. 227, el Auto Supremo de admisión N° 008/2025-RA, de 16 de enero, obrante de fs. 233 a 234 vta., todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. María Virginia Huanca Michmi, Sergio Luis y Gari Kevin ambos Ponce Huanca representados por Elizabeth Michmi Vda. de Huanca por memorial de demanda de fs. 31 a 38 vta., subsanada a fs. 45 y vta., promovieron proceso ordinario de reivindicación; contra Antonio Saavedra Machicado, Ali Andrés Lezano Ignacio, Giovanna Liz Pereira Murillo, Elizabeth Pascual Espinoza y Eliana Leonor Murguía Pascual, quienes una vez citados, según escritos visibles de fs. 140 a 142 vta. y de fs. 144 a 145 vta., responden de forma negativa y reconvienen por nulidad de contrato, pretensión que por Auto de 23 de julio de 2019, cursante a fs. 146 fue declara por no presentada; desarrollándose de esta manera el proceso hasta dictarse Sentencia de 08 de octubre de 2020, cursante de fs. 177 a 180 vta., donde el Juez Publico Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal 2° de la ciudad de Colcapirhua del departamento de Cochabamba declaró PROBADA la demanda de reivindicación con costas, por ende, los demandados reivindiquen, en el plazo de 90 días, el bien inmueble ubicado en la zona de Sumunpaya Sud – Ferroviarios, manzana P.E.P., distrito 30-S, lote N° 3, con una extensión superficial de 289.29 mts2., registrado bajo la matricula computarizada N° 3.09.5.04.0000452, sea bajo conminatoria de procederse al desapoderamiento, con ayuda de la fuerza pública.

2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por Antonio Saavedra Machicado, Elizabeth Pascual Espinoza, Eliana Leonor Murguía Pascual, Ali Andrés Lezano Ignacio y Giovanna Liz Pereira Murillo, según escrito de fs. 185 a 189, originó que la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba emita el Auto de Vista Nº 243/2024, de 05 de enero, corriente de fs. 209 a 212, donde se CONFIRMÓ la Sentencia apelada, bajo los siguientes argumentos:

Los demandados plantearon demanda reconvencional de nulidad de contratos de anticréticos de 01 de septiembre de 2015, de 05 de marzo de 2017 y 23 de noviembre de 2017 y consiguiente restitución del capital de Bs. 40.000.-, Bs. 46.104.- y $us. 6.000.-; aparejando para lo cual fotocopias simples de procesos de reconocimiento de firmas y rubricas, cedulas de identidad y de rechazo de denuncia del caso 644/17; habiéndose rechazado por Auto de 23 de julio de 2019 visible a fs. 146, al no cumplir con las previsiones contenidas en el art. 110 del Código Procesal Civil.

Respecto a la prueba testifical propuesta en el escrito de contestación; en audiencia preliminar el A quo, en aplicación del art. 142 del Código Procesal Civil, prescindió de las mismas por considerarlas improcedentes e inconducentes; determinación que fue asumida por los recurrentes toda vez que no fue impugnada, emitiéndose la Sentencia de 08 de octubre de 2020.

La valoración de la prueba es una facultad privativa de los jueces de apreciar la prueba esencial y decisiva de acuerdo a lo otorgado en la ley, conforme su prudente criterio o sana critica, ponderándose unas sobre otras, en razón de principios de lógica probatorio, siendo correcta la determinación de declararse probada la demanda.

3. Fallo de segunda instancia que fue recurrida en casación por Antonio Saavedra Machicado, Ali Andrés Lezano Ignacio, Giovanna Liz Pereira Murillo, Elizabeth Pascual Espinoza y Eliana Leonor Murguía Pascual, mediante escrito visible de fs. 215 a 218 vta., recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. Los recurrentes en el recurso de casación alegaron que:

a) El Auto de Vista resultaría nulo porque no existiría congruencia y pertinencia, inobservando la aplicación del art. 213 num. 3 del Código Procesal Civil respecto a que en el recurso de apelación denuncio trece agravios, empero no se pronunciaron al respecto, simplemente se limitaron a realizar una ligera e imprecisa exposición de agravios; debiendo tenerse presente que, al momento de responder negativamente la demanda se acompañó prueba documental, la cual fue admitida y diligenciada en audiencia preliminar; sin embargo, en la Sentencia no se procedió a su valoración, pese a cursar de fs. 55 a 139, la cual demuestra que no están detentando el inmueble, sino que tiene la calidad de anticresistas; en ese entendido, en el Auto de Vista no se tiene pronunciamiento sobre la falta de valoración de la prueba; por ello se afectó el derecho a la defensa, congruencia y pertinencia, viciando de nulidad todo lo actuado.

Fundamentos por los cuales los recurrentes solicitan anular obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta fs. 177 inclusive, disponiéndose se pronuncie nueva Sentencia que valore la prueba de descargo que hubiere sido admitida.

2. Contestación al recurso de casación:

María Virginia Huanca Michmi, Sergio Luis y Gari kevin ambos Ponce Huanca representados por Elizabeth Michmi Vda. de Huanca, respondieron el recurso de casación mediante memorial de fs. 222 a 225 vta., alegando en lo principal:

Los argumentos de los recurrentes son desesperados, sin asidero legal, habiéndose, el Auto de Vista, pronunciado y dictado conforme las normas; toda vez que no se consideró que en la Sentencia si hubo valoración dentro de los parámetros que exige la norma, conforme art. 142 del Código Procesal Civil; citándose al efecto jurisprudencia constitucional.

Por lo referido, solicitó se declare infundado el recurso de conformidad con el art. 220.II de la Ley 439, sea con costas y costos.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. De la fundamentación y la motivación.

La Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0577/2012, de 20 de julio, determinó que la motivación de una sentencia o cualquier otra resolución judicial se encuentra relacionada directamente con el derecho al debido proceso y tutela judicial efectiva y la misma no necesariamente tiene que ser ampulosa, así lo dispone la señalada Sentencia Constitucional Plurinacional, que expresamente indicó: “En efecto, el deber de motivación de los fallos supone un elemento fundamental del debido proceso, conforme ha expresado la Sentencia Constitucional N° 0012/2006-R de 04 de enero, al indicar: ´La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, (…) y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la Resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento…”.

Asimismo la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0235/2015-S1, de 26 de febrero, al respecto señaló: “En cuanto al derecho a una debida fundamentación y motivación de las resoluciones, este se constituye en la garantía del sujeto procesal, de que el juzgador al momento de emitir una decisión, explicará de manera clara, sustentada en derecho, los motivos que lo llevaron a tomar una decisión; argumentación que deberá seguir un orden coherente respecto a los hechos demandados y exponer con puntualidad los elementos jurídico legales que determinaron su posición; en consecuencia, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que respaldan la parte dispositiva de la misma, por cuanto la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados, sino de la forma en que se decidió (SSCC N° 0863/2007-R, N° 0752/2002-R, SC N°1369/2001-R, entre otras)”.

Adicionalmente resulta importante destacar que en cualquier sistema procesal se exige que toda sentencia o resolución, además de contener el fallo o parte dispositiva, debe reunir los requisitos de CONGRUENCIA y contener la debida MOTIVACIÓN; ambos aspectos están relacionados con el principio del debido proceso, aplicable en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

En el ámbito procesal, la motivación de la resolución como acto importantísimo de la actividad jurisdiccional, es la que precede y justifica el fallo, expresa las razones que el órgano jurisdiccional ha tenido en cuenta para decidir en la forma como lo hizo, exigencia que resulta uniforme en todos los Estados de Derecho, contenida en algunos casos en normas de nivel constitucional y en otros en las leyes procedimentales.

De igual manera el Auto Supremo N° 481/2016, de 12 de mayo, emitido por esta Sala Civil, refirió que: “…la falta o carencia de motivación del auto de vista, sobre este tópico relacionado a la motivación es menester previamente citar la SCP N° 0669/2012 de 2 de agosto, que ha referido: ´Así mismo, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas (SC N° 2023/2010-R de 9 de noviembre reiterada por la SC N° 1054/2011-R de 1 de julio).” Del entendimiento constitucional vertido se evidencia que para el cumplimiento del debido proceso en su elemento motivación de una Resolución, no es necesario que la misma sea ampulosa, sino coherente, precisa y clara dando a entender el motivo de su Resolución, cumplido este extremo se tiene por realizada la motivación de una Resolución, empero, cuando los litigantes, no están de acuerdo con dicha motivación, otro resulta el tema y agravio a invocar, muy diferente al de la falta de motivación, correspondiendo en todo caso reclamar por errónea aplicación, interpretación o violación de la ley o en su defecto por errónea valoración de la prueba, aspectos que deben ser impugnados vía recurso de casación en el fondo”.

III.2. Respecto a la acción reivindicatoria.

El Auto Supremo N° 741/2021, de 20 de agosto, emitido por la Sala Civil, establece el siguiente razonamiento: “El art. 1453 del Código Civil, señala: I. El propietario que ha perdido la posesión de una cosa puede reivindicarla de quien la posee o la detenta. II. Si el demandado, después de la citación, por hecho propio cesa de poseer o de detentar la cosa, está obligado a recuperarla para el propietario o, a falta de esto, a abonarle su valor y resarcirle el daño. III. El propietario que obtiene del nuevo propietario o detentador la restitución de la cosa, debe reembolsar al anterior poseedor o detentador la suma recibida como valor por ella.

Por su parte el autor Arturo Alessandri R. (Tratado de los Derechos Reales, Tomo II, pág. 257), señala que: ‘Por la acción reivindicatoria el actor no pretende que se declare su derecho de dominio, puesto que afirma tenerlo, sino que demanda la restitución de la cosa a su poder por el que la posee.’

(…) Conforme lo señalado podemos advertir que el art. 1453 del Código Civil al imprimir que ésta acción le hace al ‘propietario que ha perdido la posesión’ pone de manifiesto que el legitimado activo es el propietario del bien para accionar la reivindicación, siendo necesario que para reivindicar acredite el derecho de propiedad, y es éste derecho que le permite usar, gozar y disponer de la cosa, por imperio del art. 105 del sustantivo de la materia, derecho que le confiere a su titular la posesión civil o ius possidendi y la natural o corporal o ius possessionem, esta última puede o no ser ejercida por el propietario. Este razonamiento fue vertido en repetidos fallos por la extinta Corte Suprema de Justicia que puso en relieve que no necesariamente el titular, que pretende reivindicar, deba haber estado en posesión física del inmueble, sino que su derecho propietario le otorga posesión civil que le basta para reivindicar su propiedad; situación que se refleja en el Auto Supremo Nº 80 de 04 de noviembre de 2004, Sala Civil Segunda, entre otros, que señala: ‘En efecto, el solo hecho de tener título de propiedad, otorga al propietario el corpus y animus sobre la cosa, ejerciendo el uso, goce y disposición sobre aquélla, facultándole además, el derecho de reivindicar la cosa de manos de un tercero, así el demandante no hubiere estado en posesión material de la cosa en litigio. Así el derecho de propiedad se diferencia de las acciones posesorias, pues, en estas últimas, sí es preciso la posesión física o corporal por parte de quien la invoca, lo que no sucede con el primero…’; criterio jurisprudencial compartido por este Tribunal Supremo de Justicia que en repetidos fallos advirtió que ‘…la acción reivindicatoria, es la existencia de un derecho de propiedad sobre la cosa cuya reivindicación se demanda. Sólo aquél que demuestra ostentar derecho propietario puede reivindicar la cosa de quien la posea o detente. Derecho propietario, el cual, por su naturaleza, conlleva la ‘posesión’ emergente del derecho mismo, consiguientemente, no necesariamente debe estar en posesión corporal o natural del bien, habida cuenta de que tiene la ‘posesión civil’ que está integrada por sus elementos ‘corpus y animus’ (Auto Supremo Nº 98/2012)”.

Bajo el mismo criterio, en el Auto Supremo Nº 1277/2018, de 18 de diciembre, emitido por la Sala Civil, refiriéndose a la acción reivindicatoria, precisó lo siguiente: “…Para la procedencia de la referida acción son tres los presupuestos esenciales: 1) el derecho de propiedad de la cosa por parte del actor; 2) la posesión de la cosa por el demandado; y 3) la identificación o singularización de la cosa reivindicada. Consiguientemente la prueba de la acción reivindicatoria debe estar dirigida a demostrar esos tres presupuestos o requisitos, es decir quien demanda la reivindicación de un bien debe demostrar: 1) el derecho de propiedad de quien se pretende dueño; 2) la determinación de la cosa que se pretende reivindicar y; 3) la posesión de la cosa por el demandado.

Al respecto el autor ‘Arturo Alessandri’ señala que corresponde al reivindicador demostrar los supuestos de la acción reivindicatoria, precisando seguidamente cuáles son los principales puntos que deben ser probados, a saber: a) el dominio.- El reivindicador debe probar, dice, su derecho de dominio sobre la cosa que pide le sea restituida (...); b) la posesión de la cosa por el demandado.- el reivindicador está en la necesidad de probar que el demandado es el actual poseedor de la cosa que pretende reivindicar (...); c) la identificación de la cosa reivindicada.- el actor debe determinar e identificar la cosa que pretende reivindicar, es decir, demostrar que ella es la misma que el demandado posee”.

En concordancia con la vasta doctrina emitida por este alto Tribunal de Justicia, se tiene que la acción de reivindicación procede tan solo cuando el propietario demuestra su titularidad frente al que se encuentre en posesión de ella y este no exhiba título que justifique su posesión que sea oponible al propietario, en ese entendido para la procedencia de esta acción, deben cumplirse ciertos presupuestos, que son:

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