AS/0230/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 230/2025

Fecha: 20 de marzo de 2025

Expediente: SC-1-25-A

Partes: INESCO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A. representado por Mario Crespo Lijeron c/ Dyala Jiménez Figueres, Horacio Rodolfo Andaluz Vegacenteno, Federico Campolieti y como terceros interesados, EXTERRAN BOLIVIA S.R.L. representada por Armando Marcio Mendes Antonio y ENERFLEX SERVICES BOLIVIA S.R.L. representada por Washington Vera Aliaga.

Proceso: Nulidad de arbitraje y laudo arbitral.

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 709 a 718, interpuesto por EXTERRAN BOLIVIA SRL representada por Armando Marcio Mendes Antonio contra el Auto de Vista N° 64/2024 de 05 de septiembre, que corre de fs. 698 a 701 vta., pronunciado por la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del ordinario de nulidad de arbitraje y laudo arbitral, seguido por INESCO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A. contra Dyala Jiménez Figueres, Horacio Rodolfo Andaluz Vegacenteno y Federico Campolieti; la contestación de fs. 736 a 738 vta.; el Auto de concesión de 22 de noviembre de 2024 a fs. 743 y vta, el Auto Supremo de admisión N° 003/2025-RA, de 16 de enero, obrante de fs. 751 a 753, todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. INESCO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A representada por Verónica Vaca Padilla, mediante escrito que cursa de fs. 317 a 321 vta., planteó demanda ordinaria de nulidad de arbitraje y laudo arbitral por perdida de vigencia del arbitraje, extinción de la obligación de acudir al arbitraje por imposibilidad sobrevenida no imputable a las partes y pago de daños y perjuicios contra Dyala Jiménez Figueres, Horacio Rodolfo Andaluz Vegacenteno, Federico Campolieti y como terceros interesados, EXTERRAN BOLIVIA S.R.L. representada por Armando Marcio Mendes Antonio y ENERFLEX SERVICES BOLIVIA S.R.L. representada por Washington Vera Aliaga; quienes una vez citados, respondieron negativamente e interpusieron excepciones de incompetencia, improponibilidad de la demanda, cosa juzgada, arbitraje, impersoneria y falta de legitimación pasiva mediante memoriales salientes de fs. 412 a 423, de fs. 553 a 579, de fs. 591 a 597, desarrollándose el proceso hasta la emisión del Auto definitivo de 10 de mayo de 2023, cursante a fs. 424 a 426 vta., en la que el Juez Público Civil y Comercial 10° de la ciudad de Santa Cruz, declaró la improponibilidad de la demanda, además condenó al pago de costas y costos procesales.

2. Resolución de primera instancia que al haber sido recurrida en apelación por INESCO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A. representada por Mario Crespo Lijeron, mediante escrito que cursa a fs. 609 a 613, originó que la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emita el Auto de Vista N° 64/2024, de 05 de septiembre, que corre de fs. 698 a 701 vta., que ANULA el Auto definitivo de 10 de mayo de 2023 cursante a fs. 424 a 426 vta., en base a los siguientes argumentos:

- La autoridad judicial no habría dado cumplimiento a lo previsto en el art. 363.V del Código Procesal Civil; toda vez que, no corrió en traslado las excepciones interpuestas, incumpliendo con la comunicación procesal respectiva; por ende, se habría violentado el principio de publicidad, igualdad y contradicción, además del derecho a la defensa que rigen en los procesos ordinarios.

- Las excepciones interpuestas al igual que la improponibilidad de la demanda, debieron ser resueltas en audiencia preliminar, específicamente en el punto 4 de las actividades a desarrollar, situación que no habría sido advertida por la autoridad judicial de primera instancia, transgrediendo el derecho al debido proceso previsto en el art. 4 del Código Procesal Civil; además, la Constitución Política del Estado, Tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos.

- La resolución recurrida sería incongruente, toda vez que, analizando los argumentos referentes a la excepción de incompetencia en razón de territorio, concluye que no sería procedente la incompetencia en razón de materia; asimismo, a tiempo de resolver la excepción de improponibilidad, no señala si esta objetiva o subjetiva, o cuales serian los elementos que hacen a la improponibilidad.

3. Fallo de segunda instancia que fue recurrido en casación por EXTERRAN BOLIVIA S.R.L. representada por Armando Marcio Mendes Antonio, mediante escrito cursante de fs. 709 a 718, recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. El recurrente en el recurso de casación alegó que:

a) El Tribunal de alzada, en una labor excesivamente formal, no habría considerado que la decisión judicial de reponer el procedimiento, no es resultado de la excepción de improponibilidad. Por el contrario, es una decisión asumida dentro de los márgenes del principio de dirección y saneamiento, toda vez que la causa petendi resulta inverosímil y no tiene cabida dentro del ordenamiento jurídico vigente.

b) El Tribunal de alzada, al haber anulado obrados, habría vulnerado los principios fundamentales de celeridad, eficiencia y economía, obligando a las partes a usar sus recursos y tiempo en un proceso sin rumbo, extraviado, injusto y desleal, siendo este un despropósito total que deviene de la errónea interpretación del art. 363.V del Código Procesal Civil, ignorando que el Juez de primera instancia, repuso procedimiento después de haber advertido la improponibilidad de la pretensión.

c) El Tribunal de alzada, desconoce que la Autoridad judicial puede resolver los incidentes planteados por las partes sin más trámite, conforme lo previsto por el art. 342.III del Código Procesal Civil.

Fundamentos por los cuales los recurrentes solicitan se anule la resolución recurrida y se disponga la emisión de un nuevo Auto de Vista.

2. Contestación al recurso de casación:

INESCO Ingeniería y Construcciones S.A. representada por Mario Crespo Lijerón, contestó el recurso de casación mediante memorial de fs. 736 a 738 vta., alegando en lo principal que:

- El Auto de Vista habría sido emitido en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, en concordancia con los principios del debido proceso y el derecho a la defensa, en estricta observancia de lo dispuesto por el Código Procesal Civil.

- El Tribunal de alzada ha señalado la necesidad de que todas las partes comparezcan a la audiencia preliminar, donde podrán exponer sus excepciones y defensas de manera más detallada. En consecuencia, lejos de vulnerar derechos, la decisión anulatoria garantizaría el ejercicio pleno del derecho a la defensa, además de contribuir a la transparencia del proceso.

Por lo referido, solicita se declare infundado el recurso de casación.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. De la declaración de nulidad y la revisión de oficio de las actuaciones.

El art. 106.I del Código Procesal Civil, dispone que: “I. La nulidad podrá ser declarada de oficio o a pedido de parte, en cualquier estado del proceso, cuando la Ley la califique expresamente”.

Por su parte, el art. 17.I de la Ley Nº 025 preceptúa que: “I. La revisión de las actuaciones procesales será de oficio y se limitará a aquellos asuntos previstos por Ley”. Gonzalo Castellanos Trigo, en su obra “Análisis Doctrinal del Nuevo Código Procesal Civil”, Tomo I, Imprenta Rayo del Sur, Sucre-Bolivia 2014, Págs. 495-497, al realizar el comentario del art. 106 del Código Procesal Civil, refiere que: “La primera parte de la norma en análisis regula la declaración de la nulidad, disponiendo que la nulidad podrá ser declarada de oficio o a pedido de parte, en cualquier estado del proceso, cuando la ley califique expresamente la causal de nulidad…”. Asimismo, citando al profesor Maurino señala que: “nulidad procesal es el estado de anormalidad del acto procesal, originado en la carencia de alguno de sus elementos constitutivos, o en vicios existentes sobre ellos, que potencialmente lo coloca en situación de ser declarado judicialmente inválido”. Es decir, la nulidad consiste en la ausencia de los efectos jurídicos del acto”.

De acuerdo a ambos textos legales, se establece que el art. 106 del Código Procesal Civil, permite al operador judicial a decretar la nulidad de obrados de oficio o a pedido de parte, en cualquier estado del proceso, cuando la Ley la califique expresamente. Así el art. 17.I de la Ley Nº 025 manifiesta que la revisión de las actuaciones será de oficio y se limitará a aquellos asuntos previstos por ley. Ese razonamiento ha sido reiterado en el Auto Supremo N° 884/2015–L, de 02 de octubre, entre otros.

También se tiene el Auto Supremo N° 146/2021, de 01 de marzo, donde se emitieron las siguientes consideraciones: “El Estado mediante sus operadores de justicia, garantiza el derecho de todos los ciudadanos a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, en el marco de lo establecido en el art. 115.II de la Constitución Política del Estado; es por ello que el Tribunal Supremo de Justicia estableció razonamiento consecuente de proteger los actos procesales y de aplicar excepcionalmente la nulidad procesal; en ese marco, entre otras determinaciones, mediante el A.S. Nº 581/2013 de fecha 15 de noviembre, orientó: ‘…la nulidad procesal es una medida sancionatoria de última ratio, de aplicación excepcional, siendo la regla la conservación de los actos desarrollados en proceso y la nulidad su excepción, criterio procesal que emerge del contenido normativo de los arts. 16 y 17 de la Ley del Órgano Judicial, que señala como deber funcional de los administradores de justicia el de proseguir con el desarrollo del proceso, sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuanto exista irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole el derecho a la defensa de las partes; que condiciona además la nulidad a que procede cuando la irregularidad fue reclamada oportunamente en la tramitación del proceso, alocución normativa que se desprende del derecho a una justicia pronta y oportuna instituida por la Constitución Política del Estado en su art. 115.II’.

Este Tribunal Supremo de Justicia ha asumido una postura consecuente con la filosofía constitucional reprimiendo aquellas nulidades procesales que tienen como único objeto el de cumplir formalismos y que relega la solución del conflicto y en ello el derecho de las partes a una tutela judicial inmediata, en esta postura asumida citamos el Auto Supremo Nº 83/2013 que señaló: ‘Sólo es pertinente proceder con la nulidad de oficio cuando la vulneración al debido proceso en cualquiera de sus componentes tiene incidencia directa en el derecho a la defensa y se ve seriamente afectado de forma objetiva; pues la nulidad de obrados es una medida excepcional, aplicable con criterio restrictivo en caso de verificarse indefensión efectiva, lo contrario significa un quebrantamiento al derecho a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que tienen las partes, que el Estado garantiza por medio de sus órganos de justicia, conforme señala el art. 115 parágrafo II de la Constitución Política del Estado’.

Bajo esa consideración, instauró para las nulidades establecidas de oficio un parámetro lógico - jurídico de observancia por los tribunales de instancia y por el mismo Tribunal Supremo de Justicia, a fin de limitar aquellas decisiones anulatorias que no se ajusten al principio de conservación de los actos y se aparten del derecho a una justicia pronta y oportuna, en tal sentido, el Auto Supremo Nº 506/2017 de 16 de mayo manifestó: ‘Conforme el art. 106 del Código Procesal Civil, que hace mención a que el Juez o Tribunal de casación anulará de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público, disposición aplicable al presente caso conforme a la disposición transitoria segunda de la mencionada ley, por lo que se pasa a efectuar una revisión de oficio del proceso en cuestión en aplicación del principio de eficacia, contenido en el art. 180.I de la CPE, que deben contener las resoluciones judiciales’.

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