AS/0232/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 232/2025

Fecha: 20 de marzo de 2025

Expediente: CB-2-25-S

Partes: …Betty Vallejos Villacorta c/ René y Humberto ambos Vallejos Villacorta.

Proceso: Nulidad.

Distrito: Cochabamba.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 1156 a 1160, interpuesto por René y Humberto ambos Vallejos Villacorta, contra el Auto de Vista Nº 183/2024, de 01 de octubre, corriente de fs. 1149 a 1153 vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso sumario de nulidad por simulación, seguido por Betty Vallejos Villacorta contra los recurrentes; la contestación de fs. 1163 a 1164; el Auto de concesión de 11 de noviembre de 2024, visible a fs. 1165; el Auto Supremo de admisión N° 005/2025-RA, de 16 de enero, obrante de fs. 1174 a 1175 vta., todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Betty Vallejos Villacorta, por memorial de demanda que discurre de fs. 28 a 31, subsanado a fs. 35, a fs. 38 y a fs. 41, promovió el proceso sumario de nulidad por simulación contra René y Humberto Vallejos Villacorta, quienes una vez citados, según escrito visible de fs. 77 a 78 se apersonaron y contestaron de manera negativa; mismo, que fue considerado sin lugar de conformidad a lo dispuesto por el art. 479 inc. 1 del Código de Procedimiento Civil; que conforme a la vigencia de la Ley Nº 439 y lo señalado en su Disposición Transitoria Tercera, pasó a ser de competencia del Juzgado Público, Civil y Comercial 19º de la ciudad de Cochabamba; desarrollándose de esta manera la causa hasta la emisión de la Sentencia de 14 de febrero de 2019, que cursa de fs. 943 a 946, en la que la Juez Público, Civil y Comercial 19° de la ciudad de Cochabamba, declaró IMPROBADA la demanda, con costas.

2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por Betty Vallejos Villacorta, según memorial de fs. 948 a 953, originó que la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emita el Auto de Vista N° 183/2024, de 01 de octubre, corriente de fs. 1149 a 1153 vta., que ANULÓ obrados con reposición hasta fs. 42 inclusive, debiendo la A quo, previo a admitir la demanda ordenar a la parte actora se pronuncie sobre la situación jurídica de Jorge Vallejos Villacorta y Walter Vallejos Villacorta y en su caso integre en calidad de litis consorcio activo a los prenombrados, debiendo además adecuarse la demanda a las previsiones del nuevo Código Procesal Civil, en base a los siguientes argumentos:

Betty Vallejos Villacorta en memorial de demanda de 5 de diciembre de 2012, indicó que dentro de la unión conyugal de Eugenio Vallejos Rodríguez con María Elena Villacorta Videz, procrearon cinco hijos, Betty, Walter, Jorge, Humberto y René Vallejos Villacorta, que concluyó con la Sentencia de Divorcio de 14 de junio de 1962, en la que su madre quedó con el inmueble. Añade que el 24 de mayo de 2008, su madre otorgó en venta el indicado inmueble en favor de todos sus hijos, que en realidad fue un anticipo de legítima, documento que no pudo ser inscrito en Derechos Reales; posteriormente se enteró que el bien inmueble había sido vendido, a favor de René y Humberto Vallejos Villacorta, mediante documento de 31 de diciembre de 2009, que recién fue registrado el 14 de octubre de 2011 a nombre de los mencionados, transferencia que lesiona intereses de terceros beneficiarios.

Estos elementos sumados a otros actuados, permite establecer que, desde el inicio, las partes estaban conscientes que la demanda de nulidad del documento de transferencia tiene que ver con el derecho propietario y/o sucesorio que tienen los cinco hermanos sobre el inmueble; en este entendido, sea que la demanda otorgue tutela o no, queda claro que el efecto de ésta recae también en los derechos que pudiere tener o perder los otros hermanos de nombre Jorge y Walter Vallejos Villacorta.

En efecto, los alcances de la Sentencia de nulidad de transferencia del inmueble, tienen efecto no solo en relación a las partes contendientes en este proceso, sino también a las otras dos personas que resultan ser también hijos de María Elena Villacorta Videz, que de acuerdo con el documento de transferencia cursante de fs. 23 a 24 vta., tienen también derecho propietario, así se trate de anticipo de legítima, pues en caso de acceder a la misma, aquel inmueble retornaría al patrimonio de la causante y con ello es factible la adquisición de derecho propietario por sucesión a los cinco hijos; y, en contrario, al declararse improbada la demanda, aquella propiedad pasará en definitiva a ser considerada un bien que se halla fuera del patrimonio de la causante. O en su caso, éstos (Jorge y Walter Vallejos Villacorta, que resultan ser co-propietarios por efecto del contrato de transferencia de 24 de mayo de 2008, que es anterior al contrato de transferencia que se acusa de nulo, de 31 de diciembre de 2009, perderían su derecho propietario, sin haber sido oídos y vencidos en proceso judicial alguno, lo que viola la garantía constitucional de defensa y debido proceso regulados por el art. 115 de la Constitución Política del Estado.

Si esto es así, queda absolutamente claro, que se ha violado el derecho de defensa de Jorge y Walter Vallejos Villacorta, al no haber sido incluidos en la presente demanda, pese a tener acreditado desde inicio de la demanda, el derecho que éstos ostentarían sobre el inmueble que es objeto de la demanda de nulidad contractual que el A quo debió advertir, disponiendo oportunamente se integre a la litis en calidad de litisconsortes, pues es deber de toda autoridad jurisdiccional asegurar y resguardar el derecho de defensa de las personas, derecho constitucional que este Tribunal no puede pasar por alto.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Humberto Vallejos Villacorta y René Vallejos Villacorta, mediante memorial de fs. 1156 a 1160, recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. Los recurrentes en el recurso de casación alegaron que:

a) El Auto de Vista vulnera los arts. 4, 5, 218, 265 del Código Procesal Civil, porque de forma ultra petita y extra petita realizó apreciaciones jurídicas que no fueron objeto de demanda, modificado sustancialmente el contenido de la Sentencia apelada y porque no se pronunció sobre los puntos apelados u omitidos por el A quo, pretendiendo una legitimación pasiva como litis consorte, sea necesario o voluntario a Jorge Vallejos Villacorta y Walter Vallejos Villacorta, sin que estos últimos hayan suscrito la minuta de venta de 24 de mayo de 2008, ni hayan otorgado su consentimiento, sino por el simple hecho de estar consignados sus nombres en la cláusula de aceptación; asimismo, incorporó argumentos que no fueron objeto de la demanda, como ser que el bien inmueble es sucesorio, que se afectó la legítima de los herederos y por ello sería nulo al vulnerarse el derecho a la defensa y ser oído en juicio justo, pese a que sus derechos fueron precautelados en la Sentencia.

Fundamentos por los cuales, solicitaron se anule el Auto de Vista Nº 183/2024, de 01 de octubre, o se case y paralelamente se CONFIRME la Sentencia de 14 de febrero de 2019.

2. Contestación al recurso de casación:

Betty Vallejos Villacorta, respondió el recurso de casación mediante memorial de fs. 1163 a 1164, solicitando en lo principal que:

El recurso de casación, de la forma planteada por el recurrente es infundado, por cuanto en sus argumentos se cuestiona aspectos de forma destinados a lograr, primer la anulación del Auto de Vista, luego solicita se case la referida resolución confirmando la Sentencia de primera instancia, lo que implica una falta de técnica recursiva.

Para la procedencia del recurso de casación, ya sea en el fondo o en la forma, debe existir congruencia interna respecto a la resolución motivo de impugnación y los fundamentos estructurales que sustentan el mismo.

Por lo referido, solicitó se declare improcedente e infundado el recurso, con costas y costos.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. Sobre la nulidad de oficio.

Al respecto el Auto Supremo Nº 840/2018, de 05 de septiembre, señaló: “El art. 106 del Código Procesal Civil, Ley N° 439 de fecha 19 de noviembre de 2013 previene en su parágrafo I que: “La nulidad podrá ser declarada de oficio o a pedido de parte en cualquier estado del proceso, cuando la ley lo califique expresamente”, concordante con dicha norma, el art. 17 parágrafo I de la Ley N° 025 manifiesta que la revisión de las actuaciones procesales será de oficio y se limitará a aquellos asuntos previstos por ley; de lo expuesto se tiene que si bien aún les es permisible a los Tribunales la revisión de las actuaciones procesales de oficio, sin embargo, esa facultad está limitada a aquellos asuntos previstos por ley, entendiendo, que el régimen de revisión no es absoluto, sino limitado por factores legales que inciden en la pertinencia de la nulidad para la protección de lo actuado, por lo que en el caso de que un Juez o Tribunal advierta algún vicio procesal, este en virtud del principio constitucional de eficiencia de la justicia ordinaria al tomar una decisión anulatoria, debe tener presente que una nulidad de oficio solo procederá cuando la ley así lo determine o exista evidente vulneración al debido proceso en cualquiera de sus componentes, cuando el vicio tenga incidencia directa en la decisión de fondo o el derecho a la defensa esté seriamente afectado, conforme lo expresado en el Auto Supremo Nº 445/2016 de 6 de mayo”. (Las negrillas son nuestras)

III.2. La vulneración del derecho a la defensa.

En el Auto Supremo Nº 1156/2016, de 07 de octubre, sobre la infracción al derecho a la defensa y la nulidad procesal señaló: “La Ley Nº 025 en su art. 16 establece lo siguiente: I. ´Las y los magistrados, vocales y Jueces, deberán proseguir con el desarrollo del proceso, sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuando existiere irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole su derecho a la defensa conforme a Ley. II. La preclusión opera a la conclusión de las etapas y vencimiento de plazos´.

En correspondencia con lo normado por la Ley Nº 025, el Código Procesal Civil establece las nulidades procesales con criterio también restringido, cuyas disposiciones legales se encuentran previstas en los arts. 105 al 109, siendo la nulidad una excepción que procede según dispone, bajo dos presupuestos legales indispensables; es decir cuando la irregularidad procesal viole el derecho a la defensa y que esa situación haya sido reclamada de manera oportuna por la parte afectada, conforme disponen los artículos antes citados.

Es en este entendido, siendo que la normativa antes analizada hace referencia a que uno de los presupuestos en que procede la nulidad, se produce cuando en el proceso existe evidente vulneración al derecho a la defensa, -derecho que es irrenunciable e irrestricto por lo que de existir alguna conculcación al mismo se lo puede acusar en todo momento del desarrollo de todas las instancias y etapas del proceso mismo que se encuentra consagrado en el art. 119.II de la Constitución Política del Estado, que establece: ´toda persona tiene derecho inviolable a la defensa…´, en este entendido respecto al derecho a la defensa el Tribunal Constitucional Plurinacional ha señalado en la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0135/2013, de 01 de febrero, sobre el derecho a la defensa que: Al respecto la jurisprudencia constitucional a través de la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 2777/2010-R, de 10 de diciembre, ratificó el entendimiento de la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0183/2010-R y Sentencia Constitucional Nº 1534/2003-R, precisando que el derecho a la defensa es la: '…potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la Ley le franquea. Asimismo, implica la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal en las mismas condiciones con quien lo procesa, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos.', entendimiento ratificado por la SC 0183/2010-R de 24 de mayo, que además precisó que el derecho a la defensa se extiende: '…i) Al derecho a ser escuchado en el proceso; ii) Al derecho a presentar prueba; iii) Al derecho a hacer uso de los recursos; y, iv) Al derecho a la observancia de los requisitos de cada instancia procesal, que actualmente se encuentra contemplado en el art. 119.II de la CPE'.

En atención a lo mencionado, se infiere que uno de los elementos de la garantía del debido proceso, es el derecho fundamental a la defensa consagrado por el art. 115.II de la Constitución Política del Estado, que, a decir de la Sentencia Constitucional 1842/2003-R, de 12 de diciembre, citada en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0206/2010-R, de 24 de mayo, tiene dos connotaciones: '…la primera es el derecho que tienen las personas, cuando se encuentran sometidas a un proceso con formalidades específicas, a tener una persona idónea que pueda patrocinarles y defenderles oportunamente, mientras que la segunda es el derecho que precautela a las personas para que en los procesos que se les inicia, tengan conocimiento y acceso de los actuados e impugnen los mismos en igualdad de condiciones conforme a procedimiento preestablecido y por ello es inviolable por las personas o autoridades que impidan o restrinjan su ejercicio, por ello en caso de constatarse la restricción al derecho fundamental a la defensa, se abre la posibilidad de ser tutelado mediante el amparo constitucional, ahora acción de amparo constitucional’.

En ese sentido, el art. 117.I de la Constitución Política del Estado, prescribe: ‘Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso...’, de donde se infiere que por una parte el juzgador tiene la obligación y el deber de respetar y garantizar el derecho a la defensa, así como se halla impedido de aplicar una sanción cuando en la tramitación de la causa se ha vulnerado dicho derecho.” (Las negrillas son nuestras).

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