AS/0245/2016-RA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 245/2016-RA

Sucre, 21 de marzo de 2016

Expediente : Tarija 8/2016

Parte Acusadora : Ministerio Público

Parte Imputada : Eyber Bamba Real

Delito : Asesinato

RESULTANDO

Por memorial de 09 de noviembre de 2015, cursante de fs. 505 a 521, Eyber Bamba Real, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 67/2015 de 19 de octubre, de fs. 466 a 450, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Asesinato, tipificado por el art. 252 del Código Penal (CP).

I. ANTECEDENTES DEL PREOCESO

a) Por Sentencia 26/2015 de 22 de abril (fs. 376 a 383), el Tribunal Segundo de Sentencia de la Capital del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró a Eyber Bamba Real, autor y culpable del delito de Asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 incs. 2) y 3) del CP, imponiéndole la pena privativa de libertad de 30 años de presidio sin derecho a indulto, con costas a favor del Estado y reparación de daños a favor de la víctima, averiguables en ejecución de Sentencia.

b) Contra la mencionada Sentencia, el imputado Eyber Bamba Real, formuló recurso de apelación restringida (fs. 437 a 447), resuelto por Auto de Vista 67/2015 de 19 de octubre, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declarando sin lugar el recurso de apelación restringida y confirmando la Sentencia impugnada.

c) El 30 de octubre de 2015, conforme se desprende de la diligencia de notificación de fs. 450 de obrados, fue notificado el imputado, con el Auto de Vista hoy impugnado y el 09 de noviembre del mismo año, interpuso recurso de casación, el cual es motivo de autos.

II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

Del memorial de recurso de casación referido precedentemente, se extrae los siguientes motivos:

1) Denuncia el recurrente que el Tribunal de alzada incurrió en falta de fundamentación a tiempo de resolver el motivo de su recurso de apelación restringida, confirmando su condena de treinta años, en flagrante violación al principios de inmediación, contradicción, presunción de inocencia, in dubio pro reo; tal defecto, es relativo a que la Sentencia incurrió en el defecto previsto por el inc. 4) del art. 370 del Código de Procedimiento Penal (CPP), al haberle condenado, con base a las declaraciones testificales referenciales de tercer grado, de los policías investigadores del caso, quienes sabrían de los hechos acusados y la supuesta autoría del imputado, por referencias de otras personas y entre éstas del co-imputado Marcelo Sandoval, quien no fue acusado. Al respecto invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos 59 de 27 de enero de 2006 y 248/2013-RRC de 2 de octubre, de los cuales efectuó una transcripción parcial de su contenido, afirmando que el Tribunal de alzada al confirmar la Sentencia, sin precisar ni fundamentar el agravio denunciado, contradijo los mandatos contenidos en los Autos Supremos aludidos.

2) Argumenta, que en cuanto al segundo motivo de su recurso de apelación restringida, fundado en la valoración defectuosa de la prueba y la logicidad, porque el Tribunal de Sentencia no hizo una correcta valoración de la prueba, debido a que hizo parecer en la Sentencia que los Policías habrían afirmado que los testigos a los que se tomó las declaraciones en la etapa de investigación (amigos de la víctima y Marcelo Sandoval), habrían estado presentes en el momento de los hechos delictivos, aspecto sobre los que el Tribunal de apelación no fundamentó absolutamente nada. Asimismo, denunció que no se valoró correctamente las declaraciones de los tres testigos de referencia, en tercer grado (los Policías investigadores), en cuanto a que los testigos afirmaron que habría ido a la casa de la víctima la madrugada en que lo mataron, atestaciones que no podían ser suficientes para determinar como hecho probado su responsabilidad de autor. Igualmente, denunció que los miembros del Tribunal de Sentencia, efectuaron afirmaciones que no fueron expresadas por ninguno de los tres testigos policías, tales como que “…INGRESARON LOS PERPETRADORES DE MANERA GENERAL, PREGUNTANDO POR KALUCHIN, DONDE CONTESTA LA VÍCTIMA Y RECIBE UN GOLPE”, señalando el A quo además que “AQUÍ NO VALE PREGUNTARSE QUIEN PROPINO EL GOLPEN Y QUIEN APRETOS EL GATILLO” (sic); expresiones que denotan duda, no obstante se declaró como hechos probados que él es responsable del golpe y que disparó el arma, resultando autor de la muerte de la víctima, lo que –a decir suyo-incumple con las reglas de la lógica, experiencia y psicología; extremos, no considerados por el Tribunal de alzada, quien habría argumentado que no podía ingresar a una nueva valoración de los elementos de convicción, soslayando su función de controlar esas valoraciones; actuando en contradicción con la doctrina legal sentada por los Autos Supremos 266/2014-RRC de 24 de junio y Sentencia Constitucional (SC) 2023/2010, por un lado; y, por otro, los Autos Supremos 528/2014-RRC de 7 de octubre, 111/2007 de 31 de enero, 200/2012-RRC de 24 de agosto, 229/2012 de 27 de septiembre, 176/2013-RRC de 24 de junio, sobre éstos afirmó que se refieren a la valoración probatoria, efectuando una transcripción parcial de su contenido y resaltando que, su contenido, guarda coherencia con el principio de inmediación, por cuanto el Juzgador es el único que tiene la posibilidad de tener contacto directo con las pruebas, de cuya impregnación y posterior valoración en Sentencia, quedará en condiciones de determinar de la manera más cercana posible, la verdad histórica de los hechos (verdad material) que resulta ser el fin esencial del proceso penal; razonando en contrario, el Tribunal de alzada no cuenta con la posibilidad de inmediación con el elenco probatorio, haciendo inviable cualquier examen valorativa de la prueba, por lo que su campo de acción está circunscrito al control de la logicidad de la valoración del Tribunal o Juez de Sentencia, aspecto que omitió efectuar el Tribunal de apelación.

3) Alega, que el Tribunal de alzada había referido de forma evasiva a la denuncia referida a que el A quo no consideró los alegatos de la defensa y que tampoco se incluyó su última palabra en la Sentencia; por cuanto refirió que, de la lectura de la Sentencia se tendría que el inferior consideró los alegatos de la defensa pero los compulsó con la prueba incorporada y con los criterios legales y doctrinales; sin especificar en qué lugar de Resolución cuestionada se encuentran esos alegatos principales.

III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN

El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.

En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial, que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.