Texto del fallo
SALA SOCIAL Y ADM. II. AUTO SUPREMO: Nº 253
Sucre, 05 de agosto de 2010
DISTRITO: Tarija PROCESO: Social
PARTES: Hipólito Gareca Colodro c/ Prefectura del Departamento de Tarija.
MINISTRO RELATOR: Hugo R. Suárez Calbimonte.
VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 141-142 vta., interpuesto por Juan Aramayo Aramayo, en representación de Hipólito Gareca Colodro, impugnando el Auto de Vista de 8 de mayo de 2006, cursante a fs. 138 y vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija, dentro del proceso social que sigue Hipólito Gareca Colodro, contra la Prefectura del Departamento de Tarija, la respuesta de fs. 147-148, el auto que concede el recurso de fs. 149, los antecedentes del proceso y
CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso laboral, el Juez Tercero del Trabajo y Seguridad Social de Tarija, emitió la Sentencia de 20 de marzo de 2006, cursante a fs. 118-120, declarando improbada la demanda de fs. 63-68 y probada la excepción de prescripción de fs. 77.
En grado de apelación formulada por la parte demandante, la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija, por Auto de Vista de 8 de mayo de 2006, cursante a fs. 138 y vta., confirmó la sentencia apelada, con costas.
Que contra la resolución de vista, Juan Aramayo Aramayo, en representación de Hipólito Gareca Colodro, interpone el recurso de casación en el fondo de fs. 141-142 vta., al amparo del art. 253 incs. 1), 2) y 3), 255 inc. 1) y 258 del Cód. Pdto. Civ., acusa que el auto de vista impugnado contiene violación, interpretación errónea de la ley, disposiciones contradictorias y error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba, porque la presentación de la demanda colectiva interrumpió la prescripción y que habiéndose omitido valorar este aspecto contenido en la prueba de cargo, se atentó contra la seguridad jurídica procesal que es la garantía del debido proceso.
Concluye solicitando la casación del auto de vista y que en correcta aplicación de justicia se reconozcan los derechos demandados declarando probada la demanda social en todas sus partes y se ordene el pago del bono de antigüedad y vacación fraccionada y sea con imposición de costas procesales.
CONSIDERANDO II: Que, así interpuesto el recurso, de la revisión de los antecedentes procesales, se concluye:
1.- Que en materia laboral los jueces de grado, tienen la facultad que les reconoce el art. 158 del Código Procesal del Trabajo, para valorar la prueba aportada en el proceso, formando libremente su convencimiento e inspirándose en los principios que informan la crítica de la prueba, atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes. Igualmente, a diferencia de otras ramas del derecho tanto la doctrina como la legislación han desarrollado en esta materia una serie de principios aplicables a favor de los trabajadores, entre estos, el de inversión de la prueba que recoge el art. 3º inc. h) del Cód. Proc. Trab., por el que si bien la carga de la prueba incumbe al empleador demandado, sin embargo el trabajador no está exento de producir en su interés toda la prueba que solvente su demanda.
2.- Que en la especie el recurrente señala de forma enunciativa que el auto de vista recurrido contiene violación, interpretación errónea de la ley, sin precisar en concreto a que disposiciones legales aplicadas en el fallo se refiere, por lo que nada hay que considerar respecto de tales supuestas infracciones. Sin embargo por lo que acusa genéricamente error de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas de cargo conviene dejar establecido que conforme consta por los certificados de fs. 59 y 60, emitidas por el Servicio Nacional de Administración de Personal y el Corregimiento Mayor de Bermejo, respectivamente, dan cuenta que la relación laboral del actor con el I.A.B., tuvo carácter transitorio en épocas de pre zafra y zafra, desde el 15 de mayo de 1978 al 6 de abril de 1997 y del 7 de abril de 1997 al 31 de agosto de 1998, como trabajador permanente ocupando el cargo de Ayudante Mecánico Primero en la Sección Guardia Mecánica de I.A.B., obedeciendo su retiro a la privatización de la empresa a partir del 1º de septiembre de 1998 en virtud de la Ley 1330.
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