AS/0257/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 0257/2025

Fecha: 25 de marzo de 2025

Expediente: SC-132-24-S

Partes: Ana Dorcas Natusch de Flores representada convencionalmente por Yonathan Vacaflor Paredes y Paúl Andrés Natusch Quiroga c/ Amanda Sanguino Rojas.

Proceso: Nulidad de contrato, enriquecimiento ilegítimo, más pago de daños y perjuicios.

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 1285 a 1267, interpuesto por Ana Dorcas Natusch de Flores representada por Yonathan Vacaflor Paredes y Paúl Andrés Natusch Quiroga contra el Auto de Vista Nº 198/2024, de 26 de agosto, corriente de fs. 1252 a 1255, pronunciado por la Sala Civil, Comercial, de Familia, Niñez, Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso ordinario de nulidad de contrato, enriquecimiento ilegítimo, más pago de daños y perjuicios seguido por los recurrentes contra Amanda Sanguino Rojas; la contestación de fs. 1271 a 1274; el Auto de concesión de 18 de noviembre de 2024, visible a fs. 1275; el Auto Supremo de admisión N° 1468/2024-RA, de 06 de diciembre, obrante de fs. 1282 a 1283 vta., todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Ana Dorcas Natusch de Flores representada por Yonathan Vacaflor Paredes y Paúl Andrés Natusch Quiroga, por memorial de demanda que discurre de fs. 23 a 31, subsanado por escrito de fs. 46 a 48, promovieron el proceso ordinario de nulidad de contrato, enriquecimiento ilegítimo, más pago de daños y perjuicios contra Amanda Sanguino Rojas, quien una vez citada, mediante escritos que discurren de fs. 334 a 337 y de fs. 361 a 364 vta., interpuso incidente de nulidad, que mereció el Auto de 22 de marzo de 2022, solicitud que fue rechazada; desarrollándose de esta manera la causa hasta la emisión de la Sentencia N° 09/2024, de 26 de marzo, que cursa de fs. 1216 a 1224, en la que la Juez Público Civil y Comercial 21° de la ciudad de Santa Cruz, declaró IMPROBADA la demanda principal.

2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por Ana Dorcas Natusch de Flores y Paúl Andrés Natusch Quiroga representados por Yonathan Vacaflor Paredes, según memorial de fs. 1229 a 1237 vta., originó que la Sala Civil, Comercial, de Familia, Niñez, Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emita el Auto de Vista N° 198/2024, de 26 de agosto, corriente de fs. 1252 a 1255, que CONFIRMÓ totalmente la Sentencia impugnada, con costas y costos, en base a los siguientes argumentos:

Ana Dorcas Natusch de Flores y Paúl Andrés Natusch Quiroga, presentaron demanda de nulidad de contrato, enriquecimiento ilícito, más pago de daños y perjuicios, fundando su pretensión en el hecho, de que el Acuerdo privado definitivo de división y partición de bienes hereditarios sucesorios de 21 de julio de 2021 sería nulo al tenor del art. 549.2 del Código Civil, por existir una desproporción en la sesión de bienes, por haberse pactado sin contar con un precio ecuánime que determine el valor exacto de dichos bienes.

En el caso, se aprecia que entre las partes en conflicto, se suscribió el 21 de julio de 2022, un acuerdo privado definitivo sobre división y partición de bienes hereditarios, cuyo objeto versó en la distribución de bienes sucesorios entre herederos, de lo que se colige la existencia de un objeto posible, por cuanto se acordó una disposición patrimonial de masa hereditaria perteneciente a una causante y susceptible de ser traspasado a sus herederos por efecto de sucesión hereditaria. La licitud del contrato se demostró a partir de ser el documento un acuerdo transaccional, celebrada en cumplimiento al art. 945 del Código Civil; asimismo, el objeto del contrato está determinado por la intención común de arribar a un acuerdo transaccional para solucionar aspectos relativos a repartición de la herencia y por el hecho de encontrarse individualizado en dicha distribución los bienes respectivos y a quienes correspondería los mismos.

Asimismo, y sobre lo anterior, es importante remitirnos a lo analizado por el Auto Supremo N° 959/2023 de 04 de octubre, que sostuvo: “El agravio anterior, se encuentra relacionado con la eficacia del documento transaccional de 04 de julio de 2016, cuyo alcance y validez se encuentra descrito en el numeral III.2 de la presente resolución, documento que a su vez está vinculado a la causal de nulidad invocada desde la óptica de la desproporción de la prestaciones recibidas; proposición, que de inicio resulta siendo inconsistente con el fundamento esencial de la nulidad, que versa sobre la formación misma del contrato y no sobre la cuantía y ejecución de las prestaciones otorgadas, aspectos que están reservados a las acciones de resolución y rescisión”. De tal manera, queda claro que la nulidad prevista en el art. 549.2 del Código Civil, no alcanza a las situaciones en las cuales se pretenda cuestionar aspectos referidos a desproporciones en las prestaciones acordadas en virtud a su cuantía, precio o valuaciones económicas, aspectos que tienen otras vías procesales y jurídicas para su impugnación. Por tales razones, el Tribunal de alzada, no encuentra razones valederas por las cuales la nulidad solicitada, en los términos que ha sido demandada, pueda ser procedente.

En cuanto a la falta de valoración de los informes periciales de fs. 429 a 439 y de fs. 493 a 501, que establecían la desproporción de los bienes otorgados a cada legatario. Al respecto corresponde señalar, que como expuso anteriormente, los argumentos referidos a desproporciones en las prestaciones acordadas en virtud a su cuantía, precio o valuación, no corresponde ser considerados por la vía de nulidad establecida en el art. 549.2 del Código Civil, por lo cual los informes periciales aludidos, son manifiestamente inconducentes para el proceso; y, si bien la A quo no generó una valuación de los mismos, dicha situación se subsana a partir de las declaraciones antes realizadas, no ameritando por ello, la anulación del fallo

En cuanto a la acusación, referida a la falta de motivación y fundamentación de la Sentencia, no se aprecia dicha situación, toda vez que el fallo de instancia expuso los criterios doctrinales y jurisprudenciales referidos al contrato, su objeto y nulidad, así como realizó un razonamiento de los motivos por los cuales consideró inviable la nulidad deducida, describiendo y analizando detalladamente el contenido del documento de fs. 1 a 4, habiendo concluido que los bienes pertenecen al causante, se encuentran determinados, siendo el objeto del contrato la división y partición de los mismos, resaltando que el incumplimiento del acuerdo no constituye causal de nulidad, más aun si la ley no señala como requisito de validez del contrato la existencia de un avaluó como causa de nulidad, ni se ha demostrado la existencia de otros bienes o cargas hereditarias.

Del mismo modo, se aprecia que la Sentencia se pronunció expresamente sobre la pretensión avocada, a la existencia de enriquecimiento ilícito y pago de daños y perjuicios.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Ana Dorcas Natusch de Flores y Paúl Andrés Natusch Quiroga, representados por Yonathan Vacaflor Paredes, mediante memorial de fs. 1258 a 1267, que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. Los recurrentes en el recurso de casación alegaron que:

En cuanto a la casación en el fondo:

a) El Auto de Vista N° 198/2024, de 26 de agosto, incurrió en interpretación errónea y aplicación indebida de la Ley, en cuanto al art. 549.2 con relación a los arts. 945, 946 y 949 todos del Código Civil, por cuanto interpretaron erróneamente los institutos de la nulidad y la resolución de contrato, toda vez que el Acuerdo definitivo transaccional, carece de objeto posible, al no existir en ella una repartición en virtud al grado porcentual que atinge a cada legatario y por que al momento de su suscripción no existía la certeza del valor de los bienes estipulados, y tampoco existía la disponibilidad de una acreencia cedida a su favor, por lo mismo no existe objeto.

b) Incurrió en la misma interpretación y aplicación indebida de la ley, debido a que no determinó porqué la nulidad demandada es improcedente y cómo la misma debía ser procedente vía resolución o rescisión, que son pretensiones que están destinadas a resolver contratos que han nacido a la vida jurídica sin vicios, incurriendo también con ello en la debida fundamentación y motivación.

c) Incurrió en error de hecho al no haber otorgado el valor previsto por ley a los estudios periciales de fs. 429 a 438 y de fs. 493 a 501 que están íntimamente relacionados al contenido del contrato de 21 de julio de 2021, tampoco tomo en cuenta los documentos de pago parcial salientes de fs. 318 a 321, en el que la demandada reconoce que recibió $us. 25.000 por concepto de capital de la acreencia concedida a su favor en el punto B.3 de la cláusula segunda del acuerdo transaccional.

d) Incurre en incongruencia citra petita porque le Auto de Vista, luego de haber identificado en el Considerando I, 10 agravios, sólo centró su análisis en tres de ellos (i, vii y el x) omitiendo pronunciarse sobre siete de los agravios identificados.

Fundamentos por los cuales, solicita se case el Auto de Vista Nº 198/2024, de 26 de agosto, o en su defecto se anule por defectos y vicios de forma, con costas.

2. Contestación al recurso de casación:

Amanda Sanguino Rojas, respondió el recurso de casación mediante memorial de fs. 1271 a 1274, solicitando en lo principal que:

El recurso de casación interpuesto, resulta siendo infundado, toda vez que, en el primer párrafo, que tiene como título “De la Transacción, solo mencionan el art. 949 del Código Civil, realizando una interpretación subjetiva, siendo que dicha norma solo habla sobre los acuerdos transaccionales que tienen validez entre partes contratantes; para que sea declarado invalido, tiene que existir causales de nulidad o anulabilidad, en el caso los mismos no existe.

En el párrafo segundo, nuevamente realizan una interpretación subjetiva de la norma civil y alegan que, el acuerdo transaccional y un contrato son diferentes, pero lo que no se dan cuenta es que los acuerdos transaccionales se les atribuye la calidad de contratos.

En el párrafo tercero, de manera redundante, señalan que el acuerdo de división y partición de bienes sucesorios es nulo.

En el caso, alegan que la acreencia fuera cobrada, empero de las pruebas aportadas se tiene que los recurrentes se encuentran cobrado la deuda a través de una demanda coactiva en el que en Sentencia se ordenó el pago de $us. 30.000 más intereses; incluso, existe una liquidación de intereses que cursa a fs. 943 de $us. 85.951.31.

En relación a la falta de valoración de las pericias, la respectiva prueba cursante de fs. 1208 a 1212, no fue producida debido a que el perito no asistió a la audiencia; al respecto el art. 368.II del Código Procesal Civil, estipula que para la producción de la pericial el perito debe estar presente en la audiencia.

En cuanto a la denuncia de interpretación errónea y aplicación indebida de la ley, los recurrentes solo mencionan artículos del Código Civil, pero no establecen cómo se le está interpretando de forma errónea y como se está aplicando indebidamente.

Por lo referido, solicitaron se declare improcedente el recurso de casación, con costas y costos.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. Ante la interposición del recurso de casación en la forma y fondo, es necesario en primer lugar resolver los reclamos de forma

Sobre este punto, corresponde señalar lo expresado en la doctrina aplicable contenida en el Auto Supremo Nº 203/2016, de 11 de marzo, pronunciado por la Sala Civil del máximo Tribunal de Justicia Ordinaria, que de forma clara ha expresado: “En principio corresponde orientar que conforme establece el art. 274 del Código Procesal Civil, el recurso de casación puede ser interpuesto tanto en la forma como en el fondo; norma que posee un contenido análogo con lo que establecía el art. 258 núm. 2 del Código de Procedimiento Civil, tipo de recursos que tiene relación con la forma de resolución que ha de emitirse, en vista de que el recurso de casación en la forma, es el mecanismo recursivo, mediante el cual se acusan aspecto inherentes a la forma de la tramitación de la cusa, cuya finalidad es anular obrados y el recurso de casación en el fondo, es el mecanismo recursivo idóneo para observar la errónea aplicación, violación o interpretación de la ley realizado por los jueces de instancia y la finalidad de la misma es casar el Auto de Vista, y debido a esa notoria diferenciación, es que de principio y por metodología estructural corresponde pronunciarse en un primer momento, sobre los reclamos de forma, pues que de ser evidente los mismos, la resolución a emitirse como se expuso es una anulatoria y no corresponde realizar un análisis en cuanto a los reclamos de fondo, entonces debido a ese antecedente, es que en principio corresponde realizar un análisis de los reclamos inherentes a la forma del proceso”.

III.2. Del principio de congruencia y el art. 265 del Código Procesal Civil.

En mérito al principio de congruencia, toda resolución debe reunir la coherencia procesal necesaria, que en el caso de la apelación, encuentra su fuente normativa en el art. 265 del Código Procesal Civil, que se sintetiza en el aforismo “tantum devolutum quantum appellatum”, que significa que es devuelto cuanto se apela, con esto se establece el límite formal de la apelación en la medida de los agravios propuestos en la impugnación, en otras palabras, la función jurisdiccional del órgano de revisión en doble instancia se ve contenido a lo formulado en la apelación por el impugnante.

En ese entendido, la jurisprudencia constitucional desarrolló el principio de congruencia en la Sentencia Constitucional Nº 0486/2010-R, de 05 de julio, donde razonó que: "El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la Resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia…" (Las negrillas nos pertenecen). Razonamiento que es reiterado a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nº 0255/2014 y Nº 0704/2014.

De lo expuesto se deduce que en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita”, que se produce al otorgar más de lo pedido; extra petita, al extender el pronunciamiento a cuestiones no sometidas a la decisión del Tribunal; y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita); a este respecto, este Tribunal Supremo de Justicia orientó a través del Auto Supremo Nº 304/2016 de esta Sala Civil, citando al Auto Supremo Nº 11/2012, de 16 de febrero, que: “Todo Auto de Vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de la apelación conforme lo determina el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que la infracción de este principio determina la emisión de fallos incongruentes como: a) Auto de Vista Ultra Petita, cuando el tribunal de alzada se pronuncia más allá del petitorio o los hechos; b) Auto de Vista extra petita, cuando el tribunal ad quem se pronuncia sobre un petitorio o hechos no alegados; c) Auto de Vista citra petita, en el caso en que el tribunal de alzada omite totalmente el pronunciamiento sobre las pretensiones formuladas; d) Auto de Vista infra petita, cuando el tribunal ad quem no se pronuncia sobre todos los petitorios o todos los hechos relevantes del litigio; omisiones y defectos del Auto de Vista que infringen el debido proceso”.

De igual forma, a través del Auto Supremo Nº 254/2014, de 27 de mayo, de la Sala Civil, se orientó que: “La inobservancia de estas reglas conllevan incongruencia, que a decir de la doctrina se diferencian en: Incongruencia positiva, que es aquella en la que el juzgador extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido a su consideración; e Incongruencia negativa, cuando el juzgador omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial. En ésta última, encontramos la denominada ‘citra petita’, que resulta de la omisión de alguna de las pretensiones deducidas en proceso…

Es de importancia considerar que el principio de congruencia procesal, si bien pondera el derecho al debido proceso, sin embargo, ‘no es absoluto’, en la medida de la afectación de otros derechos, garantías y principios fundamentales que emergen en procura de brindar la tutela judicial efectiva a las partes…

En el recurso de casación en la forma y en relación al principio de congruencia, la trascendencia y la afectación del agravio debe gravitar indefectiblemente para suponer la nulidad de obrados, previendo siempre la garantía al debido proceso, a la defensa y a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que sustenta el art. 115 de la Constitución Política del Estado.

De donde se tiene que el Juez no puede simple y llanamente aplicar la nulidad, que es restrictiva, sino que debe ponderar la omisión frente a los otros principios y derecho constitucionales fundamentales para llegar a una decisión judicial que esté acorde con la nueva dogmática de la nulidad que se afianzó con la Constitución Política del Estado Plurinacional en su art. 115 y los art. 16 y 17 de la Ley 025, pues sólo será posible la nulidad si existe afectación del derecho a la defensa”. (Subrayado y negrilla es nuestro)

El Auto Supremo N° 868/2021, de 04 de octubre, determinó que: “…La acción de nulidad está regulada por el art. 549 del CC; acción que procede cuando en el contrato o acto jurídico del cual emergen obligaciones contiene vicios insubsanables por disposición expresa de la ley, de tal manera que impiden que un contrato o acto jurídico tenga validez jurídica, pues la nulidad reviste en ser una sanción legal que priva de sus efectos propios a un acto jurídico (contrato) en virtud de una falla en su estructura simultánea con su formación, de ahí que la nulidad se origina en una causa existente en el momento mismo de la celebración del acto jurídico y no por un motivo sobreviniente; característica que es esencial para diferenciar la nulidad de otras acciones como la resolución.

Del análisis de lo establecido por la norma citada (art. 549 del CC), se tiene que este precepto establece cinco causales por las cuales se puede demandar y determinar la nulidad de un contrato o acto jurídico; causales que resulta necesario analizar, en sentido de comprender la manera en la que estas deben adecuarse a los hechos que sustentan una acción de nulidad. En ese entendido, diremos que la nulidad procede:

-Por faltar en el objeto del contrato los requisitos señalados por ley (inc. 2); esta causal hace referencia a los requisitos establecidos por el art. 485 del CC, que textualmente señala: “Todo contrato debe tener un objeto posible, licito y determinado o determinable”, sobre el cual el Auto Supremo Nº 504/2014 de 08 de septiembre, orientó que: “…el objeto de un contrato o de un convenio, debe reunir ciertos requisitos, conforme a los que señala el art. 485 del Código Civil, debe ser posible, lícito y determinado o determinable, cuando el Código hace referencia al requisito de lo posible, señala que la prestación prometida sobre un bien debe pertenecer al obligado y en el caso de una venta, el cual el objeto del contrato resulta ser la transferencia del derecho de propiedad de un bien, y este bien debe pertenecer al vendedor, de ello se deduce que la transferencia del derecho propietario tenga un objeto posible, conlleva a señalar que el vendedor se encuentra en la posibilidad de transferir dicho bien”.

-Por ilicitud de la causa y por ilicitud del motivo que impulso a las partes a celebrar el contrato (inc. 3), precepto que debe entenderse en sus dos elementos como ser la causa ilícita y el motivo ilícito, en el primer caso diremos que la causa es lícita cuando es conforme al orden público o las buenas costumbres y no busca eludir una norma de aplicación imperativa; contrario sensu un contrato tiene causa ilícita cuando las partes persiguen una finalidad económico- social, contraria a normas imperativas (contrato ilegal) o a los principios de orden público (contrato prohibido) o de las buenas costumbres (contrato inmoral). En el segundo caso el motivo ilícito se encuentra regulado en el art. 490 del Código Civil que textualmente señala: “El contrato es ilícito cuando el motivo que determina la voluntad de ambos contratantes es contrario al orden público o a las buenas costumbres”, motivo que se encuentra en la voluntad de las partes de dar vida al contrato (elemento subjetivo), bajo estos términos se debe tener presente que la causa es independiente de la voluntad de los contratantes y es distinta del motivo.

-Finalmente, el inciso 5) establece en los demás casos determinados por ley, que en términos redundantes hace referencia a las nulidades establecidas por expresa disposición de la ley.

Infiriendo de ello que los sujetos que demanden la nulidad de un contrato, deben señalar de manera concreta en cuál de las causales establecidas en la norma se encuadra el hecho que sustenta su acción, toda vez que será sobre la base de esa relación fáctica y la prueba aportada al proceso que el juez determinará o no la nulidad del contrato en cuestión”. (Las negrillas nos corresponden).

III.4. Sobre el Objeto lícito

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