AS/0264/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 0264/2025

Fecha: 26 de marzo de 2025

Expediente: LP-224-24-S

Partes: María Elena Gutiérrez Choquehuanca por sí y en representación de María Renee calzada Canahui, Maricruz Eva Parra Gutiérrez y Felicidad Victoria Canahui Flores c/ Alfredo Meruvia Crespo.

Proceso: Resolución de contrato, más pago de daños y perjuicios.

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 307 a 311 vta., interpuesto por Alfredo Meruvia Crespo, contra el Auto de Vista Nº 325/2024, de 08 de marzo, corriente de fs. 301 a 304, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso ordinario de resolución de contrato, más pago de daños y perjuicios, seguido por María Elena Gutiérrez Choquehuanca por sí y en representación de María Renee Calzada Canahui, Maricruz Eva Parra Gutiérrez y Felicidad Victoria Canahui Flores contra el recurrente; la contestación de fs. 326 a 327 y 329 a 331 vta.; el Auto de concesión de 05 de noviembre de 2024, visible a fs. 334, el Auto Supremo de admisión N° 1447/2024-RA, de 04 de diciembre, obrante de fs. 342 a 343, todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

1. María Elena Gutiérrez Choquehuanca por sí y en representación de María Renee Calzada Canahui, Maricruz Eva Parra Gutiérrez y Felicidad Victoria Canahui Flores, por memorial de demanda que discurre de fs. 41 a 43 vta., subsanado por memorial de fs. 47 a 50, promovieron el proceso ordinario de resolución de contrato, más pago de daños y perjuicios contra Alfredo Meruvia Crespo, quien una vez citado, mediante memorial de fs. 155 a 164 vta., contestó a la demanda en forma negativa; desarrollándose de esta manera la causa hasta la emisión de la Sentencia N° 512/2022, de 07 de noviembre, que cursa de fs. 262 a 273 vta., en la que el Juez Público Civil y Comercial 7° de la ciudad de La Paz, declaró PROBADA la demanda de resolución de contrato y rechazó el pago de daños y perjuicios, disponiendo la resolución del contrato de 11 de junio de 2015 y Escritura Pública Nº 178/2018, de 14 de junio, y la restitución de la suma de $us. 6.824.10 en favor de la demandante María Elena Gutiérrez Choquehuanca; la resolución del contrato de 27 de agosto de 2015 y Escritura Pública Nª 1034/2017 de 11 de diciembre y la restitución de la suma de $us. 11.765.44 en favor de la demandante Felicidad Victoria Canahui Flores; y, la resolución del contrato de 26 de junio de 2018 y Escritura Pública Nª 210/2018, de 04 de julio, más la restitución de la suma de $us. 6.000.00 en favor de la demandante Maricruz Eva Parra Gutiérrez.

2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por Alfredo Meruvia Crespo, según memorial de fs. 278 a 282 vta., originó que la Sala Civil y Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emita el Auto de Vista N° 325/2024, de 08 de marzo, corriente de fs. 301 a 304, que CONFIRMÓ la Sentencia, en base a los siguientes argumentos:

En relación al agravio suscitado en el punto 1, en la que se denunció que la Sentencia no señaló qué tipo de resolución de contrato esta presentado. Del acta de audiencia preliminar y conforme al art. 366 el Juez A quo determinó la fijación del objeto del proceso en "la existencia de un contrato y su resolución por incumplimiento del demandado", bajo ese entendido se tiene que la pretensión versa sobre resolución de contrato por incumplimiento de la parte demandada (vendedor).

Por otra, en cuanto a que no se estableció qué cláusula se incumplió; al efecto debe tomarse en cuenta el art. 568 del Código Civil, norma que es concordante con la presente causa y el art. 614 del mismo Código, respecto a las obligaciones del vendedor se establece que el mismo tiene las obligaciones principales de: 1. Entregarle la cosa vendida. 2, Hacerle adquirir la propiedad de la cosa o el derecho si la adquisición no ha sido efecto inmediato del contrato. 3. Responderle por la evicción y los vicios de la cosa; bajo esa misma óptica legal, el art. 636.I del mencionado cuerpo legal, respecto a las obligaciones del comprador, señala: "El comprador está obligado a pagar el precio en el término y lugar señalados por el contrato". Al amparo del orden normativo, se advierte que el Juez A quo, determinó declarar probada la demanda de resolución de contrato y no ha lugar al resarcimiento de daños y perjuicios, bajo el razonamiento de que los demandantes cumplieron con su parte de la obligación para la interposición de la demanda de resolución de contrato. De ello se advierte que el Juez A quo, falló conforme a derecho puesto que los actores pagaron el monto estipulado en los contratos de venta con reserva de propiedad de 11 de junio de 2015, de 27 de agosto de 2015 y de 26 de junio de 2018, mismos que tienen todo el valor legal del art. 1289 del Código Civil, pues de las pruebas producidas, recibos de pagos y depósitos bancarios que cursan a fs. 17 y 18, se demuestra que María Elena Gutiérrez Choquehuanca, efectúo el pago del valor del lote de terreno Nº 5; de fs. 26 a 29 cursa recibos de pagos y depósitos bancarios que demuestran que Maricruz Eva Parra Gutiérrez pagó el valor del lote de terreno Nº 6; y, de fs. 34 a 37, cursa recibos de pagos y depósitos bancarios que demuestran que María Renee Calzada Canahui pagó el valor del lote de terreno Nº 20.

Por otra, se tiene que la parte demandada en audiencia de conciliación de fs. 239 a 247, ante la pregunta realizada por el Juez, si hizo entrega o no de los lotes de terreno, respondió, se debería entregar, pero está condicionada a los plazos de implementación a los que se adhirieron voluntariamente las compradoras, y a la fecha no se hizo entrega porque se sigue ejecutando los trabajos de habilitación según contrato; extremo que implica una confesión judicial provocada tal cual lo establece el art. 157.III del Código Procesal Civil.

De los argumentos expresados líneas ut supra, se constata que los demandantes cumplieron con su obligación de cancelar el pago por la compra de los lotes de terreno; sin embargo, el vendedor no cumplió con su obligación de entregar los mismos a favor de las compradoras, aspecto que constituye un requisito esencial para la procedencia de la resolución de contrato, puesto que los demandantes no pueden realizar ningún acto de disposición de los lotes de terreno, existiendo un impedimento para la posesión de los mismos.

En cuanto al agravio del punto 2, referida a la cuantía de la reparación del daño, no fue sustentada ni fundamentada; al respecto, la parte recurrente debe tener presente que la Sentencia apelada en su parte resolutiva la rechazó, en consecuencia, no corresponde acoger el agravio.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. El recurrente en el recurso de casación alegó que:

Se evidencia en obrados la mala fe al interponer esta demanda, ya que es innegable que toda actuación realizada y aseveración carece de legalidad, toda vez que su persona ya transfirió el bien inmueble a cada una de las demandantes, como prueba están las minutas adjuntas en la demanda.

La parte contraria promovió el proceso, haciendo incurrir en error a las autoridades, por ejemplo:

1ro.- A fs. 40 se aprecia el acta de no comparecencia a audiencia de conciliación, actuado para el cual nunca fue citado de manera correcta, ya que la parte contraria seguramente simuló la notificación o en su defecto señaló otro domicilio real.

2do.- De fs. 6 a 7 cursa el Poder N° 31/2020, que fue otorgado por María Renee Calzada Canahui a favor de Felicidad Victoria Canahui Flores, dirigido al Juzgado Público 24° Civil y Comercial de La Paz, y no al juzgado Publico 7° Civil y Comercial.

3ro.- A fs. 9 se evidencia el domicilio real del demandado que es totalmente falso, ya que la parte contraria señaló este para que su persona no pueda defenderse, cuando su domicilio real siempre ha sido en la Zona Miraflores, calle Rodrigo Mejía N° 1935, extrañando la mala fe de la parte contraria, desarrollándose el proceso con error.

4to.- En la presente demanda, Felicidad Victoria Canahui Flores se presenta sin legitimación activa, porque en la pretensión se apersona por sí y en representación de María Renee Calzada Canahui con el Testimonio de Poder N° 32/2020, dirigido para el Juzgado Público Civil y Comercial 24º.

5to.- A fs. 42 y 48 vta., se ha señalado por los “demandados” (sic), que no se ha entregado los bienes inmuebles que se han transferido a su nombre; es increíble que se establezca esta clase de demandas siendo que la presente es totalmente contradictoria, ya que la pretensión, es que se le entregue algo que legalmente ya se les hizo entrega del objeto del contrato a momento de la suscripción de la minuta.

6to.- Se estaría solicitando la resolución de contrato de las minutas de transferencia; sin embargo, la pretensión de contrario no es clara, toda vez que, en materia civil existen tipos de resoluciones de contrato, alguna de ellas es la resolución de contrato por incumplimiento, y, ello se determina bajo incumplimiento total o parcial del contrato, siempre y cuanto se haya generado el mismo por alguna de las partes, lo cual no ha sucedido, ya que su persona ha firmado la Minuta de Transferencia del bien inmueble de manera legal ante Notaria de Fe Pública, así también, la entrega de este bien se encuentra obligada a los plazos estipulados en la cláusula sexta, ya que la misma deviene de un proyecto de urbanización.

7mo.- A la revisión de todas las minutas de transferencia, así como de los documentos privados, estos documentos han sido generados mediante pagos, es decir a crédito y otros de forma directa, por lo cual su persona ha extendido una ayuda directa a las demandantes, por lo que le sorprende su actuación de mala fe.

En el presente caso, la parte contraria solo solicitó una resolución sin señalar si desea su cumplimiento o demostrar el incumplimiento en cláusula debidamente individualizada o específica, por tal motivo la pretensión es nula de puro derecho.

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