AS/0270/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 0270/2025

Fecha: 26 de marzo de 2025

Expediente: SC-2-25-S

Partes: Nicolás Zamora Cano, Modesta Martha Zamora Cano, Vicenta Barrios Ribera y Natalia Zamora Barrios en sucesión procesal de Ponciano Zamora Cano c/ la Asociación de Comerciantes Minoristas Barrio Lindo “6 de diciembre” representada por Eduardo Villalpando Tirado, Hortencia Condori Nava y Ana Salguero Vallejos.

Proceso: Firma de minutas de adjudicación.

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 1372 a 1380 vta., interpuesto por Vicenta Barrios Ribera, Natalia Zamora Barrios, Nicolás Zamora Cano y Modesta Martha Zamora Cano contra el Auto de Vista N° 234/2024, de 16 de octubre, corriente de fs. 1339 a 1343, y su Auto complementario N° 106/2024, de 30 de octubre, cursante a fs. 1359 y vta., pronunciado por la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Domestica y Pública Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso ordinario de firma de minutas de adjudicación seguido por los recurrentes contra la Asociación de Comerciantes Minoristas Barrio Lindo “6 de diciembre” representada por Eduardo Villalpando Tirado, Hortencia Condori Nava y Ana Salguero Vallejos; la contestación de fs. 1386 a 1412, el Auto de concesión de 9 de diciembre de 2024 visible de fs. 1413; Auto de admisión Nº 006/2025-RA de 16 de enero, cursante de fs. 1420 a 1422, todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Ponciano Zamora Cano, por memorial de demanda que discurre de fs. 207 a 212 vta., promovió el proceso ordinario de firma de minutas de adjudicación, contra la Asociación de Comerciantes Minoristas Barrio Lindo “6 de diciembre”, representada por Eduardo Villalpando Tirado, Hortencia Condori Nava y Ana Salguero Vallejos, quienes una vez citados, contestaron de manera negativa y según escrito visible de fs. 262 a 265 plantearon excepción de impersonería, cosa juzgada, prescripción y caducidad; pretensiones que merecieron el Auto de 6 de junio de 2018, obrante de fs. 329 a 331, que declaró improbada la excepción de impersonería y cosa juzgada, y probada la excepción de prescripción y caducidad.

Contra el referido Auto, Ponciano Zamora Cano, Nicolás Zamora Cano y Modesta Martha Zamora, interpusieron recurso de apelación cursante de fs. 364 a 369 y fs. 382 a 387 vta., respectivamente, originó que la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar Tercera de Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emita el Auto de Vista N° 534/2018, de 6 de diciembre, corriente de fs. 408 a 409 vta., donde se REVOCÓ parcialmente el Auto apelado, declarando improbada la excepción de prescripción y caducidad; decisión que al ser recurrida en casación, originó la emisión del Auto Supremo N° 597/2019, de 18 de junio, visible de fs. 465 a 471, donde se declaró INFUNDADO el recurso de casación; desarrollándose de esta manera el proceso hasta la emisión de la Sentencia N° 318/2022, de 11 de agosto, visible de fs. 817 a 825 vta., donde la Juez Público Civil y Comercial 3° de la ciudad de Santa Cruz, declaró PROBADA la demanda, disponiendo que la Asociación de Comerciantes Minoristas 6 de diciembre exterior, mediante sus representantes, en el plazo de 10 días de ejecutoriada la Sentencia, gire las minutas respectivas a favor de la parte demandante.

2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por Eduardo Villalpando Tirado, Hortencia Condori Nava y Ana Salguero Vallejos por memorial de fs. 833 a 841 vta., originó que Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Domestica y Pública Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emita el Auto de Vista N° 156/2023, de 20 de abril, corriente de fs. 879 a 884 vta., donde se ANULÓ la Sentencia apelada.

3. Fallo de segunda instancia que fue recurrido en casación por Vicenta Barrios Rivera y Natalia Zamora Barrios a través del memorial de fs. 889 a 895 vta.; Nicolás Zamora Cano y Modesta Martha Zamora Cano a través del memorial de fs. 897 a 900 y por Silvia Cinthia Zamora Cuiza a través del memorial de fs. 902 a 905 vta., los cuales fueron resueltos por el Auto Supremo N° 1111/2023, de 13 de noviembre, corriente de fs. 1133 a 1137, donde se ANULÓ el Auto de Vista N° 156/2023 de 20 de abril.

4. Devuelto el expediente a la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Domestica y Pública Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, se emitió el Auto de Vista N° 234/2024, de 16 de octubre, corriente de fs. 1339 a 1343, donde REVOCA la Sentencia N° 318/2022 de 11 de agosto, declarando IMPROBADA la demanda; resolución que fue enmendada y complementada por Auto N° 106/2024, de 30 de octubre, visible a fs. 1359 y vta., en base a los siguientes argumentos:

Se tiene confirmado en base al dictamen pericial producido como prueba de mejor proveer que, sobre la caseta 231 no se habría demostrado la viabilidad de la pretensión demandada.

5. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Vicenta Barrios Ribera, Natalia Zamora Barrios, Nicolás Zamora Cano y Modesta Martha Zamora Cano, a través de memorial de fs. 1372 a 1380 vta., recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. Los recurrentes en el recurso de casación alegaron que:

a) Violación del principio de legalidad, puesto que se violentó normas adjetivas y sustantivas que resultan aplicables plenamente al caso. Falta de motivación y violación a la debida fundamentación, además de falta de congruencia y valoración de la prueba.

b) Incumplimiento de los arts. 195.I, II y 201.II, III del Código Procesal Civil, respecto al peritaje, ya que no se fijó puntos específicos de pericia, negando el derecho de acceso a la justicia pronta y oportuna, además del principio de verdad material.

Fundamentos por los cuales los recurrentes solicitaron dejar sin efecto el Auto de Vista, y en el fondo se case en todas sus partes el Auto de Vista, manteniendo firme la Sentencia.

2. Contestación al recurso de casación:

La Asociación de Comerciantes Minoristas Barrio Lindo “6 de diciembre” representada por Eduardo Villalpando Tirado, Hortencia Condori Nava y Ana Salguero Vallejos, respondió el recurso de casación mediante memorial cursante de fs. 1386 a 1412, exponiendo en lo principal lo siguiente:

Que la determinación asumida por los de instancia tiene razonabilidad porque se emite en correspondencia a la prueba de mejor proveer en segunda instancia consistente en una prueba pericial, donde se analiza todos los recibos o prueba documental de la parte demandante que aporta al proceso para justificar haber cumplido con los pagos respectivos a la superficie del terreno y construcción para así reclamar la extensión de las minutas de adjudicación de las cuatro casetas en controversia.

El Auto de Vista contiene una razonable fundamentación y motivación, como también no vulnera el principio de legalidad reclamado por los recurrentes cuando en ningún momento se vulnero derecho alguno a momento de viabilizar por los de instancia la prueba de mejor proveer encomendada de producción por este Tribunal; asimismo, es notorio el incumplimiento que se tiene de la parte demandante para así otorgarles las minutas de adjudicación demandadas en la presente causa.

Por lo referido, solicitó se declare infundado el recurso de casación contra el Auto de Vista impugnado.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. Sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales.

Sobre este particular, la Sentencia Constitucional Nº 0012/2006-R, de 04 de enero, ha razonado: “La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, (...), y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria”.

A ese respecto la Sentencia Constitucional Nº 2023/2010-R de 9 de noviembre también estableció: “la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas”.

En ese mismo entendido, en la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0903/2012 de 22 de agosto, se ha señalado que: “la fundamentación y motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados (…); en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo”.

Finalmente la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0075/2016-S3 de 8 de enero, sobre este tema ha sintetizado señalando: “es una obligación para la autoridad judicial y/o administrativa, a tiempo de resolver todos los asuntos sometidos a su conocimiento, exponer las razones suficientes de la decisión adoptada acorde a los antecedentes del caso, en relación a las pretensiones expuestas por el ajusticiado o administrado; pues, omitir la explicación de las razones por las cuales se arribó a una determinada resolución, importa suprimir una parte estructural de la misma”.

Con relación al tema en cuestión, el Auto Supremo Nº 581/2018, de 28 de junio, pronunciado por la Sala Civil de este Tribunal, señaló: “Se entiende como fundamentación, a la obligación de la autoridad que lo emite de citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos en que se apoye la determinación adoptada; y por motivación, el acto de expresar los razonamientos lógico-jurídicos que justifiquen la razón por la que consideró que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa, de donde se concluye que la falta de motivación conduce a la arbitrariedad y la ausencia de fundamentación, supone una resolución situada fuera del ordenamiento jurídico”.

III.2. De la incongruencia omisiva.

En mérito al principio de congruencia, toda resolución debe reunir la coherencia procesal necesaria que, en el caso de la apelación encuentra su fuente normativa en el art. 265.I del Código Procesal Civil, que se sintetiza en el aforismo tantum devolutum quantum appellatum (es devuelto cuanto se apela), estableciéndose el límite formal de la apelación en la medida de los agravios argumentados; en ese entendido, este Tribunal a momento de realizar el análisis de los reclamos de incongruencia omisiva en que habría incurrido el Ad quem, debe tener presente que al ser un aspecto que acusa un vicio de forma cómo es la incongruencia omisiva que afecta la estructura de la resolución, el análisis de esta sede de casación se limita en contrastar en el contenido de la resolución la existencia o no de dicha omisión.

Al respecto, la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 1083/2014, de 10 de junio, ha interpretado los alcances del recurso de casación en la forma en relación a la falta de respuesta a los puntos de agravio del recurso de apelación, señalando: “al estar extrañada la falta de respuesta a los puntos de agravio identificados en el recurso de apelación, el Tribunal de casación debe limitar su consideración únicamente para establecer si hubo o no respuesta a los reclamos del recurrente, lo contrario implicaría ingresar a cuestiones que atingen a la impugnación en el fondo; así, los Magistrados demandados, luego de efectuar un examen de los antecedentes del legajo procesal, concluyeron que el Tribunal de apelación, otorgó la respuesta extrañada, inclusive extrayendo citas textuales que ellos consideraron como respuestas a la apelación contra la Sentencia; por lo tanto, el Auto Supremo Nº 434/2013, no incurre en incongruencia omisiva ni carece de la debida motivación, ya que la labor del Tribunal de casación estaba restringida a efectuar el control para determinar si hubo o no respuesta a los reclamos del recurrente y, fue ésa la misión que cumplieron los Magistrados demandados; por lo tanto, cumple con el debido proceso”.

El entendimiento expuesto ut supra como se dijo, resulta aplicable al tema de la incongruencia omisiva, bajo el entendido de que los recurrentes deben fundamentar en sentido que de disponerse la restitución o pronunciamiento sobre esta pretensión, la decisión de fondo ha de sufrir modificación, esto con la finalidad de que la determinación a ser asumida no sea una con un carácter netamente formal; criterio que igualmente debe ser observado y analizado por las autoridades jurisdiccionales previamente a disponer una nulidad procesal, es por dicho motivo que ese derecho no resulta absoluto, sino que debe responder a los principios y criterios dogmáticos que hacen a una nulidad procesal bajo una interpretación sistemática, y en caso de reunir los presupuestos citados corresponde otorgar y disponer la restitución del defecto formal por ser gravitante y trascendente.

III.3. De la tutela judicial efectiva.

El autor peruano Víctor Roberto Obando Blanco respecto al tema abordado mantiene: “Por nuestra parte diremos que el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva es un derecho público y subjetivo por el que toda persona, por el solo hecho de serlo, en tanto sujeto de derechos, está facultada a exigirle al Estado tutela jurídica plena, y cuyo contenido básico comprende un ‘complejo de derechos’: derecho de acceso a la justicia, derecho al debido proceso, derecho a una resolución fundada en derecho y el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales” (el resaltado nos corresponde), podemos advertir que la tutela judicial efectiva, está relacionado con otros derechos fundamentales que constituyen la base sustancial del que hacer judicial, requiriendo de las autoridades judiciales verificar que las normas, principios, garantías, y derechos sean correctamente protegidos, valorados y aplicados en el desarrollo del proceso judicial.

El autor aludido realiza un análisis profundo sobre la tutela judicial efectiva, en el texto “Código Procesal Civil Comentado” donde transcribe jurisprudencia del Supremo Tribunal Peruano vertida en la Resolución Nº 535-2001 de 18 de junio, útil por su condición de legislación comparada, en dicha resolución que resuelve un recurso de casación indica: “(…) además debe tenerse en cuenta que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva no tiene el mismo contenido que el derecho al debido proceso, el que está referido a la atribución que tiene toda persona para que dentro de un proceso, ya sea judicial o administrativo, sus pretensiones sean evaluadas por una autoridad competente e imparcial, y exigir de ella el respeto al derecho a la defensa, el ser oído y que se merituen los medios probatorios incorporados al proceso, para que finalmente se emita dentro del plazo correspondiente la resolución que ponga fin a la controversia sujeta al conocimiento de dicha autoridad” (Las negrillas nos corresponde), dentro del proceso, la tutela judicial efectiva busca que las personas tengan libre acceso a la justicia, expongan sus derechos e intereses legítimos, sean tratados en igualdad de condiciones por la autoridad judicial, que la prueba ofrecida y producida sea correctamente valorada, se respete las posiciones contradictorias expuestas y se debata con lealtad procesal, busca también que la resolución dictada por el juzgador sea acorde a lo argumentado por las partes y lo debidamente comprobado, primando la verdad material sobre cualquier formalismo, y que la decisión judicial tenga cumplimiento por las partes en disputa; después de dictada la sentencia la tutela judicial efectiva busca que se verifique la doble instancia mediante los recursos permitidos por ley, debiendo los Tribunales superiores actuar de forma correcta velando el cumplimiento de la norma, considerando que el proceso es útil para la materialización del derecho sustantivo.

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