AS/0270/2026-A

o A JT TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PENAL AUTO SUPREMO N 0270/2026-A ANÁLISIS DE ADMISIÓN Proceso: Cochabamba 99/2025 Parte acusadora: Ministerio Público y Edgar Antonio Mancilla Rivero Parte imputada: Marco Antonio Aguilar Cadima Delito: Robo, art. 331 del Código Penal (CP) Sucre, 9 de marzo de 2026 Por memorial de casación presentado el 20 de febrero de 2025, cursante de fs. 89 a 91 vta., Marco Antonio Aguilar Cadima, impugna el Auto de Vista 18/2025 de 14 de enero de fs. 83 a 84 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a denuncia de Edgar Antonio Mancilla Rivero, por la presunta comisión del delito de Robo, previsto y sancionado por el art. 331 del CP.

I ACTOS PROCESALES VINCULADOS AL RECURSO DE CASACIÓN Il.

SENTENCIA Por Sentencia 22/2024 de 2 de octubre de fs. 51 a 54, el Juzgado de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia las Mujeres Decimo del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en procedimiento abreviado declaró a Marco Antonio Aguilar Cadima, autor de la comisión del delito de Robo, previsto y sancionado por el art. 331 del CP. imponiendo una pena privativa de libertad de tres años, con costas.

, I.2.

APELACION RESTRINGIDA Y AUTO DE VISTA Contra la referida Sentencia, el imputado Marco Antonio Aguilar Cadima formuló el recurso de apelación restringida de fs. 63 a 65, y su complementario de fs. 82 y vta., que fue resuelto por Auto de Vista 18/2025 de 14 de enero de fs. 83 a 84 vta., pronunciado por la Sala

Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que declaró inadmisible el recurso planteado.

IH MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN El recurrente, refiriéndose a las cuestiones de flexibilización sobre los requisitos de admisibilidad del recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos, establecidos en los Autos Supremos (AASS) 26/2012, 312/2012-RA, 62/2013-RA y la SC 128/2015-S1 de 26 de enero; alega haber denunciado en apelación, el defecto de Sentencia previsto en el inc. 1) del art. 370 del Código de Procedimiento Penal (CPP); sin embargo, el Tribunal de alzada hizo una apreciación subjetiva, expresando que el apelante no cumplió con las exigencias requeridas para la denuncia, remitiéndose a lo establecido por el art.

399 del CPP; en tal circunstancia, el recurrente afirma haber demostrado una lesión al derecho y al debido proceso explanado en su recurso de apelación restringida y el Tribunal de alzada dejando de lado los fundamentos sobre la existencia del defecto de Sentencia previsto en el inc. 5) del precepto legal mencionado, emitió un fallo que no es claro y no cumple con el Auto Supremo (AS) 354/2014-RRC de 30 de julio; es más, es carente y nula de fundamentación al no expresar cuales son los hechos probados por el Juez de Sentencia que se adecuan al tipo penal de Robo; y a la vez, denuncia la falta de fundamentación en la resolución sobre el supuesto defecto de Sentencia previsto por el inc. 5) del art. 370 del CPP, que entra en contradicción con el AS 680/2017 de 8 de septiembre, al declarar la inadmisibilidad del recurso de apelación restringida... por no haber formulado correctamente el recurso de alzada, de la lectura de la apelación pueden evidenciar que su persona identifico la prueba supuestamente no valorada, vulnerando el derecho al debido proceso en su elemento fundamentación que sea congruente externamente y hace referencia a parte del AS 354/2014-RRC de 30 de julio Mencionó como precedente contradictorio, a la doctrina del AS 680/2017-RRC de 8 de septiembre.

Il MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL DE LA RESOLUCIÓN El derecho a recurrir resulta una facultad inherente al ser humano, consagrado y reconocido en el sistema universal e interamericano de derechos humanos, Constitución Política del Estado (CPE), y ley ordinaria.

NO ANT AAA A la luz de lo establecido en los arts. 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 8.2.h y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, se reconoce el derecho que tiene toda persona a un recurso sencillo, rápido y efectivo para hacer valer sus derechos ante jueces y tribunales competentes.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), dentro del caso Herrera Ulloa contra Costa Rica, Sentencia de 02 de julio de 2004, sostuvo que: La Corte considera que el derecho de recurrir del fallo es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica. El derecho de interponer un recurso contra el fallo debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada. Se busca proteger el derecho de defensa otorgando durante el proceso la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona (sic).

Del mismo modo, en el Caso Barreto Leiva contra Venezuela, Sentencia de 17 de noviembre de 2009, la Corte IDH, estableció de forma categórica que: ... el derecho de impugnar el fallo busca proteger el derecho de defensa, en la medida en que otorga la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión adoptada en un procedimiento viciado y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses del justiciable.

El art. 180.11 de la CPF, garantiza la impugnación como un principio en los procesos judiciales. El art. 394 del CPP, consagra el derecho a recurrir, señalando que: Las resoluciones judiciales serán recurribles en los casos expresamente establecidos por este Código. El derecho de recurrir corresponderá a quien le sea expresamente permitido por ley, incluida la víctima, aunque no se hubiere constituido en querellante.

Asimismo, el AS 013/2013-RRC de 06 de febrero, precisó que: (...) se constituye no sólo en un derecho humano sino también en un principio, que debe ser observado en la administración de justicia, lo que importa, el deber de toda autoridad judicial de asegurarlo y garantizarlo en el curso de cualquier proceso sometido a su conocimiento, convirtiéndose, a su vez, en una garantía fundamental que debe ser otorgada por el Estado en la admiistración de justicia.

Por otra parte, el principio de reserva de ley, también conocido como principio de legalidad en sentido estricto, constituye un pilar

fundamental dentro un sistema democrático. Su esencia radica en la exigencia de que ciertas materias, particularmente aquellas que inciden en derechos fundamentales o imponen restricciones a los mismos, sean reguladas exclusivamente por ley formal, emanada del órgano legislativo, depositario de la soberanía popular. En el ámbito del derecho procesal, y con especial énfasis en materia recursiva, este principio adquiere una trascendencia aún mayor, al erigirse como garante de la seguridad jurídica, la predictibilidad de las decisiones judiciales y la proscripción de la arbitrariedad.

De lo señalado, se infiere que ningún derecho fundamental tiene un carácter absoluto, pues ningún derecho, ni aún los de naturaleza o carácter constitucional, pueden considerarse como ilimitados; sin embargo, al ser derechos de rango constitucional, pueden ser restringidos sólo mediante, o sobre la base, de normas con rango constitucional o de rango inferior al de la Constitución?.

En ese sentido, el constituyente boliviano consagró el principio de reserva legal en el art. 109.1 de la CPE estableciendo que: Los derechos y sus garantías sólo podrán ser regulados por la ley. En consecuencia, el principio de impugnación consagrado en el art. 180.11 de la CPE, debe ser interpretado en concordancia con el principio de reserva legal, que implica que, el ejercicio del derecho a la impugnación o derecho a recurrir se encuentra sujeta a la regulación legal realizada por el legislador boliviano.

En mérito a lo expuesto, la casación se configura como un recurso extraordinario y excepcional, con una doble finalidad. Por un lado, busca la unificación de la jurisprudencia a nivel nacional; y, por otro, procura la efectiva aplicación del derecho objetivo, función doctrinalmente conocida como nomofiláctica o de salvaguarda de la f ley. El art. 416 del CPP preceptúa que, este recurso procede para impugnar Autos de Vista emitidos, por los ahora denominados, Tribunales Departamentales de Justicia (antes Cortes Superiores de Justicia), que contravengan otros precedentes dictados por las Salas Penales de dichos Tribunales o por la Sala Penal del Tribunal Supremo Sentencia 11/1981 de 08 de abril, Tribunal Constitucional de España, fundamento jurídico 7.

? El jurista y filósofo del derecho Robert Alexy, con relación a las restricciones de rango constitucional, señala que, éstas pueden ser directamente constitucionales e indirectamente constitucionales. Respecto a este último, refiere que: Las restricciones indirectamente constitucionales son aquellas cuya imposición está autorizada por la Constitución. La competencia para imponer restricciones indirectamente constitucionales se expresa de manera clarísima en las cláusulas de reserva explícitas. Las cláusulas de reserva explícitas son aquellas disposiciones de derecho fundamental, o partes de disposiciones de derecho fundamental, que autorizan expresamente llevar a cabo intervenciones, restricciones o limitaciones. Alexy, R. (2012). Teoría de los Derechos Fundamentales. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

3 Sentencia Constitucional 1468/2004-R de 14 de septiembre.

LA LOA de Justicia. Por su parte, el art. 417 del mismo cuerpo legal, establece los requisitos que deben observarse para su interposición. El primero, de carácter temporal, exige su presentación dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o, en su caso, con el Auto de Complementación, ante la Sala que pronunció la resolución objetada.