AS/0276/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 0276/2025

Fecha: 26 de marzo de 2025

Expediente: SC-9-25-S

Partes: Roger Lizondo Suarez representado por Claudia Benegas Lizondo c/ Hugo Córdova Suarez y Jenny Santivañez Suarez.

Proceso: Acción reivindicatoria, desocupación, entrega de bien inmueble y pago de daños y perjuicios.

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 327 a 333, interpuesto por Hugo Córdova Suarez y Jenny Santivañez Suarez, contra el Auto de Vista Nº 230/2024, de 01 de octubre, corriente de fs. 322 a 324 vta., pronunciado por la Sala Civil, Comercial, de Familia, Niñez, Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso ordinario de acción reivindicatoria, desocupación, entrega de bien inmueble y pago de daños y perjuicios, seguido por Roger Lizondo Suarez contra los recurrentes; la contestación de fs. 336 a 347; el Auto de concesión N° 80/2024, de 12 de diciembre, visible a fs. 348, el Auto Supremo de admisión N° 025/2025-RA, de 23 de enero, obrante de fs. 353 a 354 vta., todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Roger Lizondo Suarez, por memorial de demanda que discurre de fs. 89 a 93 vta., ratificada por memorial de fs. 122 a 123, promovió el proceso ordinario de acción reivindicatoria, desocupación, entrega de bien inmueble y pago de daños y perjuicios contra Hugo Córdova Suarez y Jenny Santivañez Suarez, quienes una vez citados, mediante memorial de fs. 175 a 180 vta., contestaron a la demanda en forma negativa, reconvienen e interponen excepción de incompetencia y litispendencia, pretensiones que dieron lugar al Auto de 21 de agosto de 2023, que discurre de fs. 232 a 333 vta., que rechazó las excepciones de incompetencia y litispendencia; desarrollándose de esta manera la causa hasta la emisión de la Sentencia N° 254/2023, de 16 de octubre, que cursa de fs. 252 a 256, en la que la Juez Público Civil y Comercial 27° de la ciudad de Santa Cruz, declaró PROBADA la demanda de acción reivindicatoria, desocupación, entrega de bien inmueble e IMPROBADA en cuanto al pago de daños y perjuicios, con costas y costos. Disponiendo el reconocimiento a favor del demandante Roger Lizondo Suarez el derecho de propiedad sobre el bien inmueble ubicado en la Zona noreste, Barrio la Santa Cruz, calle 3, UV. 15, MZA. 34, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra con una superficie total de 278.85Mts2, registrado bajo la Matricula Computarizada No. 7.01.1.99.0010553, debiendo reivindicarse el derecho propietario y la posesión del mismo.

2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por Hugo Córdova Suarez y Jenny Santivañez Suarez a través de su representante legal María Consuelo Vargas Duran, según memorial de fs. 270 a 276 vta., originó que la Sala Civil, Comercial, de Familia, Niñez, Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emita el Auto de Vista N° 230/2024, de 01 de octubre, corriente de fs. 322 a 324 vta., que CONFIRMÓ la Sentencia, en base a los siguientes argumentos:

Una vez planteada las excepciones de incompetencia en razón de materia y litispendencia, las mismas fueron consideradas en audiencia y resueltas por Auto de 21 de agosto de 2023, de fs. 232 a 233 vta., rechazándolas, contra la cual la apoderada de los demandados planteo recurso de apelación que fue concedido en el efecto diferido por Auto de 21 de agosto de 2023 de fs. 234 y vta.; en ese fin, correspondía a la parte recurrente fundamentar la misma junto con la apelación de la Sentencia para que sus alegaciones sean consideradas por el Tribunal de alzada; sin embargo, no cumplieron con la previsión del art. 259 num.3 de la Ley Nº 439, puesto que no fundamentaron la apelación diferida; en su lugar, en forma equivoca dedujeron una atípica "solicitud de nulidad de obrados en segunda instancia" tendiente a impugnar la resolución que rechazo sus excepciones, mecanismo procesal inidóneo, que no permite su análisis de fondo por parte del Tribunal Ad quem.

En cuanto al examen del recurso de apelación contra la Sentencia, se acusa la falta de valoración de pruebas del proceso de nulidad de contratos y cancelación de registro, tramitado en el Juzgado Quinto Público Civil; al respecto, de la revisión del acta de audiencia preliminar de fs. 232 a 238, se aprecia que, a tiempo de judicializarse la prueba, la A quo, determinó que la prueba correspondiente al proceso señalado, no ameritaba ningún pronunciamiento y en consecuencia dispuso no judicializar, extremo que no fue objetado ni impugnado por los demandados conforme al art. 146 de la Ley Nº 439, por lo cual no corresponde su valoración, siendo por ello el agravio infundado.

En cuanto a la falta de otorgación de valor probatorio a la declaración testifical de sus hermanos; si bien, bajo el principio de la comunidad de la prueba, el medio probatorio no pertenece a quien la aporta; empero, en el caso los recurrentes tampoco expresaron la relevancia que tendrían dichos testimonios para la resolución del proceso a su favor, ni cuál sería la valoración y el sentido de la misma que debió adoptar la juzgadora, que demuestre el error judicial en el fallo emitido, aspecto que no puede ser suplido por el Tribunal de alzada.

En lo concerniente a la falta de motivación y congruencia de la Sentencia, de la lectura de la resolución aludida, se tiene que la Juez A quo, sustentó en hechos y derecho el fallo emitido, e inclusive se pronunció respecto a los argumentos de los demandados, por cuanto se efectuó el examen pertinente respecto a los argumentos referidos a la nulidad de contratos y cancelación de registros tramitado en el Juzgado Quinto Público Civil, concluyendo que mientras no se resuelva el mencionado proceso no se puede considerar una presunción de nulidad de documentos, por lo cual los agravios acusados no tienen asidero.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Hugo Córdova Suarez y Jenny Santivañez Suarez, mediante memorial de fs. 327 a 333 vta., recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. Los recurrentes en el recurso de casación alegaron que:

a) El Auto de Vista recurrido, incurre en vulneración del derecho al debido proceso y a la igualdad de las partes previsto en los arts. 115 y 119 de la Constitución Política del Estado, porque omite pronunciarse en el fondo y de manera fundamentada respecto al recurso de apelación diferida interpuesta contra el Auto de 21 de agosto de 2023, a través del cual la Juez de primera instancia rechazó las excepciones de incompetencia en razón de territorio, derecho al juez natural y litis pendencia.

b) Incurre en vulneración de los arts. 1286 del Código Civil y 145 y 213 del Código Procesal Civil, porque no otorgaron el valor probatorio a las pruebas del proceso de nulidad de contrato y cancelación de registro tramitado en el Juzgado Quinto Público Civil, así como en lo relativo a las pruebas testificales de cargo.

Fundamentos por los cuales, solicitan se anule el Auto de Vista Nº 230/2024, de 01 de octubre, disponiendo que, sin espera y previo sorteo, se emita nueva resolución.

2. Contestación al recurso de casación:

Roger Lizondo Suarez, respondió el recurso de casación mediante memorial de fs. 336 a 347, solicitando en lo principal que:

El Auto de Vista recurrido no vulneró los arts. 115 y 119 de la Constitución Política del Estado, porque en forma fundamentada y motivada en su considerando segundo, invocando las normas del art. 259 num. 3 y 367 num. 2 del Código Procesal Civil, que establecen los requisitos para la interposición y posterior fundamentación del recurso de apelación diferida, además citando el entendimiento del Auto Supremo N° 458/2012 de 03 de noviembre, se refirió al tema y consideró que los recurrentes no explanaron una fundamentación conjuntamente a la apelación formulada contra la Sentencia, aspecto que no le permitía ingresar a considerarlo, sino por el contrario, utilizaron una solicitud de nulidad de obrados en segunda instancia, invocando el art. 108 de la Ley N° 439 en contra del Auto Interlocutorio de 21 de agosto de 2023.

Por lo referido, solicitó se declare la improcedencia del recurso de casación conforme establece el art. 220.I num. 4 del Código Procesal Civil, sea con costas y costos.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1 De la procedencia del recurso de casación sobre resolución de vista que resuelve una apelación en efecto diferido.

Sobre el tema el Auto Supremo N° 924/2023, de 15 de septiembre, señaló: “Sobre la respuesta de fondo a un argumento de casación, sobre una cuestión que haya merecido tratamiento incidental o sobre la resolución procedente de una excepción que no tenga incidencia en el fondo de la causa, esta Sala ha emitido el Auto Supremo Nº 652/2020, de 04 de diciembre 2020: ‘Sobre este tema, el autor Armando Córdova Saavedra, en su obra ‘MANUAL PRÁCTICO DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL CIVIL’ pág. 138 y 141 expresa, que: ‘El Recurso de casación, constituye por su naturaleza un medio impugnatorio de carácter extraordinario y procede en supuestos estrictamente determinados por ley y dirigido a que el máximo Tribunal Supremo, la revise con el fin de corregir los errores de juicio o de procedimiento –in judicando o in procedendo que en ella se han cometido…’, en esa misma lógica el profesor Adolfo Armando Rivas en el texto ‘CURSO SOBRE EL CÓDIGO PROCESAL CIVIL’ pág. 320, señala; ‘El recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados en proceso ordinarios y en los casos expresamente señalados por ley…’, criterio concordante con lo establecido por el art. 270 de la Ley Nº 439 “Código Procesal Civil’.

De lo expuesto, se puede inferir que el recurso de casación tiene como una de sus características esenciales, que no se trata de una tercera instancia, pues el Tribunal de casación es de derecho y no de hecho, por ello el recurso solo procede por las causales taxativamente indicadas por la ley, debiendo el Tribunal de casación circunscribirse a considerar las causales invocadas por el recurrente siempre que se formulen con observancia de los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico.

A ese efecto el Auto Supremo Nº 678/2017 de 19 de junio, en cuanto a las resoluciones que pueden ser objeto de recurso de casación, estableció; ‘Sobre el tema el art. 250. I del Código Procesal Civil señala: ‘I.- Las resoluciones judiciales son impugnables salvo, disposición expresa en contrario’ norma que otorga un criterio generalizado para el tema de recursos, orientando en sentido de que las resoluciones judiciales son impugnables, salvo que la norma lo prohíba en contrario, ahora en consonancia con lo referido en la última parte de la norma citada, tratándose del recurso de casación el art. 270. I del Código Procesal Civil es claro al establecer: ‘El recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados en procesos ordinarios y en los casos expresamente señalados por Ley’, la norma en cuestión en cuanto al recurso de casación establece de forma explícita su procedencia para dos casos, 1.- Contra Autos de Vista dictados en procesos ordinarios y 2.- En los casos expresamente establecidos por Ley (…) Partiendo de dicho argumento, se debe entender que cuando el Legislador ha establecido la procedencia del recurso de casación contra Autos de Vista dictados en procesos ordinarios, su intencionalidad ha sido, que este Máximo Tribunal de Justicia uniforme Jurisprudencia de acuerdo a las atribuciones establecidas en el art. 42 núm. 3) de la Ley 025, es decir, específicamente para aquellos casos de trascendencia a nivel Nacional, entonces bajo esa directriz, el recurso de casación únicamente procederá contra Autos de Vista que resolvieren un Auto definitivo, Autos de Vista que resolvieren sentencias y en los casos expresamente establecidos por Ley, siendo viable únicamente dentro de un proceso ordinario y no así para otros casos...’.

En ese marco, en lo que respecta a la procedencia del recurso de casación contra resoluciones que resuelven una apelación en el efecto diferido el A.S. Nº 1082/2015–L de 18 de noviembre, ha señalado lo siguiente: ‘Conforme de antecedentes se desprende el agravio, se encuentra vinculado al auto de fs. 74 el cual, rechaza el incidente de nulidad de obrados planteado a fs. 71, resolución que fue objeto de apelación a fs.102, misma que fue diferida en su concesión por auto de fs. 103, y al momento de plantear recurso de apelación contra la Sentencia el ahora recurrente en su otrosí 1, fundamenta nuevamente la apelación diferida, misma que es resuelta por el Tribunal de Apelación. Conforme a los antecedentes expuestos corresponde reiterar que la apelación en el efecto diferido tiene por fin que la tramitación de la causa no sea suspendida, disponiendo que esa apelación sea diferida hasta una eventual apelación de la Sentencia, conforme establecen los arts. 24 y 25 de la Ley Nº 1760, por lo que, la misma no admite recurso de casación conforme a la regla de precedencia del Art. 255 del Código de Procedimiento Civil (…) Teniendo presente lo expuesto la resolución motivo del recurso de casación en la forma, al ser la misma como emergencia de un recurso de apelación en el efecto diferido, no se encuentra inmersa dentro de las causales establecidas en el art. 255 del C.P.C., deviniendo en improcedente su recurso de casación en la forma’.

Finalmente a mayor ilustración y a los efectos de tener un entendimiento certero sobre lo que debe entenderse por Auto de Definitivo, acudiremos a los razonamientos vertidos por la S.C. 0092/2010-R que ha señalado lo siguiente: ‘La distinción entre autos interlocutorios simples o propiamente dichos y autos interlocutorios definitivos (Canedo, Couture), radica principalmente en que ‘los últimos difieren de los primeros en que, teniendo la forma interlocutoria, cortan todo procedimiento ulterior del juicio, haciendo imposible, de hecho y de derecho, la prosecución del proceso. Causan estado, como se dice en el estilo forense, tal cual las sentencias” y conforme orienta el art. 211 de la Ley 439 -son aquellos que ponen fin al proceso-, de lo que se puede inferir que el Auto Definitivo es aquella resolución que corta todo procedimiento ulterior, impidiendo la prosecución de la causa y haciendo que el juzgador pierda competencia, concluyéndose que para una resolución como ser Auto Interlocutorio sea catalogado como definitivo, debe contener uno de los presupuestos, entonces se deberá analizar la naturaleza de la Resolución.

(…)

En lo que respecta a los puntos 1), 2), 4) y 5) del recurso de casación, donde la recurrente acusa la transgresión de diferentes disposiciones normativas y la falta de consideración de los elementos probatorios referidos a la excepción de falta de legitimación, corresponde remitirnos a los argumentos expresados en el punto III.1 de la doctrina aplicable, donde este máximo Tribunal, partiendo de los precedentes jurisprudenciales contenidos en los Autos Supremos Nº 1082/2015-L de 18 de noviembre y 678/2017 de 19 de junio, han establecido que contra los Autos de Vista que confirmen apelaciones de autos y/o resoluciones concedidas en el efecto diferido, no es procedente el recurso de casación al no constituir resoluciones de carácter definitivo, conforme lo establecido por el art. 211.I del Código Procesal Civil.

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