AS/0277/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 0277/2025

Fecha: 26 de marzo de 2025

Expediente: O-77-24-S

Partes: Vicenta Núñez Rodríguez Vda. de Rosales c/ Tomas Quiroz Luna y Norma Ramírez Massi de Quiroz.

Proceso: Acción reivindicatoria.

Distrito: Oruro.

VISTOS: Los recursos de casación cursantes de fs. 1887 a 1896, interpuesto por Victoria Edith Condarco Berrios de Prieto y Felicidad Condarco Berrios de Poveda, representadas por Alejandro Adalid Condarco Berrios y de fs. 1898 a 1904 vta., planteado por Tomas Quiroz Luna, contra el Auto de Vista N° 475/2024, de 30 de septiembre, que corre de fs. 1873 a 1884 vta., pronunciado por la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso ordinario de reivindicación seguido por Vicenta Núñez Rodríguez Vda. de Rosales contra Norma Ramírez Massi de Quiroz y el recurrente; las contestaciones de fs. 1910 a 1913 vta., y de fs. 1914 a 1917 vta.; el Auto de concesión de los recursos de 01 de noviembre de 2024 visible a fs. 1918, el Auto Supremo de admisión N° 1402/2024-RA, de 26 de noviembre, obrante de fs. 1929 a 1931, todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Vicenta Núñez Rodríguez Vda. de Rosales, a través del memorial visible de fs. 60 a 61, ratificado y subsanado por los escritos que cursan de fs. 72 a 74 vta., y a fs. 77, promovió demanda de reivindicación contra Norma Ramírez Massi y Tomas Quiroz Luna, quienes una vez citados, mediante memoriales salientes de fs. 84 a 88, y de fs. 182 a 186, fs. 225 y vta., fs. 230 “D”, fs. 233, fs. 247, fs. 253 y vta., fs. 258 y vta., y fs. 266 y vta., contestaron de forma negativa, opusieron incidente de nulidad de obrados, formularon excepción de emplazamiento a terceros e interpusieron acción reconvencional de prescripción adquisitiva de dominio; contrademanda que mereció los Autos de 19 de octubre de 2017, cursante a fs. 248 y vta. y de 15 de mayo de 2018 corriente de fs. 291 a 293 que declararon por no presentadas las demandas reconvencionales.

Posteriormente, Tomas Quiroz Luna, por medio del escrito que corre de fs. 491 a 493 subsanado a fs. 509 y vta., planteó demanda ordinaria de usucapión decenal o extraordinaria en contra de Celina Berrios Chávez Vda. de Condarco y de Vicenta Núñez Rodríguez Vda. de Rosales, que fue ventilado en el Juzgado Público Civil y Comercial 4° de la ciudad de Oruro; situación que, ameritó que el Juez Público Civil y Comercial 6º a través del Auto interlocutorio de 16 de julio de 2019, visible de fs. 677 a 681, disponga la acumulación de procesos, de lo que se tiene que ambas pretensiones, reivindicación (acción principal) y de usucapión decenal (demanda por acumulación) son sustanciadas dentro del presente procesamiento.

Desarrollándose de esta manera el proceso hasta la emisión de la Sentencia Nº 130/2023, de 20 de septiembre, cursante de fs. 1597 a 1609, en la cual la Juez Público Civil y Comercial 6° de la ciudad de Oruro, declaró: 1. Con lugar y PROBADA en parte la reivindicación e IMPROBADA en cuanto a la superficie. 2. En lo que corresponde a la demanda acumulada de usucapión decenal o extraordinaria resolvió con lugar y PROBADA en parte en cuanto a la usucapión e IMPROBADA en lo referente a la superficie de la propiedad de Vicenta Rodríguez Núñez Vda. de Rosales; en su mérito: a) Condenó a Tomas Quiroz Luna y Norma Ramírez de Massi a la restitución, devolución y/o desocupación de la fracción de terreno 15.74 m2. del bien inmueble registrado bajo la Matrícula Nº 4011010035989; b) Declaró como propietario a Tomas Quiroz Luna por usucapión decenal o extraordinaria del bien inmueble con superficie de 188.29 m2., registrado bajo la Partida Nº 309 del Libro de Propiedades Capital de 1966, sin costas ni costos procesales por tratarse de un proceso doble.

2. Resolución de primera instancia que al haber sido recurrida en apelación por Victoria Edith Condarco Berrios de Prieto y Felicidad Condarco Berrios de Poveda, según memorial cursante de fs. 1619 a 1628 vta., y por Tomás Quiroz Luna mediante escrito de fs. 1632 a 1635, dio lugar a que la Sala Civil, Comercial, de Familia, Niñez, y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, emita el Auto de Vista N° 514/2023, de 01 de diciembre, que corre de fs. 1659 a 1669, que REVOCÓ parcialmente la Sentencia Nº 130/2023, de 20 de septiembre, cursante de fs. 1597 a 1609, declarando improbada la demanda de reivindicación y probada la demanda acumulada de usucapión decenal o extraordinaria.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Vicenta Núñez Rodríguez Vda. de Rosales de fs. 1672 a 1681 vta., y por Victoria Edith Condarco Berrios de Prieto y Felicidad Condarco Berrios de Poveda de fs. 1683 a 1690, que dio lugar a la emisión del Auto Supremo N° 356/2024 de 18 de abril, saliente de fs. 1715 a 1722, que ANULÓ la Resolución de segunda instancia; en ese entendido se pronunció el Auto de Vista N° 475/2024, de 30 de septiembre, que sale de fs. 1873 a 1884 vta., que CONFIRMÓ la Sentencia N° 130/2023, de 20 de septiembre, con costas y costos, en base a los siguientes argumentos:

En relación al recurso de Victoria Edith Condarco Berrios de Prieto y Felicidad Condarco Berrios de Poveda.

De fs. 1485 a 1488 se aprecia prueba pericial, donde en lo sustancial, en relación a la data de las construcciones realizadas en el inmueble objeto de la litis, el perito estableció que se tendría una posesión acreditada, cierta y efectiva desde la gestión 2010, puesto que las construcciones realizadas en el lote 3 del manzano 15, justamente una data de antigüedad desde la gestión 2010; en ese sentido, y hasta el apersonamiento y contestación a la demanda por parte de los herederos de Celina Berrios Chávez Vda. de Condarco efectuada el 10 de septiembre de 2020; transcurrieron 10 años de posesión de Tomas Quiroz Luna y su familia, produciéndose el efecto extintivo por prescripción de la superficie que le pertenecía a referida.

Asimismo, los estudios periciales producidos tanto en primera como en segunda instancia, tienen coincidencia en relación a que, a partir de la gestión 2010, Tomás Quiroz Luna, ya hubiere tenido posesión cierta sobre el bien inmueble; sumándose las documentales de fs. 460 a 462, sobre pago de impuestos desde la gestión 2005 a 2017; asimismo, las de fs. 463 a 465 sobre pago de servicios desde la gestión 2009.

Por otro lado, no se consideraron las documentales de fs. 466 a 480, al no coincidir con la ubicación del bien inmueble objeto de la litis; asimismo, no se considera las de fs. 927, 932, 933, 934 y 935 al no poder desvirtuar la posesión asumida por Tomás Quiroz Luna, ni evidenciar interrupción en la posesión.

En relación a la prueba testifical, conforme el art. 1328.2 del Código Civil, la misma no podría desvirtuar documentación emitida por instituciones públicas.

Por último, las apelantes, no tienen legitimación para generar reclamos por terceras personas, toda vez que la demanda de reivindicación fue interpuesta por Vicenta Núñez Rodríguez Vda. de Rosales; quien no interpuso recurso de apelación, por lo que resulta inadmisible sus reclamos relacionados a la misma.

Sobre el recurso de Tomás Quiroz Luna.

A partir del Auto Supremo N° 356 de 18 de abril de 2024, que facultó la producción de prueba pericial en segunda instancia, ratificado en audiencia de inspección judicial, se tiene que el cuarto N° 1, es una construcción más antigua que el cuarto N° 2, es decir, anterior a la gestión 2009, empero, dicha construcción no demuestra posesión efectiva sobre la superficie de 15.74 m2., de propiedad de la demandante Vicenta Núñez Rodríguez Vda. de Rosales, toda vez que se encuentra construido exclusivamente sobre el lote N° 3; asimismo, en relación al cuarto N° 2, conforme inspección judicial se evidenció que las calaminas del mismo no se encuentran oxidadas, por lo cual no resulta ser una construcción antigua; en ese entendido, y considerando que, el periodo de construcción fue en las gestiones 2008 a 2009, y que el recurrente fue citado el 14 de febrero de 2017, se tiene que solo transcurrieron 9 años de posesión, consecuentemente no operó la usucapión decenal.

Si bien el pretendiente de usucapión hubiere declarado en la audiencia de inspección judicial que habría construido desde la gestión 2002 el cuarto; esa afirmación fue desvirtuada; habida cuenta que, ningún de los dictámenes periciales refieren que existiría construcción alguna en dicha gestión, por el contrario, resulta evidente que en la gestión 2004, conforme imagen satelital, no se advierte construcción alguna, por lo que la declaración carece de veracidad.

Por otro lado, si bien en segunda instancia se presentaron pruebas consistentes en fotografías, cursantes a fs. 1768 a 1771, las mismas son referentes al cuarto N° 1, lo que no es coincidente con la construcción del cuarto N° 2, por lo que no corresponde hacer mayor alusión. Asimismo, se presentó el plano de la urbanización Vizcachani, empero no determina efecto interruptivo de la usucapión referente al lote N° 3, menos sobre el lote N° 2.

4. Decisorio de alzada que, recurrido en casación por Victoria Edith Condarco Berrios de Prieto y Felicidad Condarco Berrios de Poveda representadas por Alejandro Adalid Condarco Berrios, mediante memorial de fs. 1887 a 1896 y por Tomas Quiroz Luna según escrito de fs. 1898 a 1904, recursos que son objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. Sobre el recurso de casación interpuesto por Victoria Edith Condarco Berrios de Prieto y Felicidad Condarco Berrios de Poveda ambas representadas por Alejandro Adalid Condarco Berrios, se observa que en lo trascendental acusaron:

a) El A quo cometió error de derecho en la valoración de los medios probatorios, y sobre esta situación el Tribunal de alzada, omite deliberadamente una explicación razonable sobre el fallo, dejando en incertidumbre a las recurrentes, desgranando una resolución altamente arbitraria con afectación al debido proceso constitucional en su elemento de fundamentación y congruencia.

b) Vulneración, mala interpretación y errónea aplicación de los arts. 87 y 138 del Código Civil, con relación al art. 56.I de la Constitución Política del Estado, pues mediante las pruebas testificales a los ciudadanos Juan Carlos Taquichiri Fernández, Teresa Mayta Chillca, Amílcar Calatayud y Jimena Patricia Villarte Mamani, los asentamientos de Tomas Quiroz Luna y su familia devienen de un avasallamiento sobre la superficie perteneciente a la que en vida fue Celina Berrios Chávez Vda. de Condarco, hecho que fue ratificado en la inspección judicial cursante de fs. 1849 1853, empero no fue tomado en cuenta por el Ad quem.

Fundamentos por los cuales solicitó que se case el Auto de Vista, por consiguiente, se revoque en su totalidad la Sentencia N° 130/2023.

2. En relación al recurso de casación interpuesto por Tomas Quiroz Luna, en lo fundamental señaló:

a) Valoración errónea de los medios de convicción toda vez que el Tribunal de segunda instancia resolvió la apelación de manera arbitraria limitándose solo a valorar el examen pericial y pruebas que hubo diligenciado su despacho y no así todas las presentadas a lo largo del proceso, siendo esta apreciación insuficiente e incompleta.

b) El Tribunal de alzada cometió un error en la interpretación de la figura de usucapión e inobservó el derecho a la vivienda, ya que esta autoridad intenta limitar la concepción de la usucapión de la data de las construcciones realizadas de manera sobrepuestas a una porción de la propiedad de Vicenta Núñez Rodríguez Vda. de Rosales, las cuales son superiores a los diez años, empero no tomó en cuenta que esta área de terreno siempre estuvo en su posesión y la de su familia, consolidándose para su vivienda.

Fundamentos por los cuales el recurrente solicitó se case el Auto de Vista, por consiguiente, declare probada la demanda de usucapión en toda la posesión que tiene.

3. Contestación al recurso de casación:

a) Vicenta Núñez Rodríguez Vda. de Rosales, respondió el recurso de casación de fs. 1898 a 1904 vta., mediante memorial de fs. 1910 a 1913 vta., alegando en lo principal que:

De la revisión integra de los antecedentes procesales se puede advertir que los pagos de impuestos refieren a un bien inmueble con una superficie de 261.98 m2., y cancelados en las gestiones 2011, 2012 y 2017, es decir que se comenzaron a cancelar el 2011, por lo cual no podría valorarse como prueba clave que demuestre posesión sobre la integridad del terreno, en la que está inmersa la superficie de 15.74 m2., que le corresponde.

Los formularios de pago de impuestos refieren a un bien de superficie de 261.98 m2.; sin embargo, en la causa acumulada se pretendió derechos sobre una superficie de 204.3 m2.; consistentes en 15.74 m2. de su propiedad y 188.29 m2., correspondientes a Victoria Ediht Condarco Berrios; consecuentemente, no existe identidad o determinación respecto al bien inmueble.

Su persona, conforme prueba documental de fs. 38 a 48, acredita pago de impuestos, por la totalidad de bien inmueble desde la gestión 2005 hasta 2015.

No es cierto que la perito únicamente haya realizado una ratificación al trabajado pericial antes efectuado; habida cuenta que absolvió todas las observaciones que realizó Tomás Quiroz Luna.

El certificado de la junta vecinal, la prueba testifical o cualquiera otra literal, no pueden desvirtuar un peritaje elaborado por un método científico, que denota a ciencia cierta si hubo o no posesión sobre el inmueble.

Se alega sobre un nuevo informe pericial, empero el mismo fue desarrollado de forma unilateral, no teniendo la obligación de refutar, como mal señala el recurrente.

Tomás Quiroz Luna, refiere que su posesión habría sido delimitada; empero ello denota únicamente un ilegal y violento asentamiento que tuvo sobre una parte de la superficie de su propiedad, pretendido apoderarse a la fuerza; además que, la supuesta delimitación jamás fue aceptada por su persona; ya que, su difunto esposo le hizo conocer que estaba afectando su propiedad; consiguiente, de su parte, jamás existió inacción, siendo que el ilegal asentamiento no constituye de ninguna manera posesión pacífica, ininterrumpida ni de buena fe.

Por lo referido, solicitó se declare improbado e infundado el recurso de casación de Tomás Quiroz Luna, sea con costas y costos.

b) Tomás Quiroz Luna, respondió el recurso de casación de fs. 1887 a 1896, por escrito de fs. 1914 a 1917 vta., expresando en lo principal que:

Es evidente que el Tribunal resolvió la apelación de manera totalmente arbitraría, limitándose a solo valorar la prueba pericial, omitiendo el conjunto de pruebas documentales y testimoniales que respaldan su posesión.

La valoración probatoria realizada por el Tribunal es insuficiente e incompleta; toda vez que omitió valorar la certificación de la junta de vecinos, el contrato de electricidad, y los recibos de pagos de impuestos y servicios básicos, que demuestran una posesión de más de 20 años.

La parte contraria en ningún momento hubo acreditado que la posesión sea viciosa, menos que se cumplieron con las obligaciones de heredero, así como tampoco alguna interrupción o existencia de mala fe; habida cuenta que en esa fracción se construyó sus viviendas y muros perimetrales, actuando con el entendimiento de que esa fracción era parte de su hogar.

Por lo expuesto, solicitó que, previo tramites inherentes, se declare infundado/improcedente y/o inadmisible el recurso de casación, sea con condenación de costos y costas.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. En relación a la usucapión decenal u extraordinaria y los requisitos para su procedencia.

La usucapión decenal o extraordinaria se la concebí como la acción real de adquisición del derecho propietario mediante la posesión de la cosa, por el tiempo determinado en el art. 138 del Código Civil que establece: “La propiedad de un bien inmueble se adquiere también por sólo la posesión continuada durante diez años”.

En ese marco, tanto la jurisprudencia de este máximo Tribunal de Justicia, como la doctrina nacional, razonó, a partir de la prescripción normativa, requisitos de procedencia de la usucapión decenal o extraordinaria, los cuales claramente ayudan a determinar la proponibilidad y procedencia de la pretensión; en dicho sentido, las autoridades jurisdiccionales deben realizar, en cada pretensión que se ponga en su conocimiento:

a) Análisis de la cosa cuya usucapión se pretende, es decir, verificar si el bien que se pretende es susceptible de usucapirse; determinando si el mismo es privado, público y/o está dentro del comercio humano; habida cuenta que, de ser negativa o estas dos últimas, la demanda seria objetivamente improponible.

b) Analizar la legitimación del usucapido, en este punto se debe verificar que el demandado de usucapión cuente con registro de propiedad a los fines de dirigir válidamente la demanda contra el mismo, pues es éste quien sufrirá el efecto extintivo de la usucapión; de no ser así, la sentencia se torna en ineficaz; toda vez que, la pretensión genera indefensión al propietario legalmente registrado sobre bien inmueble.

c) Analizar la calidad del usucapiente, es decir, verificar que quien demanda la usucapión sea efectivamente poseedor, y no tenga la calidad de detentador o tolerado.

En ese sentido, el Auto Supremo N° 986/2015, explico que, se debe considerar que la posesión está integrada por dos elementos el corpus y el ánimus (objetivo y subjetivo). Al respecto, Ihering citado por Néstor Jorge Musto, en relación al corpus indica “…la determinación del elemento corpus depende fundamentalmente de la naturaleza de las cosas y de la forma habitual u ordinaria en que el dueño se comporta frente a ellas, según su especie y según el destino económico que cumplan (…), y lo mismo ocurre con los inmuebles que pueden estar defendidos por obstáculos materiales o, por el contrario, estar abiertos y libres, de modo que no se trata de posibilidades físicas sobre las cosas y de exclusión, también física, de injerencias de extraños, sino más bien de las invisibles barreras creadas por el orden jurídico que hacen posible el uso económico de las cosas, en orden a la satisfacción de las necesidades humanas”. En cambio, respecto del ánimus, explica que se requiere de la presencia, en el sujeto, de una voluntad determinada de tratar la cosa como si le perteneciera, como si fuera dueño.

Por su parte, Savigny, a tiempo de desarrollar la teoría subjetiva de la posesión, sostuvo que la misma se distingue de la mera tenencia por el hecho de que consta no solo del dominio físico sobre el objeto (o corpus) sino también de la voluntad de comportarse en cuanto a ese objeto como dueño y propietario (animus domini o “intención de tratar como propia la cosa que debe formar el objeto de la posesión”). A partir de esa postulación se conoce y acepta que la posesión supone la existencia de dos elementos que la componen: el corpus y el ánimus, referidos a la relación de hecho del hombre con las cosas y su provecho material sin dependencia o subordinación a otra voluntad.

De lo expuesto se tiene que, para ser viable la usucapión decenal o extraordinaria, deben concurrir necesariamente los requisitos de la posesión, es decir, el corpus y el animus; y así se interpretada del art. 87 del Código Civil, cuando establece que la posesión es el poder de hecho que se ejerce sobre una cosa mediante actos que denotan la intención de tener sobre ella el derecho de propiedad u otro derecho real.

De igual forma, el mismo artículo señala que, una persona posee por sí misma o por medio de otra que tiene la detentación de la cosa, entendiéndose como detentador a los inquilinos, anticresistas, usufructuarios u ocupantes, quienes por su condición de transitorios, no ejercitan posesión por sí mismos, sino para el propietario o verdadero poseedor del bien.

Asimismo, corresponde señalar que los actos de tolerancia no sirven de fundamento para adquirir la posesión (art. 90 del Código Civil), pues se entiende que, en ambos casos, es decir detentador y tolerado, existe ausencia del animus domini; es decir, de actos que solo le competen al dueño de la cosa.

d) Analizar si la posesión de quien pretende usucapir sea útil; para este fin se debe determinar si la posesión fue pública, que no sea oculta ante terceros o ante quien pueda oponerse; pacífica, no debiendo haber existido violencia en el ingreso o estancia de la posesión; y continua, es decir, que no haya existido interrupción civil o natural de la posesión (sobre los elementos, el Auto Supremo 142/2015 de 06 de marzo, realizó un estudio profundo).

e) Analizar el cumplimiento del trascurso del tiempo de la posesión, es decir, si la posesión cumplió exitosamente el plazo establecido en el art. 138 del Código Civil, considerando de igual forma los actos de interrupción que pudieron haber existido.

III.2. Respecto a la acción reivindicatoria.

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