AS/0278/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 0278/2025

Fecha: 25 de marzo de 2025

Expediente: LP-178-23-S

Partes: Jorge Rada Arroyo c/ María Alicia Alanoca Chávez y Julio Enrique Mamani Alvarado.

Proceso: Mejor derecho propietario, acción reivindicatoria, negatoria más pago de daños y perjuicios.

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 629 a 639, interpuesto por María Alicia Alanoca Chávez, contra el Auto de Vista Nº 128/2023, de 23 de febrero, corriente de fs. 613 a 622 vta., y su Auto Complementario de 11 de septiembre de 2023, saliente a fs. 627 y vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso ordinario de mejor derecho propietario, acción reivindicatoria, negatoria más pago de daños y perjuicios, seguido por Jorge Rada Arroyo contra la recurrente y Julio Enrique Mamani Alvarado; la contestación de fs. 642 a 644; el Auto de concesión de 25 de octubre de 2023, visible a fs. 645; el Auto Supremo de admisión N° 1159/2023-RA, de 24 de noviembre, obrante de fs. 351 a 352 vta., la Resolución Constitucional N° 265/2024, de 06 de noviembre, visible de fs. 694 a 697, emitida por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Jorge Rada Arroyo, por memorial de demanda que discurre de fs. 82 a 87, promovió el proceso ordinario de mejor derecho propietario, acción reivindicatoria, negatoria, más pago de daños y perjuicios contra María Alicia Alanoca Chávez y Julio Enrique Mamani Alvarado, quienes una vez citados, la primera por escrito saliente a fs. 92 y vta., y de fs. 113 a 117 vta., opuso excepciones previas de obscuridad, contradicción e imprecisión en la demanda, falta de acción y derecho, contestó negativamente a la demanda y reconvino por usucapión decenal y quinquenal; el segundo, por memorial de fs. 119 y vta., se apersonó extemporáneamente a la demanda; desarrollándose de esta manera la causa hasta la emisión de la Sentencia N° 20/2022, de 17 de enero, que cursa de fs. 557 a 573 vta., en la que la Juez Público Civil y Comercial 15° de la ciudad de La Paz, declaró IMPROBADA la demanda de mejor derecho propietario, PROBADAS las pretensiones de acción negatoria, acción reivindicatoria y daños y perjuicios planteadas por el demandante e IMPROBADAS las demandas reconvencionales, acción negatoria más daños y perjuicios; y las excepciones de falta de acción y derecho.

2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por María Alicia Alanoca Chávez y Jorge Rada Arroyo representado por Cinthia Lizzel Roca Rodríguez, según memoriales de fs. 576 a 581 vta., y de fs. 584 a 586, respectivamente, originó que la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emita el Auto de Vista N° 128/2023, de 23 de febrero, corriente de fs. 613 a 622 vta., que CONFIRMÓ la Sentencia y su Auto complementario de 11 de septiembre de 2023, saliente a fs. 627 y vta., declarando no ha lugar a la aclaración, complementación y enmienda solicitada, en base a los siguientes argumentos:

En el transcurso del proceso no se enervó los extremos desarrollados y concluido en el Informe D.A.T.-U.U.R. 125/2007, de 15 de junio, sería irrazonable disentir de lo concluido en el referido informe, más aún cuando la recurrente en ningún momento contradijo lo expresado y concluido en dicha literal; extremo que también fue ratificado por el ente municipal al momento de su intervención como garante de evicción de la parte actora.

La prueba de especialidad determina que el predio del cual sería propietaria la demandada tendría un error de ubicación; entonces, es lógico amparar la pretensión de acción negatoria, dado que objetivamente la recurrente solo afirma tener derechos sobre el predio del demandante, empero, no tiene registro alguno, no correspondiendo una resolución de mejor derecho propietario, en el entendido que no se tiene dos propietarios.

Las observaciones que se efectúan sobre el desarrollo de los actos procesales -audiencias-, sólo cobra relevancia en sentido de que la apelante estaría en posesión de un predio del cuál no es propietaria, sino que ejerce una posesión arbitraria, dado que el inmueble que pregona estaría ubicado en otro lugar del ex fundo Irpavi.

Al margen de que la apelante no impugnó en la vía pertinente el informe referido, en la causa no se tiene otra prueba, sea en calidad, extensión y especialidad que haga suponer que los datos consignados en el informe sean falsos, erróneos o inexactos respecto a la ubicación del predio en litigio.

La concepción de la reivindicación tiene la extensión en la posesión civil, por ello, al determinarse que el predio en litigio es de titularidad del actor corresponde, en virtud al título de propiedad, amparar la reivindicación, dado que el mismo otorga posesión civil sobre el inmueble, pudiendo reivindicarlo de manos de quien lo posee o detenta.

Señaló que la decisión de primera instancia se pronunció en virtud a las pretensiones deducidas, que fueron corroboradas por las pruebas producidas en la causa, excluyéndose de la conclusión las que no otorgaron certeza o grado fiable igual o mejor a las consideradas; el A quo llegó a la determinación de acoger la pretensión demandada en virtud a la especialidad, fiabilidad y claridad del informe que cursa de fs. 77 a 81.

Resultaría contradictorio acoger las pretensiones de acción negatoria y mejor derecho propietario, dado que ambas no son conexas, puesto que la primera enfrenta al propietario y quien solo afirma tener derecho sobre la cosa; por el contrario, la segunda, enfrenta a dos propietarios del mismo inmueble; en ese entendido, concluyó que la demandada resultó no tener derecho registrado sobre el inmueble litigado, dado que el predio del cual afirma ser propietaria estaría ubicado en otro lugar del ex fundo Irpavi, que no está inserto en la planimetría denominada "Judiciales"; por lo que, entre las dos acciones mencionadas, solo se tendría probada la acción negatoria.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por María Alicia Alanoca Chávez, mediante memorial de fs. 629 a 639, emitiéndose el Auto Supremo N° 1249/2023, de 05 de diciembre, corriente de fs. 655 a 667, declarando INFUNDADO el recurso de casación interpuesto contra el Auto de Vista N° 128/2023, de 23 de febrero y su Auto complementario de 11 de septiembre de 2023, pronunciados por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

4.Auto Supremo que fue objeto de formulación de una Acción de Amparo Constitucional, resuelto mediante Resolución Constitucional N° 265/2024, de 06 de noviembre, emitida por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que concedió la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto Supremo N° 1249/2023, de 05 de diciembre, disponiendo que los Magistrados de Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia emitan uno nuevo, con base en los fundamentos jurídicos esgrimidos en el fallo constitucional; objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. La recurrente en el recurso de casación alego que:

a) El Tribunal Ad quem realizó una errónea valoración de la prueba, incumpliendo el mandato del art. 145 del Código Procesal Civil, pues se demostró que la recurrente adquirió el dominio y posesión del lote de terreno ubicado en la Av. Costanera, altura calle N° 2 de Irpavi, N° 100 y que desde el año 1996 viene ejercitando posesión continua, demostrando estos extremos para la inscripción en Derechos Reales y certificado catastral emitido por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz; que el predio de Jorge Rada Arroyo se encuentra ubicado en la urbanización Villa Irpavi N° 12, Manzano F; sitio diferente al verificado en la inspección; empero, las autoridades de instancia no ingresaron a considerar la reconvención por acción negatoria por razonar que el derecho propietario de la demandada estaba emplazado en un sitio diferente.

b) El Auto de Vista goza de incongruencia omisiva, ya que no habría resuelto todos los agravios denunciados en el recurso de apelación transgrediendo el art. 265.I de la Ley N° 439.

c) Violación del art. 1455 del Código Civil, al declarar improbada la acción negatoria de la demanda reconvencional.

Fundamentos por los cuales la recurrente solicita se case el Auto de Vista, y, consiguientemente, declare probada la reconvención de acción negatoria e improbada la acción formulada por Jorge Rada Arroyo y el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz

2. Contestación al recurso de casación:

Jorge Rada Arroyo representado por Cinthia Lizzel Roca Rodríguez, respondió el recurso de casación mediante memorial de fs. 642 a 644, solicitando en lo principal que:

El Auto de Vista impugnado cumplió con la previsión del art. 6 del Código Procesal Civil; al ser presentado en la demanda el Informe D.A.T. – U.U.R. 725/2007 de 15 de junio, y ser corrido en traslado, la demandada no observó dicho documental, menos pidió su rechazo; por lo que la valoración realizada por el Tribunal de alzada estaría regida de conformidad con los arts. 1286 del Código Civil y 145 del adjetivo de la materia.

La resolución de segunda instancia no incurrió en incongruencia omisiva, debido a que resolvió de manera puntual todos los agravios deducidos por la recurrente, quien pretende forzar una valoración bajo su percepción.

La recurrente no ha justificado, considerando la naturaleza de las pretensiones que postula, qué utilidad tendría valorar el documento de préstamo suscrito entre Julio Enrique Mamani y Jorge Roberto Alanoca Villacorta.

El agravio manifestado como violación del art. 1455 del Código Civil, no fue presentado en el recurso de apelación.

El certificado catastral tiene claramente la leyenda en la que señala no acreditar derecho propietario, a partir de aquel no se puede afirmar que la propiedad le correspondería a la demandada, ni los pagos de servicio, tampoco las fotografías.

Por lo referido, solicitó se declare la infundado, con costas y costos.

3. De la Resolución Constitucional de Acción de Amparo Constitucional N° 265/2024, de 06 de noviembre.

Por Resolución Constitucional N° 265/2024, de 06 de noviembre, emitida por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro de la Acción de Amparo Constitucional interpuesta por María Alicia Alanoca Chávez, resolvió conceder la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto Supremo N° 1249/2023 de 05 de diciembre, disponiendo que los Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia emitan uno nuevo, con base a los siguientes argumentos:

Respecto al Certificado catastral de la accionante María Alicia Alanoca Chávez, el Auto Supremo 1249/2023, concluyó que el mismo no sería prueba idónea conjuntamente a las pruebas, formulario único de registro catastral y boletas de pago de servicios; empero, de la revisión de obrados, el mismo estaría signado como un Certificado Catastral, además del Formulario Único Catastral, estos contendrían sellos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Unidad de Catastro, además de los sellos correspondientes al jefe de la indicada unidad y del Colegio de Arquitectos de Bolivia, los que otorgan validez a los mismos; entonces se advierte que a los documentos antes citados se les dio valor diferente al que correspondía; empero, pese a estar vigentes los mismos así como el Certificado Catastral, el Informe Técnico A.A.T.-U.U.R 725/2007 de 15 de junio, los Folios Reales de ambas partes, aún persiste la incertidumbre a quién le correspondería el inmueble en litigio y de quien sería aquel que se desconoce su ubicación, en tal sentido, para subsanar este extremo la autoridad debe hacer uso de sus facultades de mejor proveer previsto en el art. 264.I del Código Procesal Civil, a fin de determinar la correcta correspondencia entre el título que corresponde al bien objeto de litigio, la facultad que también le es permisible a los Tribunales de segunda instancia; aspecto que debe ser observado por el Tribunal de casación, para que se asegure la obtención de la suficiente prueba que le permita obtener certeza en el presente caso, a fin de velar por la seguridad jurídica, el debido proceso y los derechos constitucionales, por lo que en conclusión se advierte que existe omisión valorativa respecto a los medios de prueba: Certificado Catastral N° 201044056400130000, Formulario Único de Registro Catastral, respecto a los servicios básicos, factura de la Empresa EPSAS, Facturas de telefonía COTEL y pago de servicios de Luz de ELECTROPAZ.

CONSIDERANDO III:

Mostrando 44 de 87 parrafos.

Texto del fallo

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