AS/0283/2022

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº 283

Sucre, 19 de mayo de 2022

Expediente : 136/2022-S

Demandante : Fabiola Pedraza Paz y Patricia Pedraza Paz

Demandado : Restaurante y Cafetería “Mi Pueblo”

Proceso : Beneficios Sociales

Departamento : Santa Cruz

Magistrado Relator : Lic. José Antonio Revilla Martínez

VISTOS: El recurso de casación de fs. 457 a 464, interpuesto por Patricia Pedraza Paz y Fabiola Pedraza Paz, impugnando el Auto de Vista Nº 174 de 12 de noviembre de 2021 de fs. 448 a 449 , emitido por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa, Contenciosa Administrativa y Tributaria Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso laboral por pago de beneficios sociales seguido por las recurrentes contra el Restaurante y Cafetería “Mi Pueblo”, representado por Roberto Carlos Balcazar Rivero; el Auto N° 11 de 4 de febrero de 2022 de fs. 473, que concedió el recurso de casación; el Auto de 22 de marzo de 2022 de fs. 482, que admitió el recurso, los antecedentes del proceso y todo lo que fue pertinente analizar:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO

Sentencia

Tramitado el proceso social por pago de beneficios sociales, el Juez de Trabajo y Seguridad Social Quinto de Santa Cruz, emitió la Sentencia N° 45/21 de 29 de junio de 2021 de fs. 395 a 403, que declaró PROBADA en parte, con costas, la demanda de fs. 15 a 17, complementada a fs. 22, por haberse demostrado la existencia de relación laboral entre las demandantes y su empleador, en los cargos de Encargada de cocina y Encargada de personal, desde el 7 de diciembre de 2017 al 30 de abril de 2018, por despido intempestivo; disponiendo que el empleador pague a tercer día de ejecutoriada la Sentencia, los derechos y beneficios sociales siguientes: 1. En favor de Patricia Pedraza Paz, la suma de Bs80.571,16 (ochenta mil quinientos setenta y un 16/100 Bolivianos) 2. En favor de Fabiola Pedraza Paz, el monto de Bs80.571,16.- (Ochenta mil quinientos setenta y un 16/100 Bolivianos), en ambos casos por conceptos de indemnización de 4 meses y 23 días, aguinaldos por 4 meses y 23 días de la gestión 2018, sueldos devengados de febrero, marzo y abril de 2018, 21 domingos trabajados y la multa del 30%. Haciendo un total a pagar de Bs161.142,33.- (Ciento sesenta y un mil ciento cuarenta y dos 33/100 Bolivianos), más la actualización y reajustes dispuestos por el art. 9 del Decreto Supremo (DS) N° 28699 de 1 de mayo de 2006, a ser calculado en ejecución de Sentencia.

Auto de Vista

En grado de apelación deducido por el demandado, la Sala Social, Administrativa, Contenciosa, Contenciosa Administrativa y Tributaria Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista N° 174 de 12 de noviembre de 2021 de fs. 448 a 449, que REVOCÓ parcialmente la Sentencia apelada, ordenando que la Sociedad BALPEC SRL, pague los beneficios sociales únicamente en favor de Fabiola Pedraza Paz; sin costas por ser excusable.

II. RECURSO DE CASACIÓN, CONTESTACIÓN Y ADMISIÓN

Contra el indicado Auto de Vista, las demandantes, interpusieron recurso de casación, argumentando lo siguiente:

1. Vulneración del art. 48-IV de la Constitución Política del Estado (CPE) y jurisprudencia constitucional; al respecto, refirió que el Auto de Vista recurrido, incurrió en una “serie de elementos” que no fueron observados y que configuran la infracción de la norma constitucional citada, generando agravio a sus derechos irrenunciables e imprescriptibles.

2. Incorrecta interpretación del valor justicia, consagrado en el art. 8-II de la CPE y el carácter de irrenunciabilidad de los beneficios sociales, previsto en el art. 48 de la Norma Suprema, al desconocer la existencia de relación laboral, siendo que la propia Resolución impugnada concluyó señalando que estaba demostrado el vínculo entre Patricia Pedraza Paz con la Sociedad BALPED SRL, a pesar de haber iniciado la relación sin que esté constituida la Sociedad, situación que nunca estuvo en discusión porque el demandado, en ningún estado del proceso demostró con prueba fehaciente, lo contrario; circunstancias que, el Juez de primera instancia valoró correctamente, en la que se estableció que el demandando admitió que las demandantes administraban su café; siendo esta una confesión espontánea judicial que cursa a fs. 36 a 39; así también a fs. 415, en el memorial de apelación, el demandado indicó que “…no se le depositaba ni un solo peso boliviano por su sociedad pese a que la señora PATRICIA PEDRAZA PAZ ya operaba el restaurante MI PUEBLO DESDE DICIEMBRE…” (El resaltado corresponde al texto original); es decir, sin necesidad de más prueba, el demandando reconoció que antes de cualquier sociedad comercial constituida entre ambas partes, ya existía relación laboral entre las demandantes y el demandando.

Por otro lado, el Auto de Vista impugnado, admitió que la relación laboral de la demandante Patricia Pedraza Paz, nace con BALPED SRL, incluso sin estar constituida esa empresa y estableciendo que debe demandarse a dicha empresa y no a la persona natural de Roberto Carlos Balcazar Rivero; extremo sobre el que cuestiona si es posible que alguien demande a una empresa que ni siquiera estaba constituida.

El Tribunal de apelación tampoco consideró el hecho que, solamente se les canceló el primer mes de sueldo por la suma de Bs5.000.-, correspondiente al mes de diciembre de 2017 de parte del demandado, adeudándoles los demás meses trabajados; extremo que no fue desvirtuado por el demandado con documentación fehaciente.

Otro elemento no valorado fue que, no tenían toma de decisiones autónomas en el trabajo; es decir, todo debía ser consultado previamente con el propietario. Por otro lado, de las utilidades del Café Mi Pueblo, realizaban rendición de cuentas al demandado o a su personal de confianza, lo que acredita que existía una fiscalización inmediata al trabajo de ambas, que además estaban sujetas al horario de los demás empleados, con jornadas de lunes a lunes, cumpliendo horas extras, trabajo dominical, recargo nocturno.

El Auto de Vista impugnado, vulneró el derecho constitucional a la irrenunciabilidad de los derechos laborales, al determinar que para Patricia Pedraza Paz, no procede la demanda; puesto que, si bien existió la relación laboral, a raíz del nacimiento de una sociedad comercial posterior con el demandado, la Sala concluyó que las partes gozan de una relación civil societaria y en cuanto a Fabiola Pedraza Paz, indicaron que; si bien, procede la demanda, el cobro debe dirigirse a la empresa BALPED SRL; razonamiento incorrecto pues inició a prestar sus servicios para el demandado el mes de diciembre de 2017, fecha en la que ni siquiera existía la empresa.

El Tribunal de alzada, en aplicación del principio protector de primacía de la realidad, debió determinar si la relación laboral con el demandado y posteriormente la creación de una nueva sociedad no fue únicamente para evadir las obligaciones de los beneficios sociales, pues se demostró que fueron engañadas e inducidas a una explotación laboral a la que está acostumbrado el demandado, agraviando con ello el principio in dubio pro operario, puesto que favorecieron al empleador y no a las trabajadoras.

3. Quebrantamiento del art. 5 de la Ley General del Trabajo (LGT) y del art. 4 del DS N° 521. Refirió que se ha demostrado en el desarrollo de la causa, la existencia de relación de subordinación y dependencia, la prestación por cuenta ajena; citando al respecto el art. 2 del DS N° 28699.

4. Agravio a los principios protectores establecidos en los art. 4-1 y 5 del DS N° 28699, vulnerando el principio in dubio pro operario y la regla de la condición más beneficiosa, al haber desconocido la Sentencia Constitucional N° 0863/2010-R de 10 de agosto; señalando a continuación que; si bien, existe una sociedad comercial denominada BALPED SRL, esta no tiene legitimación activa en el presente caso, ni siquiera como tercero interesado, pues esta se creó con varios objetivos que no se cumplieron; constituyéndose también en error del Tribunal de alzada, el no haber verificado que dicha sociedad nació a la vida jurídica posteriormente al inicio de la relación laboral de las actoras y que esta jamás cumplió con el objeto social y simplemente fue usada para saldar deuda personales del demandado con terceros; extremos que fueron correctamente valorados por el Juez de primera instancia.

5. Vulneración de los derechos procesales o sustantivos de las trabajadoras ante una inadecuada apreciación de las pruebas. El tribunal de alzada, con formalismo excesivo, se centró en compulsar, de mala manera, únicamente el instrumento público de constitución y poder de representación de otra empresa, siendo que existe amplia prueba que acredita lo contrario a los fundamentos expresados en la Resolución impugnada.

6. Quebrantamiento a lo establecido en el art. 48-I y IV de la CPE, reiterando al respecto, la existencia de relación laboral antes del nacimiento de la Sociedad Comercial BALPED SRL.

7. Agravio a la norma de derecho colectivo de trabajo a modalidades especiales de trabajo, respecto a los principios esenciales incorporadas en la Constitución Política del Estado, con el nombre de derechos sociales y económicos y derecho al trabajo y empleo; haciendo referencia en este punto, a los principios que rigen las normas laborales.