Texto del fallo
SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
Auto Supremo Nº 294
Sucre, 05/06/2013
Expediente: 36/2013-A
Distrito: Beni
Magistrada Relatora: Norka N. Mercado Guzmán
VISTOS: Los recursos de casación en la forma y en el fondo, interpuestos por Guillermo Vargas Salinas a fs. 230 a 234 y Lesly Bruckner Arias, de fs. 237 a 239, contra el Auto de Vista Nº 65/2012 de 6 de noviembre de 2012, de fs. 224 a 227, pronunciado por la Sala en Materia Social y del Trabajo del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, dentro la demanda Coactiva Fiscal seguido por el Gobierno Autónomo del Beni, contra Lesly Bruckner Arias y otros; la contestación a ambos recursos en conjunto de fs. 245 a 246; el Auto Nº 03/2013 de 7 de enero de 2013 que, concede ambos recursos de fs. 248; los antecedentes del proceso; y
ANTECEDENTES DE HECHO
CONSIDERANDO I: Que, planteada la demanda coactiva fiscal que corre de fs. 91 a 92 del expediente, el Juez en Materia Administrativa, Coactiva Fiscal y Tributaria del Distrito Judicial del Beni, emitió Nota de Cargo Nº 04/2011 de 24 de marzo de 2011 (fs. 94), contra José Luís Peláez Mariobo, Lesly Bruckner Arias y Guillermo Vargas Salinas, para el pago de Bs. 34.155.-. En respuesta (fs.119 a 120) Guillermo Vargas Salinas y Lesly Bruckner Arias presentaron descargos, evaluados los mismos así como también el Informe Pericial de fs. 175 a 177, el Juez en Materia Administrativa Coactiva, Fiscal y Tributaria emitió Sentencia Nº 19/2012 de 22 de junio de 2012 (fs. 186 a 191), declarando improbada la demanda y dejando sin efecto la Nota de Cargo Nº 04/2011, disponiendo se levanten todas las medidas precautorias giradas contra los coactivados.
En grado de apelación deducida por el Gobierno Departamental Autónomo del Beni (fs. 205 a 207), el Tribunal ad quem, mediante Auto de Vista Nº 65/2012 de 6 de noviembre de 2012, de fs. 224 a 227, revocó totalmente la Sentencia Nº 19/2012 de 22 de junio de 2012, manteniendo subsistente la nota de cargo girada contra los coactivados, y las medidas precautorias dispuestas en el proceso, excepto la medida dispuesta a fs. 131 y ejecutada a fs. 214. Sin costas.
Guillermo Vargas Salinas y Lesly Bruckner Arias, al amparo de lo previsto en los arts. 250, 254. 1, 255. 1 y, 258. 1. 2, todos del Código de Procedimiento Civil (CPC), interpusieron recursos de casación en la forma y en el fondo, contra el ut supra Auto de Vista, en base al tenor de los memoriales, que cursan: el primero de fs. 230 a 234 y el segundo de fs. 237 a 239, respectivamente enunciando lo siguiente:
I.1. Recurso de casación de Guillermo Vargas Salinas
I.1.1. Recurso de casación en la forma.
Que, el Gobierno Departamental Autónomo del Beni, a tiempo de apelar la Sentencia Nº 19/2012 de 22 de junio de 2012, no fundamentó los agravios sufridos en la aludida sentencia, con esa conducta, cayó en error de derecho, por cuanto no se abrió la competencia del Tribunal de alzada conforme lo establece el artículo 236 del CPC, por cuya consecuencia debió confirmarse la sentencia.
Que, el artículo 227 del CPC establece que la apelación de la sentencia se interpondrá fundamentando el agravio sufrido, en autos el apelante, no fundamento agravio alguno, se limitó a colocar un título, empero no señaló cuáles fueron esos agravios sufridos, pasando a ser un simple memorial sin relevancia jurídica, al no cumplir con el mandato imperativo del artículo 227 del CPC y al no cumplirse con este requisito sine qua non, no se abrió la competencia del Tribunal de alzada, conforme lo establece el artículo 236 del mismo cuerpo legal; por lo tanto el Tribunal ad quem, actuó sin competencia para revocar la sentencia de la litis, razón por la cual, la nulidad del Auto de Vista recurrido, se impone aún de oficio, al existir violación que interesa al orden público, conforme lo determina el artículo 122 de la Constitución Política del Estado.
I.1.2. Recurso de casación en el fondo.
Que, en primer lugar, la sentencia dictada por el a quo está debidamente fundamentada y el de Instancia valoró las pruebas de acuerdo a su sana crítica.
En segundo lugar, el Tribunal de alzada se limitó a indicar que no se cumplió con la carga de la prueba de descargo, incurriendo en error de hecho en la apreciación de la prueba documental de descargo, violándose así el derecho a la defensa, al debido proceso establecidos en la Constitución Política del Estado en sus artículos 110, 116 y 121. En antecedentes se evidencia que se presentó los respectivos descargos, como la factura Nº 000565 de 7 de abril de 2011, con la que se demostró que la Ex Prefectura, en ese entonces cancelo la suma de Bs.34.155.- por la reparación en ese entonces del grupo electrógeno Marca KOHLER, KVA: 60, siendo inaudito que la Prefectura cancele dicha suma sin que se hubiese reparado el aludido grupo electrógeno, además cursa en el expediente el acta de recepción y conformidad del trabajo efectuado de 21 de febrero de 2003; así también una nota por la que se garantizó el trabajo por un año y el Informe ARE Nº 11/033 en el cual se evidencia que el Sr. José Luís Peláez Mariobo, realizó la revisión técnica sobre la reparación.
Que, resulta irrisorio después de 8 años la ex Prefectura pretenda demandar porque no se hubiese arreglado dicho grupo electrógeno, por cuanto en ese entonces si el trabajo estuvo mal hecho o faltó algo, debieron hacer conocer de inmediato. En el presente proceso, se acompañó documentación que demostró que no se cometió los ilícitos que se acusan, por el contrario la gobernación no demostró técnicamente que no se hubiese arreglado dicho grupo electrógeno.
En tercer lugar y por último la carga de la prueba corresponde a quién afirma hechos que configura su pretensión conforme lo establecen los artículos 1283 del Código Civil y el 375 de su adjetivo.
Concluye impetrando que, el Tribunal Supremo de Justicia, se sirva: “CASAR EL AUTO DE VISTA y deliberando en el fondo anulen el Auto de Vista y confirmen la Sentencia dictada por el Juez A quo”. (sic).
I.2. Recurso de casación de Lesly Brukner Arias.
I.2.1. Recurso de casación en la forma.
Que, el Gobierno Departamental Autónomo del Beni, a tiempo de apelar la Sentencia Nº 19/2012 de 22 de junio de 2012, no fundamentó los agravios sufridos en la aludida sentencia, con esta conducta, cayó en error de derecho, por cuanto no se abrió la competencia del Tribunal de alzada conforme lo establece el artículo 236 del CPC, por cuya consecuencia debió confirmarse la sentencia.
Que, el artículo 227 del CPC establece que la apelación de la sentencia se interpondrá fundamentando el agravio sufrido, en autos el apelante, no fundamento agravio alguno, se limitó a colocar un título; empero no señaló cuáles fueron esos agravios sufridos, pasando a ser un simple memorial sin relevancia jurídica, al no cumplir con el mandato imperativo del artículo 227 del CPC y al no cumplirse con este requisito sine qua non, no se abrió la competencia del Tribunal de alzada, conforme lo establece el artículo 236 del mismo cuerpo legal, por lo tanto el Tribunal ad quem, actuó sin competencia para revocar la sentencia de la litis, razón por la cual, la nulidad del Auto de Vista recurrido, se impone aún de oficio, al existir violación que interesa al orden público, conforme lo determina el artículo 122 de la Constitución Política del Estado.
I.2.2. Recurso de casación en el fondo.
Que, en primer lugar, la sentencia dictada por el a quo está debidamente fundamentada y el de instancia valoró las pruebas de acuerdo a su sana crítica.
En segundo lugar, el Tribunal de alzada se limitó a indicar que no se cumplió con la carga de la prueba de descargo, incurriendo en error de hecho en la apreciación de la prueba documental de descargo, violándose así el derecho a la defensa, al debido proceso establecidos en la Constitución Política del Estado en sus artículos 110, 116 y 121. En antecedentes se evidencia que la recurrente firmó el acta de recepción del trabajo efectuado por Guillermo Vargas Salinas, en su condición de Responsable de Electrificación Rural de manera interina, razón por la que afirma que no se le debió acusar de responsabilidad civil alguna, por pérdida de activos y bienes del Estado por negligencia irresponsabilidad, por cuanto, de las pruebas de descargo acompañadas se evidencia que no recibió dinero alguno, menos autorizó el pago de los Bs. 34.155.- pagados por el trabajo de arreglo del generador de luz, además la ex Prefectura pago por dicho trabajo por la prueba ofrecida de mi parte, consistente en la factura Nº 000565 de 7 de abril de 2011, entonces la ex Prefectura no iba a pagar al señor Guillermo Vargas Salinas por un trabajo no efectuado, haciéndose constar en el acta que el trabajo fue receptado por el Señor Jorge Bruckner Becerra. Durante el proceso, se demostró que el grupo electrógeno fue arreglado y que previamente se cumplió con todo el trámite pertinente para proceder al arreglo del mismo, cursa en obrados toda la documentación de descargo donde se ha demostrado que no se cometió responsabilidad civil alguna.
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