AS/0304/2013

Criterio

En ese contexto, revisados los antecedentes procesales, se evidencia que el trabajador ahora demandante Freddy Justo Álvarez Jemio, ingresó a trabajar en la Universidad Pública de El Alto mediante invitación directa desde el 14 de marzo de 2008, a través de un contrato a plazo fijo, suscribiendo además un segundo y tercer contrato en calidad de Asesor Legal, habiéndose producido la tácita reconducción prevista en el Decreto Ley Nº 16187 de 16 de febrero de 1979, concordante con la Resolución Ministerial 283/62 de 13 de junio de 1962, prestando sus servicios de forma ininterrumpida hasta el 5 de enero de 2010, fecha en la cual recibió el memorándum de agradecimiento de servicios, cursante a fs. 20 repetido a 106, a través del cual se le comunica que se prescinde de sus servicios por haber incurrido en infracción del artículo 16. e) de la Ley General del Trabajo concordante con el artículo 9. e) de su Decreto Reglamentario, señalando la Universidad Pública de El Alto que su despido habría sido justificado porque el actor ejerció de manera desleal patrocinio externo, tramitando procesos particulares, en merito a una denuncia cursante a fs. 78, motivo por el cual se emitió el Informe de fecha 4 de enero de 2010, por el que se comunicó al Rector de la Universidad que a través del Informe PROC-Nº 01/2010 se comprobó que Freddy Justo Álvarez Jemio es abogado patrocinante del Sr. Sabino Oscar Ramos Mamani contra la Empresa Nacional de Ferrocarriles, acompañando un memorial que corrobora lo afirmado. De la atenta revisión de obrados corresponde señalar que mediante Auto de 23 de diciembre de 2011, la Juez Segundo de Trabajo y Seguridad Social de El Alto, trabó la relación jurídico procesal señalando puntos de hechos a probarse entre otros la causal de retiro y las causas que motivan o impiden su reincorporación; y, que si bien en materia laboral rige el principio de inversión de la prueba, en virtud del cual, la carga de la prueba le corresponde al empleador en el marco de lo previsto en los artículos 3. h), 66 y 150 del Código Procesal del Trabajo; es decir, que el empleador demandado debe desvirtuar los fundamentos de la acción, sin perjuicio de ello, y para hacer valer sus derechos laborales supuestamente existentes, el actor debió aportar las pruebas necesarias, situación extrañada en el caso de autos, ya que de la revisión de obrados no existe ninguna documentación que desvirtué de manera fehaciente que el actor hubiere realizado actividades particulares de carácter profesional patrocinando causas, situación debidamente compulsada por los de Instancia, más al contrario como se refirió ut supra se observa documentación respecto a que el actor presto servicios profesionales a particulares, elementos de convicción que fueron correctamente analizados, instancia jurisdiccional en la que se le otorgó al actor la posibilidad de presentar los descargos correspondientes para desvirtuar la causal señalada en los artículos 16. e) de la Ley General del Trabajo y 9. e) de su Decreto Reglamentario. No obstante de lo anotado se evidencia que conforme el último contrato suscrito cursante a fs. 13-16 en la Cláusula Séptima correspondiente a deberes del contratado, dentro de sus prohibiciones se encuentra el inciso a) mismo que prevé: “Realizar actividades particulares de carácter profesional, comercial u otras incompatibilidades con las funciones que desempeña en la UPEA.”(El resaltado es nuestro), a su vez el artículo 58 del Reglamento del Personal Administrativo de la Universidad Pública de El Alto establece: “Sin perjuicio de las prohibiciones establecidas en la Ley General del Trabajo, el Estatuto de la UPEA y otras disposiciones internas, queda prohibido al personal administrativo lo siguiente: 1) Realizar actividades particulares de carácter profesional, comercial u otras incompatibilidades con las funciones que cumple en la UPEA, o que generen conflicto de intereses.” (El resaltado es nuestro), debiendo tenerse presente también el artículo 68 del Reglamento del Personal Administrativo de la Universidad Pública de El Alto que precisa: “Artículo 64. DESTITUCION. Por las causales contenidas en el artículo 16 de la Ley General del Trabajo y 9 de su reglamento, con las modificaciones en vigencia del Sistema Nacional Universitario además, el rector mediante memorando escrito procederá a la destitución inmediata de los trabajadores, previos procesos universitarios de acuerdo al reglamento, bajo las siguientes causales: 1)…”, correspondiendo precisar, que de la norma descrita precedentemente, se establece que las causales señaladas en el artículo 16 de la Ley General del Trabajo y 9 de su Decreto Reglamentario no requieren previo proceso, para el personal administrativo de la Universidad Pública de El Alto, evidenciándose en el caso en particular, incumplimiento parcial al convenio, aspecto que los Jueces de Instancia establecieron válidamente en el marco de aplicación de los artículos 3. j) y 158 del Código Procesal del Trabajo, motivo por el cual se establece que el despido del actor ha sido debidamente justificado. Ameritando señalar que el Auto de Vista resolvió todos los puntos, en términos claros, positivos y precisos, resueltos por el inferior y que fueron objeto de la apelación y fundamentación, advirtiéndose con claridad que el proceso se ha desarrollado sin vicios de nulidad, en el marco del debido proceso y que los intereses de las partes han sido debidamente sustanciados; por cuanto, al momento de la dictación tanto de la Sentencia de Primera Instancia como del Auto de Vista, se otorgaron a las mismas, la tutela judicial efectiva, cumpliéndose con los requisitos previstos en el artículo 190 del Código de Procedimiento Civil y con la pertinencia prevista en el artículo 236 del citado Código Adjetivo Civil. En consecuencia, por los fundam