Texto del fallo
SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
Auto Supremo Nº 332
Sucre, 24/06/2013
Expediente: 117/2013-S
Distrito: Santa Cruz
Magistrada Relatora: Norka N. Mercado Guzmán
VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 94-96, interpuesto por la Caja Nacional de Salud, representada legalmente por el Administrador Regional Dr. René Teodoro Ardaya Gutiérrez, contra el Auto de Vista Nº 434 de 5 de agosto de 2011 (fs. 83- 84), emitido por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior de Justicia del Distrito de Santa Cruz, dentro el proceso social que sigue Edith Salvatierra Palachay de Peralta contra la Institución recurrente, la respuesta de fs. 99-100, el Auto de concesión del recurso de fs. 102, los antecedentes del proceso y
CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso laboral, el Juez de Quinto de Partido de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Santa Cruz, emitió la Sentencia Nº 145 en fecha 9 de septiembre de 2010 (fs. 55-58), declarando probada la demanda de fs. 10-12, sin costas, e improbada la excepción de prescripción interpuesta por la Caja Nacional de Salud, y ordenó que la institución demandada cancele en favor de Edith Salvatierra Palachay de Peralta la suma de Bs. 33.829,26, por concepto de Indemnización, aguinaldo (3 meses por la gestión 2009), vacación (40 días por las gestiones 2007, 2008 y 2009), más la multa del 30%, actualización, reajustes y mantenimiento de valor según lo establecido por el artículo 9 del Decreto Supremo Nº 28699 de 1 de mayo de 2006 y artículo 2 del Decreto Supremo de 9 de marzo de 1937.
Interpuesto el recurso de apelación por la Institución demandada (fs. 72-73), la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior de Justicia del Distrito de Santa Cruz resolvió mediante Auto de Vista Nº 434 en fecha 5 de agosto de 2011 (fs. 83-84), confirmando la Sentencia apelada.
Dicha resolución motivó que la Caja Nacional de Salud, a través de representante Dr. René Teodoro Ardaya Gutiérrez, formule recurso de casación en el fondo (fs. 94-96), quien amparado en el artículo 253. 1), 2) y 3) del Código de Procedimiento Civil acusó la interpretación errónea y aplicación indebida del artículo 9 del Decreto Supremo Nº 28699 de 1º de mayo de 2006, porque se demostró que la causal de retiro de la trabajadora fue voluntaria, y no así por despido injustificado.
Por otro lado refirió que el Auto de Vista recurrido incurrió en la errónea apreciación de la prueba, porque en la parte considerativa (punto 9) se determinó que no se canceló a la actora el bono de refrigerio y transporte, cuando las pruebas demostraron que ese derecho se canceló cada mes y puntualmente.
Concluyó solicitando casar el Auto de Vista Nº 434 de 5 de agosto de 2011 de fs. 83-84, revocando en el fondo la Sentencia Nº 145 (fs. 55-58).
CONSIDERANDO II: Que así planteado el recurso de casación en el fondo, ingresando a su análisis con relación al Auto de Vista recurrido, los antecedentes del proceso, se tiene lo siguiente:
En cuanto a la multa del 30%, es preciso referir que si bien la doctrina laboral ha entendido que en el derecho laboral, por su naturaleza protectiva a favor del trabajador, debe aplicarse el criterio de la igualdad entre partes, que permita un razonable equilibrio notoriamente desigual, dada la diferencia económica y social existente entre el empleador y el trabajador, principio protectivo plasmado en los artículos 46 y siguientes de la Constitución Política del Estado, 4 de la Ley General del Trabajo, 3. g) y 59 del Código Procesal del Trabajo y que bajo esta óptica protectiva el artículo 48. II de la Constitución Política del Estado, previó: “Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador”, empero, en el caso en particular este Tribunal se encuentra impedido de considerar estos parámetros protectivos, toda vez que el artículo 9 del Decreto Supremo Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, taxativamente establece el pago de la actualizado en base a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda - UFV´s y de la multa del 30%, en caso del despido del trabajador, mas no cuando ocurre un retiro voluntario.
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