AS/0332/2025-RI

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 0332/2025-RI

Fecha: 11 de abril de 2025

Expediente: T-8-25-A

Partes: Empresa “Molina Galvez S.R.L.” con sigla “MOGAL S.R.L.” c/ Manuel Alejandro López Irusta y Eda Rodríguez Fernández.

Proceso: Cumplimiento de obligación.

Distrito: Tarija.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 329 a 339 interpuesto por la Empresa “Molina Galvez S.R.L.” con sigla “MOGAL S.R.L.” representada por Edwin Robeth Molina Meriles contra el Auto de Vista Nº 259/2024, de 06 de diciembre, corriente de fs. 300 a 303, pronunciado por la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso ordinario de cumplimiento de obligación, seguido por la Empresa recurrente contra Manuel Alejandro López Irusta y Eda Rodríguez Fernández; el Auto de concesión de 25 de febrero de 2025, visible a fs. 352, todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. La Empresa “Molina Galvez S.R.L.” con sigla “MOGAL S.R.L.”, representada por Edwin Robeth Molina Meriles por memorial de demanda que discurre de fs. 34 a 37, subsanado a fs. 46 y vta., de fs. 118 a 120, promovió el proceso ordinario de cumplimiento de obligación, contra Manuel Alejandro López Irusta y Eda Rodríguez Fernández, quienes una vez citados, según escrito visible de fs. 142 a 147, de manera extemporánea contestaron negativamente, en audiencia preliminar de 09 de junio de 2017, se arribó a la conciliación entre partes, obrante de fs. 152 a 153; desarrollándose de esta manera la causa hasta pronunciarse el Auto interlocutorio de 22 de mayo de 2018, que cursa de fs. 247 a 248 y vta., donde la Juez Público, Civil y Comercial 4º de Tarija, en cumplimiento al acta de conciliación de fs. 152 a 153, APROBÓ el informe pericial de fs. 157 a 166, de fs. 177 a 179 y de fs. 214 a 221, disponiendo que la empresa demandante cancele las sumas de Bs. 40.275,91 y Bs. 24.371,11 en favor de los demandados, en el plazo de 20 días.

2. Resolución de primera instancia que al haber sido recurrida en apelación por la Empresa “Molina Galvez S.R.L.” con sigla “MOGAL S.R.L.”, representada por Edwin Robeth Molina Meriles según escrito de fs. 279 a 283 vta., originó que la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, emita el Auto de Vista N° 259/2024, de 06 de diciembre, corriente de fs. 300 a 303, donde se CONFIRMÓ la Resolución apelada; por Auto de 13 de enero de 2025, corriente a fs. 315 y vta., se denegó la complementación y enmienda del Auto de Vista planteada por los demandados.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por la Empresa “Molina Galvez S.R.L.” con sigla “MOGAL S.R.L.”, representada por Edwin Robeth Molina Meriles, según escrito visible de fs. 329 a 339, que es objeto de análisis en cuanto a su admisibilidad.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN.

De la revisión del recurso de casación interpuesto por la Empresa “Molina Galvez S.R.L.” con sigla “MOGAL S.R.L.”, representada por Edwin Robeth Molina Meriles, en lo trascendental de dicho medio de impugnación acusó lo siguiente:

- Ilegal valoración de la prueba por error de hecho y de derecho en la apreciación, respecto al informe pericial realizada por la Ing. Judith Loayza Romero, quien no era la profesional idónea para realizar el informe pericial debido a su profesión en ingeniería civil, debiendo ser el profesional idóneo un arquitecto, conforme a las observaciones realizadas al informe pericial por ser parcializado, incompleto y no refleja la realidad de las construcciones, la Juez debió aplicar lo previsto en el art. 270.II del Código Procesal Civil, empero, no lo hizo, asimismo, la solicitud de designación de un nuevo perito fue denegada, vulnerando de esta manera el art. 193 del Código Procesal Civil.

Fundamentos por los cuales la empresa recurrente solicitó se declare fundado el recurso de casación y en consecuencia disponga la anulación de obrados hasta fs. 244.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. Sobre el derecho de impugnación.

Los medios de impugnación previstos en el Código Procesal Civil, responden a un sistema recursivo cuya regulación es de orden público, no pudiendo las partes litigantes ni los juzgadores alterar lo normado por ley. El art. 180.II de la Constitución Política del Estado, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales; sin embargo, el ejercicio de ese derecho no debe concebirse como una potestad absoluta o ilimitada que faculte al litigante la posibilidad de impugnar cuanta resolución considere ser gravosa a sus intereses o hacerlo a través de cualquier medio de impugnación o en cualquier tiempo y forma, por el contrario ese derecho reconocido a nivel constitucional debe ser ejercido conforme a los requisitos, condiciones y previsiones previamente normadas por la ley procesal.

III.2. De las Resoluciones que pueden ser objeto de recurso de casación conforme orienta la Ley 439.

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