AS/0336/2022-RA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 336/2022-RA

Sucre, 03 de mayo de 2022

ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD

Proceso: Potosí 14/2022

I. DATOS GENERALES

Por memorial de casación presentado el 29 de noviembre de 2021, cursante de fs. 147 a 149, Santos Fausto Agudo Arano impugna el Auto de Vista 34/2021 de 6 de octubre, de fs. 110 a 112, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público y Hosmer Ruth Córdova Flores, por la presunta comisión del delito de Violación, previsto y sancionado por el art. 308 del Código Penal (CP).

II. ANTECEDENTES

De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:

II.1. Sentencia.

Por Sentencia 22/2019 de 28 de agosto (fs. 58 a 64 vta.), el Tribunal de Sentencia Penal de Uncía del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, declaró al imputado Santos Fausto Agudo Arano autor del delito de Violación, previsto y sancionado por el art. 308 del CP, imponiendo la pena de quince años de reclusión, con costas.

II.2. Apelación restringida.

Contra la referida Sentencia, el imputado formuló recurso de apelación restringida (fs. 68 a 69), que fue resuelto por Auto de Vista 34/2021 de 6 de octubre, emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, que declaró improcedente el recurso planteado; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada.

III. MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN

Denuncia que se otorgó menor valor a la prueba pericial psicológica (MP-10) que a la prueba testimonial, aspecto que fue obviado por parte del Tribunal de alzada, añade que no se aplicó la sana crítica debido a que existieron inconsistencias en las atestaciones de los testigos de cargo, aspecto que tampoco fue considerado en el Auto de Vista impugnado. Invoca en calidad de precedentes contradictorios a las Sentencias Constitucionales 144/2018-S2, 115/2007-R de 7 de marzo y 1215/2012 de 6 de septiembre.

IV. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL PARA EL ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD

El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determina el art. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; es así, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que: “Los Estados tienen la responsabilidad de consagrar normativamente y de asegurar la debida aplicación de los recursos efectivos y las garantías del debido proceso legal ante las autoridades competentes, que amparen a todas las personas bajo su jurisdicción contra actos que violen sus derechos fundamentales o que conlleven a la determinación de los derechos y obligaciones de éstas”, Por su parte, este Tribunal Supremo de Justicia, precisó que: “(…) se constituye no sólo en un derecho humano sino también en un principio, que debe ser observado en la administración de justicia, lo que importa, el deber de toda autoridad judicial de asegurarlo y garantizarlo en el curso de cualquier proceso sometido a su conocimiento, convirtiéndose, a su vez, en una garantía fundamental que debe ser otorgada por el Estado en la administración de justicia”.

Debe agregarse que el derecho de impugnación si bien está reconocido constitucionalmente, está desarrollado por las normas de desarrollo constitucional, debiendo atenerse en cada caso a lo que establezcan las mismas; en cuyo mérito, los sujetos procesales tienen la carga de formular los recursos que la norma adjetiva regula, cumpliendo con las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley, de acuerdo a las previsiones del art. 396 inc. 3) del CPP.